Pese a las catastróficas consecuencias de la filtración, en materia de prensa y medios nacionales, la noticia de que el gobierno mexicano emplea tecnología de punta para monitorear y espiar los movimientos de diversos activistas sociales y comunicólogos pasó, luego del trauma inicial en las primeras cuarenta y ocho horas, de un hipócrita descontento concentrado en las principales empresas en el ramo al completo enmudecimiento en aquellos círculos que no pertenecen a la diáspora de sujetos e instituciones que juegan su rol de contrapeso al andamiaje estatal.
La noticia, por supuesto, no es nueva. Basta, para poner en perspectiva la magnitud y la permanencia del problema, con recordar cualquiera de los —cada vez más recurrentes— casos en los que llamadas telefónicas, documentos confidenciales o personales y otros artilugios típicos de la cultura política mexicana son filtrados a medios de comunicación en coyunturas políticas, marcadas, generalmente, por procesos electorales, casos insostenibles de corrupción, sustitución de agentes políticos en posiciones clave para la administración pública, campañas de descrédito a reivindicaciones populares legítimas, procesos de criminalización a la ciudadanía, espacios de contención a crisis gubernamentales, estrategias de eliminación de la disidencia u oposición, etcétera.
Los casos ligados a Andrés Manuel López Obrador, por razones de una política pública que ya se consolida en términos transexenales, son los que el imaginario colectivo nacional tiene más presentes. Sin embargo, las llamadas de Carlos Salinas en torno a los crímenes de su hermano, Raúl; las de Vicente Fox, en abierto hostigamiento a los Castro; las de Josefina Vázquez Mota, acusando a Genaro García Luna de espiar al Partido Acción Nacional por órdenes del entonces presidente de la república, Felipe Calderón; las de Andrés Granier, presumiendo su colección de zapatos, financiada por el erario de Tabasco; y más recientes, las de Elba Esther Gordillo, de la “Tuta” o de cualquier otro capo de la droga y/o gobernador que se haya desalineado de la estrategia general de control y circulación del narcotráfico; dan cuenta de una actitud reiterada de práctica de espionaje gubernamental, por un lado; y de su aceptación pública, por el otro.
En 2015, por ejemplo, justo cuando la agenda del Pacto por México se consolidaba en materia de Reforma General de Telecomunicaciones y Radiodifusión —una reforma que, en las menores de sus disposiciones, criminalizaba la libertad de expresión, sujetaba las políticas editoriales a criterios moralistas, sancionaba la potestad del Estado para anular las comunicaciones en eventos que alterasen el orden y la estabilidad públicos, y finalizaba legalizando la intervención de las comunicaciones de los individuos que el Estado considerase una amenaza a sus intereses—; la ciudadanía se preocupó más por saber cuál de las dos televisoras dominantes sería la encargada de transmitir los principales partidos de soccer; en lugar de cobrar conciencia de que el gobierno, amparado por las modificaciones legales en la materia, ya empleaba software de la empresa italiana Hacking Team para ampliar la cobertura de sus instrumentos de espionaje a la ciudadanía.
Claro que los casos de espionaje emprendidos por el gobierno mexicano, cuando se conocen, suelen respaldarse sobre la premisa de que son acciones emprendidas en contra de potenciales amenazas a la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas (la demagogia de la retórica gubernamental, huelga señalarlo, también suele ser más artera que las palabras aquí empleadas). Por eso, cuando un político incómodo, un activista de izquierda, un empresario que se pasó de la raya, o cualquier otro individuo que no se ajuste a los intereses gubernamentales en turno es balconeado, la mayor alegación en contra del acto mismo es que quizá se debió hacer por medios un poco más transparentes, o por lo menos, menos cuestionables en materia de legalidad.
Porque en realidad, lo que se sanciona, popularmente, es el acto de exponer a cualquier miembro de las redes criminales o de corrupción gubernamental; siempre en la misma línea de ideas que afirma la criminalidad y la corrupción, sólo esperando que un caso de espionaje, una filtración de un documento o una llamada, una confesión de un testigo protegido o de un desertor del sistema verifique y valide esa acusación a ciegas.
No se coloca en perspectiva, pues, que detrás de esos actos de espionaje siempre se encuentra oculta la posibilidad, real y potencial, de que a un costado de todos esos casos de filtraciones se hallan los miles, o quizá millones, de objetivos no filtrados que, en las mismas condiciones, sus actos y palabras, sin importar que tan próximos o lejanos se encuentren de las arcas del poder gubernamental son monitoreados. Porque lo cierto es que, en estas tesituras, cuando se revela que Carmen Aristegui o Juan Pardinas están siendo espiados sistemáticamente (y nótese el recorrido que se da de la izquierda crítica a la derecha dogmática, personalizadas en la figura de una y otro), la resistencia social no versa sobre las violaciones a la individualidad y los derechos humanos que la protegen.
