Un Estado sin voluntad de política exterior


Este domingo 20 de mayo se llevó a cabo el segundo debate —de tres— entre los ahora cuatro candidatos a la presidencia de la república para el periodo 2018-2024. Los temas de la dinámica en cuestión versaban sobre migración, combate al crimen organizado y seguridad fronteriza, así como garantía a la inversión. En términos generales, cada una de estas temáticas se desenvuelve en una serie de políticas nacionales que, por tal motivo, llevaron a los presidenciables a centrar su participación, más allá de sus repetitivos eslóganes y de esos enormes espacios comunes que suponen los ataques personales y las descalificaciones, en una suerte de reciclaje de los argumentos que ya en el primer debate habían expresado como sus puntos fuertes de campaña.
El problema que ahora se presenta no es, sin embargo, que ninguno de los candidatos ofreciera algo nuevo, algo diferente, siquiera, de lo que el electorado pudo presenciar en la primera contienda. En realidad, la expectativa de que las cosas acontecieran de otro modo era baja en el grueso de los sondeos que a diario monitorean las campañas presidenciales, ya sea a por encargo y a cuenta de algún candidato, grupo empresarial y/o asociación de la sociedad civil, o porque en realidad se plantean como un contrapeso al poder político vigente. El problema, más bien, es que de las muchas cosas que evidenció este segundo debate, la principal de ellas es que en dentro del ideario propio de cada candidato, al funcionamiento de la estructura estatal que pretenden presidir se lo concibe con una abrumadora independencia de la labor que ese mismo andamiaje debe desplegar en el plano de una serie de políticas exteriores, así, en plural.
Los asuntos de migración, de crimen organizado y de inversión, para tomar los tres ejes del debate, claro que tienen una dimensión de política interna que es imprescindible atender: es impensable hacer frente a las olas de migrantes que atraviesan o concluyen su viaje en territorio mexicano (con independencia de su estatus migratorio en el país) si no se pone en perspectiva, en primerísima instancia, la manera en que deben funcionar los tres poderes y los tres órdenes de gobierno respecto del desarrollo de aquellas; justo de la misma manera en que resulta inconcebible obtener resultados medianamente aceptables en el abordaje de los otros dos ejes si esos tres poderes y esos tres órdenes de gobierno no se articulan con eficiencia y eficacia para atender las causas y las consecuencias que cada fenómeno desenvuelve e impacta de manera directa o indirecta en la cotidianidad de la sociedad mexicana.
La cuestión es, sin embargo, que el haber hecho arrancar, transitar y agotar todo el debate en el reciclamiento del diagnóstico que cada candidato tiene sobre el desempeño de la política doméstica en cada una de esas asignaturas además de dar cuenta de la poca preparación, del poco contenido que se está dando a las campañas en esos temas, evidencia que ni la política internacional ni las políticas exteriores de México son prioridad. De entrada, bien a bien sigue sin quedar claro si los ejes del debate fueron establecidos por el Instituto Nacional Electoral, a propuesta propia, y con la venia de los partidos políticos que participan en la contienda; si fueron los mismos partidos los que se armaron agenda a modo; si fue la sociedad civil, el empresariado, una junta de notables o la academia de donde salieron las propuestas temáticas.
Pero no sólo es eso. Resulta evidente que si este segundo encuentro se centró en esos temas, y en los que entre descalificación y descalificación los presidenciables iban colando al espectáculo, es porque en el fondo son los asuntos que en este momento —se supone— representan una prioridad para la administración actual y deberían ser igual de importantes para la que le siga en los próximos seis años. Es decir, es claro que la relación con Estados Unidos (no menos hostil que en otras épocas, salvo por la poca corrección política del presidente Donald J. Trump), la relación de las actividades productivas y de consumo nacionales con el capital extranjero, la profusión de la violencia por causa del combate al crimen organizado internacional y las olas migratorias y los volúmenes de tráfico de personas son los temas del momento no por moda, o por alguna suerte de fijación de quienes se encargan de la planeación y ejecución de la política del Estado mexicano en su proyección externa, sino porque son eventos que en el momento presente están suponiendo un verdadero desafío político, económico, cultural, en proporciones mayores y en un contexto particular.
Condenar la sucesión de monólogos que cada candidato ofreció respecto de cada temática, en este sentido, no debería de ser condenable por sí mismo, o, por lo menos, no al margen de esta consideración. El punto aquí es que además de haber colapsado todo el debate sobre una reiteración de sus diagnósticos de campaña sobre el estado de la política interna, cada uno de ellos (incluido el presidenciable que ya fungió como canciller) decidió hacer gala de una completa falta de preparación en lo que respecta a los porqué, los qué, los cómo y los paraqué de políticas específicas.
Y es que, sí, es cierto, en varios sentidos, los tres ejes del debate terminaron ofreciendo poco más de dos horas de monólogos a menudo monotemáticos —regurgitando sin cesar que todo el política exterior se debe hacer con respeto y dignidad, sin ir más allá. Sin embargo, el que los temas de entrada fuesen tres no condicionaba, por ningún motivo, el que las respuestas de los presidenciables se centraran en tres temas. Por ello es preocupante la carencia de planeación, proyección y voluntad de ejecución de políticas exteriores concretas, que funcionen. Porque en el fondo, el que la relación México-Estados Unidos se planteara exclusivamente en términos de esa misma relación; o el que el tema migratorio se discutiera en términos exclusivamente de migración —y así sucesivamente— da cuenta de que las respuestas se están buscando en los mismos lugares comunes de siempre, antes que en intentar hacer gravitar cada eje sobre una serie de posibilidades exógenas.
En redes y en los balances que diversos analistas ofrecieron en el posdebate, por ejemplo, no se dejó de reiterar que la política exterior de México (así, en singular) es mucho más que la relación del Estado con Estados Unidos, o los temas álgidos de inversión, migración y crimen organizado. Esa radiografía es cierta. Sin embargo, lo condenable no se encuentra ahí, sino en el hecho de que al problema de migración se le atajó por la vía del respeto y la dignidad (y en ocasiones por la de la garantía de los derechos humanos y la reciprocidad de trato que se le ofrece al migrante en México vis á vis el que se exige a Estados Unidos en relación con la diáspora mexicana). Pero el caso es que esa es sólo una vía de acción —una que, por cierto, se viene reafirmando en el discurso desde hace tres sexenios, aunque en los hechos únicamente empeora. Y lo mismo a los temas de inversión y seguridad, contestando una y otra vez que se necesita garantizar el respeto y la dignidad de los inversores y de las víctimas, respectivamente.
De lado quedó el hecho de que cada candidato se encontraba en posibilidad de ofrecer respuestas diversas a los mismos planteamientos (como la diversificación de relaciones diplomáticas y comerciales, la recurrencia a mecanismos internacionales, la retracción sobre la bilateralidad, etcétera). Es decir, que si en el debate los grandes ausentes —salvo por alguna mención en uno u otro tema, quizá—, fueron América Latina, China, Europa, la agenda global por el cambio climático o cualquiera de los desprendimientos que se obtienen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ello no se debe a un acartonamiento de los contenidos del debate, sino al hecho de que esos grandes ausencias simplemente no figuran en los respectivos idearios de los candidatos como respuestas a problemas de diversa índole. Pensar que los tres ejes de la discusión comienzan, transitan y se agotan en sus propios términos hace que se pierda de vista que cada uno de ellos se encuentra atravesado por varias series de otros muchas problemáticas internacionales, mismas que, a su vez, se articulan en agendas regionales, hemisféricas y globales mucho más amplias y complejas en las que, por supuesto, el Estado mexicano debe y tiene que incidir no únicamente como mecanismo de posicionamiento de sus propios intereses, sino como parte del problema y de la solución; así como por puro sentido o estrategia de supervivencia.
