Morena: el costo de la silla presidencial

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Luego de las elecciones locales, en las que el Movimiento de Regeneración Nacional se coronó con una victoria indiscutible en términos de su potencial para movilizar estructuras de base, el partido que lidera Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado con una actitud conciliadora que, por lo menos en lo que respecta a primeras impresiones, ha sorprendido a adeptos y detractores. Y es que, si bien es cierto que las alianzas políticas de las que se vale Morena, en general; y López Obrador, en particular; siempre se han desplazado entre la izquierda y la derecha por igual, también lo es que pocas veces en la historia del dos veces presidenciable, y aún menos en la del partido, la visibilidad y lo explícito de los acuerdos que ambos establecen con políticos de otras nomenclaturas o empresarios es escasa.
Dos aspectos, no obstante, revisten especial importancia para el análisis de la presente coyuntura. El primero de ellos, sin duda, es el hecho mismo de que Morena esté buscando hacer las paces con la mayor cantidad de actores posible. Y lo es, de entrada, porque López Obrador parece haber comprendido —luego de dos campañas presidenciales en las que su moneda de uso corriente fue la afrenta directa con sus opositores—, que aunque lo contestatario de su discurso resulta atractivo para determinados sectores de la población, desencadena efectos repelentes en esos otros segmentos que, sin ser parte del vulgo, deciden resultados electorales y la instrumentación de políticas públicas específicas por la vía financiera.
Pero también, porque, de un lado, las personalidades que se van sumando al proyecto de López Obrador —que de manera tan pomposa se decidió nombrar Acuerdo Político de Unidad para la Transformación del País—, dan muestra de las fortalezas con las que Morena llegará a los comicios de 2018; y del otro, porque esas mismas figuras visibilizan (aunque no de manera tan expresa), lo mismo la descomposición interna de las estructuras dentro de las cuales habían encontrado la plena satisfacción de sus intereses que las debilidades de los mismos para (re)organizarse en sus coaliciones tradicionales.
No es un dato menor, por ejemplo, que entre los nuevos estrategas de Morena se encuentren representados por igual los intereses de los tres principales monopolios en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; por intermediación, claro, de las personas de Marcos Fastlitch, suegro del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga; de Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca; y de Miguel Torruco, consuegro de Carlos Slim. Así como tampoco lo es que María Asunción Aramburuzabala, Alfonso Romo Garza, Jaime Bonilla y Raúl Elenes Angulo se hayan sumado a la lista de beneficiarios/benefactores del Movimiento de Regeneración Nacional.
Sobre los primeros dos personajes, el dato importante es que apersonan la búsqueda de beneficios propios, pero, al mismo tiempo, haciendo las veces de vocería de las dos empresas que en 2006 y 2012 se encargaron de fungir como caja de resonancia para la campaña mediática con la que se atacó a Obrador. Respecto del tercero, trasciende que se suma a los ya varios adeptos que el Morenismo ha extraído de las huestes formadas en Grupo Carso. Los demás, por su parte, resultan ser aliados peculiares por sus nexos, muy próximos, a las figuras de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quezada; circulo en el que se introducirían a las más recientes adquisiciones de Morena: Manuel Bartlet, funcionario central en los hechos de la caída del sistema, en los comicios de 1988; y Lino Korrodi, principal operador financiero de la campaña panista en 2000, a través de Amigos de Fox.
Del lado de la izquierda ideológica, las dos personalidades que más hacen ruido son las de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; ambos, cofundadores del Partido de la Revolución Democrática (junto con Cuauhtémoc Cárdenas, quien niega a sumarse a la propuesta de Morena). Y es que si bien el PRD ya destaca más en el imaginario colectivo nacional por su asimilación a la agenda programática del priísmo y del panismo que por las nulas banderas ideológicas con las que navega —luego de su adhesión al Pacto por México—, la captación de talentos partidistas en la que se ha traducido el proselitismo Morenista de Martínez y Muñoz Ledo representa una ventaja que se traduce, principalmente, en la captación de recursos y movilización de las bases de apoyo locales.
Suponiendo que todos sepan para quién trabajan, y que cada uno trabaje para quien dice hacerlo, el dato revelador de las recientes alianzas firmadas por López Obrador es que dan señas de que las cosas no están bien en algunos de los principales círculos del priísmo de la vieja guardia —por parte del perredismo, es claro que las cosas no transitan desde la resaca de 2006. Es significativo, en este sentido, que las agendas de Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y de Aurelio Nuño, titular de la SEP y suspirante presidencial, van en sentidos divergentes. Pero también, que una fracción del Partido Verde (PVEM) en el Sur de la República ya esté buscando su emancipación (sólo en términos electorales) para los siguientes comicios, o que el Grupo Sonora —origen ideológico del priísmo, del caudillaje, el corporativismo y el clientelismo contemporáneos del sistema político mexicano— se encuentre desalineado de las directrices del partido.
Porque más allá de la previsible candidatura de Antonio Meade para el 2018, lo que parece estar en el fondo del asunto no es, precisamente, la designación del candidato Oficial, sino que el tradicional sistema de cuotas y redistribución de las ganancias al interior del régimen no está siendo tan democrático como se habría esperado que fuese al asumir la presidencia de la República el Grupo Atlacomulco. Así que, de continuar con la tendencia hasta ahora observada en las firmas que se van sumando al Acuerdo Político de Unidad, lo que quedará cada vez más claro es en dónde se encuentran y qué tan profundas son las fracturas internas del priísmo —que López Obrador podrá explotar para conseguir mayores dividendos electorales el próximo año.
Ahora bien, respecto del segundo punto de interés para el presente análisis, lo que no deja de inquietar es que Morena esté buscando aliarse, primero, con miembros del empresariado al que el mismo líder de Morena no ha dudado en nombrar Mafia del poder; y luego, con políticos de todas las identidades partidistas a las que por doce años declaró estar enfrentando. Porque, más allá de que Morena disponga solicitar una carta de arrepentimiento o de desafiliación de los partidos que se oponen a Morena, o de que López Obrador tenga razón al afirmar que todos los humanos erran y siempre son susceptibles de corregir su destino; esas amistades le pueden cobrar una factura muy cara a Morena en las urnas.
Es claro que, como en algún espacio comentó Paco Ignacio Taibo II, uno de los principales ideólogos del Morenismo, la alianza del partido con los ciudadanos, con sus fuerzas de base, ya está fincada, luego de construirse y consolidarse durante doce largos años en los que se atravesaron dos agresivas campañas presidenciales. Y es claro, asimismo, que las coaliciones con empresariado y figuras políticas de otra extracción partidista tienen en la mira reducir al mínimo la resistencia institucional, de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes públicos, al proyecto obradorista; además de enfocarse en la captación de recursos.
El problema es, no obstante, que esa alianza de la que Taibo II presume no está fincada en pilares lo suficientemente sólidos como para no quebrarse. Si los resultados que mostraron los sondeos realizados en las elecciones de junio pasado (en los que se determinó que el núcleo duro del voto Morenista proviene, en general, de los sectores medios con niveles considerables de escolaridad y cultura política), son representativos de algo, la consecuencia lógica de las recientes adhesiones al Acuerdo de Unidad de Obrador es que se rechacen: en la tónica de equiparar al partido con sus similares por el puro hecho de utilizar las mismas estrategias electoreras.
Después de todo, uno de los principales atractivos del discurso de Morena, en general; y de Obrador, en particular, a lo largo de poco más de doce años, era que en su agenda programática planteaba, de manera explícita, una diferencia sustancial respecto de la tendencia al amasiato a la que son propensos el resto de los partidos políticos nacionales. De aquí que, aunque se entiende que sumar adeptos abona a la consecución de la victoria política, el costo es atizar la percepción de que esa victoria debe ser alcanzada con independencia de los medios. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el orgullo y la euforia que le representaba a los integrantes del partido el que éste estuviera constituido por figuras emblemáticas de la academia, la sociedad civil, las comunidades obreras, la cultura, etcétera?
Las preguntas centrales aquí, por tanto, redundan en determinar cuáles son los criterios éticos a los que se está apelando al interior de Morena para determinar en qué momento concede la absolución a quienes fueron sus opositores con anterioridad, por un lado; y por el otro, en saber si esos límites se extenderán (en el supuesto de que se llegue a la presidencia) de manera tal que el costo de la alianza deba ser pagado justo en los mismos términos en los que el PRI, el PAN y el PRD suelen pagarlos. Y es que no debe pasarse por alto que la adhesión de estos personajes al Morenismo no es un cheque en blanco, tiene un precio predeterminado. Además, la cosa no funciona admitiendo la alianza en este momento para romperla después de obtener el triunfo. Las consecuencias que enfrentaría Morena para gobernar, si traiciona las alianzas que construye ahora, serían tan nefastas como las que enfrentan los gobiernos de oposición en algunas entidades: incremento de la delincuencia común, de la violencia, del desempleo, etcétera. ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar Obrador para consentir la acción?
En última instancia, no debe perderse de vista que si los intereses que aglutina Obrador en torno de su propuesta política son lo suficientemente sólidos y densos, éstos no perderán la oportunidad de condicionar y/o determinar los rumbos que Morena y su proyecto partidista toma en lo sucesivo. Y lo cierto es que López Obrador se acerca, sin mucha precaución, a este escenario.