Versa, por lo contrario, en la negativa a reconocer que las instituciones en torno de las cuales se articula la totalidad de la vida en sociedad, dentro de la cual nos desenvolvemos como individuos y como colectividad, se encuentran, siempre, en permanente escrutinio de la sociedad, colocándola bajo la mirada inquisidora de un aparato gubernamental, de una estructura estatal, que tiene por vocación ser totalitaria, autoritaria en sus designios.
Y es que, en efecto, apelando al argumento en defensa de la individualidad, la privacidad y los derechos humanos, se legitima la lógica de que las experiencias históricas en las que el Estado mexicano ha recurrido a la matanza de estudiantes, a la guerra sucia en las sierras, a la represión de los sindicatos opositores, a la criminalización de la protesta social, al uso de la guerra en contra del narcotráfico como instrumento de dominación sobre la sociedad, en general, fueron, son y seguirán siendo, cada vez que se presenten, excepciones a la regla de moralidad, o de conducción ética, de las instituciones y las normas legales que le dan sustento en cuanto Estado-nacional.
Mientras que recurriendo al reconocimiento de que las instituciones mexicanas no son inherentemente bondadosas, éticamente correctas de origen, con lógicas funcionales en favor de la sociedad que las engendró, el individuo se queda abandonado a sí mismo, en el vacío que significa mirar la naturaleza represiva, homicida y autoritaria de la institucionalidad y la legalidad que le da fundamento a su colectividad. En este sentido, aun cuando se tiene cierta presunción de culpabilidad generalizada en la instrumentación que hace el Estado de sus dispositivos de vigilancia, la población se niega a considerar, verdaderamente y en su totalidad, la posibilidad de que cada individuo es un peligro potencial al que se debe vigilar y castigar.
Escándalos como el de Pegasus —amplificado en sus efectos por el hecho de haber sido visibilizado por un medio de comunicación extranjero, como si la extranjería en las acusaciones siempre fuese una carta de verdad incuestionable—, no suelen ser recurrentes. Sin embargo, no se requiere que cada día se transparente la actividad de las instituciones de inteligencia, de procuración e impartición de justicia, y de la defensa nacional, para dimensionar las estrategias de las que se vale el gobierno de México para mantener la correlación de fuerzas vigente.
El número de personas involucradas en la operación del dispositivo, el costo del programa, las instituciones que lo operan y los objetivos sobre los cuales se despliega son banalidades cuando se contrastan con el acto mismo de desdoblar todo un andamiaje de vigilancia en el que el software especializado en la materia es la menor de las preocupaciones de una sociedad que cada día se sumerge más en su dependencia a los medios electrónicos, y en el deslizamiento de su vida por un burdo reflejo de su existencia que ofrece el universo virtual.
Que los objetivos del presente escandalo fuesen activistas sociales y comunicólogos que en diferentes grados han cuestionado alguna política del gobierno en turno parece dar la impresión de que, en esta ocasión, el acto de espionaje es atroz, éticamente condenable por el solo hecho de atacar a luchadores sociales, a individuos que, se presume, intentan mejorar a la sociedad. Sin embargo, y más allá de la respuesta desafiante del titular del ejecutivo federal —por lo demás despreciativa de las demandas de sus gobernados—, en un tiempo en el que empresas del calado de Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, etc., contienen en sus bases de datos una mayor cantidad y calidad de información sobre sus usuarios que los propios archivos de las dependencias gubernamentales, hacer visible el espionaje gubernamental es sólo el primer paso en una carrera a contracorriente con el desarrollo del Big Data.
Por ello, la peor consecuencia a la que se llegaría en el presente caso no sería ninguna que tenga que ver con mayores filtraciones o con una correcta respuesta del aparato de gobierno. El peor de los escenarios, más bien, comienza con una sentencia que afirma que, en un mundo inherentemente violento, agresivo por naturaleza, con regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba (acusación preferida de la derecha más conservadora e intransigente), los servicios de espionaje y de inteligencia son necesarios para el mantenimiento de la propia vida.
Porque cuando Google tiene el registro más exacto de la geolocalización diaria de millones de sujetos, cuando Facebook tiene el perfil psicosocial de miles de millones de usuarios, cuando Microsoft tiene al archivo más abultado de conversaciones interpersonales y Apple la mayor reserva de imágenes privadas en sus servidores; argumentos como el anterior sirven para montar estrategias discursivas y prácticas cotidianas de (re)producción de la criminalidad en las que, además, cada ámbito de la socialidad humana es susceptible de ser moldeado a través del velo de los servicios informáticos.
       Y por supuesto, no cuestionar esto es, siempre, aliciente para no cuestionar la configuración política, las instituciones, las normas jurídicas, y los sistemas de gobierno y autoridad pública vigentes. Este no es, y no debe ser considerado como tal, un caso aislado en el que los operarios del programa se desviaron de sus verdaderas funciones, de la real naturaleza ética de sus funciones. El Estado es totalitario justo porque en su actividad gubernamental progresa en los mecanismos de observación y sujeción de la individualidad

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