Entre masculinidades asesinas y feminicidios

Si se le observa con un fondo de contraste como el que ofrece permanentemente el combate armado directo en contra del narcotráfico, el asesinato de Mara Castilla no parece ser un caso excepcional, con muestras de mayor brutalidad que el que mostraron los más de dos mil feminicidios anuales cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón, o los más de dos mil quinientos anuales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Después de todo, en aquellos sucesos, a diferencia de éste que en el presente mantiene ocupadas las plumas de los principales opinólogos nacionales, la mutilación del cuerpo femenino fue una constante que año con año se perfeccionaba en sus técnicas y procesos para supliciar y mostrar el cuerpo torturado.
Por eso, quizá, uno de los rasgos que más comienza a llamar la atención sobre el asesinato de Mara Castilla es la resonancia con el que éste se ha posicionado tanto en la agenda de los medios cuanto en el propio debate público nacional. Es claro que este no es el primero, el único o el principal evento que llega a ambos espacios y los satura: las miles de imágenes que saturan la red de inmediato vienen a la mente para recordar que la regla y sus excepciones cuentan con muestras representativas en diferentes espacios y tiempos de los últimos doce años (o más, si se introduce en el debate a casos tan avasallantes como la prolongada experiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua).
En este sentido, resulta importante no perder de vista que el factor exponencial en este feminicidio es el hecho de haber ocurrido en una de las situaciones más cotidianas y próximas a una inmensa generalidad de personas, y de mujeres, en particular: abordar una unidad de transporte personal privado. Y es que, para todos sus efectos, las varias experiencias históricas en el país dan muestra de que suelen irrumpir con mayor intensidad en lo público en proporción a la percepción de vulnerabilidad en la que se sientan las personas.
De tal suerte que, entre mayor es la sensación o la probabilidad de encontrarse en una situación similar a la que desembocó con el hecho violento mayor es la reacción inicial de la población. Los miles de feminicidios de Ciudad Juárez, por ejemplo, no estallaron en la Ciudad de México durante mucho tiempo porque la sensación era que aquella ciudad fronteriza era un enclave con condiciones sociales excepcionales irreproducibles en otras latitudes. De hecho, estos sucesos solo cobraron relevancia en la medida en que la presencia de la guerra contra el narcotráfico replicó, con un relativo grado de indiscriminación, el peligro que se creía propio e irrepetible de Juárez.
Que a Mara Castilla la despojaran de su vida en una unidad de transporte, gestionada a partir de un modelo de negocios cada vez más aceptado, y cuyos protocolos de seguridad para sus usuarios se daban por sentados, incuestionados; pero sobre todo, en una situación similar a la de Mara, en la que este tipo de transporte representa una opción viable para reducir su exposición personal a un hecho violento, por supuesto estalló en los rostros de sus usuarios.
Las reiteradas declaraciones de quienes protestan, en marchas o no, que señalan la presencia de un miedo generalizado, y más aún, que indican la latencia de ser víctimas de un delito al caminar solas por la calle, a usar el transporte, a realizar actividades cotidianas que requieran ocupar o transitar el espacio público, en amplio sentido, no son simples espacios comunes. Por lo contrario, son indicadores muy concretos de lo próxima que se siente la amenaza a la cotidianidad de quienes esgrimen tales narrativas.
Ahora bien, de estas precisiones es posible extraer una primera reflexión entorno de las estrategias que se deberían estar implementando para evitar que eventos así ocurran sistemática o esporádicamente: cualquier acción que se precie de su efectividad debería ser capaz de reducir esa potencialidad siempre latente en las mayores escalas alcanzables. Ejercer acción penal en contra del agresor particular resuelve el evento de su víctima, pero no el del resto de la población.
El problema es que lograr tales resultados, en lo que respecta a los casos de feminicidios, no es algo fácil, de entrada, por el solo hecho de ser una problemática atravesada por un debate de mayor profundidad que gira en torno de las relaciones sociales que se desarrollan entre los géneros.
En este sentido, es preciso interpelar tres de los posicionamientos más recurrentes y aceptados en el debate público actual.