Por lo anterior, si hay un fracaso en materia de políticas exteriores de México éste no se debe de juzgar únicamente por el desempeño (o por el no-desempeño) de los presidenciables en el debate pasado, sino en por el hecho de que las respuestas que se están ofreciendo para eventos de magnitudes globales se están buscando en la política interna de México. Es un dato revelador el que en un contexto en el que las dinámicas globales tienen una mayor y más profunda incidencia en el desarrollo de realidades nacionales, en un mundo en el que su propia globalización ya se perfila para desbordar sus mismas fronteras, los temas que van más allá de los límites jurídico-políticos de México sigan siendo, por un lado, monopolio de una pequeñísima proporción de la población que incide en la vida pública nacional; y por el otro, un verdadero espacio de discusión desconocido para el resto de los mexicanos.
Basta con observar que en el balance que la comentocracia salió a ofrecer en el día después del espectáculo, los temas de discusión rayaban entre el absurdo de la burla a algún comportamiento o frase memorable de cada candidato y la solemnidad que ya es típica de quienes ven lo fundamental en la contienda electoral por sí misma, al margen de los contenidos. Por eso no es de sorprender que siendo la mexicana una de las sociedades más penetradas por intereses extranjeros, la contracción, el aislamiento se encuentre no en la práctica política o comercial del día a día, sino en el desdén generalizado que se profesa ante realidades que por no desarrollarse dentro de los límites territoriales de este país se perciben ajenos a su cotidianidad, sin serlo.
Por eso, también, el colmo de la cuestión es que, de nueva cuenta, el electorado al que pretenden ganarse reaccionó ante ese vacío de propuestas, de contenido, mejor dicho (del cual quizá habría que excluir la propuesta de colocar a Alicia Bárcena al frente del multilateralismo mexicano) con poco menos que un generalizado y sórdido humor que al final del día vuelve a dejar la sensación de que poco importa que la política mexicana esté vaciada de contenidos, si con afirmar que todos los candidatos son lo mismo, que todas las promesas son iguales y que todos los resultados terminarán en el mismo desaseo el ciudadano se afirma en una supuesta posición crítica, contestataria al poder político vigente.
En el segundo debate presidencial, las políticas exteriores de México fueron los verdaderos fracasos y las grandes ausentes por las dos vías: por lo abandonada que se encuentra la sociedad a su realidad más inmediata, desconectada de la complejidad del exterior, y también por el ensimismamiento de cuatro candidatos que piensan que por hablar de cosas que pasan en otros países ya están haciendo, planeando o proyectando algo parecido a una política exterior nacional.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
25/5/18
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La disputa ideológica por la hegemonía global

Desde que el ahora presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, era candidato a la primera magistratura de ese país, se convirtió en espacio común, dentro de las agendas pública y de los medios en Occidente, el afirmar que su campaña —ahora su presidencia—, en general; y su personalidad y posicionamiento respecto de la economía y el ejercicio de la política, en particular; son la más clara representación de una ola global de anacronismos y experiencias retrógradas que amenaza con revivir lo peor del proteccionismo de corte fascista y nacionalsocialista del siglo XX.
Las declaraciones de Trump en torno de la necesidad de potenciar la economía estadounidense revisando sus principales tratados y prácticas comerciales, modificando su política fiscal, recortando presupuesto a ramos ligados con la seguridad social de los trabajadores, o simplemente dejando de financiar programas y organizaciones internacionales y/o de Estados aliados, entre otras posturas; han sido, desde el periodo de campañas, los principales argumentos sobre los que medios de comunicación de distinta índole se han montado para asegurar que Trump es la personificación de cada uno de los idearios que el liberalismo tuvo que vencer el siglo pasado para concederle al mundo poco más de cincuenta años de orden, paz y estabilidad globales.
De hecho, si bien es cierto que dentro del desarrollo del programa liberal —en tanto ideología o instrumento de interpretación social— los conflictos entre sus diferentes corrientes, recepciones, variaciones, derivaciones y apropiaciones no han escaseado desde su emergencia en el siglo XVIII, también lo es que, en el momento presente, el cisma que Trump parece haberle planteado al grueso de los ideólogos liberales en Occidente fue tan profundo —y hasta cierto punto, igual de inesperado en el seno de la sociedad que practica día con día la versión hegemónica y más utilitarista e individualista del mismo—, que el replanteamiento de los términos de la discusión no únicamente ha proliferado como pocas veces lo ha hecho en sus doscientos años de existencia, sino que, además, sus principales puntos de partida son, justo, los posicionamientos del hoy presidente estadounidense.
Trump, en los términos de esta discusión, por supuesto no pasa por el filtro, ni siquiera, del liberalismo más moderado y centrista concebible. Por donde se lo observe, él mismo en su persona y en su investidura es percibido como la antítesis de los postulados más básicos de una sociedad liberal: desde su actitud respecto de los medios de comunicación tradicionales hasta su comportamiento con el género femenino, pasando por su defensa de los valores familiares tradicionales de finales del siglo XIX y principios del XX, por su rechazo del consumo de sustancias enervantes, por su oposición al tránsito de personas a través de las fronteras, etcétera.
El problema de fondo —se afirma— es, pues, que Trump es un populista, un producto de ideas concebidas en otra época: ideas, además, ya superadas por el mayor progreso que el liberalismo ofrece a las economías de mercado y a sus regímenes de Gobierno residuales, las democracias procedimentales y representativas. Por eso, cuando se trata de lidiar con el conservadurismo de Trump, lo primero que sale a flote en la discusión no versa sobre el análisis autocrítico (o simplemente crítico) del funcionamiento del liberalismo —operando en su versión neo desde que ésta se ensayó en el Chile de Augusto Pinochet, desde 1973. Antes bien, lo que de inmediato sale a colación es que todos los enemigos del liberalismo (y por extensión, de las economías de mercado y de la democracia) se forman, actúan y se mantienen por fuera del propio ideario liberal; nunca son subproductos del funcionamiento de éste que, con el tiempo, se van desplazando hacia y polarizando en distintos posicionamientos autónomos respecto del marco que los engendró en principio.
  Pero no sólo, pues, además, en los términos de la discusión se pierde de vista que, en el funcionamiento de una economía de corte liberal (clásica o neo), ésta no requiere de la puesta en práctica de un ideario liberal como condición sine qua non de su propia existencia. Pasar por alto esta breve y hasta efímera observación ha llevado a posicionar en distintos imaginarios colectivos la idea de que el mercado, para funcionar como lo hace en el presente, requiere, en principio, de un conjunto de actores fieles a los postulados más básicos del liberalismo (comenzando por la defensa a ultranza del funcionamiento espontáneo y autorregulador del mercado); y en segunda instancia, que dichos postulados sean adoptados por la mayor cantidad de actores con el mayor grado de fidelidad y homogeneidad posibles.
Ya de entrada, argumentos como ese son problemáticos porque llevan a suponer que ambas condiciones se cumplían sin ambages hasta antes de la llegada de Trump (y de algunos homólogos europeos que comparten rasgos de su misma línea discursiva). Introducen en la agenda de discusiones la noción de que Trump minó el funcionamiento normal, orgánico, del orden liberal imperante ya desde el momento en que, aún sin haber tomado posesión o haber implementado política pública alguna, con sus puras declaraciones, por el peso político que tiene la presidencia estadounidense a nivel global, estaba alterando a los mercados y a sus tomadores de decisiones.
Son argumentos, en este sentido, que borran de la ecuación variables como el hecho de que las economías tradicionalmente consideradas los baluartes del liberalismo occidental sostienen sus sistemas de transferencias de capital, de las periferias globales (América Latina, África y Asia) hacía sí articulando restricciones a su mercado y presiones de liberalización hacia los mercados a los que exportan y desde los cuales extraen las materias primas o los productos manufacturados que luego regresan a esos mismos lugares como bienes y mercancías de consumo final —o intermedio, dependiendo de la cadena de producción de la que se trate.
