Filipinas: frontera de las guerras en el Pacífico

En Octubre de 2016, apenas unos meses después de iniciar el nuevo gobierno nacional, el presidente filipino Rodrigo Duterte anunció, en el Foro Económico de Pekín, que se separaba de su alianza con Estados Unidos, tanto en el plano militar como en el terreno económico, para depender de la influencia regional china «para siempre». La noticia, por supuesto, alertó a las autoridades estadounidenses por las implicaciones geopolíticas del viraje: su papel como zona de contención —geográfica tanto como política— al expansionismo chino en el sudeste del pacífico asiático es clave para mantener la supremacía militar en la zona. Después de todo, a Filipinas y Estados Unidos los une la historia de la colonización del primero por el segundo, hasta 1944; y luego de ello, los Acuerdos Militares de 1947; los Acuerdos de Defensa Mutua, de 1951; y las múltiples adendas de mejoramiento que siguieron a estos.
Pensar en un distanciamiento entre ambos Estados, por consecuencia, se antojaba, si bien no imposible, por lo menos lo suficientemente problemático como para que el golpe de timón filipino no supusiera una tersa transición entre esferas de influencia. Y es que si bien ya en las dos últimas décadas del siglo XX un fuerte sentimiento antiestadounidense irrumpió con profusión en el imaginario colectivo nacional filipino, ni en aquel momento el riesgo de perder el punto de contención geopolítica que ofrece Filipinas a Occidente se presentó con tanta claridad y en un momento en el que la hegemonía estadounidense se ve profundamente cuestionada en una mayor cantidad de zonas alrededor del planeta.
Ahora bien, en rigor, todo cuanto es susceptible de ser calificado como bilateral o recíproco en la relación que mantienen Estados Unidos y Filipinas no es realmente mutuo. Ya sea que se trate de intercambios comerciales o —con mayor importancia aún— de transferencias en materia militar y de defensa, esa doble vía adquiere el carácter de unilateralidad: con Estados Unidos avasallando a Filipinas tanto en cuantía como en cualidad. Y es que, por un lado, el interés primario de Estados Unidos en Filipinas es el de mantener abierta la ruta comercial que cruza por el Mar del Sur de China, toda vez que por sus aguas se transportan cerca de cinco mil millones de dólares en mercancías. Y por el otro, con la alianza sino-rusa sustituyendo a la Unión Soviética en el siglo XXI, tener la capacidad de cerrar el flujo de hidrocarburos que alimentan a la industria china, y de contener a ambas marinas mar adentro, resulta vital en cualquier escenario de guerra Oriente/Occidente.
Por lo anterior, observadores endógenos y ajenos a la organización y control de la política exterior de Filipinas tienden a coincidir en la idea de que cualquier alejamiento de Estados Unidos, con su posterior aproximación a China, es sinónimo de suicidio, pues las autoridades chinas ya no verían ningún elemento disuasorio para devorar las disputas territoriales que mantiene con aquel. La cuestión es, no obstante, que las observaciones de este tipo no ponen en el centro del análisis que, sin importar la esfera de influencia sobre la cual se decante, Filipinas, en tanto frontera común del expansionismo occidental y oriental en el Sudeste asiático, siempre se encuentra en el borde de ser consumido por la relación de fuerzas externas que se disputan el control de su territorio.
De ahí que, contrario a la visión general que circula por los medios occidentales, la agresividad de Duterte hacia Estados Unidos no sea, como punto originario, el de algún tipo de populismo —entendiendo a éste como lo hace Occidente. Y es que reducir el posicionamiento del gobierno filipino a una fórmula del tipo que afirma que su asimilación a los valores occidentales es representativo de la interiorización de éstos, mientras que su asimilación a Oriente es sinónimo de populismo, autoritarismo, comunismo o similares y derivados; es equivalente a menospreciar los intereses nacionales que se juegan a ambos lados del pacífico.
Duterte, es cierto, es partidario de un régimen de exterminio al interior de su país. La guerra en contra del narcotráfico que desenvuelve desde su investidura presidencial es de una profusión de violencia como pocas se han observado alrededor del mundo. No obstante, no es en su presunta tiranía ni en los reclamos estadounidenses en defensa de los Derechos Humanos en donde se encuentra el empuje que llevó a Filipinas de un aliado a otro. Por lo contrario, el viraje de Duterte es consecuencia lógica de lo profundo que el aparato de inteligencia estadounidense se sumergió en la estructura gubernamental del país.
Barack Obama, en este sentido, concretó una serie de acuerdos, en 2014, con su par, Beningno Aquino III, que aseguraba a Estados Unidos un mayor control del aparato militar filipino por un plazo inicial de diez años, colocando a éste país como uno de los principales centros asiáticos de transferencias militares. Esto, con una China decidida a incrementar su potencial bélico en el próximo cuarto de siglo y una Rusia implementando la primera fase de una renovada expansión militar, coloca a Filipinas como uno de los tantos territorios que, por su posición geográfica, quedan atrapados en el medio de ambas potencias. Decidir su permanente adhesión a Estados Unidos o aliarse con China fue una cuestión de pura estrategia, de sobrevivencia nacional, más que reflejo de la mentalidad populista de su actual mandatario.
La medida de Obama no fue aislada, se compagina con una serie más amplia que incluye acuerdos de profundización en materia de seguridad con Japón y Singapur, Estados con los cuales Filipinas mantiene su primera y cuarta relación comercial. Sin embargo, ni de Japón ni de Singapur depende que China sea capaz de controlar la «primera cadena de islas» en el Pacífico occidental. Esa posibilidad sólo gravita en torno de quien controle el territorio filipino. Y es que, Estados Unidos, perdiendo su influencia en el archipiélago, pierde, también, una ventaja estratégica: Japón y Corea del Sur pueden constreñir los movimientos chinos a través de los estrechos Coreanos; Japón, con su despliegue de infraestructura antimisiles instalado en las islas Kyushu, Okinawa y Ryukyu, detendría cualquier agresión en el Mar del Este de China; Indonesia, hacer lo propio en lo relativo a los estrechos de Lombok, Sunda y Malaca; y Filipinas, junto con Taiwan, cerrar el paso del estrecho de Luzon; y con Indonesia, los de los mares de Sulu y Celebes. 
Se entiende, pues, que la menor de las preocupaciones para Filipinas sea su política interna cuando dos potencias militares ven al conjunto de islas que conforman al país como su principal escenario de confrontación en la zona. Por eso, asimismo, es muy poco probable que el viraje ideológico declarado por Duterte en Pekín sea realmente ideológico, y tenga que ver más con un movimiento pragmático —en un momento en el que la Presidencia de Obama se acercaba a su final profundamente cuestionada por la diplomacia China.
Por lo pronto, a mediados de abril, Duterte rectificó su postura y se lanzó de nuevo a su tradicional alineamiento con Estados Unidos; y ya pronto, en Mayo, se abrió la opción de que el presidente Donald Trump reciba a Duterte en Washington; suponiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo lo suficientemente sólido como para inclinar aún más la postura filipina hacia Occidente. Y la cuestión es que esta última posibilidad no se observa distante, toda vez que la nueva administración estadounidense ha demostrado estar dispuesta a ser aún más agresiva y recurrir con mayor frecuencia al empleo de medios bélicos para responder a las amenazas a su seguridad.
Duterte, en su desplazamiento de regreso hacia la esfera de influencia estadounidense, quizá se esté observando en Siria, país que comparte la particularidad geopolítica de Filipinas, como frontera imperial, pero en Oriente Medio. Después de todo, Trump, actuando de manera muy similar a como lo hizo Obama en sus dos mandatos, ya dejó ver al Sudeste asiático, con pretexto de hacer frente a Corea del Norte, que el despliegue de dispositivos antibalísticos de gran escala y la intensificación de ejercicios militares, marcados por un incremento sustancial en el número de tropas permanentes; es tan sólo una primera llama de advertencia ante cualquier signo de oposición en la región.
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Demarcación territorial y mutilación corporal

Pese a sus catastróficas consecuencias, la violencia en el mundo es un tema que, en los múltiples imaginarios colectivos, suele cobrar relevancia sólo cuando su ejercicio se lleva a cabo en escalas espaciales y temporales internacionales, cuando el ejecutor de la misma ya ha sido interiorizado por la sociedad como un enemigo que se debe eliminar, o cuando un conjunto amplio de dispositivos mediáticos son dispuestos por los poderes hegemónicos para deslegitimar reivindicaciones sociales, comenzar con el proceso de construcción de otredades y afirmar una posición axial que justifique el avance del proyecto de civilización occidental sobre comunidades ajenas a su lógica.