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El ciclo progresista continúa en Argentina

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El pasado mes de junio, la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció, ante una audiencia que superaba los treinta mil simpatizantes, que la necesidad de hacer frente a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri introducía el imperativo de aglutinar a la ciudadanía y a los movimientos opositores al régimen gubernamental en turno dentro de una misma plataforma desde la cual se articulase la movilización que, hasta el momento, cada uno de los sectores inconformes con el macrismo había llevado a la práctica en solitario.
De cara a las próximas elecciones de octubre, en las que el sistema político argentino se juega la constitución de la mitad de la cámara de diputados y un tercio del Senado, así como diversos cargos provinciales y municipales en quince provincias, la plataforma lanzada por Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana, consiguió consolidar, en el momento, tanto a diversos movimientos sindicales cuanto a un conjunto de cinco partidos (Compromiso Federal, Frente Grande, Kolina, Nuevo Encuentro y Partido de la Victoria) tradicionalmente opositores a los sectores conservadores de derecha en el país.
En términos electorales, el que el frente encabezado por Fernández de Kirchner haya aglutinado a cinco de las principales fuerzas partidistas de la nación dentro de una misma agenda programática —en general congruente y operable desde los diversos espectros ideológicos que les son propios a cada uno de los cinco institutos políticos— no representa una simple jugada de afinidades en los credos políticos que profesan. Por lo contrario, la decisión en torno a la conformación del bloque es indicativa de la conciencia que se tiene en Unidad Ciudadana sobre las fortalezas de cada instituto político, por un lado; y por el otro, de los réditos que cada uno sumará al frente para consolidarlo como la principal fuerza electoral en el camino hacia los próximos comicios presidenciales.
Por ello, no debe pasarse por alto que, de los movimientos políticos que conforman Unidad Ciudadana, el grueso de su constitución se concentra, de un lado, en tener presencia de base dentro de algunas de las provincias que representan el principal peso progresista del país (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén); y del otro, en aglutinar a la mayor cantidad de partidos, nacionales y provinciales, de izquierda; mismos que, en coalición electoral, dieron a Fernández de Kirchner sus dos victorias presidenciales, y le permitieron mantener la presencia de su plataforma de gobierno en espacios clave para su instrumentación en la forma de políticas públicas.
Aquí, no obstante, el único dato que hace ruido es que el Partido Justicialista no se encuentra dentro de la coalición. Y es que si bien es cierto que el grueso de los políticos y simpatizantes ciudadanos que conformaban la estructura de ese instituto se adhirieron, de facto, a Unidad Ciudadana, también lo es que, para no haber sido convocado a formar parte del frente amplio kirchnerista, las trabas que las élites y las dirigencias del justicialismo colocaron a la expresidenta y sus simpatizantes debieron de ser lo suficientemente insalvables como para forzar la ruptura. No sobra señalar, en este sentido, que tan sólo la escisión de la corriente Evita —interna al justicialismo y una de las principales movilizadoras de fuerzas de base de Cristina Fernández en sus dos mandatos presidenciales— del kirchnerismo implica ya la puesta en cuestión de la fortaleza que son capaces de adquirir ciertos movimientos socio-electorales cuando éstos actúan en favor de las políticas neoliberales macristas con bandera de izquierda moderada, o progresista.
Como elección de medio término, los comicios de octubre serán la primera vez que el macrismo intente refrendar en las urnas su gestión al frente del gobierno nacional: su derrota en las boletas no únicamente representaría una fuerte resistencia institucional en lo que resta de su gestión, al momento de hacer valen su programa de gobierno, sino que, además, implicaría un fuerte debilitamiento de su capacidad logística, financiera y de movilización de bases electorales para las contiendas electorales de 2019.
Y es que si las posiciones que se conquisten en diputaciones, senadurías y puestos provinciales y municipales son fundamentales para mantener en funcionamiento continuo a los aparatos electorales tanto del oficialismo como de la oposición, la verdadera derrota para el gobierno de Macri, en particular; y para el amplio conjunto de actores que militan en la derecha conservadora, neoliberal, en general; se materializará en el grado y la profundidad con la que los sectores populares se articulen unos a otros, a partir de la experiencia comicial apalancada por Unidad Ciudadana, para oponerse a las reformas estructurales que el gobierno de Mauricio Macri aún no termina por cristalizar.
En efecto, la lucha política en los comicios será importante para ambos extremos de la ecuación que se disputan su lugar dentro del aparato de gobierno argentino. Sin embargo, la batalla de la ciudadanía por recuperar, mantener o mejorar las condiciones de vida en las que se desenvuelve su cotidianidad será aún más decisiva para marcar la agenda que se deberá de seguir en lo sucesivo. Después de todo, la gestión de Macri al frente del gobierno federal no ha sido una de las más respaldadas por los sectores populares del país en cualquier materia.
Y lo cierto es que el descontento social —del cual se vale Unidad Ciudadana para capitalizar su estrategia electoral— no es para menos. De continuarse con la tendencia hasta ahora observada el política económica, uno de los principales flagelos a las condiciones de vida de los argentinos seguirá siendo la pérdida de su poder adquisitivo, acentuada, por un lado, gracias a un régimen sostenido de incrementos en el costo de diversos servicios ofrecidos por el Estado —gas, electricidad, etc.—; y, por el otro, a una política de congelamiento de los salarios que, sólo en la mejor de las negociaciones logró alcanzar la promesa de pasar de los ocho mil ochocientos sesenta a los diez mil pesos mensuales para julio de este año —cinco mil doscientos pesos por debajo del mínimo requerido para obtener la canasta básica.
Pero no sólo eso. Una inflación de alrededor de veintiocho puntos porcentuales es un acelerador de la desigualdad y del empobrecimiento que hace sentir sus efectos de manera general, en cualquier consumidor de la economía argentina —aunque no signifique lo mismo para un trabajador que gana el mínimo que para un empresario que especula en la bolsa con los precios de los comodities. No obstante, no es la mayor de las agresiones que el macrismo ha cometido en contra de los ciudadanos argentinos. Y es que, la realidad de Argentina da muestra de diversas crisis —paralelas a la reducción del poder adquisitivo, a veces efecto suyo, a veces su detonador— que se concentran en sectores muy particulares.
El caso de las centrales sindicales, en general; y de los sindicatos gubernamentales, en particular; es un claro ejemplo de políticas específicas que se han concentrado en desmantelar algunas de las más preciadas conquistas laborales de los trabajadores. Desde profesionistas del sector salud, hasta trabajadores del ramo de justicia; pasando por el educativo, el de transportes, de alimentos etcétera; los sindicatos se han mantenido como una de las principales resistencias a los despidos masivos, a la judicialización de la protesta social, a la reducción de salarios y prestaciones laborales, o a la eliminación de las mismas, como en el caso de las más de ciento setenta mil pensiones no contributivas canceladas, en tan sólo dos años.
El cuarenta y siete por ciento de los infantes, de cero a diecisiete años de edad, en situación de pobreza extrema, que contabiliza la UNICEF; las asociaciones ambientalistas y los grupos de comunidades indígenas en contra de los proyectos extractivos, en materia minera, o los conglomerados de campesinos que se ven despojados de sus tierras por empresas transnacionales dedicadas al desarrollo de cultivos transgénicos; por ejemplo, son otros de los sectores que se han visto más afectados por políticas públicas que, desde el dogmatismo del decálogo formulado en el Consenso de Washington, se justifican afirmando que son en favor de la libertad, la igual, la democracia y el progreso económico.
De cara a esos estratos, el endeudamiento público del Estado, por un monto de dos mil setecientos cincuenta millones de dólares, a través de un bono gubernamental a cien años que, con el pago de intereses al valor actual se terminaría de pagar en catorce años —lo que sólo significa que los otros ochenta y seis años se seguirían pagando alrededor de doscientos millones de dólares de manera gratuita, altruista— parecen encadenamientos efímeros al dogma neoliberal para las siguientes generaciones.
No sorprende, por lo anterior, que la agenda programática de Unidad Ciudadana se encuentre, en principio, en sintonía con la agenda de gobierno que Fernández de Kirchner propulsó desde su primer mandato al frente de la federación: con la recuperación del salario y los empleos perdidos, el control de la inflación, la regulación del sistema tributario, la consolidación de la producción nacional, el congelamiento de los precios en los servicios del Estado, la recuperación de los sistemas de previsión social y la retracción del endeudamiento público como principales banderas electorales dentro de un proyecto de quince puntos. Y es que, el arrastre popular que Cristina Fernández tiene no se explica si no es por lo directas, rápidas y abruptas que han sido las reformas que el gobierno de Macri ha implementado para desmantelar todo lo que dos presidencias de Cristina construyeron.
Reducir todo el descontento a argumentos que los exponen como meros resabios del kirchnerismo o expresiones anacrónicas, opuestas al progreso económico de la Argentina, no resulve ni explica nada. Basta con observar el cambio que hizo Cristina en la presentación de su plataforma electoral, con un estilo muy parecido al que Obama desplegaba en sus reuniones con ciudadanos, y que dan la impresión de bajar a la política al terreno de lo común, de lo comunitario en lo que se desenvuelve la cotidianidad del vulgo, para advertir que no es tanto el kirchnerismo como la amplitud de las conquistas sociales argentinas lo que se encuentra en juego.