Y por supuesto, se borran, además, variables aún más claras e igual de determinantes que la anterior como el hecho de que en las economías periféricas del sistema internacional, el liberalismo —y sobre todo, el neoliberalismo— experimentan su ciclo de emergencia y sostenimiento sobre la base que le es provista por regímenes gubernamentales de tipo autoritario y dictatorial. Es decir, eliminan el reconocimiento de que los diversos modos de producción, aprovechamiento y consumo de los recursos en las poblaciones periféricas son suprimidos y sustituidos por la producción mercantil orientada hacia el mercado global a través del accionar de Gobiernos con idearios profundamente conservadores y de vocaciones totalitarias. Los Señores de la Guerra en África, las juntas militares en el Sudeste asiático y la historia de las dictaduras militares en América Latina (de donde no hay que excluir el sui generis caso del partido hegemónico en México) son representativos de ello, pese a que se argumente que es azaroso, casual, que neoliberalismo y militarización de la vida en sociedad se hayan producido paralelamente en cada caso.
Gran parte de estas omisiones se cometen de manera deliberada, respondiendo a una —voluntaria o no— convicción de militar en favor del ideario liberal (desde todas sus variantes). Sin embargo, una porción importante de las mismas se debe, a su vez, al desconocimiento y/o negación a reconocer que, a pesar de que el postulado liberal pugna por el reconocimiento de la existencia del mercado como un ente, un proceso y una dinámica natural, espontánea, autogeneradora y autorreguladora de sí, en la práctica histórica del mismo, éste es generado, sostenido, defendido, regulado y apuntalado por la intervención directa de un andamiaje político particular: en el capitalismo moderno, el Estado-nacional.
La forma más voraz de liberalismo practicada en la actualidad, el neoliberalismo de autoría intelectual estadounidense, por ejemplo, ni en sus orígenes —cuando surge como crítica al liberalismo clásico del siglo XVIII y principios del XIX— ni en su actualidad ha dejado pasar por alto este hecho crucial, aunque en la historia de sus ideas siempre sea una directriz velada por lo saturado que se encuentra el lenguaje de las referencias a la individualidad, el utilitarismo y la libertad.
Basta con pasar revista a los postulados de algunos de los principales ideólogos del neoliberalismo vigente para advertir que Gobiernos autoritarios, al frente de andamiajes estatales fuertes, rígidos y abarcadores, implementando políticas proteccionistas e interviniendo de manera más agresiva en el funcionamiento del mercado, han sido, desde hace mucho tiempo, el principal mecanismo de protección que las economías nacionales emplean para dotarse, mantener o apuntalar sus ventajas competitivas y su posición dentro del conjunto global. Y ello, con independencia de si su posición es central, semiperiférica o periférica —o en el lenguaje más políticamente correcto y velado del liberalismo: desarrolladas, en desarrollo y en vías de desarrollo/subdesarrolladas, respectivamente.
En las actas del Coloquio Lippmann, celebrado en París, entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, y en donde participaron los pioneros autores intelectuales del ideario neoliberal: Walter Lippmann, José Castillejos, Friedrich A. von Hayek, Ludwig von Mises, Jaques Rueff, Raymond Aron, Ernest Mercier, Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, etc.; por ejemplo, se concluye que para hacer frente a la decadencia del orden liberal hasta entonces imperante era preciso reconocer que ese mismo orden no es autónomo ni espontáneo: es producto de un andamiaje legal que lo precede y que presupone la intervención directa, deliberada, del Estado-Nación en su funcionamiento. Y es que, en tanto hecho histórico, el mercado se reproduce a partir de los sistemas de normas, los conjuntos de leyes y los conglomerados de instituciones que garantizan, entre otras cosas, los derechos de propiedad, los contratos, las patentes, el cumplimiento de las deudas, la circulación monetaria, las directrices laborales, las facilidades de producción, el abaratamiento de costos, etcétera.
En lo individual, a principios del siglo XX, Mises afirma que el mercado debe funcionar en el marco de operación de un régimen democrático: hasta cierto punto, homologarse. En los años cuarenta, Joseph Schumpeter invierte la ecuación y postula la necesaria mercantilización de la política; es decir, su operación a partir de la misma lógica y racionalidad que se despliega en el funcionamiento del mercado. Una década después que Schumpeter, Anthony Downs desarrolla un modelo para hacer funcionar a la política que dirige el funcionamiento del Estado a partir de la operación puramente microeconómica de la sociedad.
En los años sesenta, George J. Stigler formula un modelo propio, siguiendo a los precedentes, para aplicarlo al funcionamiento de los partidos políticos. Por esos mismos años, Hayek refina su explicación respecto de lo necesario que son no cualquier Estado y cualquier conjunto de leyes e instituciones, sino un tipo de Estado y de leyes en particular para hacer funcionar al mercado. Bruno Leoni, además, suma a esta perspectiva la noción de que es el derecho consuetudinario el elemento sobre el cual se erige todo mercado.
A mediados de los años setenta, James Buchanan fundamenta la existencia del Estado a partir de la función de éste como garante de la propiedad privada y de la limitación de la libertad que le sea benéfica a esa propiedad. En paralelo, Milton Friedman desarrolla su programa de choque para lograr la instauración del neoliberalismo en Chile y reafirma la necesidad de un régimen militar en el país para garantizar la prohibición de los sindicatos y para controlar la organización política de la sociedad. Hayek, por su parte, terminó declarando a la prensa chilena, en el marco de la reunión de 1981 de la Mont Pélerin Society, en Viña del Mar, que «una dictadura […] si se autolimita, puede ser más liberal en sus políticas que una asamblea democrática». Y a finales del siglo, Mancur Olson desarrolla un esquema en el que fundamenta la idea de que la riqueza y la pobreza de las naciones se deben al diseño y operación de los andamiajes estatales, y no al mercado.
Tener presentes estos posicionamientos, y en especial la importancia vital que en ellos se concede al Estado y a la autoridad gubernamental para la plena operatividad del ideario liberal, en general; neoliberal, en particular; permite observar que la actual administración estadounidense, a pesar de toda la retórica y la demagogia conservadora de la persona al frente de su primera magistratura, no debe leerse como un retroceso, un golpe de timón retrograda y hostil frente a los valores occidentales y su ideología dominante.
Y es que sí, es cierto que las principales directrices firmadas por Donald J. Trump al frente de la presidencia estadounidense van en la dirección opuesta a la que se orientaban políticas económicas implementadas por las dictaduras militares del Cono Sur, por los Señores de la Guerra en África o por las juntas militares en el Sudeste asiático. Sin embargo, y este es realmente el rasgo que no se debe perder de vista, la cuestión de fondo aquí, en la contrastación de éstos frente a aquel, es que en las periferias lo que se busca es su subordinación a los centros globales; mientras que en el caso actual de Estados Unidos, lo que se plantea es el sostenimiento, la permanencia, de determinadas ventajas comerciales y financieras (las mismas que le aseguraron su propia hegemonía en la economía global durante la segunda mitad del siglo XX) de cara a la disputa que le plantea China como economía sucesora en esa posición.
La competencia con China por la hegemonía (o en lenguaje políticamente correcto: liderazgo) global, por supuesto, no es algo que esté ausente de los análisis que a diario se producen en Occidente, y en específico en Estados Unidos, para hacerle frente. Sin embargo, éstos han gravitado con enorme fuerza sobre el mismo discurso que apela a más dosis de liberalismo ya como medio de contención, de disuasión o de enfrentamiento. Y la cuestión aquí, el problema que subyace a esa narrativa, es que no se alcanza a comprender que fueron justo dosis altas de liberalismo —aplicadas a la economía china por más de cuarenta años, ininterrumpidamente desde mediados de la década de los setenta—, lo que llevó a dicha sociedad a una posición en la que le fuese posible disputarle a Estados Unidos su rol en la jerarquía interestatal.
La apertura del régimen chino al capitalismo —de lleno a finales de la década de 1970— le supuso a Occidente, en general; y a Estados Unidos, en Particular; el acceso a un enorme mercado y al mismo tiempo a una maquiladora de iguales proporciones. Por supuesto las prácticas comerciales desleales del Gobierno y de los empresarios chinos fueron un factor decisivo para poder posicionar a su sociedad por encima del rango de mayor maquiladora del mundo. Sin embargo, poco importa apelar a la descalificación de tales actos cuando la historia del colonialismo, del mercenazgo y de la piratería en Occidente supone su raíz análoga en tiempos pasados. Lo realmente importante de mirar aquí es que mientras Occidente acumulaba y concentraba capital en sus arcas gracias a su comercio con China aquello no fue verdaderamente un problema.