Por eso, cuando de condenar la violencia se trata, los posicionamientos más recurrentes son aquellos que censuran las guerras declaradas por gobiernos tiránicos, totalitarios —más nunca las emprendidas por las autodenominadas democracias liberales—; aquellos que exigen la erradicación de todo cuanto atenta contra la propia identidad: un grupo aceptado como terrorista, un gobierno populista latinoamericano, o una dictadura musulmana en Oriente Medio; o aquellos que, por completo sumergidos en la interminable tautología del dogmatismo lingüístico, condenan al exterminio a cada comunidad que parezca arcaica, renuente a afirmar las bondades civilizatorias ofrecidas por los valores y principios occidentales.
La cuestión es, no obstante, que detrás de esos macro-eventos de violencia se desenvuelve una serie más profunda y abarcadora de hechos que reflejan la decadencia estructural de Occidente: la continuación de una lógica civilizatoria que, en el momento mismo de colonizar a los no-modernos, a los no-democráticos, a los no-civilizados con el pretexto de introducirlos en el curso del tiempo presente, de extraerlos de su arcaísmo bárbaro y ajustarlos a las formas cortesanas del progreso, esa misma lógica reifica su embrutecimiento, su naturaleza incivilizada.
Se desarrolla, en este sentido, una dinámica de sistemática destrucción de aquellas comunidades que, habiendo sobrevivido a quinientos años de colonización, aún se presentan frente al colonizador como esa amenaza de retorno al salvajismo, como esa posibilidad que agrede al civilizado y al moderno por el simple hecho de haber demostrado que otro tipo de sociedad es posible. Pero más aún, se desdobla una cadena infinita de sucesos que ante el descuartizamiento del indio, se celebra el avance del respeto por los derechos humanos; que ante su despojo territorial, se festeja la acumulación del stock productivo del Estado; que ante la represión militar, se elogia el ejercicio efectivo del Estado de Derecho.
La violencia del mundo perturba a la sociedad con sus grandes acontecimientos: condena la tiranía musulmana legitimando la intervención estadounidense en Egipto, Libia, Túnez, Yemen y Siria; sataniza al populismo latinoamericano afirmando la necesidad de gobernarlos por medio del puño de hierro de sus dictaduras cívico-militares; y consiente la destrucción de sociedades enteras exigiendo la muerte de cada individuo que parezca terrorista. Pero al perturbarse con ese despliegue, esa misma sociedad, no obstante, omite que ya fue cómplice de esos sucesos mucho antes de que estos ocurriesen. En efecto, fue cómplice desde el momento en que absolvió cada una de las guerras presentes y futuras cuando, desde el pasado, cerró los ojos ante la cristianización del indígena, cuando se volvió sorda ante los lamentos que causaban los suplicios a los que comunidades enteras fueron sometidas por no ser conocedoras de las formas civilizadas de convivencia; cuando enmudeció en el momento en que se requería que su propia voz se asumiera como la principal crítica a las consecuencias de su avance indetenible.
De aquí que sea imprescindible mirar de frente al más reciente recordatorio que la comunidad Gamela, en el Estado brasileño de Maranhão, con su sangre y su dolor, le ofrece a América y al mundo para no olvidar eso que sólo en Sierra Leona, durante algún tiempo, fue motivo de primeras planas periodísticas y excelsos análisis antropológicos —pero nunca motivo de un cambio de modelo civilizacional—: las más desgarradoras maneras de mutilar y marcar al cuerpo humano no son producto de una suerte de reminiscencia precolombina, sino el vivo reflejo de cómo la humanidad establece los límites entre su humanidad y la animalidad de los condenados de la tierra.
En efecto, el hecho pasó inadvertido, como ocurre, por regla general, con las cuestiones indígenas: producto del despojo sistemático de tierras que los pueblos indígenas sufren desde su colonización, la comunidad Gamela fue atacada el pasado domingo 30 de Abril por hacendados cuando aquellos intentaron recuperar las tierras que por derecho les corresponden. Así, esa pequeña comunidad —que los parlamentarios brasileños considera pseudoindigenale recuerda al continente que no sólo en el África negra se mutilan los cuerpos de quienes reivindican su derecho, como comunidad perteneciente a un territorio ancestral, a preservar sus formas políticas y productivo/consuntivas, sino que ésta es una práctica vigente en cada latitud en la cual se despliega el colonialismo.
El caso Gamela, por supuesto, no es excepcional dentro de la regularidad de eventos que azotan a las comunidades indígenas del continente. Por lo contrario, es, más bien, una continuidad de algo que desde hace mucho estos pueblos intentan hacer visible ante los ojos de quienes sólo los observan como el turista observa a quienes sólo le son útiles en tanto producen bellas y exuberantes artesanías con pretensiones de arte. La cuestión de fondo acá —además de la evidente condena de la violencia con la que la comunidad Gamela es sistemáticamente fragmentada—, es la manera en la que sus integrantes fueron despojados de su identidad por parte de la sociedad brasileña.
Y es que si bien las formas de realizar esta desposesión identitaria son tan variadas como comunidades indígenas existen en el mundo, no por ello se debe abstraer lo específico de cada caso. Así pues, lo primero que debe llamar la atención sobre esta situación es que desde la aprobación de la constitución brasileña, en la década de los ochenta del siglo XX, las comunidades indígenas fueron inscritas dentro de un régimen de autoidentificación no muy popular dentro del conjunto de países americanos de mayoría mestiza. Los pueblos indígenas en Brasil, pues, fueron dotados de la capacidad de ser identificados por la estructura Estatal como tales no por la continuidad lineal que estos acumularan al habitar un territorio, sino por el uso específico que estos cuerpos sociales dieran a aquel.
En este sentido, contrario a la tendencia indigenista que marca que un pueblo indígena es tal siempre y cuando continúen habitando sus tierras ancestrales —con lo cual, por regla se refiere a una inamovilidad de la comunidad desde el periodo colombino—, en Brasil se abrió la posibilidad de que el rasgo identitario, con respecto al territorio, se estableciera no por una línea unidireccional del tiempo habitado, sino por el uso específico que dichas comunidades otorgan al entorno. Por supuesto la garantía constitucional de que esto se llevase a la práctica quedó en la letra, pues de un aproximado de mil ciento y trece territorios indígenas sólo el 58% (654) se encuentran en espera de la aprobación de su condición por parte del Estado brasileño, y de éstos, 53% aún no son, siquiera, considerados para comenzar el proceso correspondiente.
Un segundo punto de preocupación es que las poblaciones aledañas y las propias autoridades gubernamentales despojaron a los Gamela de su identidad recurriendo al encadenamiento de estereotipos que, por irónico que parezca, los identificaban como cualquier otro ciudadano brasileño, producto de las urbes del país. Lo interesante, aquí, es que las poblaciones aledañas son mayoritariamente de una estructura corporal similar a la de los Gamela, lo que da cuenta, de nuevo, que los procesos de racialización siguen priorizando los rasgos fenotípicos de los individuos para realizar su segregación, por un lado; y por el otro, que a pesar de esa marcada tendencia a identificar el cuerpo con la raza, el colonialismo interno se sigue reproduciendo en niveles cada vez mayores, al punto de que el propio indígena renuncie a su identidad como tal con base en su apariencia física.
          Por lo anterior, el asunto no es menor, y menos aún si se es consciente de que las formas más atroces de totalitarismo, las formas de violencia más avasallantes y destructoras que la humanidad ha conocido, como bien lo señaló Aimé Césaire en su Discurso sobre el Colonialismo, comienzan por la experiencia de los pueblos colonizados, pese a que su condena social sólo se dé cuando esa misma violencia colonial se aplica por el civilizado blanco sobre otros civilizados blancos.
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Entre la Izquierda y la OEA: la Revolución

Cuando el gobierno venezolano anunció al mundo que comenzaría con el proceso para retirar su participación de la Organización de Estados Americanos, la primera reacción de las autodenominadas sociedades democráticas —reverberando en la voz de quienes con orgullo se asumen republicanos, demócratas y liberales, como si el adjetivar la personalidad del individuo con esas palabras revistiese a éste con honorabilidad— fue intensificar la arremetida ideológica instrumentada a través de los medios de comunicación.
