22/12/17

Entre una investigación dada a conocer por el diario estadounidense The New York Times y un conjunto de filtraciones publicadas por el rotativo mexicano Reforma, la sociedad mexicana asiste, en vísperas del periodo de precampañas para las elecciones de 2018, a un nuevo performance ilustrativo de la manera en que la administración pública federal opera el dinero de sus contribuyentes para mantener determinadas estructuras de poner en pleno funcionamiento a favor de los grupos partidistas que la encabezan.
La noticia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría avalado, en 2016, el desvío de más de doscientos cincuenta millones de pesos para financiar las campañas electorales de candidatos priístas para los comicios de ese año, así, se suma a una serie de publicaciones desafortunadas para la imagen pública del partido en el Gobierno que incluyen —al margen de una longeva tradición de secretos a voces sobre la apropiación partidista del erario nacional—, tan sólo para el último año, las investigaciones sobre las empresas fantasma de Veracruz y sobre el empleo de universidades públicas para desviar más de siete mil millones de pesos, entre 2013 y 2014.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, basadas, por un lado, en las declaraciones de Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Chihuahua durante la administración de César Duarte como gobernador de la entidad; y de Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación en los mismos términos; y en la documentación correspondiente a la investigación judicial en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, por el orto; los montos monetarios en cuestión fueron enviados a las entidades con gobernantes priístas próximos a la figura del presidente, Enrique Peña Nieto, para ser transferidos, mediante la simulación de contratos gubernamentales con empresas fantasma, a las estructuras internas del Partido Revolucionario Institucional para ser empleados en el financiamiento de sus propias campañas electorales en las entidades en que se temía perder la gubernatura.
Con independencia de los causes que esta información y los eventos mismos deberán de seguir para llegar a su esclarecimiento, algunas de las principales reflexiones que surgen sobre el problema tienen que ver con tres temáticas, con consecuencias particulares por cada una de ellas.
La primera de ellas tiene que ver, por evidencia explícita, con esa gran discusión relativa a los actos de corrupción dentro del Gobierno Federal. Y es que, de las muchas cosas que sí quedan claras incluso dentro de los límites que suponen la información circulante, es que, una vez más, un sólo evento es totalmente capaz de mostrar que la administración pública, en sus tres niveles de gestión, mantiene, como parte de su funcionamiento habitual, el despliegue de operaciones bien estructuradas, sistemáticas, de apropiación de los recursos públicos para beneficiar a una casta de ciudadanos dedicados a vivir de los cargos de representación popular.
La cuestión con este nivel es, no obstante, que mostrar, de nueva cuenta, que los rasgos más fundamentales del Estado y de sus andamiajes gubernamentales son los de un complejo que funciona para mantener relaciones de clase y privilegios en sus términos, no hace gran cosa en una sociedad en la que la historia de sus instituciones (esas que el priísmo se adjudica como parte de su patrimonio material e intelectual), de sus sistema de partidos y del funcionamiento global de su sistema político (también, en palabras del actual candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, deudas de los mexicanos con su partido) es la historia misma del ejercicio de los cargos públicos (de representación o no) como ejercicio patrimonial de los intereses vigentes en cada sexenio.
Ello, por supuesto, no significa que las implicaciones del acto de corrupción actual sean menores. Por lo contrario, de las muchas situaciones que este nuevo escándalo permite hacer visibles a la ciudadanía —pese al cerco mediático que ya se cierne sobre él— es que cada uno de esos casos que año con año se presentan como eventos aislados, autónomos, en los que una figura pública, un burócrata o un funcionario electo, es involucrado en casos de manejo irregular de los recursos del erario o de financiamiento ilegal de privados no son, en ningún sentido, situaciones independientes unas de las otras; como si cada caso de corrupción implicase única y exclusivamente a un reducido universo de personas involucradas. Son, por lo contrario, casos representativos de una lógica operacional estructural y sistemática de la que la sociedad apenas llega a enterarse a cuentagotas —pese a la mayor incidencia que se presenta en periodos electorales.
El problema que los mexicanos enfrentan ante esta situación, por eso, no se encuentra allí, sino en los esfuerzos que desde diferentes frentes se conjugan para normalizar los casos de corrupción, ya sea por la vía de la opacidad y la impunidad gubernamentales, o por la construcción de una narrativa en las que estos eventos son estructurados como problemas propios de la falta de ética y profesionalismo de las personalidades involucradas; personalidades, al final del día, siempre reemplazables por otras que se suponen más integras y probas —y con cuyo nombramiento el caso de corrupción en cuestión sería liquidado. Así, la corrupción se construye como un archipiélago de excepciones, con cada una de sus islas aislada y sin ninguna racionalidad inherente.
La segunda temática tiene que ver con el terreno electoral, y debe comenzar a plantearse en los siguientes términos: es claro que el monto de los recursos triangulados no es menor, y menos aún dentro de los márgenes de los procesos electorales en las entidades. Cualquier revisión superficial de los registros bancaros de los partidos y de las cuentas públicas de cada administración involucrada en la operación da cuenta de ello. La cuestión es, por lo tanto ¿En qué términos y en qué profundidad participaron las autoridades electorales, locales y federales, que sus facultades de fiscalización de los recursos materiales, humanos y financieros empleados en los comicios no arrojaron ningún tipo de irregularidad? Y más aún, como también queda claro que inclusive si la desviación de recursos se comprueba, a pesar de esa comprobación, más bien, las elecciones ya están en su curso gracias a la validación y la sanción del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los problemas que se visualizan son dos: ¿Es este caso el preludio de lo que ocurrirá en los comicios de 2018, en el sentido en que de superarse el financiamiento establecido las elecciones seguirán siendo validadas, sancionadas y legitimadas? ¿Cómo se supone que se debería de proceder en los casos en los que, como en la actual situación, se muestre, a destiempo, que todo el proceso electoral estuvo marcado por el financiamiento irregular? ¿Se deberá mantener a las administraciones surgidas de esos procesos como legales y legitimas?