La reacción de Estados Unidos ante esta situación debe empezar a leerse como una reacción natural —de tantas opciones disponibles— al peligro que implicaba seguir tratando con liberalismo a la economía que ya le disputa su liderazgo global. Pero también, como una reacción, agresiva, necesaria para contener a China en su avance hacía el control de las diez industrias que dominarán la actividad económica en el futuro inmediato: la robótica, la automatización de procesos, la Inteligencia Artificial, la aeronáutica y la biotecnología entre ellas.
En Octubre de 2015 el Gobierno le anunció al mundo, con su visión de largo plazo, Made in China 2025, que ya está de lleno en la carrera por conseguir ese objetivo: el control, la vanguardia, del complejo científico-tecnológico de las siguientes décadas. Que no sorprenda, entonces, que ante ello Occidente (porque Europa también está legislando para limitar las adquisiciones empresariales de China en los países de la Unión Europea) esté buscando reaccionar de manera que sea posible minar ese camino sin, paralelamente, dinamitar sus propios beneficios actuales (y futuros) obtenidos de su relación comercial con el gigante asiático. Reaccionar con conservadurismo, con proteccionismo y fortalecimiento de la autoridad Estatal frente a tal situación es, hoy, más un recurso de supervivencia que una mera ocurrencia sacada de la personalidad de un mandatario retrógrada.
No es casual que Trump esté operando bajo la lógica de la industrialización (del capitalismo) de la segunda mitad del siglo XX, si es ese mismo esquema el que permitió a Estados Unidos el sostener por más tiempo que el pronosticado su hegemonía global.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ].
11/5/18
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De la latencia nuclear a la inmediatez del terror


El pasado jueves 26 de abril, la comunidad internacional asistió como espectadora al encuentro que celebraron los mandatarios en turno de los Gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea; un evento que, tras sesenta y cinco años de armisticio, en varios sentidos y para amplios sectores de la población global, se espera que sea la piedra de toque sobre la cual se logre, finalmente, pacificar y estabilizar a la península, en particular; y a la región, en general; por medio de la reducción bilateral de despliegues militares y, sobre todo, de la desnuclearización del Norte.
Por supuesto, y no muy en el fondo, la reunión no terminó ningún conflicto bélico que en la práctica no estuviese ya en su más bajo perfil —al punto en que ningún enfrentamiento directo o indirecto entre las fuerzas armadas de los dos Estados se ha producido desde que se celebró el armisticio. Afirmar que la guerra por fin terminó (o se encuentra en el camino de finalizar), por lo anterior, no pasa de un mero formalismo jurídico: uno que de ninguna manera define la naturaleza misma de cualquier conflicto bélico, pues el desarrollo o la ausencia de una guerra en un espacio particular, entre actores específicos, no depende sino de las condiciones reales, materiales, de su desarrollo o no-desarrollo.
En esta línea de ideas, por ejemplo, no es difícil encontrar desarrollándose, en el momento presente, una decena de enfrentamientos bélicos —ya entre Estados, entre Estados y actores no estatales o entre puros autores no estatales— que, dependiendo de los intereses que se encuentran en juego, lo mismo son negados, en tanto guerras, en un instante, únicamente para ser afirmados como tales al siguiente. O ya sin ir tan lejos, igual se les nombra, ya por unos y otros, intervención, guerra civil, revolución, primavera, disuasión, ocupación, operación para el mantenimiento de la paz, contención, pacificación, estabilización, reconstrucción o similares y derivados.
¿En dónde encontrar, entonces, la razón de ser de la Declaración de Panmunjeom? Aunque para el mundo el tema de la reunificación tiene que ver, como se ha señalado hasta aquí, con la supuesta finalización de un conflicto bélico, de los nueve acuerdos principales que componen la declaración, sólo cuatro de ellos tienen que propiamente con ese tema; a saber, los acuerdos sobre: a) la finalización de la guerra que pausó el armisticio de 1953, b) la desnuclearización de la península, c) el cese propagandístico en torno a la frontera compartida y, d) el cese de ejercicios militares (destinados a hostilizar a la contraparte) en tierra, mar, y cielo. El resto son concernientes a la reunificación social y hasta cierto punto cultural de ambas poblaciones.
Para Occidente y la mayoría de sus aliados militares y financieros —incluida la propia República de Corea—, el tema de fondo de esos cuatro puntos (por encima de los cinco restantes), es que a través de ellos el mundo puede acceder a cierto grado de certeza respecto de las posibilidades de que la volubilidad y la arbitrariedad de los mandatarios norcoreanos desate un conflicto nuclear que arrastre al resto del mundo tras de sí. Es decir, el éxito que se alcanza es de dimensiones globales porque permite —dentro de los márgenes de esta concepción— reducir el espectro de acción de una potencial amenaza nuclear. La lógica de este argumento es que el peligro está en el airelatentependiendo de la tiranía de una personalidad impredecible, pero ajena a la etiqueta y las reglas de conducta de las democracias liberales y procedimentales.
El problema de todo lo anterior es que no únicamente Occidente ha dado muestras suficientes al mundo de que sólo se requiere —además de alguna aprobación parlamentaria— contar con algún sentido de predestinación, aparatos militares suficientemente robustos, finanzas lo bastante desarrolladas como para soportar los costos que se deriven, un complejo científico-tecnológico competitivo y una maquinaria propagandística de proporciones internacionales que justifique la agresión, para desatar y sostener por más de una década una agresión armada, directa o indirecta, en cualquier parte del globo —aunque particularmente en las periferias globales: Asia, África y América Latina.
Y ello, con independencia tanto del nombre que se le dé a la agresión en cuestión cuanto de los cientos de instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, y de las miles de normas diplomáticas y las decenas de mecanismos de diálogo y de cooperación a los que voluntariamente se dicen apegar los Estados-nacionales para mantener el orden, la paz y la estabilidad globales. Pero no sólo, pues por encima de esa lógica particular se encuentra el sinsentido de buscar la permanente legitimación y sostenimiento de una estructura internacional que se basa en la afirmación de que el mejor mecanismo con el que se cuenta para mantener esas tres condiciones (el orden, la paz y la estabilidad) es la amenaza permanente de la guerra y la destrucción nuclear frente a los enemigos de la sociedad.
En Occidente, por supuesto, esas amenazas son siempre explícitas, la cuestión es que muy pocas ocasiones a estas se las recibe en los imaginarios colectivos nacionales como tales porque se las reviste con el velo términos como libertad, igualdad, justicia, seguridad, orden, progreso, etc., para despojar a la palabra guerra (o similares y derivadas) de todo su contenido semántico, y para ocultar en el ejercicio de la misma todo su potencial catastrófico y el trauma humanitario que deja a su paso, devastando sociedades enteras. Basta con observar cómo, frente a los despliegues armamentísticos de China y Rusia, por un lado; y Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por el otro; a los primeros se los identifica como el Mal del mundo, y a los segundos el Bien que los contrarresta —sin importar que uno y otro lado destruyan por igual cuando disputan un conflicto.
Que a una guerra, en general; y a cualquier conflicto armado, en particular; se los perciba como justos, necesarios y buenos, o como injustos, innecesarios y malos, depende por entero de los valores que mueven la ética de una colectividad, de una parte; y de la otra, del núcleo ideológico que acompaña a esa ética para revestirla con cierto grado de cientificidad, y por lo tanto, de veracidad. Por ello lo que de un lado de la ecuación es justo, necesario y bueno, del otro lado es su opuesto; y viceversa. Por eso, también, pese a esa justificación ética, ni de uno ni de otro lado de la operación importan esos conceptos, porque al final, en su despliegue, el ejercicio de la guerra igual acaba con el enemigo que se inventó, ideó y construyó.