La lógica detrás de cada argumento acusatorio es que dentro de la OEA la democracia es materia viva, un proceso realmente existente por la gracia de la mera existencia de la institución y la legalidad que la fundamenta. Fuera de ella, por lo contrario, cualquier Estado-nacional americano carecería de la legitimidad demandada para autoafirmarse como parte constitutiva de un cuerpo axial común. Así, la verdad construida en torno del posicionamiento de la OEA afirma que lo democrático de cualquier sociedad habida en el continente americano no emana de la sociedad, de sus procesos políticos comunitarios, sino de la aceptación que se obtiene —o no— por parte de otras sociedades.
De aquí que el cerco ideológico avasallara tan pronto; presentándose ante las colectividades como ese sentido común incuestionable que indica: dentro de la ética institucional de Occidente, todo; fuera de ellas, nada. Porque se asume que la característica inmanente a aquellas es la de una vocación de inherente bondad; de búsqueda de un bien común edificado en valores de aceptación universal. No existe, en este proceder, ninguna posibilidad que conciba a la OEA —o a cualquier institución que forme parte de la arena internacional— como un engranaje susceptible de ser utilizado con fines injerencistas y golpistas, siempre velado por la corrección política y la afinidad ética que supone la verborrea que apela a la libertad, la igualdad y la fraternidad.
En este sentido, si de posiciones en el espectro ideológico se trata, dos son claramente identificables: por la derecha se presiona, de manera permanente, por hacer efectivas las resoluciones consensuadas en el seno de la organización; no importando si el consenso ya viene determinado en el posicionamiento particular estadounidense. Por la izquierda, en sentido inverso, se celebra que Venezuela —¡por fin!— se preste a seguir el camino que la revolución cubana marcó para los pueblos de América, hace medio siglo. A la derecha, las ruinas de la historia latinoamericana jamás dejarán de hacer crítica; es a la izquierda a la que hay que señalar para no dejarla que se extravíe en su propio laberinto.
Desde esta posición, señalar que la OEA guardó silencio cómplice y, más que ello, fue corresponsable directa del empobrecimiento de la región y de decenas de dictaduras militares, desde su fundación y hasta los albores del siglo XXI; o que, ya avanzado éste fue en su seno donde se orquestó el golpe de Estado venezolano, en 2002; boliviano, en 2008; hondureño, en 2009; ecuatoriano, en 2010; paraguayo, en 2012; y brasileño, en 2016 —por mencionar sólo los más visibles— no hará más que apuntar la ya conocida crítica que gira en torno de la hipocresía que hace que esta organización acuse a cada gobierno de izquierda progresista como populista, narcogobierno, terrorista, dictatorial, personalista, antidemocrático, etcétera.
Por ello los argumentos no deben correr desde ese afluente. Existen dos situaciones más apremiantes que no se deben de perder de vista si es que se quiere avanzar en la afrenta en contra del imperialismo occidental. Por un lado, es imperante reconocer que el hecho de que el gobierno venezolano se retire de la organización no hará mucha diferencia por lo que toca a la intensidad con la que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; penetrará en los procesos políticos venezolanos para fragmentar todo cuanto se construyó desde Hugo Chávez.
Es verdad que Venezuela no sería el primer país que sobrevive a las presiones externas —ya provengan de capitales o de Estados-nacionales— siendo ajena a los procesos de la Organización: Cuba es el ejemplo claro de que un proceso social revolucionario es capaz de resistir su avanzada sin importar los acuerdos a los que se lleguen por parte de los Estados miembros. Pero el pertenecer o no a la OEA no es, por sí mismo, un factor que decida qué tan penetrantes y efectivos son los procesos de desestabilización que agentes externos son capaces de desarrollar.
Es cierto, ser miembro de una Organización ofrece determinado margen de maniobra para visibilizar los desequilibrios imperantes en la región, pero es sólo hasta ahí —y de manera puramente formal— el papel que Latinoamérica logra desempeñar; pues ni siquiera en los sectores más progresistas, como el circunscrito en la defensa de los derechos humanos, la pluralidad de visiones que coexisten en la región se ve representada y efectivamente instrumentada, muy a pesar  de los monumentales esfuerzos realizados para contrarrestar la doctrina liberal y mercantilista, de corte estadounidense, que durante tantas décadas ha imperado en el ejercicio de diversas categorías legales de derechos individuales y colectivos.
Que el gobierno estadounidense, sus oficinas de promoción y cooperación internacional, sus universidades o sus think tanks tengan la capacidad de financiar, organizar, articular y hacer eco de grupos opositores —marineros con bandera de demócratas—, en última instancia, no depende de cuáles o cuántos gobiernos se reconozcan formalmente representados en los órganos de deliberación de la Organización: ésta sólo sirve en la medida en que vela cada proceso injerencista con el peso que la democracia cuantitativa —la del voto de las mayorías decidiendo los destinos de las minorías— y el lenguaje políticamente correcto hacen que los golpes de derecha sean interiorizados por el sentido común como procesos pro-democracia.
En este sentido, una cuestión de mayor trascendencia para la izquierda bolivariana es descifrar la fortaleza del tejido político, del proceso revolucionario que Hugo Chávez potenció con su gestión al frente del gobierno venezolano. Y es importante justo porque la revolución cubana mostró al mundo que de la profundidad que tome un proceso revolucionario en el actuar cotidiano de los individuos y las comunidades depende la inefectividad de cualquier hostigamiento externo.
El punto no es menor, además, porque, sin desestimar la curva de aprendizaje por la que ha atravesado el actual presidente Maduro en su gestión gubernamental, es innegable que su gobierno se ha tenido que enfrentar a diversos factores que, mal manejados en su momento, desgastaron poco a poco parte del tejido construido con anterioridad. Así pues, ante un claro cambio de personalidad, la agudización del bloqueo económico, la intensificación de las secuelas de la depresión de 2008, la caída, deposición o término de gobiernos latinoamericanos amigos, y el refinamiento de las luchas regresivas disfrazadas de Mesas de Unidad Democrática, la conciencia social generada en el chavismo se ve en permanente cuestionamiento de su carácter programático.
Venezuela no es Cuba: la revolución cubana se forjó a sangre y fuego en un ambiente en el que el aislamiento, el autorreferenciamiento, obligaba al cubano a verse a sí mismo, de frente, para reforzar los procesos políticos de los cuales dependían su autonomía y su propia existencia, tanto como individuo cuanto como integrante de una colectividad. Venezuela, por lo contrario, encontró origen a su principio identitario hasta finalizar el siglo XX, construyendo su identidad política no por referencia interna, de venezolano a venezolano, sino por medio de un amplio entramado de correlaciones con los diversos movimientos que a la vuelta del siglo inauguraron el ciclo progresista latinoamericano.
El cambio que comienza en la década de los noventa no fue, claro está, un simple trueque en los procesos burocráticos: más que cualquier cambio administrativo, el proceso que se potencia con Chávez supuso la transformación estructural del sistema de exclusión de las mayorías venezolanas, ya desde actos en apariencia solemnes —como las varias expropiaciones efectuadas— hasta la paulatina introducción de cambios en el modelo de producción y consumo en ciertos sectores.
Es cierto, no obstante, que el modelo productivo/consuntivo no se alteró en lo fundamental: la matriz imperante en Venezuela sigue siendo el extractivismo; en especial el de corte energético, basado en la extracción petrolera. Pues si bien Chávez fue enérgico en hacer frente al imperialismo Occidental: nacionalizando empresas de industrias estratégicas, avanzando en la reforma agraria, mejorando y ampliando el funcionamiento del sistema de salud, universalizando el acceso a educación, deteniendo al neoliberalismo que se pretendía instaurar por medio del ALCA, reorganizando la OPEP, y ofreciendo alternativas de Unidad regional a través del ALBA; también lo es dos décadas no fueron suficientes para alcanzar algo similar a la manera cubana de hacer socialismo.
Que Chávez refrendara su compromiso político con la sociedad venezolana (y viceversa) cada año a través de diversos canales con amplio margen, y el que Nicolás Maduro llegara a perder la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional y a afirmar su legitimidad lectoral con un porcentaje de 50,66% de votos en favor contra el 49,07% en contra ya dice mucho del desgaste que sendos sectores tradicionales del chavismo han sufrido —sin que todo se remita a errores del madurismo.
De aquí que sea imprescindible reconstruir ese tejido social sin el cual chavismo y madurismo no encontrarán las líneas de aire que les permitan sobrevivir a la arremetida democrática. Y ello, con o sin participación de Venezuela en la OEA, sólo se logrará en la medida en que el presidente Maduro logre mantener su posición contestataria, antiimperialista, actual sin que la retórica se sobreponga a una ejecución estratégica efectiva.