Finalmente, no queda más que señalar que el movimiento que encabeza Cristina Fernández no se lee en singular. Es necesario observar que en Venezuela la corriente que se identifica con el ciclo de la izquierda progresista latinoamericana se encuentra en el proceso de constituir una Asamblea Constituyente; en Ecuador, la continuidad de la Alianza PAÍS, aunque más moderada y cargada hacia la centro-derecha que en los tiempos de Rafael Correa, continúa con la agenda de gobierno de éste; y, sobre todo, en Brasil, Luiz Inacio da Silva se perfila para posicionarse al frente del Partido de los Trabajadores, con la mira puesta en un tercer periodo presidencial.
       Si se leen en singular, estos eventos no dicen mucho, salvo aquello que tienen de particular en la coyuntura de sus espacios-tiempos nacionales específico. Pero vistos en conjunto, y, además, como parte de aquello que en la primera década del siglo XXI se caracterizó por implementar un proyecto progresista común, se entiende la fortaleza que adquieren en determinados intersticios.
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El espionaje en la vocación totalitaria del Estado mexicano

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Pese a las catastróficas consecuencias de la filtración, en materia de prensa y medios nacionales, la noticia de que el gobierno mexicano emplea tecnología de punta para monitorear y espiar los movimientos de diversos activistas sociales y comunicólogos pasó, luego del trauma inicial en las primeras cuarenta y ocho horas, de un hipócrita descontento concentrado en las principales empresas en el ramo al completo enmudecimiento en aquellos círculos que no pertenecen a la diáspora de sujetos e instituciones que juegan su rol de contrapeso al andamiaje estatal.
La noticia, por supuesto, no es nueva. Basta, para poner en perspectiva la magnitud y la permanencia del problema, con recordar cualquiera de los —cada vez más recurrentes— casos en los que llamadas telefónicas, documentos confidenciales o personales y otros artilugios típicos de la cultura política mexicana son filtrados a medios de comunicación en coyunturas políticas, marcadas, generalmente, por procesos electorales, casos insostenibles de corrupción, sustitución de agentes políticos en posiciones clave para la administración pública, campañas de descrédito a reivindicaciones populares legítimas, procesos de criminalización a la ciudadanía, espacios de contención a crisis gubernamentales, estrategias de eliminación de la disidencia u oposición, etcétera.
Los casos ligados a Andrés Manuel López Obrador, por razones de una política pública que ya se consolida en términos transexenales, son los que el imaginario colectivo nacional tiene más presentes. Sin embargo, las llamadas de Carlos Salinas en torno a los crímenes de su hermano, Raúl; las de Vicente Fox, en abierto hostigamiento a los Castro; las de Josefina Vázquez Mota, acusando a Genaro García Luna de espiar al Partido Acción Nacional por órdenes del entonces presidente de la república, Felipe Calderón; las de Andrés Granier, presumiendo su colección de zapatos, financiada por el erario de Tabasco; y más recientes, las de Elba Esther Gordillo, de la “Tuta” o de cualquier otro capo de la droga y/o gobernador que se haya desalineado de la estrategia general de control y circulación del narcotráfico; dan cuenta de una actitud reiterada de práctica de espionaje gubernamental, por un lado; y de su aceptación pública, por el otro.
En 2015, por ejemplo, justo cuando la agenda del Pacto por México se consolidaba en materia de Reforma General de Telecomunicaciones y Radiodifusión —una reforma que, en las menores de sus disposiciones, criminalizaba la libertad de expresión, sujetaba las políticas editoriales a criterios moralistas, sancionaba la potestad del Estado para anular las comunicaciones en eventos que alterasen el orden y la estabilidad públicos, y finalizaba legalizando la intervención de las comunicaciones de los individuos que el Estado considerase una amenaza a sus intereses—; la ciudadanía se preocupó más por saber cuál de las dos televisoras dominantes sería la encargada de transmitir los principales partidos de soccer; en lugar de cobrar conciencia de que el gobierno, amparado por las modificaciones legales en la materia, ya empleaba software de la empresa italiana Hacking Team para ampliar la cobertura de sus instrumentos de espionaje a la ciudadanía.
Claro que los casos de espionaje emprendidos por el gobierno mexicano, cuando se conocen, suelen respaldarse sobre la premisa de que son acciones emprendidas en contra de potenciales amenazas a la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas (la demagogia de la retórica gubernamental, huelga señalarlo, también suele ser más artera que las palabras aquí empleadas). Por eso, cuando un político incómodo, un activista de izquierda, un empresario que se pasó de la raya, o cualquier otro individuo que no se ajuste a los intereses gubernamentales en turno es balconeado, la mayor alegación en contra del acto mismo es que quizá se debió hacer por medios un poco más transparentes, o por lo menos, menos cuestionables en materia de legalidad.
Porque en realidad, lo que se sanciona, popularmente, es el acto de exponer a cualquier miembro de las redes criminales o de corrupción gubernamental; siempre en la misma línea de ideas que afirma la criminalidad y la corrupción, sólo esperando que un caso de espionaje, una filtración de un documento o una llamada, una confesión de un testigo protegido o de un desertor del sistema verifique y valide esa acusación a ciegas.
No se coloca en perspectiva, pues, que detrás de esos actos de espionaje siempre se encuentra oculta la posibilidad, real y potencial, de que a un costado de todos esos casos de filtraciones se hallan los miles, o quizá millones, de objetivos no filtrados que, en las mismas condiciones, sus actos y palabras, sin importar que tan próximos o lejanos se encuentren de las arcas del poder gubernamental son monitoreados. Porque lo cierto es que, en estas tesituras, cuando se revela que Carmen Aristegui o Juan Pardinas están siendo espiados sistemáticamente (y nótese el recorrido que se da de la izquierda crítica a la derecha dogmática, personalizadas en la figura de una y otro), la resistencia social no versa sobre las violaciones a la individualidad y los derechos humanos que la protegen.
Versa, por lo contrario, en la negativa a reconocer que las instituciones en torno de las cuales se articula la totalidad de la vida en sociedad, dentro de la cual nos desenvolvemos como individuos y como colectividad, se encuentran, siempre, en permanente escrutinio de la sociedad, colocándola bajo la mirada inquisidora de un aparato gubernamental, de una estructura estatal, que tiene por vocación ser totalitaria, autoritaria en sus designios.
Y es que, en efecto, apelando al argumento en defensa de la individualidad, la privacidad y los derechos humanos, se legitima la lógica de que las experiencias históricas en las que el Estado mexicano ha recurrido a la matanza de estudiantes, a la guerra sucia en las sierras, a la represión de los sindicatos opositores, a la criminalización de la protesta social, al uso de la guerra en contra del narcotráfico como instrumento de dominación sobre la sociedad, en general, fueron, son y seguirán siendo, cada vez que se presenten, excepciones a la regla de moralidad, o de conducción ética, de las instituciones y las normas legales que le dan sustento en cuanto Estado-nacional.
Mientras que recurriendo al reconocimiento de que las instituciones mexicanas no son inherentemente bondadosas, éticamente correctas de origen, con lógicas funcionales en favor de la sociedad que las engendró, el individuo se queda abandonado a sí mismo, en el vacío que significa mirar la naturaleza represiva, homicida y autoritaria de la institucionalidad y la legalidad que le da fundamento a su colectividad. En este sentido, aun cuando se tiene cierta presunción de culpabilidad generalizada en la instrumentación que hace el Estado de sus dispositivos de vigilancia, la población se niega a considerar, verdaderamente y en su totalidad, la posibilidad de que cada individuo es un peligro potencial al que se debe vigilar y castigar.
Escándalos como el de Pegasus —amplificado en sus efectos por el hecho de haber sido visibilizado por un medio de comunicación extranjero, como si la extranjería en las acusaciones siempre fuese una carta de verdad incuestionable—, no suelen ser recurrentes. Sin embargo, no se requiere que cada día se transparente la actividad de las instituciones de inteligencia, de procuración e impartición de justicia, y de la defensa nacional, para dimensionar las estrategias de las que se vale el gobierno de México para mantener la correlación de fuerzas vigente.
El número de personas involucradas en la operación del dispositivo, el costo del programa, las instituciones que lo operan y los objetivos sobre los cuales se despliega son banalidades cuando se contrastan con el acto mismo de desdoblar todo un andamiaje de vigilancia en el que el software especializado en la materia es la menor de las preocupaciones de una sociedad que cada día se sumerge más en su dependencia a los medios electrónicos, y en el deslizamiento de su vida por un burdo reflejo de su existencia que ofrece el universo virtual.
Que los objetivos del presente escandalo fuesen activistas sociales y comunicólogos que en diferentes grados han cuestionado alguna política del gobierno en turno parece dar la impresión de que, en esta ocasión, el acto de espionaje es atroz, éticamente condenable por el solo hecho de atacar a luchadores sociales, a individuos que, se presume, intentan mejorar a la sociedad. Sin embargo, y más allá de la respuesta desafiante del titular del ejecutivo federal —por lo demás despreciativa de las demandas de sus gobernados—, en un tiempo en el que empresas del calado de Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, etc., contienen en sus bases de datos una mayor cantidad y calidad de información sobre sus usuarios que los propios archivos de las dependencias gubernamentales, hacer visible el espionaje gubernamental es sólo el primer paso en una carrera a contracorriente con el desarrollo del Big Data.