Esta situación ha arrastrado al mundo a un estado de cosas en el que se acepta el ejercicio de la represión sobre sí mismo para garantizar, paradójicamente, la libertad de quien se reprime. Pero no sólo, pues, además, se concede, se milita en favor del establecimiento y mantenimiento de ciertas desigualdades para garantizar una supuesta igualdad superpuesta; se milita en favor de la censura, sobre sí y sobre el otro, para garantizar la libertad de expresión; se milita en favor de la coacción sobre sí y sobre el otro si ello lleva al ejercicio de la plenitud en los actos; se milita en favor de la guerra para mantener la paz; se milita en favor del despotismo ilustrado para defender la democratización y la representatividad; se milita en favor de la privatización de los bienes colectivos para afirmar la posibilidad de su goce público, y así, ad infinitum, en un largo etcétera.
Así pues, si la guerra es la paz, no sorprende que a la violencia se la tome por recurso para combatir y erradicar la violencia. En ese sentido, la mayor falacia que envuelve a la reunificación de la península coreana es que en ella se ve un esfuerzo exitoso en pos de la reducción de la amenaza, del potencial, de violencia que el mundo podría sufrir en un futuro indeterminado. Y lo es, porque mientras que se celebra la contención de esa latencia, el mundo se sumerge en una cantidad de conflictos armados con consecuencias tan catastróficas como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad.
La sociedad global celebra que tiene una fuente de destrucción y violencia menos de la cual preocuparse. Sin embargo, además de sus formas más explícitas, una violencia subyacente, menos percibida por las colectividades por considerar a los eventos en los que se reproduce parte de la normalidad de las cosas, continúa reciclándose y actuando sobre millones de personas no como latencia o posibilidad, a la manera de la amenaza nuclear de Corea del Norte; sino como realidad presente, permanente, efectiva.
Ejemplo claro de lo anterior es, por mencionar sólo un caso de una larga lista, que la aceptación del ejercicio de la violencia como solución a otro ejercicio de violencia ha llevado al mundo, en los últimos quince años, a pasar de un promedio de veintiocho eventos terroristas anuales, a lo largo y ancho del globo, a más de once mil setecientos eventos por año —con sus consecuentes incrementos en el número de heridos y de víctimas mortales. Pero no en un solo sentido: el que comprende por terrorista al ataque violento de un actor no estatal en contra de las instituciones que dimanan de un Estado, de sus corporaciones privadas o de sus ciudadanos y/o nacionales; sino, también, en el de la reciprocidad estatal frente a tales actos.
Que al acto y al individuo o colectividad terroristas —como al enemigo de guerra— los designa la ética y la ideología de quien los construye como tal es un hecho al que poco se le puede refutar en tanto criterio de verdad (basta ver cómo, para el Gobierno estadounidense, cualquier organización comunitaria, indígena y/o popular que se oponga a sus intereses raya en la línea de organización terrorista —o es tomada por tal— para comprobar la tiranía y la arbitrariedad de los criterios empleados para designar al terrorismo). Sin embargo, aún al margen de esa acotación, lo que no deja de ser mero síntoma de volubilidad es que tanto el eje cualitativo como el cuantitativo de los ataques armados en contra de colectividades siga incrementando año con año, producto del ejercicio estatal de la violencia, en todas sus formas.
No es azaroso, en este sentido, que aunque en 2015 noventa y cinco países alrededor del mundo tuvieron algún evento de esta naturaleza (¡y el que sean noventa y cinco países ya dice bastante por sí mismo sobre la dispersión del fenómeno!), más de la mitad de ellos tuvieron lugar en únicamente cinco países: Irak, Afganistán, Pakistán, India y Nigeria; así como tampoco lo es que tres cuartas partes de las víctimas mortales del total de ataques se concentraran en Irak, Afganistán, Nigeria, Siria y Pakistán. Salvo India, el resto de los países mencionados o se encuentra bajo ocupación militar de Occidente —en particular estadounidense— (Afganistán e Irak), o se encuentra intervenidos por los mismos actores (Siria), o son empleados como laboratorios para la formación y adiestramiento de guerrillas adversas sus intereses (Pakistán).
No se trata, acá, únicamente de la manera en que los Estados-nacionales forman, organizan, entrenan, arman y financian a grupos militares y para militares para fragmentar sociedades y regiones enteras —a la manera en que Al-Qaeda y grupos similares, alrededor de los años setenta del siglo XX, fueron creados por los aparatos de inteligencia estadounidenses para contener la expansión soviética hacia el Sur de sus fronteras. Mucho menos de cómo tales prácticas se siguen utilizando y reciclando por otros actores. Se trata, más bien, de cómo ese proceso de reciclaje hace gravitar a su rededor otras expresiones de violencia, otros ejercicios, potenciándolos hasta elevarlos a escalas de conflictos bélicos regulares.
Por todo lo anterior, quizá sea prudente que la sociedad global dé un paso atrás y se detenga a observar cómo esos recursos que se presumen como la última línea de defensa en contra de los enemigos de la civilización, aunque se saben cotidianos y se perciben como parte de la normalidad de las cosas, son causas mayores —y más inmediatas— para la consecución de una destrucción mutua (Estado y sociedad) asegurada; y no, contrario al sentido común imperante, las latencias nucleares que se posan en regímenes como el norcoreano —pero también en cualquiera de sus contrapartes, con capacidades nucleares: Israel, Francia, Estados Unidos, Rusia, China, India, etcétera.
         Que en la actualidad la devastación y el genocidio no estén concentrados en un espacio reducido, como sí lo estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, en general; y durante el Holocausto judío, en particular; sino, más bien, dispersas por todo el orbe, no quiere decir que la sistematicidad de la destrucción sea la de un trauma menor o menos condenable. ¡Que al terrorismo no lo defina un acto, sino el terror que causa a la humanidad el ver su propia autoaniquilación!


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ].

30/4/18

La política en tiempos infinitivos

Este domingo 22 de abril se llevó a cabo, en la Ciudad de México, el primero de tres debates entre los candidatos y la candidata a la presidencia de la república para el periodo 2018-2024. Para quienes comulgan con el formalismo y el funcionalismo de los procesos sociales, vaciándolos de contenidos, el gran tema de la dinámica en cuestión es, justo, la pertinencia de las reglas de operación de la misma, teniendo como puntos de referencia del éxito o el fracaso presente las similitudes y las diferencias que se pusieron en juego de cara a las propias que dominaron en los debates anteriores, desde que éstos, por allá en el tránsito entre las décadas de los años ochenta a noventa del siglo pasado, se convirtieron en souvenir obligatorio de los rituales que saturan la vida política nacional.
En política, por supuesto, esto podría no representar extrañeza alguna: no es para nada secreto, ni siquiera a voces, que gran parte de los temas, los mensajes, los simbolismos, etc., que se despliegan de común en el ejercicio de la misma son tales precisamente porque es la forma en que se ejecutan lo que los reviste de cierta sustancia o fundamento que los hace comprensibles, cifrables y descifrables para quienes comparten el código de cultura política dentro del cual aquellos se desarrollan. Y lo cierto es que tal es la fuerza y la validez de tal sentido común que, sin importar el ejemplo del que se trate, es posible afirmar que en este terreno con pretensiones permanentes de refinamiento y honorabilidad el azar nunca es tal, pues cada movimiento de los participantes tiene una clara orientación por completo predeterminada.
El problema es, no obstante, que de tanto repetirse y reforzarse ese sentido común —en el marco de desarrollo de un complejo social en el que las personas que lo componen se ven, cada vez más, capturadas por el despliegue de una lógica utilitarista, puramente operacional y mercantil, orientando su comportamiento y sus más profundas aspiraciones profesionales y existenciales—, la vida política en México se encuentra sometida al entero arbitrio de la tiranía de las formas por encima de los contenidos.