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Corea del Norte y el cerco militar estadounidense

Aunque quizá resulte banal reiterarlo, comparar el número de agresiones cometidas por Corea del Norte (cero), en contra de cualquier comunidad alrededor del planeta, con la cantidad y la intensidad con la que Estados Unidos ha destruido poblaciones enteras a través del recurso de la guerra, depuesto gobiernos mediante la retórica liberal en defensa de la democracia formal, la libertad, la seguridad y los derechos humanos, financiado y armado a grupos terroristas u organizaciones del crimen organizado trasnacional, e implantado dictaduras militares para asegurar la vida del neoliberalismo en cada latitud del globo; es un buen primer paso para observar en qué lado de la balanza se pesa la amenaza en contra de la humanidad.
En efecto, por avasallantes que el discurso gubernamental estadounidense y la propaganda mediática, propia y de sus aliados occidentales, se presenten: mostrando las similitudes que existen entre el comportamiento militar Norcoreano y el de los regímenes totalitarios de la Alemania nacionalsocialista, de la Italia fascista, la España franquista o la Rusia estalinista; elaborando perfiles psicológicos y de personalidad, medidos en grados de psicopatía, o bombardeando a los imaginarios colectivos con la interminable tautología de imágenes saturadas de lanzamientos balísticos y desfiles militares; lo cierto es que la experiencia histórica muestra a un Estado norcoreano aislado del mundo y a un Estados Unidos con presencia comercial, financiera y militar en cada rincón de la Tierra.
De aquí que la amenaza totalitaria, comunista y nuclear de Corea del Norte se presente dentro de las audiencias occidentales como un verdadero peligro para la humanidad entera. Porque lo que se (re)produce en las sociedades atlanticistas —y similares o derivados— es la permanente reafirmación de una ética particular, característica de la moral hipócrita de Occidente, que sistematiza, hace circular y encierra la distancia cultural vigente entre los modos de vida asiáticos y los modos de los herederos del Western y del American way of life como un rasgo inherentemente destructivo, psicópata y totalitario.
Y lo cierto es que si bien la construcción de este sentido común occidental respecto de los gobiernos del Sudeste asiático, en particular, y de todo aquello que no forme parte del bloque de sociedades que se autoafirman como hijos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, en general; se da al margen de cualquier intento de rememoración histórica: mediante una operación de permanente negación, vaciamiento y reconstrucción de ésta, también lo es que se inscribe dentro de la potencia con la que ciertos conceptos como libertad, democracia, igualdad, paz, estabilidad, etcétera; fundan el horizonte identitario, el excepcionalismo y la magnanimidad con los que Occidente se presenta a sí mismo, frente al resto del mundo, como el fin de la historia: como ese destino inevitable al que cualquier sociedad debe aspirar si se quiere asumir civilizada.
La cuestión aquí es, por lo tanto, que cuando los gobiernos de Europa y del Norte de América —o sus cajas de resonancia en sus respectivas periferias— afirman el peligro que presenta el régimen Norcoreano para la continuación de la vida en el planeta lo hacen invisivilizando, de manera deliberada, las ruinas con las que esos mismos gobiernos han saturado el sendero de la historia: desde el proceso de colonización hasta las guerras veladas en pos de la democracia. Pero además, lo hacen sacando de foco que la cuestión con Corea del Norte esconde objetivos estratégicos particulares que van más allá de la propia Corea; es más, Pyongyang es, en todo sentido, el menor de los problemas cuando de la península se trata.
Enmarcado en el contexto de la Guerra Fría, la península coreana siempre se presentó como un nodo geopolítico de vital importancia para que Occidente lograse el cometido de contener al comunismo soviético antes de que éste llegase a los mares del Sudeste asiático. Tanta fue la importancia concedida a esta pequeña porción territorial por los estrategas estadounidenses y europeos que, inclusive, a mediados de la década de los años cincuenta del siglo pasado produjeron una guerra con la pretensión de unificar lo que el terror comunista había dividido. El modelo se replicó en la península de Indochina.
Tras la caída de la Unión Soviética, la suposición más sencilla sería argumentar que, una vez vencida la amenaza, Corea del Norte no tendría que representar peligró alguno más allá de los que su propio programa armamentista implicase. Después de todo, por un lado, Japón, Corea del Sur y una docena más de países en el Sudeste de Asia ya se afirmaban como extensiones voluntarias de los intereses comerciales y militares estadounidenses en la región; y por el otro, de las varias repúblicas que se fundaron tras el suicidio de la Unión Soviética, las cinco del Asia Central de inmediato se fundaron como satélites Occidentales.
Es decir, en la lógica anterior, con tanto Estado satélite conteniendo a Rusia —y en menor medida, a China— directamente en sus fronteras, controlar el territorio Norcoreano —cuando Corea del Sur, por su posición geopolítica, cubre todos los requerimientos que podría cubrir la porción norteña de la península— ya sería más un capricho que una verdadera exigencia estratégica para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el planeta. Y en cierto sentido, hay algo de razón en lo anterior: alcanzar el territorio chino, desde la masa continental estadounidense, llevaría a Estados Unidos dieciséis horas; desde la isla de Guam, cinco; desde Okinawa, dos horas; y desde cualquiera de las Coreas, un par de minutos.
Y es que la velocidad de reacción ante una verdadera agresión en los márgenes del Sudeste asiático no es factor menor; no, por lo menos, desde la experiencia de diecinueve años de guerra en Vietnam. De ello dan cuenta tanto el Sistema de Defensa Área de Alta Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés) —que en breve comenzará a instalarse en territorio Sudcoreano y que, además, ya fue declarado por Rusia y China como una abierta amenaza a su seguridad nacional—, como los treinta mil soldados estadounidenses emplazados en Corea del Sur y los treinta y cinco mil destacados en Japón (más los efectivos propios de ambos países y los resultantes de las diversas alianzas militares y de defensa mutua). El agravante aquí es que en Asia se encuentran tres de los centros financieros más importantes e influyentes del globo: las bolsas de Corea del Sur, de Japón y de Taiwan.
 Así pues, si bien la Unión Soviética ya no existe, Rusia y China aún cuentan con las capacidades suficientes para enfrentar al bloque atlanticista en la región. Y es que, por un lado, aunque China es hoy la economía que mueve los flujos comerciales, productivos y consuntivos del mundo, sus principales carencias se encuentran en el terreno tecnológico —en especial en lo concerniente a sus aplicaciones militares. Y por el otro, aunque a Rusia le faltan los flujos de capitales que le sobran a los chinos, sus ventajas sobran en el desarrollo armamentista. La cuestión es, en consecuencia, que aunque separados no podrían hacer mucho, los capitales chinos y el desarrollo bélico ruso, juntos, son un factor de gran potencia.
No es azaroso, por lo anterior, que en el último lustro China y Rusia hayan profundizado sus acuerdos comerciales y de cooperación y transferencia técnico-científica en materia militar. Por lo pronto, y ante la respuesta de Donald Trump a los ejercicios militares Norcoreanos, Putin visitará China en mayo y Xi Jinping llegará a Rusia en julio. La convergencia de intereses —antes inexistentes por el peligro que el Maoísmo observaba en el imperialismo soviético en el Asia continental— no cabe duda, es profunda: China enfrenta a Estados Unidos desde el Mar de Japón hasta el Mar de la China Meridional; mientras que Rusia lo contiene en su avance —a través y en conjunto con la OTAN— desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro.
Así, la seguridad de uno se convierte en parte integrante de la seguridad del otro. Y más aún cuando de proyectos tan ambiciosos como la Nueva Ruta de la Seda china o los Gsoductos rusos Nord Stream & South Stream aseguran la concentración de capital para chinos y rusos. En última instancia, lo cierto es que la derrota de uno implicaría una avanzada más intensa, más avasalladora del cerco occidental sobre el territorio del otro. Y si bien ni Rusia ni China se comprometerán a un despliegue bélico en defensa del otro a la primera provocación, sí es previsible que sus maquinarias financieras y de guerra se engranen con el objetivo de no permitir una mayor presencia de sus antagónicos.