Primero, es imprescindible rechazar toda política segregacionista entre los géneros. Pugnar porque el género femenino reduzca (a través del aislamiento) el estado de vulnerabilidad al que esta sociedad machista y falocéntrica lo somete de manera permanente no resuelve el problema de fondo. Contar con transportes rosas (ya desde el color la reproducción de estereotipos se hace patente), exclusivos para mujeres es una de esas prácticas de segregación que año con año los distintos niveles y órdenes de gobierno mexicanos van ampliando y profundizando. Sin embargo, lejos de reducir las posibilidades de que se cometa alguna agresión en contra de cualquier mujer, este tipo barreras (simbólicas y materiales) lo único que hacen es ofrecer un paliativo que, en el mejor de los casos, funciona sólo para el tiempo y el espacio en el que se realiza el viaje.
  La cuestión de fondo no radica en que poco a poco se vayan generalizando los espacios de exclusividad para uno y otro género, como en una suerte de Apartheid en donde la máxima es que todos los habitantes deben estar juntos pero no revueltos —máxima que, de hecho, suele ser centro de críticas por parte de las sociedades occidentales a otras cosmovisiones, como la islámica. Y es que lo cierto es que no hay nada en este tipo de políticas públicas o prácticas sociales que de muestra de estar desarrollando una pedagogía sobre la manera en que la convivencia entre los géneros debería de estar desarrollándose.
Es decir, en estricto, separar hombres y mujeres con cosas tan banales como poner a mujeres ofreciendo servicios de transporte privado exclusivo para mujeres no abona a los ejercicios que tienen como resultado el mutuo reconocimiento de los géneros y sus experiencias cotidianas concretas. Por lo contrario, en la medida en que se van fortaleciendo y generalizando las segregaciones (y no sólo entre géneros) lo único que se obtiene es el fortalecimiento y consolidación proporcional de sujetos autorreferenciados, construyendo sus masculinidades y sus feminidades a partir de sí mismo, al margen del otro —y aquí es necesario acotar que el género, como cualquier otro elemento de la identidad personal, no se reduce a dos.
Segundo, es ineludible la tarea de visibilizar que ni hombres ni mujeres son sujetos sustancializados, cuya inmanencia o rasgos identitarios se definan por una suerte de naturaleza de lo masculino y de lo femenino. Los hombres no son, ni por naturaleza, ni por genética, ni por ninguna otra inmanencia, genéricamente más fuertes, centrados, maduros, malos, crueles etc., que las mujeres; de la misma manera en que éstas no son más sensibles, emocionales, bondadosas, amorosas y socializantes que aquellos. Todo eso que se concibe como el conjunto de rasgos característicos del niño y de la niña, del hombre y de la mujer no son más que construcciones sociales más o menos interiorizadas y (re)producidas que justo por ser consideradas como naturales son mantenidas en estabilidad por los propios sujetos.
Y aquí, en lo que se debe poner mucha atención es que ser hombre no se opone con el hecho de ser feminista, del mismo modo en que ser mujer no implica no ser machista —e incluso feminicida. Basta con voltear la mira hacia el sexenio de Calderón para darse cuenta de que ser mujer no hizo diferencia en los niveles de brutalidad con el que sicarias torturaban y arrebataban la vida a sus víctimas. Es decir, que si lo que se quiere es ir al problema de raíz lo primero en la agenda debe ser la deconstrucción de esas construcciones sociales, y no su separación, pues, en términos de potencialidades, hombres y mujeres son igualmente susceptibles de ejercer los mismos grados de violencia.