En ese sentido, el debate de este domingo fue, en los tiempos y los espacios más recientes, la muestra más clara de que los silencios que imperaron en él, en particular; y que imperan en la política mexicana, en general; no son sólo síntomas de candidateables para nada preparados para ejercer las funciones a las que aspiran, de la misma manera en que no son, tampoco, rasgos de personalidad que no se supieron trabajar en el preludio electoral, ni mucho menos silencios premeditados ante asuntos y señalamientos incómodos, falta de respuestas verdaderas o concretas, o situaciones similares y/o derivadas de cualquiera de estas y sus combinaciones.
En términos amplios, el grueso de los medios de comunicación nacionales con trayectoria, así como las plumas y los comentócratas al servicio de sus respectivos espectros ideológicos, intereses empresariales, afiliaciones políticas y partidistas o lealtades personales, han tendido a observar en esa perversa sustitución de los contenidos por las formas la naturaleza real de los cómos, los porqués y los paraqués del funcionamiento de la política mexicana, adjudicando a la personalidad de los candidatos, a la protección que estos hacen de los intereses a los que responden y a los rasgos de su preparación académica/profesional, así como a su trayectoria, probada o no en el ámbito de competencia, el que durante las campañas o el ejercicio de un cargo público se diga o no algo respecto de cierta temática.
Para expresar lo anterior en las coordenadas del debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, en dicha dinámica, con todo y que los candidateables, en estricto, se apegaron a los temas de discusión en un porcentaje de veces infinitamente menor al número de descalificaciones, ataques, acusaciones, provocaciones, etc., que entre ellos se profirieron, el que no estuvieran sobre la mesa de discusión infinidad de urgencias nacionales, regionales y locales (también internacionales) que es preciso abordar antes de que ellas mismas colapsen sobre sí y sobre los mexicanos es, ya de suyo, muestra de que ni de uno ni de otro lado de la ecuación contenidos concretos son importantes para todo lo que está en juego en los próximos comicios.
El modelo, de hecho, se encuentra polarizado en dos extremos que se saben irreconciliables y que cada uno, a su manera, con sus propios temas y sus estrategias discursivas, le dice algo a una audiencia particular. Por un lado, se encuentra el posicionamiento (dominante) que apela al salto de fe que tendrían que dar los electores sobre la base de confianza que le tendrían que inspirar las instituciones mexicanas: no es gratuito que durante toda su historia como instituto político el Partido Revolucionario Institucional se arrogue la exclusiva, no-compartida e intransferible autoría intelectual y material de las instituciones que conforman al Estado mexicano. El Partido Acción Nacional —hoy intentando recuperar su posición histórica a la extrema derecha del priísmo— y rémoras como Nueva Alianza y el PVEM se encuentran dentro de esta misma tesitura.
Del lado contrario, pero no por ello opositor, se encuentra el posicionamiento que apela a la personalidad del dirigente de un movimiento político (también hecho instituto), conminando a los electores a que su salto de fe no sea por una institución, sino por el sujeto al frente de la misma. Aquí, por supuesto, se encuentra el candidato de Morena acompañado por dos individuos que pretenden vender la imagen de independientes a cualquier interés solo porque no cuentan con un vínculo jurídico que diga lo contrario (tipo una afiliación partidista), como si las lealtades y los intereses respondiesen sólo a documentos legales y no a relaciones interpersonales.
El hecho de que el debate se centrara en evidenciarle, a unos, las profundas fallas que aquejan a las instituciones a las que les rinden pleitesía; y a otros, las profundas contradicciones que los aquejan a ellos como personas, antes que centrarse en los temas nacionales que requieren atención (y no únicamente de un mandatario al frente del ejecutivo federal y su gabinete) dice mucho de cómo, frente a una política predecible hasta el cansancio, excesiva en su recurrente insistencia de demostrar la probidad de quienes la ejercen como profesión, ella está plagada de los mismos lugares comunes que imperaban hace un sexenio, hace dos, tres, cuatro, cinco, y así hasta las bases de la estructura política en su génesis. No sorprende, por lo anterior, que el aberrante espectáculo al que asistieron los mexicanos este domingo se encuentre dominado por tiempos infinitivos, frases publicitarias, señalamientos cruzados, y generalidades como principales propuestas de campañas.
Y es que, mientras que al lado personalista de la ecuación se le escapa por completo de las manos el hecho de que al llegar al cargo que se aspira se debe enfrentar con relaciones y andamiajes monumentales, fuertemente enraizados en el imaginario colectivo nacional como los únicos resquicios de un sistema que permite, por lo menos, sobrevivir de manera precaria a un número más o menos abultado de ciudadanos —lo único que evita, aunque a un costo muy elevado, que esas personas corran el riesgo de perder lo poco que ostentan dentro de los márgenes de su miseria—; al lado institucionalista le ocurre lo mismo, pero con el hecho de aunque apelan a las instituciones a las que se deben encumbrando sus buenas acciones, cuando se trata de los señalamientos incómodos afirman que es su persona (como lo afirman aquellos a quienes se califica de mesiánicos) la que sabrá colocar a esas instancias en su rumbo correcto.
Así pues, cuando el priísmo y sus alteregos subrayan que el Congreso General debe ser la instancia de solución de conflictos nacionales por excelencia, o que la Fiscalía General independiente asegura mayores éxitos en el combate al crimen, la corrupción y la impunidad, pasan por alto que los miembros del Congreso responden a sus propios intereses, que muchos de sus integrantes llevan toda una carrera pública de ineptitud cobrando del erario sólo por votar en grupo la legislación; que esos mismos congresistas son los que han bloqueado iniciativas ciudadanas de mayor calado, que en otras instituciones con estatus de independencia se sigue trabajando para mantener la impunidad, la opacidad y la corrupción, etc.; es decir, pasan por alto, en última instancia, el uso sectario de las instituciones del Estado para conservar intactos ciertos intereses (políticos y/o empresariales). No siempre los mismos, con las mismas personalidades gravitando a su rededor, pero siempre intereses particulares, específicos, que nada tienen que ver con la colectividad.
Y la cuestión es que al personalismo —la pretendida y autodeclarada oposición a la institucionalidad imperante— no le ocurre algo mucho menos deleznable, pues aunque en su programa lo oculta, la propuesta de fondo es colocar en el centro del funcionamiento del aparato estatal a intereses (privados y políticos) menos voraces que los que se encuentran operando en la actualidad; cambiando, así, únicamente la correlación de fuerzas imperante y la distribución de los costos y los beneficios de dicha redistribución, o mejor, reasignación.
La tragedia y el trauma de este estado de cosas no podría ser mayor de no ser porque en la recepción que tuvo la ciudadanía de la lastimera actuación que cada uno de los candidateables desplegó durante el debate, lo que imperó no fue el sentido del humor como estrategia de resistencia y supervivencia a la decepción provocada por la imagen de cinco personas que siguen repitiendo cada uno sus propios espacios comunes —pretendiendo que sus palabras reflejan alguna realidad experimentada en carne propia por aquellas personas a quienes les hablan y les dicen que la realidad y su miseria no es como ellas las experimentan, sino como ellos, los suspirantes a la presidencia, dicen que es. Lo que dominó, antes bien, fue el absurdo de un espectáculo en el que la sociedad se presentaba ella misma en condición de caja de resonancia de lo que observaba y escuchaba.
Es hasta ahora inevitable no apreciar que existe un gran vacío en la política mexicana que se mantiene constante desde hace varios años y que el principal actor encargado de profundizarlo no tiene nada que ver con el ejercicio profesional de la política, sino con las series y series de reacciones aleatorias con las que se planta la sociedad de frente a sus propios problemas, siendo copartícipe, en procesos electorales que siempre califica de históricos y de coyunturales, de una pobreza de lenguaje y de nivel de discusión política que siempre abona al sensacionalismo y al arraigo del dogmatismo, pero que nunca obliga a los ciudadanos a pararse frente a sí desde una posición que no sea autocomplaciente, sino autocrítica.