Corea del Norte podrá ser un territorio muy pequeño como para que cualquiera de los dos hemisferios se atreva a desatar una guerra frontal en la península. No obstante, su valor geopolítico no se encuentra en la posibilidad de ser un territorio que Occidente, en general; y Estados Unidos, en articular sea capaz de ocupar: a la manera en que Israel funciona en Medio Oriente. Más bien, lo que se pone en juego aquí es que la existencia misma de Corea —y no su destrucción— representa un increíble potencial de rentabilidad política: mientras exista y Occidente lo considere un peligro para la paz global Estados Unidos y sus aliados podrán justificar su presencia militar en la zona: desde el desarrollo de cada vez más potentes armamentos hasta el emplazamiento de más y más efectivos y sistemas de defensa que cierren el cerco en torno de los dos gigantes: Rusia y China.
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Geopolíticas imperiales: el Cuerno de África

No es una casualidad que los espacios con la mayor cantidad y cualidad de recursos naturales sean, también, los puntos de mayor profusión de la violencia en el mundo. Productos de las dinámicas globales de producción y consumo materiales, de la centralización y concentración de la riqueza económico-financiera, los territorios desde los cuales se extraen las materias primas que mantienen en permanente crecimiento la comercialización de mercancías se distribuyen alrededor del mundo como una red de nodos de los cuales depende el extractivismo del capitalismo global.
No es azaroso, por consecuencia, que para Occidente los espacios-tiempos de mayor diversidad natural sean, asimismo, ejemplos arquetípicos de lo que significa ser un Estado fallido: Estados-nacionales que, de acuerdo con los ideólogos de la métrica axial occidental, proveen un especio de inigualable fertilidad para la proliferación de grupos terroristas, de redes dedicadas al crimen organizado internacional y de una vastedad de amenazas a la paz y la estabilidad de continentes enteros. Así pues, si bien es cierto que la importancia geopolítica y geoestratégica de una porción territorial se encuentra determinada por su funcionalidad para mantener la acumulación de capital en los centros neurálgicos de la economía-mundo, también lo es que esas porciones lo mismo se encuentran en la más remota y aislada comunidad indígena en América Latina que en la amplitud de los márgenes político-administrativos de una entidad estatal en el sudeste asiático.
 Por supuesto, dentro de la lógica y el discurso occidentales, las razones de ser y las causalidades que originan a cualquier estado fallido, alrededor del mundo, siempre son tautológicas, autorreferenciadas en el sentido de que tanto unas como otras se validan por remitir a la misma serie de juicios de valor, al mismo conjunto de operaciones explicaciones causales que hacen del tercermundismo, del subdesarrollo, de la barbarie y el atraso las fuentes últimas de toda desgracia que ocurra dentro de las fronteras del Estado en cuestión.
En este sentido, un Estado fallido lo es debido a que sus instituciones públicas son débiles, a que sus instrumentos de participación política son insuficientes, poco actuales y viciados de origen; a que la construcción de ciudadanía aún se encuentra en ciernes, a que carece de una clase política profesional que se encargue de dirigir al país, a que la barbarie de su pasado colonial aún no es superada por la modernidad y el progreso y, sobre todo, a que el modo de producción, en su conjunto, aún no se encuentra organizado de la manera en que lo está en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera. Por eso un Estado fallido siempre es producto de sí mismo, de su resistencia a civilizarse y modernizarse.
Fuera de foco queda, en tales explicaciones, el valor geopolítico con el que se reviste a cada territorio. Y más aún, cuando el espacio-tiempo del mismo es, por su posición en el globo terráqueo, disputado por diversos Estados-nacionales, grupos empresariales, comunidades autóctonas y estratos sociales. Tal es el caso de aquellos espacios de los cuales se extraen diversas materias primas estratégicas para sostener el patrón de producción y consumo globales: los minerales estratégicos, por ejemplo; denominados así por el grueso de las economías centrales debido a que de su obtención depende el funcionamiento de grandes porciones de una o varias industrias, aunque de manera primordial aquellas relacionadas con la informática y el desarrollo de tecnologías de punta. Pero no sólo, pues lo estratégico de cada recurso natural deviene de su importancia tanto para la satisfacción de las necesidades de una población determinada cuanto para la exponenciación del lucro obtenido por su comercialización.
África, por lo anterior, es un continente en permanente disputa por los grandes capitales y complejos estatales, científicos y militares de todo el mundo: su masa territorial concentra alrededor del 81% de las reservas de cromo globales; pero también, y en la misma escala planetaria, alberga más del 50% de los yacimientos de cobalto, 52% de las reservas de manganeso y 13% de las de titanio: todos, materiales de vital importancia para la producción de gran maquinaria, en general; pero para el continuo desarrollo de aleaciones metálicas imprescindibles para las industrias de las telecomunicaciones, aeroespacial y militar, en particular.
Estados Unidos, por ejemplo, de un listado de sesenta elementos indexados, tanto por los Departamentos del Interior y de Seguridad Nacional como por la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso, como minerales estratégicos para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el mundo, depende en más del 60% de sus importaciones de treinta y nueve elementos —de los cuales, veintitrés se encuentran en el rango de 90% a 100% de dependencia del exterior. A ello se suman las reservas de oro y diamantes, las forestales, las acuíferas y, por supuesto, las concernientes a la enorme diversidad de especies animales y vegetales de las cuales dependen los complejos farmacéuticos.
Ahora bien, si se entiende que la operación de los servidores que permiten el funcionamiento del internet dependen del cobalto, que la producción de smartphones lo hace del litio y del cobre, que la industria eléctrica y la automotriz lo hacen del cromo, del titanio y el aluminio; que la síntesis de vacunas y nuevos medicamentos para viejas y nuevas enfermedades lo hace de los químicos presentes en diferentes especies de flora y fauna, etc., se comprende, también, que son imprescindibles, por un lado, la participación del capital privado en las cadenas de producción y suministro de las materias primas y sus derivados; y por el otro, el aseguramiento, tanto presente como futuro, de los espacios en los que se encuentran los recursos naturales, de la actividad empresarial, y de las rutas por las cuales transitan esas mercancías.
De aquí que el número de actores, de poderes, locales, nacionales y extranjeros en confrontación en un espacio-tiempo de vastos recursos naturales sea un factor definitivo en la comprensión de los porqués de los Estados fallidos. Porque contrario a las posiciones mainstream en torno del tema, lo fallido de cualquier Estado no es una condición dada en los genes de los individuos que conforman su sociedad. Más bien, lo que se encuentra en juego en cada uno de esos Estados es la posibilidad de que unos u otros poderes controlen la actividad productivo/consuntiva que se deriva de los recursos naturales albergados en el territorio, de la posición de tránsito del mismo, o de ambos.
Tal es el caso de Somalia, en África, un país localizado en el Cuerno de aquella masa continental que, sin importar el índice —cuantitativo o axial— al que se recurra, siempre se coloca dentro de las últimas diez posiciones del total de la muestra abarcada: ya sea en sus niveles de corrupción, de violencia, de empobrecimiento, de alimentación y salud, de educación, de ingresos monetarios, etcétera.
El caso de Somalia, lejos de representar una excepción a la regla dentro de los mecanismos que las grandes economías occidentales emplean para fabricar Estados fallidos, significa un caso paradigmático que ejemplifica la enorme cantidad de intereses en juego y la violencia tan avasalladora que se emplea para asegurar esos mismos intereses. En primera instancia, al margen de las reservas de recursos biológicos y otros minerales estratégicos con las que cuenta el país, Somalia alberga enormes yacimientos de gas y petróleo que colocan a su territorio como una de las principales fuentes de energía tanto para Europa como para Asia, después de todo, África, en términos de extraxctivismo, funciona para esas dos masas continentales a la manera en que América Latina lo hace para Estados Unidos.
En segundo lugar, su posición geográfica es estratégica para mantener las rutas comerciales marítimas que conectan a Asia y a Europa por el océano Índico: tanto, que sólo otros siete puntos alrededor del mundo gozan de la misma condición que este país. En efecto, colindando al Norte con el Golfo de Adén, Somalia es uno de los tres territorios — junto con Yibuti y Yemen— de los cuales depende que el oil transit chokepoint de Bab el-Mandeb permanezca abierto al tráfico comercial que rodea a la península arábiga y que conecta al sudeste asiático con el mar Mediterráneo.
Esa posición no es nada despreciable en términos geopolíticos: únicamente por concepto de tráfico petrolero, por el estrecho de el-Mandeb se mueven 3.8 millones de barriles diarios y transitan entre doscientos y trescientos millones de toneladas del hidrocarburo. Nada más los estrechos de Malaca, entre Indonesia y Malasia, y de Ormuz, entre los golfos Pérsico y de Omán, mueven mayores cantidades de energéticos de las que se mueven por las costas somalíes. De aquí que cualquier alteración en los flujos comerciales de las rutas que atraviesan el estrecho hacia o desde el canal de Suez implique la posibilidad de cortar el abastecimiento de energéticos a ambos lados del océano Índico, pero también, el encarecimiento de los costes de transportación, toda vez que sería necesario rodear al África o trasladar las mercancías por las conflictivas tierras del Oriente Medio.