Por ello, la peor consecuencia a la que se llegaría en el presente caso no sería ninguna que tenga que ver con mayores filtraciones o con una correcta respuesta del aparato de gobierno. El peor de los escenarios, más bien, comienza con una sentencia que afirma que, en un mundo inherentemente violento, agresivo por naturaleza, con regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba (acusación preferida de la derecha más conservadora e intransigente), los servicios de espionaje y de inteligencia son necesarios para el mantenimiento de la propia vida.
Porque cuando Google tiene el registro más exacto de la geolocalización diaria de millones de sujetos, cuando Facebook tiene el perfil psicosocial de miles de millones de usuarios, cuando Microsoft tiene al archivo más abultado de conversaciones interpersonales y Apple la mayor reserva de imágenes privadas en sus servidores; argumentos como el anterior sirven para montar estrategias discursivas y prácticas cotidianas de (re)producción de la criminalidad en las que, además, cada ámbito de la socialidad humana es susceptible de ser moldeado a través del velo de los servicios informáticos.
       Y por supuesto, no cuestionar esto es, siempre, aliciente para no cuestionar la configuración política, las instituciones, las normas jurídicas, y los sistemas de gobierno y autoridad pública vigentes. Este no es, y no debe ser considerado como tal, un caso aislado en el que los operarios del programa se desviaron de sus verdaderas funciones, de la real naturaleza ética de sus funciones. El Estado es totalitario justo porque en su actividad gubernamental progresa en los mecanismos de observación y sujeción de la individualidad
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Recordar a Allende en Venezuela

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En 1970, luego de dieciocho años de una intensa movilización política y social, por igual en los sectores medios que en los estratos más pauperizados, Salvador Allende fue electo presidente de Chile, y con él al frente, la Unidad Popular construyó la principal fuerza progresista latinoamericana en un contexto en el que, por un lado, las bendiciones del New Deal —y sus correcciones neokeynesianas— comenzaban a verse rebasadas por sus propias limitaciones para asegurar la circulación y concentración de capital; y por el otro, la vocación genocida del complejo industrial-militar estadounidense (con Kissinger liderándolo desde el Departamento de Estado) se afirmaba como la fuerza motriz de un nuevo modelo económico que sólo con posterioridad, treinta años después, el imaginario colectivo latinoamericano conocería como el Consenso de Washington.
Heredero de una larga pero permanentemente interrumpida tradición de reivindicaciones sociales en el continente americano, el gobierno de la Unidad Popular sobre el cual se asentó la gestión de Allende se caracterizó, de entre muchas otras cuestiones, por la fuerte base social que respaldó tanto los tres procesos electorales a los cuales se presentó como candidato cuanto la instrumentación de los programas sociales y políticas públicas que desplegó para hacer frente a la embestida de sus opositores. En este sentido, más que por lo trágico del homicidio de Allende, la tragedia de su presidencia se encuentra en el hecho de haber pasado a la historia sin mayores consecuencias que ser objeto de una profunda adoración poética dentro del archivo de lamentaciones por la intervención imperialista estadounidense en la región.
En efecto, el gobierno de Allende, más que el de Fidel Castro en Cuba, quizá, es trascendental para la historia y la construcción de la memoria identitaria de América por haber sido el objeto sobre el cual mejor se vislumbró el avasallamiento con el que Estados Unidos coloniza al continente desde que lo declaró propiedad exclusiva del americano blanco, anglosajón y protestante. Y es que para el imperialismo estadounidense, la vía chilena al socialismo, lejos de representar una variante (a la manera latinoamericana de hacer las cosas) de la agenda social formulada en la Alianza para el Progreso, implicó un desafío frontal —aunque parcial— al su proyecto de civilización impuesto en América.
La reacción de ambas partes en su relación dialéctica es conocida por la historia: a las nacionalizaciones implementadas por la presidencia de Allende, Estados Unidos respondió, a través de los sectores conservadores chilenos (congresistas, clero, hacendados, industriales, etc.), mediante la promoción de reformas legales y constitucionales que bloquearan todo intento futuro de estatización; a la oposición de Allende a adoptar las doctrinarias políticas económicas impulsadas por el Congreso, el imperialismo reaccionó mediante la promoción de la destitución parlamentaria de su cargo; a la socialización de las ganancias impulsada por el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno estadounidense respondió con la especulación de los capitales en los mercados bursátiles; a las Juntas de Abastecimiento y control de Precios, Nixon respondió por medio del bloqueo comercial; y los propietarios chilenos a través del acaparamiento de la producción nacional y la reproducción artificial de la escasez; al fortalecimiento de la organización política comunitaria, se replicó mediante el financiamiento de asociaciones civiles en pro de la democracia, movilizaciones de sectores conservadores y la introducción de agentes represores encargados de producir a los muertos con los cuales se acusaría a Allende de genocida. Y así sucesivamente.
Allende resistió tanto la embestida de Estados Unidos y de los propios sectores propietarios de los medios de producción chilenos justo porque la base social de la Unidad Popular era lo suficientemente amplia y cohesionada como para organizarse en unidades de autogestión, pero sobre todo, porque la conciencia que en sus miembros prevalecía de estar construyendo una sociedad más justa e igualitaria tenía la potencia necesaria para observar cuánto de aquello que ocurría en el país era consecuencia perversa de un proyecto orquestado desde intereses particulares, y por supuesto, la potencia para hacerle frente con la organización colectiva. Sólo el estrangulamiento comercial y el bombardeo al Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, terminaron con esa inercia.
Ahora bien, regresando al significado de lo trágico y de la tragedia que la presidencia de Salvador Allende tiene para la historia y la memoria identitaria de América, lo que el actual giro a la derecha muestra es que el Chile del 70 al 73, y la poética adoración con la que se le recuerda en la literatura de la región, es sólo eso: el rendir culto a un presidente al que únicamente se considera un demócrata, un progresista, por el velo de mártir con el que su muerte recubrió su historia. Es decir, el final del ciclo de la izquierda progresista latinoamericana, lejos de presentarse como el reflejo tardío de lo que ya ocurrió en América —replicado hasta el cansancio en los cuarenta años de imperio del Cóndor en el cono Sur— revela a una izquierda hipócrita y a una derecha más sectaria, aunque políticamente más correcta también, en donde la primera no aprendió las lecciones del Golpe en Chile, y la segunda corrigió sus errores operativos y de comunicación organizacional.
Nicolás Maduro no es Allende, eso es cierto: la distancia que separa a uno y otro es insalvable. Sin embargo, Venezuela es, hoy, la réplica del Chile de Allende: un país cuya sociedad se encuentra bajo el avasallamiento de una guerra económica que recuerda mucho a la que el chileno sufrió. Venezuela, al igual que Chile, es un territorio enormemente codiciado por el capital internacional debido a sus enormes reservas de recursos naturales: petróleo en aquél, cobre en éste. Y, en ese sentido, mientras el petróleo siga siendo el motor que acciona y mantiene en movimiento la ilusión del progreso que alimenta la profundización del capitalismo, su futuro, su mera existencia como país y sociedad soberana, se encuentra anclado a la capacidad con la que cuente para hacer frente al colonialismo del capital, en general; y al imperialismo de Estados Unidos, en particular.
Maduro, a diferencia de Allende, no llegó a su posición por los mismos medios: la investidura de Maduro, en gran medida, debe su legitimidad a la designación que hizo de él Hugo Chávez. No obstante, esa diferencia entre uno y otro mandatario se agota ahí, pues si bien los medios a los cuales recurrieron ambos son divergentes, los dos coinciden en la base social que los respalda: la Unidad Popular, en Chile; la Revolución Bolivariana, en Venezuela. Tejido social que, por lo demás, fue y es el sustento de la revolución en ambos casos.
En la Venezuela del siglo XXI, al igual que en el Chile del siglo XX, la revolución es una construcción pacífica, no recurre a las armas para legitimarse o mantener su vigencia. Venezuela, igual que Chile, no ha dejado de ser un Estado rentista, dependiente en extremo de la extracción y comercialización de su materia prima más preciada: el petróleo. Y con Venezuela, igual que con Chile, la presente coyuntura se presenta en un periodo en el que el precio de las materias primas a nivel global se encuentra en franco decremento. Este simple hecho, en ambos casos, siempre se tradujo en una mejora sustancial de las condiciones de vida de los habitantes, y acosta de impulsar ese extractivismo es que se subsidia la posibilidad de construir un mejor futuro.
Pero Venezuela, igual que Chile, se encuentra bajo ataque: Maduro, en Venezuela, igual que Allende, en Chile, introdujo una política de control de precios para contener la inflación que el acaparamiento comercial y la reproducción artificial de la escasez producía desde la muerte de Chávez; a Maduro, como a Allende, el empresariado nacional y estadounidense respondieron de la misma manera: acaparando los productos de más básica necesidad. Maduro, como Allende, respondió a la situación mediante Comité Locales de Abastecimiento y Producción, pero ante ello el cerco se ha profundizado —atizado por una campaña mediática que gusta de mostrar aparadores sin papel sanitario cómo la consecuencia más perversa del socialismo del siglo XXI.