Que la política y las carreras de quienes la ejercen como profesión no se define ni se juega por entero, nunca, en dinámicas como las planeadas por el INE es un hecho. La cuestión de fondo, el tejido que hay que discutir a conciencia y cabalidad se encuentra, por lo contrario, en el reflujo que esos eventos causan en la sociedad, y el punto es que si la sociedad sigue simplemente reaccionando, sin proponer, sin dirigir, sin regular y controlar los temas y las acciones que se juegan en la agenda, la disposición a seguir aceptando estructuras de supra-subordinación, de cambios o implementaciones en las cimas que nunca llegan hasta las bases seguirá siendo una realidad que abra aún más la brecha entre los polos de la ecuación.
        Si la política mexicana se encuentra vaciada de contenidos y saturada de lugares comunes que no hacen más que redundar en la interminable tarea de limpiar su propia imagen ante quienes la padecen día con día se debe, en gran medida, a la posición inerme de éstos.


*Esta columna fue publica originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ].
23/4/18
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Geopolíticas imperiales: racionalidad de la guerra en Siria

En noviembre de 2017, en el marco de celebración de la XXV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el entonces recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en reiteradas ocasiones a los equipos de prensa que lo acompañaban en su viaje, que al margen de los acuerdos a los que se estaban llegando dentro del APEC, tanto su Gobierno como el encabezado por el ruso Vladimir Putin habían acordado que una solución política sobre la guerra en Siria era necesaria para salvar millones de vidas y clausurar, por fin, el conflicto.
Al momento de darse a conocer esta información, las corporaciones de comunicación estadounidenses —por aquel entonces adversas a la administración de Trump por convicción y necesidad—, hicieron eco de las palabras de éste para atizar posicionamientos que desde la campaña electoral del mismo ya habían colocado en el centro de las agendas pública y mediática, siempre con la pretensión de mostrar el enorme error histórico que se estaba a punto de cometer en la Unión Americana al conferirle los destinos de ese país a quien los intereses mediáticos no se cansaron (y no lo hacen, aún) de señalar como la personificación del mayor retroceso y la más grande y profunda anormalidad civilizacional hasta entonces experimentada por la sociedad estadounidense.
En varios sentidos, además, para aquellos intereses, el posicionamiento de Trump respecto de la intervención militar en Siria —hecho gravitar desde las campañas electorales al rededor del objetivo confeso de cooperar con el Gobierno ruso para poner un punto final a la cuestión—, era muestra clara de que los señalamientos hechos por los aparatos de inteligencia estadounidenses, en los que se acusaba la injerencia de Rusia en los procesos electorales de Estados Unidos y de sus principales aliados en Europa, eran de hecho ciertas; comprobándose así la subordinación del adalid de los valores occidentales al renacido imperio del mal.
Trump, después de todo, con posicionamientos como éste y con una gran cantidad de declaraciones con un grado ínfimo de corrección política que iban en la misma línea de ideas, pasaba no únicamente a sacar la relación Estados Unidos-Rusia del abismo tan profundo en el que la administración de su antecesor, Barack Obama, la había dejado —con fórmulas y niveles de intercambio inclusive por debajo de los experimentados en los peores momentos de la Guerra Fría—, sino que, además, debido a que ese grado de normalización no era, por sí mismo, condenable, Trump estaba, más bien, abriendo la puerta a una conjunción de alta prioridad en la relación bilateral con un amplio margen de maniobra militar; ambos, elementos que Obama procuró mantener en dimensiones diferenciadas, y sobre todo, nunca concurrentes.
¡Poco más de un lustro de intervención armada, así como los lucrativos resultados de ella obtenidos, parecían entrar en una irreversible fase de peligro sólo por causa de las ocurrencias de un presidente sospechoso de ser doble agente soviético y su equipo de asesores rusófilos!
Poco menos de medio año después, aquel punto máximo de convergencia entre los intereses occidentales y orientales, en general; estadounidenses y rusos, en particular; se aprecia muy lejano y la relación bilateral, aunque podría empeorar aún más, por lo menos en el momento presente ya superó al legado de Obama en la materia; tanto, que en ese lapso de tiempo, lo que va de transcurrido este año, Estados Unidos, en solitario, primero; secundado por Francia y el Reino Unido, después; ya incluso llegó a declarar ataques aéreos focalizados (en particular en lo que respecta el empleo de misiles balísticos de largo alcance) no únicamente en instalaciones militares y económicas de prioridad para el funcionamiento propio del Gobierno de Bashar Al-Assad, sino también, colocando como objetivos destacamentos militares Iraníes y Rusos, así como instalaciones y conglomerados urbanos habitados por civiles.
La última de estas ofensivas, declarada unilateralmente por la coalición que conforman Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se dio en la madrugada de este 14 de abril; alegando como justificante para la afrenta, por supuesto, las también aún infundadas acusaciones de que el Gobierno sirio y sus aliados de Oriente habrían utilizado, de nueva cuenta, armamento químico en contra de población civil, aunque adherente a los movimientos de resistencia contra el régimen de Al-Assad.
¿Qué cambió en los pasados cinco meses que ahora la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia pacten en torno del conflicto sirio es ya una decisión fuera de la baraja de opciones sobre la mesa? ¿Por qué lo que se prefiguraba como un acuerdo político entre los dos principales actores con intereses geopolíticos vitales en Siria es ahora un abierto enfrentamiento entre las fuerzas armadas estadounidenses y las rusas, ya no al estilo de las proxy wars a las que la Guerra Fría y su aftermath tenían acostumbradas a las periferias globales, en donde se libraban este tipo de conflictos, sino en la forma de un hipócrita embate directo velado por declaraciones públicas en las que en ambos lados de la ecuación se niegan los hechos al tiempo que condenan con cada vez mayor vehemencia?
De entrada, aunque ya son historia añeja y son hechos sólidos con amplia difusión y reconocimiento en los análisis que abordan la intervención de Occidente en Siria (criterios aplicables, por extensión, a otras localidades alrededor del mundo), algunos de los lugares comunes particulares del conflicto son, entre otros, y de entrada, que la posición geográfica del país lo convierte en un enclave geopolítico desde el cual se juegan: a) el control de las operaciones directamente involucradas con la intervención en Irak; b) en conjunción con este otro país, así como con Afganistán y Pakistán, la contención de la influencia económica, política y militar de Irán en la región; c) la regulación de los contactos comerciales terrestres (y en menor medida marítimos) entre Oriente Próximo, Asia Central y las economías del Mediterráneo; d) del punto anterior, en particular, los contactos comerciales de China con el extremo occidental del corredor denominado Nueva Ruta de la Seda; e) la confrontación de la presencia militar rusa en los alrededores del Mar Caspio; f) el sostenimiento del cerco articulado con Libia y Túnez, en el Mediterráneo; y Yemen y Somalia en el Mar Rojo.
En otros planos, además, se encuentran en juego las enormes ganancias que dejan el propio negocio de la guerra como tal, la extracción de recursos naturales (en particular petróleo), la reconstrucción de todo cuanto se devastó (de peculiar importancia para la especulación financiera y para los sectores involucrados con las industrias de la construcción e inmobiliaria), las actividades involucradas con el tráfico de estupefacientes, etcétera. Todo esto y más hacen del país sirio y de su sociedad un botín en el que el ganador no únicamente gana para sí, sino que hace que el oponente pierda: la guerra en Siria es una operación de suma cero y la cantidad y la magnitud de intereses respaldando a los actores principales a ambos lados de la ecuación hacen que el perder sea aún más costoso.
La cuestión acá, concerniente a los porqués de la más reciente ofensiva estadounidense, a pesar de la línea dura que adoptó Rusia sobre ello (dureza pocas veces observada en los pasados siete años de conflicto) es que cada uno de esos elementos enlistados líneas arriba son constantes que nunca son sacadas de la ecuación, es decir, no se suspenden o se excluyen en momentos determinados, sino que, por lo contrario, se traslapan, se superponen unas a otras en ordenes que dependen de las necesidades del momento, tanto para un frente como para el otro —sin obviar que a pesar de adherirse a Rusia y a Irán, Siria tiene sus propios intereses aún ante a estos dos.