Basta con observar los actores que se encuentran en disputa en la zona para percibir la manera en que, desde hace por lo menos una década, empujan el reacomodo de las orbitas geopolíticas de los grandes imperios en la zona. Por un lado, la presencia de Estados Unidos es indiscutible en el Cuerno de África desde la crisis de Suez. Con presencia de capitales privados y bases militares permanentes, la Caída del Halcón Negro y el hecho de que nueve (de nueve) presidentes somalíes hayan estado directamente vinculados con los servicios de inteligencia estadounidenses, hayan sido ciudadanos o empresarios de la misma nacionalidad no son más que el corolario de una larga historia de dominio colonial mantenida desde el Congreso de Berlín, en 1885.
Por supuesto no es, por ello, azaroso el que la intervención militar directa de Estados Unidos se haya dado dos años después de haber encontrado grandes yacimientos de hidrocarburos. Como no lo es, tampoco, el que las dos presidencias de Barack Obama se hayan caracterizado por el incremento permanente de presencia militar en el país, por la intensificación de los ataques en contra de civiles por vehículos no tripulados y por la profusión de ayuda humanitaria materializada en armamento y entrenamiento militar.
Pero Estados Unidos no es el único Estado interesado en mantener su hegemonía en la zona. A la intensificación de las operaciones especiales estadounidenses en la zona han seguido, por un lado, el posicionamiento de bases militares chinas en la vecina República de Yibuti —bastión militar estadounidense por antonomasia. Por supuesto la diplomacia China disfrazó el acto de la misma manera en que lo suelen hacer Francia, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido: apeló a un nombre políticamente más correcto y afirmó que la Base Logística solo serviría para propósitos humanitarios ligados al actuar de los cascos azules. Está demás señalar que el-Mandeb implica una importancia geoestratégica tan importante para china como la que representa Malaca.
Por el otro, y previsiblemente como respuesta a la expansión china en la zona, siguieron, también, tanto el reforzamiento japonés de la que también es su primera base militar de ultramar como la construcción de una base en la zona por parte de los saudíes. Y si bien la presencia militar japonesa es respuesta directa a la china, mientras que la saudí lo es a la influencia iraní post-acuerdo nuclear, ambas acciones se concatenan con la sangrienta intervención armada de Saudi Arabia en el vecino Yemen.
Somalia, Yemen y Yibuti son territorios indispensables para mantener cualquier orbita geopolítica imperial en la zona. Y la cuestión de fondo es que lo fallido que Occidente observa en ese Estado no cesará de regir en tanto la confrontación de los intereses comerciales que envuelven a la ruta comercial de el-Mandeb tampoco cese. Utilizar el argumento de combatir a la piratería local como pretexto para intervenir la zona en forma militar —cuando la piratería en el Cuerno de África es a Somalia, en tiempos de Trump, lo que Al-Qaeda fue a Afganistán en tiempos de Nixon— no hará más que escalar los dispositivos mediante los cuales se sigue empobreciendo a las poblaciones locales y fortalecer a los Señores de la Guerra que aplican dichos dispositivos.
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Operación Venezuela Free-2: democracia e intervención militar

No es secreto que la acepción dominante que se tiene sobre la idea de democracia es avasallante en el sentido común de sendos sectores de la población mundial a pesar de ser un constructo que, en su pura y vacía enunciación, vela dinámicas sociales más densas y profundas, en torno de las cuales ese common sense articula concepciones de libertad tan abstractas que se da por sentado que la cotidianidad de la vida humana se desarrolla fuera de cualquier dispositivo de sujeción; abstraída o ajena a cualquier tecnología de poder capaz de dirigir el comportamiento comunitario e individual.
La democracia, en ese sentido, lleva mucho tiempo construyéndose alrededor de la idea de que los individuos son libres de elegir a sus representantes populares; que quienes resultan electos son detentores legítimos de una suerte de mandato comunitario general; y que la trasferencia de voluntades desde el vulgo hacia sus clases ilustradas es una cesión de derechos y obligaciones —pero también de virtudes y escalas axiales— incorruptibles, inmodificables, intransferibles e imperturbables. La democracia, pues, es reproducida en las conciencias colectivas, de manera sistemática, a partir del encadenamiento, de una serie de verdades tautológicas, autorreferenciadas.
Así, en toda democracia de corte occidental la libertad es verdadera por que también es verdadero el hecho de que el individuo tiene la posibilidad, el ejercicio efectivo de elegir entre una variedad finita de opciones electorales; pese a que esas opciones siempre se extraen de los mismos estratos sociales, bajo las mismas formulas y directrices de designación y, sobre todo, como resultado de un proceso de preselección e imposición. La legitimidad de esta operación, por su parte, es verdadera porque verdadero es el proceso de transferencia de la voluntad individual y popular; toda vez que quien resulta electo estaría aceptando, de antemano y por el tiempo-espacio que comprenda su mandato, renunciar a sí mismo con tal de ser un mero portador de una identidad y una historia que le es ajena.
A manera de simplificación, lo verdadero lo es sólo por la verdad contenida en ello; sin importar los procesos, las dinámicas y las escalas sociales desde las cuales surgen, se (re)producen esas verdades evidentes, de sentido común. El problema, no obstante, es que la verdad no es una propiedad de los objetos, los sujetos o las relaciones que se establecen entre ellos mismos o entre los primeros y los segundos. Por lo contrario, la verdad es un campo de generalidad, un espacio y una relación de poder construida a partir de un conocimiento, de un saber específico; siempre soportado, mantenido y ejecutado a través de una red mucho más amplia, general y difusa de canales institucionales.
La democracia occidental, de corte liberal, procedimental, electoral, representativo, por lo anterior, no es verdadera porque esta propiedad le sea inherente, sino que se impone, se discurre y se formaliza como verdad porque la matriz desde la cual es engendrada como tal descalifica, elimina, minimiza, aísla o excluye al universo de posibilidades democráticas que no son una continuación o la mimesis perfecta de la definición, de los valores y los ciclos procedimentales que la sustentan en Occidente. Y por ello, asimismo, se argumenta que la manipulación mediática, el direccionamiento de las conciencias de los individuos sólo es posible fuera del marco de la democracia auténticamente occidental: porque, de acuerdo con la lógica de Occidente, sólo el comunismo cubano, el socialismo latinoamericano, el sovietismo ruso, el fundamentalismo islámico, etc., son capaces de adoctrinar mentes, de crear posverdades —lo que sea que eso signifique para los posmodernistas que elaboraron la palabrita—, de reproducir fake news o de influenciar las decisiones originales de los electores sustituyendo su voluntad propia por una ajena.
Por eso, para las sociedades producto del pacto intelectual que defiende la triada liberté, égalité, fraternité, las palabras y las cosas sólo están cargadas con un sentido amoral, con un campo semántico perverso cuando ellas provienen de espacios-tiempos diferentes a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania o similares. Y entonces, cuando en América Latina se discurre sobre la democracia obedencial, sobre la democracia del pueblo o con justicia social (más que como mecanismo de elección periódico), en Occidente el discurso se traduce como verborrea populista, en el mejor de los casos; o como pura y llana ignorancia sobre qué es democracia, en el peor.
La República Bolivariana de Venezuela, a propósito de lo anterior, es un caso paradigmático al momento de observar los canales a través de los cuales, en las sociedades desarrolladas, se interiorizan series y series de discursos articulados a un único proyecto de civilización que subalterniza a todos los demás. Así, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió suspender las prerrogativas de la Asamblea Nacional —a causa de una violación constitucional cometida en la toma de protesta de tres asambleístas en las últimas elecciones—, pese a haber sido un fallo supeditado al estricto seguimiento de los ordenamientos jurídicos y la legalidad que la oposición venezolana argumenta proteger de los embates del autoritarismo chavista, fue condenado sin ambages como un auto-golpe de Estado.