En Venezuela, como en Chile, la oposición se articuló en torno de una Mesa de Unidad Democrática; y en Venezuela, como en Chile, esa oposición se financió a través de la USAID y los programas de cooperación y ayuda humanitaria del Departamento de Estado. En Venezuela, como en Chile, la oposición llegó a controlar la mayoría del parlamento, y con ello, controlar la promoción de reformas legales y constitucionales que congelen la acción ejecutiva de la presidencia. En Venezuela, como en Chile, la oposición se movilizó ante la articulación comunitaria de la revolución, en Venezuela, como en Chile, agentes de inteligencia se encargaron de producir a los muertos sobre cuyos cadáveres se nombraría a maduro genocida, dictador y asesino.
No sorprende, por lo anterior, que ambas experiencias históricas se asemejen, también, en la posición con la cual se ha condenado, internacionalmente, al régimen de puño duro de Maduro, olvidándose que a Allende se le atacó igual —aunque quizá con menor intensidad mediática. La izquierda contemporánea observa en Allende a uno de sus íconos revolucionarios, pero lo observa sólo para no haber aprendido de las lecciones que dejó el Golpe de Estado chileno. La olvida, en estricto sentido, para volver a omitir esa recomendación que Castro dio a Allende: que el imperialismo hará uso de toda la potencia bélica, de toda la violencia de la que disponga para desarticular la revolución.
Hoy, con Venezuela, como antaño se hizo con Chile, se condena al socialismo, al comunismo, al populismo, al autoritarismo, a la incapacidad de un gobierno de ofrecer papel sanitario a sus habitantes. Pero más que eso, hoy, con Venezuela, como ayer, con Chile, se vuelve a sacralizar la intervención estadounidense sobre el país, con el argumento siempre efectivo de defensa de la democracia, del capitalismo y del individualismo —aunque siempre comprendidos, todos, en clave de la American way of…
América, si no quiere revivir la historia del Palacio de la Moneda, debe ser consciente de que del recuerdo de Allende se debe regresar al siglo XXI con algo más que una profunda adoración poética. Se debe, más bien —y como lo señaló Castro a Allende—: regresar más revolucionario de lo que se era; se debe regresar más radical de lo que se era; se debe regresa más extremista de lo que se era.
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La credibilidad de un sistema en el que pierden los ciudadanos

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Poco antes de que los comicios locales en cuatro entidades de la federación comenzaran, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que lo que más se está jugando en estas elecciones —aunque de manera primordial en las que se celebran en el Estado de México— no son los cargos de elección pública en sí mismos, sino la legitimidad y la credibilidad del andamiaje electoral en su conjunto, de cara a las votaciones federales de 2018. Aunque infortunada, la declaración de Córdova es acertada por varios motivos. El principal de ellos, quizá, es que sin importar por donde se los mire, en los comicios de este cuatro de junio todos los actores involucrados pierden.
Sin orden de importancia, el primero en perder es la autoridad electoral misma. Y es que a pesar de los titánicos esfuerzos de ésta por mostrarse ante la ciudadanía como entramado institucional neutral, justo y apegado a la legalidad que dictan las normas jurídicas que lo rigen; y a pesar aún de las sumas millonarias empleadas para eliminar del imaginario colectivo nacional el recuerdo de ese amargo sabor de boca que dejaron elecciones pasadas —marcadas por la violencia, el acarreo masivo, el dispendio en dádivas, la alteración o eliminación de boletas o la intransigencia ante las violaciones legales cometidas por los partidos políticos, etcétera—, el que la credibilidad del Instituto se resuelva en la determinación del ganador habla, por si propio, de una institucionalidad en la que la ciudadanía sigue observando las más despreciables prácticas del ancien régime: cuando el partido hegemónico (sin importar sus siglas: PNR, PRM, PRI), colonizando todo el aparato estatal, era el único encargado de declararse victorioso —porque nunca se asumió perdedor.
Las posturas, en este sentido, son más claras que nunca: de ganar el Partido Revolucionario Institucional lo único que el INE estaría ratificando es su acción subordinada a los intereses que se aglutinan en aquel partido. La victoria de Del Mazo, aquí, implicaría enviar a la población el mensaje de que nada ha cambiado en realidad, porque lo primero que se observaría es que el Instituto no estuvo dispuesto a permitir que la joya de la corona del priísmo se deslizara hacía abajo y a la izquierda. El triunfo del Partido Acción Nacional y del de la Revolución Democrática, por su parte, no cambiaría en nada el panorama, toda vez que desde la firma del Pacto Por México, al asumir la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, identificó a éstos dos partidos políticos como meros apéndices del priísmo, ya sin distinciones ideológicas o programitas entre unos y otros.
De frente a tal situación, la victoria de Delfina Gómez se antoja como la mejor posibilidad del INE de lavar su propia imagen y de dar, por lo menos, un poco la sensación de que la alternancia partidista (más nunca democrática) entre derechas (PRI, PAN y PRD) e izquierdas (Morena) también es posible en las grandes competencias por el botín del erario; y no sólo en municipalidades o algunas curules en senadurías y diputaciones, para cumplir con la cuota del color —más añeja que las cuotas de género. La cuestión es que si en el triunfo de Del Mazo el Instituto pierde ante la ciudadanía, en la victoria de Delfina Gómez lo hace ante la maquinaria de la cual dependen los puestos y los sueldos de sus funcionarios. En consecuencia, si el Instituto declara ganador al priísmo, en automático está sancionando que el sucesor de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república sea de su misma extracción partidista; y quién sabe, hasta del mismo seno familiar.
Los siguientes en perder son, por supuesto, los partidos políticos —y aquí pérdida es mera retórica, pues aún después de los comicios sus integrantes mantienen sus privilegios de clase. En las urnas, la derrota del priísmo, la verdad, se antoja distante. Siendo el único partido contendiente con el respaldo del gobierno federal, tanto en el plano del financiamiento cuanto en el de vocería y publirrelacionista oficial, sin mencionar el de cooptador por la vía de los programas de asistencia social: la única manera viable de vencerlo, por parte de la izquierda, es mediante una masiva movilización de sus cuadros y del voto no-partidista.
Por ello, si el priísmo es derrotado en las boletas, esa pérdida se extrapola de inmediato —aunque no de manera directa— a nivel federal. Pero si gana, la derrota es aún mayor, en términos, por un lado, de la renovada desacreditación que conllevaría al sistema electoral en su conjunto; y por el otro, de la profundización en la que se encausarían la violencia, la corrupción, la criminalidad, la pauperización social, etcétera, en la lógica de fortalecer aquellos mecanismos que imposibiliten que cualquier otro partido, de izquierda o de derecha, se vuelva a aproximar tanto a la posibilidad de desbancar al priísmo de sus posiciones clave para mantener su hegemonía en la escala nacional. Una victoria del PRI, hoy, significaría avanzar hacia un punto de no retorno en el que la coerción del voto sólo puede seguir escalando en su violencia, habida cuenta de la desacreditación autoinducida.
Del lado del morenismo la victoria de Delfina Gómez le pinta, tanto al partido como a la entidad, una derrota más atroz que la que sufrirían las alternativas de derecha. El que Delfina gane la gubernatura no se traduce en que Morena adquiera la capacidad de hacer valer su proyecto electoral con total libertad y un completo despliegue de contenidos. La gestión de Delfina, sin duda, se deberá enfrentar con la resistencia de las municipalidades y las diputaciones que aún sostengan sus antagónicos. Ello, sin sumarle más elementos, conlleva dos posibilidades: primera, se llega a un punto de inamovilidad en la administración estatal; segunda, el enfrentamiento se hace tan descarnado que la asignación de recursos, la implementación de programas etc., profundiza las desgracias de sus gobernados.
Si Morena decide negociar con sus antagónicos ideológicos, priísmo, panismo o perredismo por igual, pierde frente a su electorado menos sectarista; afectando directamente la captación de votos no-morenistas para los siguientes comicios. Es decir, en estricto, estaría validando la posición de sus detractores: que Morena es, después de la demagogia y el populismo de su mesiánico líder, más de lo mismo que ofrecen el PRI, el PAN y el PRD sin tanto drama político —y hasta con un dejo de civilidad y corrección política. Pero si decide la confrontación, antes que la traición de la agenda ideológica y programática con la que se ha vendido como algo distinto al statu quo partidista, la cuestión sería que Morena, en general; y Delfina Gómez, en particular; se estarían enfrentando ante una serie de dispositivos desplegados por PAN, PRI y PRD para hacer notar a la población que, el final del día, Morena no sabe gobernar. Los incrementos de acontecimientos delictivos, del uso de la violencia por parte de cárteles del narcotráfico, la intensificación de operativos castrenses, el desvío de recursos, y hasta el bloqueo de los mismos para impedir el correcto funcionamiento del andamiaje gubernamental de la entidad se antojan el pan de cada día.
Ahora bien, en todos los escenarios anteriores la población resulta afectada, y por ello, son los mexicanos quienes se presentan, en cualquier teatro de operaciones, como los actores que más pierden. La cuestión es, no obstante, que al margen de los señalamientos anteriores hay una manera muy propia de la ciudadanía de perder, y de hacerlo de frente a sí misma. Por un lado, si se opta por votar atendiendo a la tradicional maquinaria que despliegan todos los partidos, sin excepción, para movilizar conciencias y boletas —desde monederos rosas, con un sueldazo de poco más de mil pesos mensuales para las amas de casa, hasta calentadores de agua solares, pasando por los vales de despensa, las despensas mismas, la posibilidad de obtener una pantalla plana o de pertenecer al padrón de algún programa social—, la derrota de la ciudadanía redundará en la legitimación de la podredumbre del sistema en su conjunto.