Declarar un ataque por cualquiera de esas condicionantes del conflicto, luego de que en días pasados la coalición de fuerzas pro-Assad declarara sucesivamente la derrota del Estado Islámico en el país y la reconquista del grueso de los territorios dominados por la oposición al régimen (en gran medida armados y financiados por Occidente, además de recubrirlos con el velo de la potencia moral que contienen en sí palabras como liberación, democracia, justicia, etc.,), habría resultado en un verdadero fracaso mediático, dentro y fuera de Occidente, en términos de la construcción y aceptación pública, colectiva, de las justificaciones políticas, éticas y morales necesaria para atacar sin oposición o condena alguna.
Por lo anterior, en primer lugar, no hay que ver en las acusaciones de Occidente contra Siria y Rusia sobre el accionar de armas químicas una simple empresa de concientización de la humanidad en torno a los fantasmas del Holocausto y sus posibles consecuencias si no se previenen —a propósito de la demagógica condena elaborada por la representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Nikki Haley, sobre el tema. Aunque parecen eventos distintos, sin ninguna relación que los vincule, las acusaciones en contra del Gobierno ruso, acerca del uso de un agente tóxico en contra de Serguéi Skripal, en Reino Unido; y las propias sobre el régimen de Al-Assad en la ciudad de Douma, se unen por el común denominador del empleo de químicos, y en estricto, aunque a Al-Assad ya se le acusó en los mismos términos y con una campaña mediática de aún mayores proporciones en 2013, en esta ocasión, los señalamientos sobre Skripal sirvieron para preparar a las audiencias en la aceptación de que Rusia no únicamente sería capaz de negar el uso de agentes tóxicos si le conviene a sus intereses, sino que los aplaudiría en caso de que un aliado lo haga: así, los eventos de Douma del 8 de abril pasado son el correlato de algo que ya estaba en marcha mucho antes, en Londres.
No debe perderse de vista, en segunda instancia, además, que no es azaroso que justo en el momento en que la alianza que respalda al régimen sirio declara la finalización del conflicto armado y el inicio del proceso de reconstrucción, un ataque como el que se señaló al unísono, con la misma línea editorial en la prensa mainstream estadounidense y europea, se le adjudique a aquellos que en el terreno ya se encontraban sumando a su causa y restando a la de Occidente: afrenta directa para tres gobiernos con un marcado acento nacionalista y neoliberal —a pesar de los reiterados señalamientos que se les hacen sobre su proteccionismo, amén de no comprender que éste es sólo un instrumento más del neoliberalismo para reciclarse, y no su antítesis.
Así pues, los argumentos sobre el uso de armas químicas en Douma se usaron como un justificante que aunque en el pasado emergió, su desenlace en 2013 lo mantuvo oculto, y hasta ahora fuera de la actual ecuación. Introducirlo ahora ofrecía algo nuevo y algo potente en contra de lo cual actuar: un fantasma, se insiste, del Holocausto (Occidente no iba a elegir como ejemplos a otros genocidios perpetrados en contra de las poblaciones de la periferia global: África, América Latina, Asia) presto para unificar fuerzas de apoyo social públicas. La cuestión es, no obstante, que aunque ese parece ser el detonante, en realidad no es sino un subproducto de dos eventos más significativos en términos de sus implicaciones para el sostenimiento o desbalance posible de la correlación de fuerzas presente en el país.
El primero de ellos fue, por supuesto, la declaración misma de la coalición que se encuentra respaldando a Gobierno de Al-Assad. Sin embargo, ésta no debe considerarse por sí misma, de manera independiente al conjunto de poderes que la sustentan. Antes bien, este evento debe considerarse siempre a partir de la consideración de que fueron Rusia, Irán y Turquía las potencias regionales que se presentaron juntas, a pesar de las diferencias y los múltiples enfrentamientos que entre ellas subsisten por debajo y al margen del conflicto sirio. Turquía, en particular, es un asunto de especial atención para Estados Unidos y sus aliados europeos, después de todo, no es gratuito que el Estado turco sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte: su viraje hacia nuevos horizontes es más significativo de lo que los atlantistas suelen aceptar.
El segundo de estos eventos es, quizá, el de mayor trascendencia y consideración, tanta, como para que el conjunto de intereses estadounidenses empeñados en mantener su posición de poder en la región —los mismos que lograron arrastrar al presidente Trump desde una posición favorable a Rusia a una abiertamente hostil—, es que en los primeros días de abril, el nuevo Ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, en visita oficial a su contraparte rusa, en el marco de la VII Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, acompañado de una comitiva integrada por los más altos y especializados mandos chinos en el rubro, declaró abiertamente, y con un lenguaje más directo y certero, pocas veces visto en años anteriores en temas que no implicasen de facto los intereses geopolíticos inmediatos de China (sobre todo en el Sudeste asiático), que su presencia en la Conferencia se debía sobre todo para mostrar a América el nivel de compromiso, de fortalecimiento y de cooperación al que se busca escalar la relación bilateral China-Rusia en términos militares.
Aquí, de nueva cuenta, el evento no debe leerse por sí mismo. No es extraño, al final del día, encontrarse en el camino de los últimos dos lustros declaraciones y actos concretos dados por ambas partes en la misma dirección. La alianza sino-rusa es un vínculo que se ha venido trabajando por ambas partes con esfuerzos muy potentes en los últimos años; garantizando un equilibrio financiero (China) y militar (Rusa) de frente a Estados Unidos y su animadversión por ambos regímenes. Lo que es importante en este evento es que la temática y los trabajos de la VII Conferencia rusa se centraron en desarrollar una estrategia militar enfocada en el conflicto sirio.
Ahora bien, ¿por qué ello debería ser trascendental para el proceso de toma de decisiones en Washington y su desenlace en los ataques de esta madrugada? La decisión, aquí, se encuentra definida por el hecho de que si bien es cierto que China ya participa como una potencia militar (además de financiera, en comparación con Rusia, con mayores posibilidades en el plano militar pero en franca desventaja en el financiero) en una multitud de operaciones que abarcan la masa continental euro-afro-asiática —con una fuerte concentración en el África Subsahariana—, también lo es que en los siete años del conflicto, China se había mantenido al margen, militarmente, de la cuestión siria. Haber participado en la VII Conferencia, con el tema al que ésta se dedicó y con el posicionamiento que se planteó, supone, ya de entrada, un mayor involucramiento militar de China en la guerra, con la posibilidad abierta a que esa cooperación se escale y se lleve a otros escenarios en el Asia Central y Oriente Próximo.
Y aquí el punto es que, en realidad, no es para sorprenderse por el posicionamiento chino. No únicamente por la tensión presente en la relación de ese Estado con la Unión Americana, sino porque siendo la franja media de Oriente Próximo y Asia Central los escenarios principales en los que se proyecta desarrollar el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, el contener la presencia estadounidense en los ramos económico y militar resulta ser crucial para la instrumentación del proyecto en sí mismo.
No es azaroso, por esto, que lo que en la opinión pública y la agenda mediática se trata como una respuesta desproporcionada —incluso irracional— del presidente Trump no sea sino un procedimiento estándar más dentro de su baraja de opciones; que además, en la lógica de ese mismo proceder, es por entero proporcional al tamaño de la amenaza que se percibe de una articulación militar a profundidad Rusia-China-Irán-Turquía; escenario por mucho parecido a aquel que desde la década de los años setenta del siglo XX planteara el entonces Consejero de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente estadounidense James Carter, Zbigniew Brzezinski, como la mayor amenaza concebible a la posición de poder de Estados Unidos en la región.
Por eso, no queda más que señalar que aunque los eventos aquí apuntados apenas se van desarrollando, es importante dar un paso atrás y no leerlos de inmediato como anormalidades en el funcionamiento general de los aparatos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos; menos aún, como decisiones azarosas, irracionales y viscerales de su presidente, pues en este momento no hay mejores ejemplos de que la administración de Trump y sus decisiones son vivo reflejo del estatus quo dominante en la era Obama y mandatos anteriores, justo, que las decisiones que se están tomando en materia de Seguridad y conflictos armados.
14/4/18
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Ricardo Orozco es cofundador y Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional.

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