Porque, de acuerdo con sociedades autodeclaradas auténticamente democráticas y respetuosas de los derechos humanos—México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia; baluartes del neoliberalismo en la región, by the way—, la decisión rompe con un sistema de pesos y contrapesos pensado para evitar cualquier rastro de autoritarismo. Macri, para este discurso hipócrita en defensa de la democracia latinoamericana, es un presidente demócrata pese a haber ejecutado cada política pública en sentido contrario a las propuestas de su campaña; Temer, aunque llegó a la presidencia marcado por su participación directa en los mismos casos de corrupción de los que se acusó a Rousseff —orquestando un proceso legislativo viciado de origen— sigue siendo un presidente legítimo y constitucional; y Enrique Peña Nieto, con todo y que llegó a la presidencia con el voto del 38% del electorado (20% de la población total), que ya superó los índices de homicidio de su antecesor, Felipe Calderón, y con todo y que su agenda de reformas estructurales sigue siendo rechazada por sendos sectores sociales, de manera permanente, se sigue presentando como legítimo detentor de la soberanía popular, fiel defensor de los derechos humanos, y portavoz de todos los mexicanos.
En forma más sínica aún, los gobiernos de estos países acusan el resquebrajamiento del orden constitucional venezolano, condenan la lamentable decisión del Tribunal Supremo y hacen votos porque la comunidad internacional interceda por la sociedad venezolana ante el autoritario chavismo de Nicolás Maduro fingiendo que sus propios presidencialismos no son producto de la ininterrumpida cooptación de otros poderes públicos y órdenes de gobierno: fingiendo que el corporativismo, el clientelismo, y la permanente rotación de políticos en posiciones locales y federales, en centrales sindicales y ministerios de Estado, en puestos de elección popular y gerencias de grandes capitales privados son pura fantasía de anarquistas, comunistas y socialistas que pretenden desvirtuar lo virtuoso.
Pero hay algo más, en mayor o menor grado, dependiendo del gobierno del que se trate, más allá de la evidente afinidad neoliberal que los identifica como parte de un mismo bloque regional, los primeros gobiernos en fila para amedrentar a los productos de ciclo latinoamericano de izquierda progresista se encuentran hermanados por el hecho de ser consecuencia directa del intervencionismo estadounidense. Y Venezuela, de nueva cuenta, gracias a la enorme cantidad de sus reservas energéticas, es una pieza estratégica para mantener la dominación de espectro completo de Estados Unidos en la región.
El 25 de febrero de 2016, pocos meses después de que se llevaran a cabo las últimas elecciones parlamentarias en Venezuela, el Almirante Kurt W. Tidd, Comandante del U.S. Southern Command (SouthCom) de Estados Unidos, presentó un documento de inteligencia titulado Venezuela Freedom-2 Operation —elaborado con la cooperación de la Organización de Estados Americanos— en el cual la tesis central es básica del imperialismo estadounidense: implementar una enfoque de cerco y asfixia sobre la sociedad y el gobierno venezolanos que termine por deponer el actual orden social.
El texto, en sí mismo, no es extraordinario, o algún tipo de excepción a la regla dentro de la doctrina castrense de Estados Unidos. Por lo contrario, es uno más del millar de planes que anualmente se producen en los centros de inteligencia del país con miras a intervenir en diferentes espacios-tiempos del globo terráqueo. El que en éste se cuente con la participación directa de la OEA en su elaboración, y con la de varios miles de organizaciones de la sociedad civil para instrumentarlo y operacionalizar su contenido, tampoco lo es.
Más bien, lo que llama la atención del informe es lo específico de sus acciones. Dividido en dos secciones: una fase preparatoria de las condiciones que posibiliten la deposición del gobierno y una más de concreción, dominio y reconstrucción social bajo la óptica neoliberal, al mando de Estados Unidos; el documento coloca un fuerte énfasis en que el logro de los objetivos planteados depende, en su mayoría, a una efectiva campaña mediática que permita instalar en la conciencia de diversas poblaciones un sentido común sobre el carácter autoritario, despótico y nocivo del gobierno de Maduro.
Por ello, en los cinco puntos que componen la etapa preparatoria del contexto priman: a) evidenciar el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro; b) emplear el mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que justifique el desarrollo de la política venezolana de Estados Unidos teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América; c) aislar a Venezuela de la comunidad internacional y descalificar a su gobierno como un sistema no democrático, que no respeta la autonomía y la separación de poderes; d) generar un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y; e) colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU.
La idea aquí es vieja y, de hecho, se encuentra en el fundamento mismo de la Carta de las Naciones Unidas: la intervención extranjera con carácter humanitario, y la deposición de gobierno por medio de la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de sus gobiernos (R2P). Por eso no sorprende que la OEA se encuentre en una intensa campaña de promoción de la carta democrática, o que presidentes en funciones y exmandatarios de corte liberal rindan pleitesía a Luis Almagro con su propuesta.
La cuestión es que la comunidad de inteligencia estadounidense no es ingenua: dentro del propio reporte se reconoce que si bien se busca transitar por un camino velado en la legalidad y el sistema electoral, es imperante comenzar a recurrir, de manera más intensa, a movilizaciones de calle, de grupos empresariales y disidentes en el ramo castrense. Por ello se plantea la necesidad de emplear diversos componentes operacionales del SoutCom: el Comando de Operaciones Especiales Sur, el Joint Task Force-Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur; que prioricen el empleo de fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica —establecidos en la directriz Joint Vision 2020.
Así, operar una serie de protestas y escenarios que desestabilicen a la población, a través de la opositora Mesa de Unidad Democrática, se vuelve indispensable: porque si bien la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución de la Operación Venezuela Freedom-2 se encuentra a cargo del Comando Conjunto estadounidense, el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas; de ahí que los costos de la intervención armada sean transferidos a esta coalición.
Bajo esta perspectiva, el enfoque a aplicar por el Comando Sur se emplea bajo la estrategia de cerco y asfixia: utilizando a la Asamblea Nacional como tenaza que, previo a la caída de Maduro, obstruya la actividad gubernamental del resto de los poderes públicos; que en el proceso de transición asegure un gobierno de coalición con fuerzas empresariales y grupos políticos afines a Estados Unidos; y que tras el golpe impida que las fuerzas chavistas se reagrupen. Por eso se insiste en que se debe debilitar el núcleo ideológico del chavismo heterodoxo filiando su doctrina a las peores concepciones comunistas del siglo pasado; como una ideología opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado.
 Claro que todo esto no es nuevo. Desde la muerte de Hugo Chávez el cerco en torno de Venezuela se ha ido acrecentando y aproximado cada vez más. La crisis humanitaria en la que se encuentra ahora el país, debido a la escasez de diversos productos y servicios, por ejemplo, no es cuestión de pésimas decisiones gubernamentales (por lo menos no en solitario). De suyo, dicha crisis lleva impresa la marca que los cubanos han vivo durante medio siglo: un férreo bloqueo comercial que, como sucedió con Salvador Allende, en Chile, de la mano de la burguesía nacional crea un ambiente de escasez artificial.
De aquí que, cuando pomposamente se acusa al régimen autoritario de Nicolás Maduro sea imperante lograr distinguir que la batalla por la democracia en Venezuela no es un asunto de votos, casillas y procedimientos de pretendida libertad electoral: lo que se juega en el país es mucho más que eso. Y la realidad es que si esta sociedad aún no sucumbe no es —por lo menos no en su parte toral— debido a las decisiones gubernamentales —por demás desatinadas en algunas ocasiones, dogmáticas en otras, carentes de contenido crítico, en las más—; sino al proyecto compartido de millones de venezolanos consientes que el tema no es la democracia, sino las múltiples democracias que cada sociedad se puede dar; todas con un contenido social y político diferente.
En la defensa de las democracias alternativas de América Latina, por supuesto, no se trata de ser dogmático con sus gobiernos: intentando defender lo indefendible en sus errores y exaltando sus aciertos. Simple y llanamente se trata de saber cómo, cuando se trata de las reivindicaciones latinoamericanas, la historia de asedio se repite invariable. Los mecanismos de desestabilización cambian de acuerdo al contexto en el que se den, cierto. Sin embargo, el manual de operaciones sigue siendo el mismo. Y es que cuando se trata de las venas abiertas de América Latina, la historia tiene un gran peso que, por ningún motivo, debe ser demeritada, ni mucho menos menospreciada sólo porque la agresión directa se encuentra velada por el sentido común de palabras vacías como libertad y democracia.