En efecto, lejos de introducir un cambio cualitativo en la manera en que tanto el sistema de partidos cuanto el andamiaje electoral funcionan en el país, el atender a los mecanismos de compra y coacción del voto que emplean los institutos políticos solo viene a rectificar que después de la contienda electoral éstos reproduzcan la misma lógica viciada de la cual la ciudadanía intenta escapar a través de la delegación de su voluntad. En este sentido, su pérdida mayor es la de afianzar la lógica de sujeción a la que se encuentra sometida para permitir que unos cuantos sectores se beneficien como clase privilegiada. Y lo cierto es que castigar a la estructura política nacional con la anulación del voto no hará ninguna diferencia.
Por el otro lado, la ciudadanía también pierde si asume que sólo por hoy, y por los días en los que el sistema le concede el privilegio de votar por un representante público, tiene la potestad de influir y determinar la manera en que su organización política comunitaria se lleva a cabo. El voto, en última instancia, es únicamente una parte ínfima de la enorme responsabilidad y cantidad de acciones que día a día cada habitante del país debe realizar para mejorar su entorno, para ratificar la validez de su vigencia o para modificarla como mejor le convenga. De ahí que la tarea de sufragar y conseguir el triunfo de la opción partidista de su preferencia no sea más que un parpadeo al cual deben seguir una profunda —militante, quizá— actividad ciudadana de control y gestión de la actividad política.
El entramado institucional del Estado mexicano es simplemente demasiado grande y profundo como para que se suponga, ilusoriamente, que el triunfo de una u otra opción electoral bastará para mejorar las cosas, aunque sea sólo en principio. Y por si ello fuese poco, los intereses internacionales —estadounidenses, primordialmente— son tan bastos y con tantos puntos de anclaje que abandonándose a la voluntad de la burocracia nacional para ejecutar el programa ideológico que representa es lo mismo que abandonarse a la colonización de la vida comunitaria por parte de intereses reducidos que ven en la gestión pública nada más que la puerta de entrada para amasar grandes fortunas.
Aunque sean procesos locales, en los comicios de este cuatro de junio se juega mucho más que la pura y simple posición de un gobernador o una gobernadora, de una diputación o una municipalidad. Las partes del conjunto que representa el sistema político mexicano no deben ser leídas como la mera suma de las partes, pues procediendo de esa manera lo único que se logra es validar la renuncia de la población a su potestad para darse la configuración política que más le sirva para alcanzar un mínimo de equidad y justicia

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Filipinas: frontera de las guerras en el Pacífico

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En Octubre de 2016, apenas unos meses después de iniciar el nuevo gobierno nacional, el presidente filipino Rodrigo Duterte anunció, en el Foro Económico de Pekín, que se separaba de su alianza con Estados Unidos, tanto en el plano militar como en el terreno económico, para depender de la influencia regional china «para siempre». La noticia, por supuesto, alertó a las autoridades estadounidenses por las implicaciones geopolíticas del viraje: su papel como zona de contención —geográfica tanto como política— al expansionismo chino en el sudeste del pacífico asiático es clave para mantener la supremacía militar en la zona. Después de todo, a Filipinas y Estados Unidos los une la historia de la colonización del primero por el segundo, hasta 1944; y luego de ello, los Acuerdos Militares de 1947; los Acuerdos de Defensa Mutua, de 1951; y las múltiples adendas de mejoramiento que siguieron a estos.
Pensar en un distanciamiento entre ambos Estados, por consecuencia, se antojaba, si bien no imposible, por lo menos lo suficientemente problemático como para que el golpe de timón filipino no supusiera una tersa transición entre esferas de influencia. Y es que si bien ya en las dos últimas décadas del siglo XX un fuerte sentimiento antiestadounidense irrumpió con profusión en el imaginario colectivo nacional filipino, ni en aquel momento el riesgo de perder el punto de contención geopolítica que ofrece Filipinas a Occidente se presentó con tanta claridad y en un momento en el que la hegemonía estadounidense se ve profundamente cuestionada en una mayor cantidad de zonas alrededor del planeta.
Ahora bien, en rigor, todo cuanto es susceptible de ser calificado como bilateral o recíproco en la relación que mantienen Estados Unidos y Filipinas no es realmente mutuo. Ya sea que se trate de intercambios comerciales o —con mayor importancia aún— de transferencias en materia militar y de defensa, esa doble vía adquiere el carácter de unilateralidad: con Estados Unidos avasallando a Filipinas tanto en cuantía como en cualidad. Y es que, por un lado, el interés primario de Estados Unidos en Filipinas es el de mantener abierta la ruta comercial que cruza por el Mar del Sur de China, toda vez que por sus aguas se transportan cerca de cinco mil millones de dólares en mercancías. Y por el otro, con la alianza sino-rusa sustituyendo a la Unión Soviética en el siglo XXI, tener la capacidad de cerrar el flujo de hidrocarburos que alimentan a la industria china, y de contener a ambas marinas mar adentro, resulta vital en cualquier escenario de guerra Oriente/Occidente.
Por lo anterior, observadores endógenos y ajenos a la organización y control de la política exterior de Filipinas tienden a coincidir en la idea de que cualquier alejamiento de Estados Unidos, con su posterior aproximación a China, es sinónimo de suicidio, pues las autoridades chinas ya no verían ningún elemento disuasorio para devorar las disputas territoriales que mantiene con aquel. La cuestión es, no obstante, que las observaciones de este tipo no ponen en el centro del análisis que, sin importar la esfera de influencia sobre la cual se decante, Filipinas, en tanto frontera común del expansionismo occidental y oriental en el Sudeste asiático, siempre se encuentra en el borde de ser consumido por la relación de fuerzas externas que se disputan el control de su territorio.
De ahí que, contrario a la visión general que circula por los medios occidentales, la agresividad de Duterte hacia Estados Unidos no sea, como punto originario, el de algún tipo de populismo —entendiendo a éste como lo hace Occidente. Y es que reducir el posicionamiento del gobierno filipino a una fórmula del tipo que afirma que su asimilación a los valores occidentales es representativo de la interiorización de éstos, mientras que su asimilación a Oriente es sinónimo de populismo, autoritarismo, comunismo o similares y derivados; es equivalente a menospreciar los intereses nacionales que se juegan a ambos lados del pacífico.
Duterte, es cierto, es partidario de un régimen de exterminio al interior de su país. La guerra en contra del narcotráfico que desenvuelve desde su investidura presidencial es de una profusión de violencia como pocas se han observado alrededor del mundo. No obstante, no es en su presunta tiranía ni en los reclamos estadounidenses en defensa de los Derechos Humanos en donde se encuentra el empuje que llevó a Filipinas de un aliado a otro. Por lo contrario, el viraje de Duterte es consecuencia lógica de lo profundo que el aparato de inteligencia estadounidense se sumergió en la estructura gubernamental del país.
Barack Obama, en este sentido, concretó una serie de acuerdos, en 2014, con su par, Beningno Aquino III, que aseguraba a Estados Unidos un mayor control del aparato militar filipino por un plazo inicial de diez años, colocando a éste país como uno de los principales centros asiáticos de transferencias militares. Esto, con una China decidida a incrementar su potencial bélico en el próximo cuarto de siglo y una Rusia implementando la primera fase de una renovada expansión militar, coloca a Filipinas como uno de los tantos territorios que, por su posición geográfica, quedan atrapados en el medio de ambas potencias. Decidir su permanente adhesión a Estados Unidos o aliarse con China fue una cuestión de pura estrategia, de sobrevivencia nacional, más que reflejo de la mentalidad populista de su actual mandatario.
La medida de Obama no fue aislada, se compagina con una serie más amplia que incluye acuerdos de profundización en materia de seguridad con Japón y Singapur, Estados con los cuales Filipinas mantiene su primera y cuarta relación comercial. Sin embargo, ni de Japón ni de Singapur depende que China sea capaz de controlar la «primera cadena de islas» en el Pacífico occidental. Esa posibilidad sólo gravita en torno de quien controle el territorio filipino. Y es que, Estados Unidos, perdiendo su influencia en el archipiélago, pierde, también, una ventaja estratégica: Japón y Corea del Sur pueden constreñir los movimientos chinos a través de los estrechos Coreanos; Japón, con su despliegue de infraestructura antimisiles instalado en las islas Kyushu, Okinawa y Ryukyu, detendría cualquier agresión en el Mar del Este de China; Indonesia, hacer lo propio en lo relativo a los estrechos de Lombok, Sunda y Malaca; y Filipinas, junto con Taiwan, cerrar el paso del estrecho de Luzon; y con Indonesia, los de los mares de Sulu y Celebes. 
Se entiende, pues, que la menor de las preocupaciones para Filipinas sea su política interna cuando dos potencias militares ven al conjunto de islas que conforman al país como su principal escenario de confrontación en la zona. Por eso, asimismo, es muy poco probable que el viraje ideológico declarado por Duterte en Pekín sea realmente ideológico, y tenga que ver más con un movimiento pragmático —en un momento en el que la Presidencia de Obama se acercaba a su final profundamente cuestionada por la diplomacia China.