Tercero, es importante no perder de vista que así como el feminicidio es el asesinato motivado por razones de género, en el homicidio también está presente la fundamentación de género. El que no se vea porque la manera en la que se construye la masculinidad ya está lo suficientemente interiorizada como para no poner en tela de juicio los motivantes, más allá de los materiales, de un hombre que asesina a otro hombre es diferente. Y es que lo cierto es que justo porque la violencia y la capacidad de despojar a alguien de su vida son rasgos tradicionalmente aceptados de lo que constituye una masculinidad —por lo menos en la manera occidental de observar a las masculinidades—, los miles de homicidios contabilizados hasta la fecha cuentan con algo de esa construcción, para reafirmarla como una competencia ineludible en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En este sentido, continuar con los discursos que observan agravantes del asesinato en el género femenino de la víctima está contribuyendo a mantener esa veleidad que no permite observar, en el caso de las masculinidades, que Ser hombre es lo que mata a los hombres, así como Ser mujer fue el motivante de alguien para matar a una mujer.
Por ello, reivindicar la importancia de reconocer al feminicidio como el acto en el que alguien despojó de su vida a alguien motivado en el género de la persona es importante para dar voz y visibilidad a esos casos concretos que reflejan una dinámica muy particular, con sus elementos propios que la definen. Sin embargo, esa visibilidad no debe perder de vista que del otro lado de la ecuación los asesinatos inter pares no está ausente, sino igual de invisibilizado.
El punto aquí no es despojar a los movimientos de protesta en contra de los feminicidios de la autoridad que los reviste para ejercer justo esa protesta, sino defender el hecho de que ambos, homicidio y feminicidio, deben ser causas y compromisos éticos y políticos de todos los géneros, por igual. De modo que, reiterando, no se trata de someter la autoridad de los movimientos feministas (o no feministas, pero en defensa del género) a las normas de mando y la autoridad de la masculinidad, sino de articularlas y conjugarlas, porque es en esa correlación que se deben encontrar los puntos de encuentro y convivencia que permitan a los géneros no violentarse, sin perder, al mismo tiempo, sus luchas políticas en ese terreno de lo común y lo absurdo que resulta la tolerancia liberal.
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5to Informe: la fiesta de los aplausos y las autocomplacencias

Fieles a una tradición presidencial por ellos mismos fundada, los apóstoles del Partido Revolucionario Institucional rescataron, del letargo al que el sexenio de Felipe Calderón lo indujo, el ritual de ofrecer pleitesía al presidente de la República —también Primer Caudillo de la Nación— en eso que al mismo tiempo pretende ser vendido al vulgo como el acto democrático más importante, en materia de rendición de cuentas, de una administración federal.
Por supuesto, como es tradición en una clase política acostumbrada al éxtasis que le ofrecen los discursos solemnes, llenos de ferviente patrioterismo, y las consagraciones personales a las formas y la corrección política —muy al estilo de cualquier baile cortesano ofrecido por María Antonieta y Luis XVI—, el discurso del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto fue ofrecido a empresarios, burócratas y políticos, en Palacio Nacional; mientras que a la sociedad en general —la misma sociedad a la que se supone va dirigido verdaderamente el acto—, únicamente se le concedió el honor de presenciar un refinado acto televisivo.
Como en la Fiesta de las Balas, narrada por Martín Luis Guzmán en sus crónicas sobre la guerra civil mexicana, El Águila y la Serpiente, la fiesta de los aplausos, de las selfies, de los abrazos y los apretones de manos, siempre acompañados de ese falso decoro que las interpelaciones en tercera persona prometen, propios y ajenos, tanto al ancien cuanto al noveau régime, desfilaron frente a las palabras del titular del ejecutivo federal con la esperanza de que un gesto, por diminuto que fuese, les diera sólo un poco de certeza, en el peor de los casos, sobre la distancia que media entre su posición actual y la gracia o la cólera de su presidente.
Después de todo, más allá de las gráficas, los números brutos y los indicadores construidos a modo por las dependencias de la administración pública para legitimar su funcionamiento y sus resultados en los pasados cinco años, en general; y en el penúltimo del Gobierno actual, en particular; todo lo que queda, el fondo de verdad del discurso y del acto protocolario que lo publicita es una sucesión inagotable de declaraciones políticas, con destinatarios específicos, que revelan la agenda, en este caso, de lo que se espera que cada quien haga para refrendar su lealtad al statu quo, de cara al proceso electoral de 2018.