Las implicaciones no son menores, pues remiten a la interrogante sobre el número de casos que se han dado en condiciones similares, bajo patrones equiparables y que sin embargo han sido sostenidos por todo el andamiaje gubernamental en sus funciones.
La tercera temática, justo, apunta hacia esa dirección. Y es que más allá de las dos dinámicas anteriores, en el fondo de esta situación lo que parece encontrarse en el centro es el uso político y los resultados que tendrá en el desarrollo y los resultados de las presidenciales de 2018. Una lectura inicial, por supuesto, arrojaría que los tiempos en los que detonó el problema simplemente no fueron los correctos como para causar todos los estragos que posiblemente sí habría ocasionado en un momento en el que las campañas ya se encontraran avanzadas. Después de todo, estas son apenas las semanas de las precampañas, y con medio año por delate y un electorado de memoria cortoplacista, hacer viral el escándalo tan pronto fue consecuencia de un mal cálculo.
Pero aquí es en donde está lo interesante, el punto que no debe dejar de observarse. Si toda esta situación se dio tan pronto es porque su objetivo político se encuentra justo en las precampañas, en el momento en donde los principales arreglos, concesiones y reparto de posiciones de poder y otros dividendos apenas se están construyendo y organizando.
Que el escenario de la disputa sea Chihuahua bajo una administración panista da la impresión de que el fuego proviene de las trincheras de un panismo desesperado por deshacerse de sus rivales electorales antes de que se llegue al tiempo de las urnas y las boletas. Los márgenes de maniobra que Javier Corral —uno de los panistas a los que menos secretos sucios se le conocen en la arena pública— otorgó a su fiscalía apuntan en esa dirección. Y es que no es una regularidad del funcionamiento del sistema político mexicano que dentro del propio partidismo se den este tipo de sucesos, en los que son más que un par de funcionarios en la base de la pirámide alimenticia los que se están perfilando en el próximo sacrificio.
Sin embargo, esta es justo apenas una impresión. El fuego tiene todos los elementos para ser identificado como fuego amigo, proveniente de la trinchera de un priísmo moribundo, bajo el riesgo de ser consumido por una casta de nuevos intereses que definitivamente no se encuentran en sincronía con las formas cortesanas y la solemne corrección política del priísmo de la vieja guardia.
En lo que va de tiempo, desde el momento en que se hizo público el desvío de los dineros públicos hasta hoy, una de las principales lecturas que se han hecho del mismo es la que el propio gobernador Corral ofreció: que las filtraciones del proceso judicial que se está siguiendo en la fiscalía chihuahuense provienen del grupo compacto de César Duarte para poder evitar la prisión apelando a que la filtración de información confidencial sería violatoria del debido proceso. Sin embargo, todo el movimiento se percibe más grande que la figura del exgobernador Duarte.
Y es que, en general, el pacto de silencio que impera entre los miembros de la clase política siempre funciona en términos en los que es posible recompensar con creces a aquellos individuos que están dispuestos a ser sacrificados con el objeto de mejorar la percepción de la imagen del partido y del gobierno. De ahí que si bien es factible concebir que las filtraciones se dieron como una advertencia de Duarte para evitar ser procesado por los crímenes que se le imputan en la justicia mexicana, el recurso se presente, hasta cierto punto, como un movimiento extremo de frente a un sistema que tiene como signo característico a la impunidad y a la complicidad.
Por ello, la ruptura de ese silencio sepulcral por parte de funcionarios pertenecientes al círculo interno del más añejo y rancio priísmo de la vieja guarda apunta, más bien, a una suerte de ajuste de cuentas entre facciones internas que se están disputando el reparto de dividendos que resulten de los comicios venideros. El mensaje de advertencia es claro, y sus efectos ya comienzan a perfilar como elementos prescindibles a aquellos que entorpezcan la campaña de José Antonio Meade.
El argumento de la elusión del proceso judicial de Duarte por causa de la filtración de información privilegiada dentro de una carpeta de investigaciones, en este sentido, sólo cobra sentido en el momento en que se observa que si es correcto que la información se ventiló desde la facción a la cual pertenece, el proceso judicial como pretexto para castigarlo por la osadía de arremeter en contra de su propio partido queda fuera de la ecuación. De lo contrario, queda rebasado.
Duarte, y hasta Beltrones (guardia pretoriano que custodia la historia oficial de Lomas Taurinas), parecen precios pagables de frente a la posibilidad de que el priísmo que se afirma como heredero de la Revolución pierda el control no sólo de las estructuras gubernamentales que recobró en 2012, sino de cara a la posibilidad de perder el control de sus propias instancias internas de poder. Y son, de hecho, las dos únicas opciones que las figuras próximas al presidente Peña Nieto tienen de amortiguar el impacto que esta situación ocasiones (buscando que ésta no escale hasta vincular a personalidades más cercanas a Peña Nieto y Meade). Y es que el movimiento es, también, capaz de contener la creciente influencia de Luis Videgaray en la campaña de Meade; influencia que encuentra una fuerte resistencia no únicamente por parte del círculo interno del presidenciable, sino que también la encuentra en el equipo de trabajo del actual presidente del partido, Enrique Ochoa Reza.
En última instancia, es el control de daños lo que permitirá definir, de manera más certera, la intención mentada en la publicación de esta información: el mayor o el menor grado que se observe que ocasiona en las principales figuras del partido será lo que señale el enfrentamiento entre las facciones y los balances o desbalances que se den en su correlación.

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