Por lo pronto, a mediados de abril, Duterte rectificó su postura y se lanzó de nuevo a su tradicional alineamiento con Estados Unidos; y ya pronto, en Mayo, se abrió la opción de que el presidente Donald Trump reciba a Duterte en Washington; suponiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo lo suficientemente sólido como para inclinar aún más la postura filipina hacia Occidente. Y la cuestión es que esta última posibilidad no se observa distante, toda vez que la nueva administración estadounidense ha demostrado estar dispuesta a ser aún más agresiva y recurrir con mayor frecuencia al empleo de medios bélicos para responder a las amenazas a su seguridad.
Duterte, en su desplazamiento de regreso hacia la esfera de influencia estadounidense, quizá se esté observando en Siria, país que comparte la particularidad geopolítica de Filipinas, como frontera imperial, pero en Oriente Medio. Después de todo, Trump, actuando de manera muy similar a como lo hizo Obama en sus dos mandatos, ya dejó ver al Sudeste asiático, con pretexto de hacer frente a Corea del Norte, que el despliegue de dispositivos antibalísticos de gran escala y la intensificación de ejercicios militares, marcados por un incremento sustancial en el número de tropas permanentes; es tan sólo una primera llama de advertencia ante cualquier signo de oposición en la región.
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Demarcación territorial y mutilación corporal

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Pese a sus catastróficas consecuencias, la violencia en el mundo es un tema que, en los múltiples imaginarios colectivos, suele cobrar relevancia sólo cuando su ejercicio se lleva a cabo en escalas espaciales y temporales internacionales, cuando el ejecutor de la misma ya ha sido interiorizado por la sociedad como un enemigo que se debe eliminar, o cuando un conjunto amplio de dispositivos mediáticos son dispuestos por los poderes hegemónicos para deslegitimar reivindicaciones sociales, comenzar con el proceso de construcción de otredades y afirmar una posición axial que justifique el avance del proyecto de civilización occidental sobre comunidades ajenas a su lógica.
Por eso, cuando de condenar la violencia se trata, los posicionamientos más recurrentes son aquellos que censuran las guerras declaradas por gobiernos tiránicos, totalitarios —más nunca las emprendidas por las autodenominadas democracias liberales—; aquellos que exigen la erradicación de todo cuanto atenta contra la propia identidad: un grupo aceptado como terrorista, un gobierno populista latinoamericano, o una dictadura musulmana en Oriente Medio; o aquellos que, por completo sumergidos en la interminable tautología del dogmatismo lingüístico, condenan al exterminio a cada comunidad que parezca arcaica, renuente a afirmar las bondades civilizatorias ofrecidas por los valores y principios occidentales.
La cuestión es, no obstante, que detrás de esos macro-eventos de violencia se desenvuelve una serie más profunda y abarcadora de hechos que reflejan la decadencia estructural de Occidente: la continuación de una lógica civilizatoria que, en el momento mismo de colonizar a los no-modernos, a los no-democráticos, a los no-civilizados con el pretexto de introducirlos en el curso del tiempo presente, de extraerlos de su arcaísmo bárbaro y ajustarlos a las formas cortesanas del progreso, esa misma lógica reifica su embrutecimiento, su naturaleza incivilizada.
Se desarrolla, en este sentido, una dinámica de sistemática destrucción de aquellas comunidades que, habiendo sobrevivido a quinientos años de colonización, aún se presentan frente al colonizador como esa amenaza de retorno al salvajismo, como esa posibilidad que agrede al civilizado y al moderno por el simple hecho de haber demostrado que otro tipo de sociedad es posible. Pero más aún, se desdobla una cadena infinita de sucesos que ante el descuartizamiento del indio, se celebra el avance del respeto por los derechos humanos; que ante su despojo territorial, se festeja la acumulación del stock productivo del Estado; que ante la represión militar, se elogia el ejercicio efectivo del Estado de Derecho.
La violencia del mundo perturba a la sociedad con sus grandes acontecimientos: condena la tiranía musulmana legitimando la intervención estadounidense en Egipto, Libia, Túnez, Yemen y Siria; sataniza al populismo latinoamericano afirmando la necesidad de gobernarlos por medio del puño de hierro de sus dictaduras cívico-militares; y consiente la destrucción de sociedades enteras exigiendo la muerte de cada individuo que parezca terrorista. Pero al perturbarse con ese despliegue, esa misma sociedad, no obstante, omite que ya fue cómplice de esos sucesos mucho antes de que estos ocurriesen. En efecto, fue cómplice desde el momento en que absolvió cada una de las guerras presentes y futuras cuando, desde el pasado, cerró los ojos ante la cristianización del indígena, cuando se volvió sorda ante los lamentos que causaban los suplicios a los que comunidades enteras fueron sometidas por no ser conocedoras de las formas civilizadas de convivencia; cuando enmudeció en el momento en que se requería que su propia voz se asumiera como la principal crítica a las consecuencias de su avance indetenible.
De aquí que sea imprescindible mirar de frente al más reciente recordatorio que la comunidad Gamela, en el Estado brasileño de Maranhão, con su sangre y su dolor, le ofrece a América y al mundo para no olvidar eso que sólo en Sierra Leona, durante algún tiempo, fue motivo de primeras planas periodísticas y excelsos análisis antropológicos —pero nunca motivo de un cambio de modelo civilizacional—: las más desgarradoras maneras de mutilar y marcar al cuerpo humano no son producto de una suerte de reminiscencia precolombina, sino el vivo reflejo de cómo la humanidad establece los límites entre su humanidad y la animalidad de los condenados de la tierra.
En efecto, el hecho pasó inadvertido, como ocurre, por regla general, con las cuestiones indígenas: producto del despojo sistemático de tierras que los pueblos indígenas sufren desde su colonización, la comunidad Gamela fue atacada el pasado domingo 30 de Abril por hacendados cuando aquellos intentaron recuperar las tierras que por derecho les corresponden. Así, esa pequeña comunidad —que los parlamentarios brasileños considera pseudoindigena— le recuerda al continente que no sólo en el África negra se mutilan los cuerpos de quienes reivindican su derecho, como comunidad perteneciente a un territorio ancestral, a preservar sus formas políticas y productivo/consuntivas, sino que ésta es una práctica vigente en cada latitud en la cual se despliega el colonialismo.
El caso Gamela, por supuesto, no es excepcional dentro de la regularidad de eventos que azotan a las comunidades indígenas del continente. Por lo contrario, es, más bien, una continuidad de algo que desde hace mucho estos pueblos intentan hacer visible ante los ojos de quienes sólo los observan como el turista observa a quienes sólo le son útiles en tanto producen bellas y exuberantes artesanías con pretensiones de arte. La cuestión de fondo acá —además de la evidente condena de la violencia con la que la comunidad Gamela es sistemáticamente fragmentada—, es la manera en la que sus integrantes fueron despojados de su identidad por parte de la sociedad brasileña.
Y es que si bien las formas de realizar esta desposesión identitaria son tan variadas como comunidades indígenas existen en el mundo, no por ello se debe abstraer lo específico de cada caso. Así pues, lo primero que debe llamar la atención sobre esta situación es que desde la aprobación de la constitución brasileña, en la década de los ochenta del siglo XX, las comunidades indígenas fueron inscritas dentro de un régimen de autoidentificación no muy popular dentro del conjunto de países americanos de mayoría mestiza. Los pueblos indígenas en Brasil, pues, fueron dotados de la capacidad de ser identificados por la estructura Estatal como tales no por la continuidad lineal que estos acumularan al habitar un territorio, sino por el uso específico que estos cuerpos sociales dieran a aquel.
En este sentido, contrario a la tendencia indigenista que marca que un pueblo indígena es tal siempre y cuando continúen habitando sus tierras ancestrales —con lo cual, por regla se refiere a una inamovilidad de la comunidad desde el periodo colombino—, en Brasil se abrió la posibilidad de que el rasgo identitario, con respecto al territorio, se estableciera no por una línea unidireccional del tiempo habitado, sino por el uso específico que dichas comunidades otorgan al entorno. Por supuesto la garantía constitucional de que esto se llevase a la práctica quedó en la letra, pues de un aproximado de mil ciento y trece territorios indígenas sólo el 58% (654) se encuentran en espera de la aprobación de su condición por parte del Estado brasileño, y de éstos, 53% aún no son, siquiera, considerados para comenzar el proceso correspondiente.
Un segundo punto de preocupación es que las poblaciones aledañas y las propias autoridades gubernamentales despojaron a los Gamela de su identidad recurriendo al encadenamiento de estereotipos que, por irónico que parezca, los identificaban como cualquier otro ciudadano brasileño, producto de las urbes del país. Lo interesante, aquí, es que las poblaciones aledañas son mayoritariamente de una estructura corporal similar a la de los Gamela, lo que da cuenta, de nuevo, que los procesos de racialización siguen priorizando los rasgos fenotípicos de los individuos para realizar su segregación, por un lado; y por el otro, que a pesar de esa marcada tendencia a identificar el cuerpo con la raza, el colonialismo interno se sigue reproduciendo en niveles cada vez mayores, al punto de que el propio indígena renuncie a su identidad como tal con base en su apariencia física.
          Por lo anterior, el asunto no es menor, y menos aún si se es consciente de que las formas más atroces de totalitarismo, las formas de violencia más avasallantes y destructoras que la humanidad ha conocido, como bien lo señaló Aimé Césaire en su Discurso sobre el Colonialismo, comienzan por la experiencia de los pueblos colonizados, pese a que su condena social sólo se dé cuando esa misma violencia colonial se aplica por el civilizado blanco sobre otros civilizados blancos.