Así pues, en rigor, los números, las gráficas y los diversos indicadores presentados por el presidente, en las monumentales pantallas que lo flanqueaban por la derecha y por la izquierda, son lo único del Informe que va dirigido a esa masa amorfa y embrutecida que es el pueblo; y es que es en esos datos en donde se construye ese permanente relato institucional que le indica a cada individuo que la realidad que experimenta en su cotidianidad no es la verdadera realidad del país, pues lo que realmente cuenta y se quiere que siga contando, la verdadera realidad de México y sus habitantes es la que dicen que es el documento, en general; y el indicador específico, en particular —ambos construidos por una costosa burocracia a menudo más preocupada por sus privilegios laborales que por desmaquillar sus propias cuantificaciones.
El resto del acto, desde la posición en la que es colocado cada empresario, político y burócrata para aplaudir sin desdén a cada ataque velado en contra de los enemigos del Gobierno; hasta las alusiones personales del titular del ejecutivo sobre los logros de sus Secretarios de Estado, pasando por los saludos secos o los abrazos fraternales por él ofrecidos a los asistentes, y otras minucias como éstas, son de dominio privado, entre los círculos de intereses que se baten por controlar una mayor porción del entramado institucional público, o réditos más amplios y profundos en lo que respecta al sector empresarial.
En estricto, los logros que señaló el presidente en Palacio Nacional no pasaron de ser una suerte de versión, in extenso, de aquellos que se publicitaron, desde un mes antes, en los miles de promocionales con los que el Gobierno Federal inundó el espacio público y los medios de comunicación: como en una especie de experimento pavloviano de condicionamiento psicológico y preparación emocional en masa para lo que se avecinaba. Sin embargo, no es para nada intrascendental que el mensaje principal del Informe sea el señalamiento sobre elegir entre «seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado».
De entrada el que el Presidente reconozca a México como una de las potencias mundiales del siglo XXI ya es un tanto problemático, pues si con ello se refería al tamaño de la economía mexicana habría que hacer, por lo menos, tres precisiones: a) el 1% de la población sigue acaparando el 43% de la riqueza total del país, con una tasa promedio de multiplicación de cinco veces, mientras el PIB per cápita crece a razón de menos del 1% anual; b) en el país, más del 53% de la población sigue subsistiendo en condiciones de pobreza; y c) el capital financiero sigue promediando, anualmente, un crecimiento de diez veces por encima de la riqueza física, material, de la economía nacional.
De tal suerte que, en el terreno de los dineros constantes y sonantes, la desigualdad se sigue polarizando, la concentración de capital en pocos individuos sigue incrementando, y la extracción de riqueza del país, por la vía de corporaciones internacionales (pertenecientes al sector bancario, en particular), se sigue profundizando. Así que, incluso si el presidente en realidad se estaba refiriendo a la potencia maquiladora que ya es México, lo único que se obtiene es el reconocimiento de una sociedad con condiciones laborales más precarias que el resto de sociedades manufactureras, con nula protección social y salarios insuficientes para cubrir una canasta básica alimentaria.
Y ya ni hablar de una posible potencia mundial armada: con un ejército que hace gala de su adiestramiento en lo que respecta a la militarización del país y el asesinato y desaparición de sus connacionales, aprovechando de contexto la guerra en contra del narcotráfico aún vigente —aunque velada de los medios de comunicación tradicionales.
 La segunda parte del mensaje central del Quinto Informe, la referencia a la disyuntiva —tan claramente visible para el Sr. presidente de la república— entre continuidad o retorno a un modelo conocido y caduco, más que preocupante es risible, porque, dependiendo de qué tan atrás se pretenda llevar la referencia, por lo menos en lo que respecta a todo el siglo XX, ese modelo conocido que ya ha fracasado es el modelo del partido hegemónico, con toda su maquinaria corporativista y clientelar que ganaba elecciones con candidatos únicos.