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La conquista de la conciencia por las armas y la hegemonía estadounidense

No deja de ser un hecho trágico el que la reacción general ante la propuesta del presidente estadounidense de incrementar cincuenta y cuatro mil millones de dólares al gasto en defensa de su país sea el de la interminable tautología de los peligros que representa el relanzamiento de una nueva carrera armamentista; como haciendo que el mundo retorne a los años de la Guerra Fría. Ello, no porque toda empresa militar no suponga un riesgo, por lo menos, para algunas poblaciones que habitan el planeta, o porque no conlleve la posibilidad de extinguir la vida alrededor del orbe. Más bien, es trágico porque muestra, por un lado, el completo desconocimiento de la cerrara armamentista en curso; y por el otro, lo catastrófico de interiorizar la violencia armada y la amenaza nuclear permanentes como condiciones sine qua non de pacificación y estabilización social.
Y es que, en efecto, basta con mirar las primeras planas de la prensa mainstream —como The New York Times, El País, Le Fígaro, The Economist y The Financial Times— para advertir el tono catastrófico con el que la noticia del presupuesto militar estadounidense es tratada; reproduciendo la falsa concepción de que la era anterior a la presidencia de Donald Trump es la del paradigma pacifista, concertacionista y colaboracionista que caracterizaría a Estados Unidos; esto es, el tiempo de la diplomacia, los acuerdos institucionales y la cooperación internacional para el desarrollo como núcleo axiológico que rige la manera en que la mayor potencia militar del orbe se relaciona con el resto de los Estados-nacionales.
La cuestión es que cada señalamiento que se esgrime para acusar al presidente estadounidense de forzar una carrera armamentista que traería consigo de vuelta a las peores experiencias bélicas de la Guerra Fría se sustenta, de un lado, en la afinidad ética que el observador establece con los responsables de las políticas públicas; y por el otro, en el carácter relativo que la comparación del actual presupuesto con los de Barack Obama expresa. Así pues, no deja de llamar la atención que, pese a que el incremento presupuestario de Donald Trump no es, ni de lejos, el de mayor envergadura en todo lo que va del siglo XXI, sí es el que más se condena. Pero no porque en esta ocasión Trump esté introduciendo cambios cualitativos o cuantitativos monumentales en el aparato de seguridad de su país, sino porque el vínculo ético que los observadores establecen con peste es el del pleno rechazo a la personificación de todo lo que se supone no son los valores occidentales de igualdad, libertad, multiculturalidad, tolerancia y democracia.
El sesgo, siempre objetable, que se presencia en términos del armamento nuclear que amenaza la continuidad de cualquier forma de vida en la tierra lo ejemplifica. De los ciento noventa Estados parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, de 1970, cinco, pese a haberlo firmado y ratificado, poseen los inventarios más cuantiosos de armamento nuclear en todo el globo. Tres de ellos, por supuesto, son democracias occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido); y sólo dos forman parte del antagonismo histórico a todo lo que representa Occidente (Rusia y China). La cuestión de fondo aquí es que, para ese mismo Occidente, sólo los armamentos de Rusia y China —aunado a los de Corea del Norte, Irán y Sudán del Surson sinónimo de un estado de permanente inseguridad; la indisoluble amenaza que atenta con extinguir toda forma de vida civilizada que no congenie con el autoritarismo inmanente de sus regímenes políticos. Pero por cuanto a las cabezas nucleares de los otros tres miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —adicionales a las de Israel—, la ecuación se invierte: la afinidad ética de los analistas y las poblaciones Occidentales observan en esas armas la garantía de la paz y la estabilidad globales.
Lo mismo ocurre, claro está, con el resto de los componentes que conforman los complejos científicos-militares de cada Estado. Los ejércitos de occidente son la garantía que preserva la continuidad de la democracia frente a sus enemigos ideológicos, las aplicaciones bélicas de agentes químicos en Estados Unidos e Israel son la póliza de prevención ante las armas biológicas de sus enemigos, y las guerras, siempre declaradas bajo la bandera de la libertar, la igualdad y la fraternidad entre los humanos y sus sociedades son las guerras del estándar moral que toda la humidad debe seguir; so pena de ser objeto de una campaña bélica en caso de negarse.
El problema con el razonamiento anterior es que ignora, niega e invizibiliza el hecho de que en la aplicación de la técnica bélica por parte de una sociedad sobre otras lleva, de suyo, la puesta en marcha del proceso de imposición de un proyecto civilizatorio construido sobre y alrededor de una única expresión subjetiva: la del vencedor. De aquí lo trágico y lo verdaderamente catastrófico que es el que la humanidad se encuentre inmersa en una lógica que concibe en la servidumbre la igualdad formal entre los individuos, en la desigualdad, la igualdad; en la guerra, la paz; en las elecciones dirigidas, la democracia; en las dictaduras latinoamericanas, democracias populares y; en la violencia de las armas, la tranquilidad de la seguridad individual.
De lo anterior se deriva, también, la falacia inscrita en el cortoplacismo de los análisis que comparan a los gobiernos de Obama con la gestión de Trump. Porque ignoran que ya durante su gestión, el entonces presidente Obama, con la venia del Congreso, gastó en seguridad y defensa más de lo que la administración Trump tiene contemplado erogar; o que el propio Barack Obama —premio Nobel de la Paz— ya contemplaba un incremento de treinta y cinco mil millones de dólares, en ambos rubros, para su último año fiscal. Por ello, incluso si el Congreso aprueba a Donald Trump un excedente de cincuenta y cuatro mil millones de dólares, en términos absolutos, dicho incremento únicamente representará alrededor de diecinueve mil millones de dólares más de lo que Obama gastó.
Y aún hay más. Incluso si la erogación propuesta por Trump se hace efectiva, ello no cambia en nada el hecho de que hoy, a diecisiete años de comenzado el siglo XXI, Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de poseedores privados de armas. En este sentido, Estados Unidos, con únicamente el 4.43% de la población mundial ostenta el 43% del total de armas de circulación legal alrededor del mundo —la cifra ilegal es más difícil de establecer. Y lo cierto es que ello no sorprende: la industria armamentista le reditúa a la economía estadounidense más de seis mil millones de dólares anuales y alrededor de doscientos mil empleos directos en el país.
Quizá por todo lo anterior valga preguntar si la solicitud presupuestal del presidente Donald Trump es realmente un cambio cualitativo en la operación del aparato de inteligencia, de seguridad y de defensa estadounidense o si la atención que dicho acto recibe se debe más a la aparente negación, que su persona representa, de todo cuanto Occidente significa —y sí, aparente, porque en otras latitudes de Occidente las formas de Trump son replicadas bajo criterios políticamente más correctos.
Después de todo, con el 22% del Producto Interno Bruto global, Estados Unidos sigue siendo, el Estado con la mayor erogación en ámbitos de inteligencia, militares y de defensa: su gasto en estos rubros es de poco más de un tercio de las participaciones globales, muy por encima de los presupuestos de la Unión Europea, Rusia y China juntos, constituyendo otro tercio; y del tercio restante en el que se engloban al resto de los Estados. Por eso no sorprende que, contrario a lo que señala la sabiduría popular, sean las democracias occidentales —esas que más afirman defender la libertad, la paz, la igualdad y la fraternidad entre las naciones— las que concentren arriba del 68% del total mundial en gasto bélico —apenas doce puntos porcentuales por debajo del máximo erogado en 1995.
Estados Unidos no ha dejado de abultar su presupuesto bélico en todo lo que va del siglo XXI. Desde los atentados del 11 de Septiembre, el gobierno federal ha mantenido el promedio de seiscientos mil millones de dólares dedicado a ese rubro. Y un punto interesante aquí es que, por un lado, arriba del 60% de ese gasto se va a la renovación constante de equipo como tanques, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos etc.; y por el otro, que un porcentaje similar sea el que concentra la Armada, por encima del ejército de tierra y aéreo.
El dato del gasto en equipo es interesante porque pone en perspectiva lo importante que es la industria militar, en un proceso de constante e interminable renovación, para mantener activos grandes flujos de capitales —que Estados Unidos sea el primer exportador de armamento no es fortuito. Pero el segundo dato es aún más interesante porque permite visualizar la manera en que ha crecido la potencia marítima estadounidense en un mundo en el que, de acuerdo con las directrices castrenses de sus colegios de guerra, la principal condición para mantener la existencia de Estados Unidos es asegurar los flujos económicos y financieros de todo el mundo. Así pues, si la prioridad manifiesta de la administración Trump es potenciar la actividad comercial de su país, el correlato oculto de esa narrativa es la exigencia de asegurar militarmente los puntos de extracción de materias primas, de maquilación de manufacturas y de mercados de importación.
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