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Entre la Izquierda y la OEA: la Revolución

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Cuando el gobierno venezolano anunció al mundo que comenzaría con el proceso para retirar su participación de la Organización de Estados Americanos, la primera reacción de las autodenominadas sociedades democráticas —reverberando en la voz de quienes con orgullo se asumen republicanos, demócratas y liberales, como si el adjetivar la personalidad del individuo con esas palabras revistiese a éste con honorabilidad— fue intensificar la arremetida ideológica instrumentada a través de los medios de comunicación.
La lógica detrás de cada argumento acusatorio es que dentro de la OEA la democracia es materia viva, un proceso realmente existente por la gracia de la mera existencia de la institución y la legalidad que la fundamenta. Fuera de ella, por lo contrario, cualquier Estado-nacional americano carecería de la legitimidad demandada para autoafirmarse como parte constitutiva de un cuerpo axial común. Así, la verdad construida en torno del posicionamiento de la OEA afirma que lo democrático de cualquier sociedad habida en el continente americano no emana de la sociedad, de sus procesos políticos comunitarios, sino de la aceptación que se obtiene —o no— por parte de otras sociedades.
De aquí que el cerco ideológico avasallara tan pronto; presentándose ante las colectividades como ese sentido común incuestionable que indica: dentro de la ética institucional de Occidente, todo; fuera de ellas, nada. Porque se asume que la característica inmanente a aquellas es la de una vocación de inherente bondad; de búsqueda de un bien común edificado en valores de aceptación universal. No existe, en este proceder, ninguna posibilidad que conciba a la OEA —o a cualquier institución que forme parte de la arena internacional— como un engranaje susceptible de ser utilizado con fines injerencistas y golpistas, siempre velado por la corrección política y la afinidad ética que supone la verborrea que apela a la libertad, la igualdad y la fraternidad.
En este sentido, si de posiciones en el espectro ideológico se trata, dos son claramente identificables: por la derecha se presiona, de manera permanente, por hacer efectivas las resoluciones consensuadas en el seno de la organización; no importando si el consenso ya viene determinado en el posicionamiento particular estadounidense. Por la izquierda, en sentido inverso, se celebra que Venezuela —¡por fin!— se preste a seguir el camino que la revolución cubana marcó para los pueblos de América, hace medio siglo. A la derecha, las ruinas de la historia latinoamericana jamás dejarán de hacer crítica; es a la izquierda a la que hay que señalar para no dejarla que se extravíe en su propio laberinto.
Desde esta posición, señalar que la OEA guardó silencio cómplice y, más que ello, fue corresponsable directa del empobrecimiento de la región y de decenas de dictaduras militares, desde su fundación y hasta los albores del siglo XXI; o que, ya avanzado éste fue en su seno donde se orquestó el golpe de Estado venezolano, en 2002; boliviano, en 2008; hondureño, en 2009; ecuatoriano, en 2010; paraguayo, en 2012; y brasileño, en 2016 —por mencionar sólo los más visibles— no hará más que apuntar la ya conocida crítica que gira en torno de la hipocresía que hace que esta organización acuse a cada gobierno de izquierda progresista como populista, narcogobierno, terrorista, dictatorial, personalista, antidemocrático, etcétera.
Por ello los argumentos no deben correr desde ese afluente. Existen dos situaciones más apremiantes que no se deben de perder de vista si es que se quiere avanzar en la afrenta en contra del imperialismo occidental. Por un lado, es imperante reconocer que el hecho de que el gobierno venezolano se retire de la organización no hará mucha diferencia por lo que toca a la intensidad con la que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; penetrará en los procesos políticos venezolanos para fragmentar todo cuanto se construyó desde Hugo Chávez.
Es verdad que Venezuela no sería el primer país que sobrevive a las presiones externas —ya provengan de capitales o de Estados-nacionales— siendo ajena a los procesos de la Organización: Cuba es el ejemplo claro de que un proceso social revolucionario es capaz de resistir su avanzada sin importar los acuerdos a los que se lleguen por parte de los Estados miembros. Pero el pertenecer o no a la OEA no es, por sí mismo, un factor que decida qué tan penetrantes y efectivos son los procesos de desestabilización que agentes externos son capaces de desarrollar.
Es cierto, ser miembro de una Organización ofrece determinado margen de maniobra para visibilizar los desequilibrios imperantes en la región, pero es sólo hasta ahí —y de manera puramente formal— el papel que Latinoamérica logra desempeñar; pues ni siquiera en los sectores más progresistas, como el circunscrito en la defensa de los derechos humanos, la pluralidad de visiones que coexisten en la región se ve representada y efectivamente instrumentada, muy a pesar  de los monumentales esfuerzos realizados para contrarrestar la doctrina liberal y mercantilista, de corte estadounidense, que durante tantas décadas ha imperado en el ejercicio de diversas categorías legales de derechos individuales y colectivos.
Que el gobierno estadounidense, sus oficinas de promoción y cooperación internacional, sus universidades o sus think tanks tengan la capacidad de financiar, organizar, articular y hacer eco de grupos opositores —marineros con bandera de demócratas—, en última instancia, no depende de cuáles o cuántos gobiernos se reconozcan formalmente representados en los órganos de deliberación de la Organización: ésta sólo sirve en la medida en que vela cada proceso injerencista con el peso que la democracia cuantitativa —la del voto de las mayorías decidiendo los destinos de las minorías— y el lenguaje políticamente correcto hacen que los golpes de derecha sean interiorizados por el sentido común como procesos pro-democracia.
En este sentido, una cuestión de mayor trascendencia para la izquierda bolivariana es descifrar la fortaleza del tejido político, del proceso revolucionario que Hugo Chávez potenció con su gestión al frente del gobierno venezolano. Y es importante justo porque la revolución cubana mostró al mundo que de la profundidad que tome un proceso revolucionario en el actuar cotidiano de los individuos y las comunidades depende la inefectividad de cualquier hostigamiento externo.
El punto no es menor, además, porque, sin desestimar la curva de aprendizaje por la que ha atravesado el actual presidente Maduro en su gestión gubernamental, es innegable que su gobierno se ha tenido que enfrentar a diversos factores que, mal manejados en su momento, desgastaron poco a poco parte del tejido construido con anterioridad. Así pues, ante un claro cambio de personalidad, la agudización del bloqueo económico, la intensificación de las secuelas de la depresión de 2008, la caída, deposición o término de gobiernos latinoamericanos amigos, y el refinamiento de las luchas regresivas disfrazadas de Mesas de Unidad Democrática, la conciencia social generada en el chavismo se ve en permanente cuestionamiento de su carácter programático.
Venezuela no es Cuba: la revolución cubana se forjó a sangre y fuego en un ambiente en el que el aislamiento, el autorreferenciamiento, obligaba al cubano a verse a sí mismo, de frente, para reforzar los procesos políticos de los cuales dependían su autonomía y su propia existencia, tanto como individuo cuanto como integrante de una colectividad. Venezuela, por lo contrario, encontró origen a su principio identitario hasta finalizar el siglo XX, construyendo su identidad política no por referencia interna, de venezolano a venezolano, sino por medio de un amplio entramado de correlaciones con los diversos movimientos que a la vuelta del siglo inauguraron el ciclo progresista latinoamericano.
El cambio que comienza en la década de los noventa no fue, claro está, un simple trueque en los procesos burocráticos: más que cualquier cambio administrativo, el proceso que se potencia con Chávez supuso la transformación estructural del sistema de exclusión de las mayorías venezolanas, ya desde actos en apariencia solemnes —como las varias expropiaciones efectuadas— hasta la paulatina introducción de cambios en el modelo de producción y consumo en ciertos sectores.
Es cierto, no obstante, que el modelo productivo/consuntivo no se alteró en lo fundamental: la matriz imperante en Venezuela sigue siendo el extractivismo; en especial el de corte energético, basado en la extracción petrolera. Pues si bien Chávez fue enérgico en hacer frente al imperialismo Occidental: nacionalizando empresas de industrias estratégicas, avanzando en la reforma agraria, mejorando y ampliando el funcionamiento del sistema de salud, universalizando el acceso a educación, deteniendo al neoliberalismo que se pretendía instaurar por medio del ALCA, reorganizando la OPEP, y ofreciendo alternativas de Unidad regional a través del ALBA; también lo es dos décadas no fueron suficientes para alcanzar algo similar a la manera cubana de hacer socialismo.
Que Chávez refrendara su compromiso político con la sociedad venezolana (y viceversa) cada año a través de diversos canales con amplio margen, y el que Nicolás Maduro llegara a perder la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional y a afirmar su legitimidad lectoral con un porcentaje de 50,66% de votos en favor contra el 49,07% en contra ya dice mucho del desgaste que sendos sectores tradicionales del chavismo han sufrido —sin que todo se remita a errores del madurismo.
De aquí que sea imprescindible reconstruir ese tejido social sin el cual chavismo y madurismo no encontrarán las líneas de aire que les permitan sobrevivir a la arremetida democrática. Y ello, con o sin participación de Venezuela en la OEA, sólo se logrará en la medida en que el presidente Maduro logre mantener su posición contestataria, antiimperialista, actual sin que la retórica se sobreponga a una ejecución estratégica efectiva.
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