La cuestión es que el fondo de dicha afirmación, además de pretender borrar de un plumazo la historia del propio partido en el Gobierno, apunta, en el plano internacional, al rechazo que la administración en turno ejercita en contra de los movimientos progresistas (electorales y sociales) en América Latina; y en el nacional, a ese añejo discurso del Peligro para México que personifica, aún, López Obrador, encabezando al partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Por supuesto la salida es fácil: apelando a lo incierto del futuro, y suponiendo que éste sólo es programable en la medida en que se tenga un plan de gobierno que plantee continuidad transexenal, todo lo sólido se desvanece en el aire. Por eso, para el presidente, la política —entendida como esa actividad profesional que desempeñan como relaciones sociales personales todos los invitados a presenciar el Informe— es la única salida al atolladero en el que se encuentra no únicamente el propio PRI, sino la totalidad del sistema de partidos y, quizá en un nivel menor, el resto de las instituciones del entramado gubernamental del Estado.
           Al final del día, el Informe no deja de ser un ritual que le recuerda a la ciudadanía lo densa que es la política y lo amplia que es la brecha entre quienes se dedican a ella y quienes deberían de obtener un bien común de ella. Y el caso es que con declaraciones del presidente, afirmando que sólo la política cuenta cuando se trata de conducir los engranajes del Estado, el espacio que queda para el ciudadano, con necesidades de primer orden como alimentación, salud, educación y vivienda se reduce a al absurdo e hipócrita reconocimiento de que cualquier imperativo que indique satisfacer dichas necesidades se encontrará, tanto hoy como en el futuro, subordinado a los humores de quienes asistieron al Quinto Informe, y no a la necesidad, en sí misma, de quienes sólo son televidentes.
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El Kurdistán estadounidense

A finales de septiembre próximo, el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), órgano político-administrativo oficial de la región autónoma del Kurdistán Iraquí, zona enclave entre Irán, al Este; Turquía, al Norte; Siria, al Oeste; e Irak, al Sur; llevará a cabo una consulta, con carácter de referendo vinculante, sobre la posibilidad de que dicha región haga efectivo su proceso de escisión respecto de los límites territoriales de Irak. Este no es, por supuesto, el primer referendo que el GRK convoca con la intensión de ver materializada la constitución de un Kurdistán como Estado-Nación soberano e independiente: desde hace poco más de cuatro décadas, diversas fracciones de la población kurda, lo mismo en Irak que en Siria y Turquía, han llevado a cabo distintos esfuerzos, por un número similar de vías —aunque la mayoría de ellas sin efectos vinculantes—, para independizar las porciones de territorio en las que habitan.
La cuestión es que el referendo que se tiene programado para el día veinticinco del siguiente mes, contrario a las experiencias anteriores, se desarrolla en el marco del conflicto armado que envuelve a la intervención, con propósitos fragmentarios, que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; desarrollan dentro y en los alrededores de Siria. De manera tal que, derivado de la profundidad con la que Estados Unidos financió y armó a las milicias kurdas para convertirlas en la primera línea de ataque y de defensa en contra del Estado Islámico (también armado y financiado por Estados Unidos para balcanizar a la región), éste es el primer proceso independentista en el que la población kurda (por lo menos la fracción iraquí) se presenta desde una posición de fortaleza.
Pero es una fortaleza, no obstante, que, por ahora, sólo parece valedera dentro de los límites poblacionales del Kurdistán iraquí, toda vez que el apoyo político, logístico, financiero y militar que reciben las distintas facciones kurdas en la región, por parte de Estados Unidos y sus aliados, dependen justo de la relación que Occidente mantiene con el Estado huésped; a saber Irán, Turquía, Siria e Irak. Así pues, de entrada, es un hecho que de todas, la única que no verá un cambio cualitativo en sus condiciones actuales ni en sus aspiraciones de soberanía futura es la facción que habita dentro de los límites territoriales turcos —lo que significa que el status de organización terrorista que les fue asignado desde Occidente no perderá ni un poco de su vigencia.
Y lo cierto es que no es de sorprender: el apoyo que reciben los estratos que viven dentro de los otros tres Estados huésped se encuentra en función de la potencialidad con la que las respectivas milicias kurdas son capaces de fragmentar las fronteras territoriales actuales. Pero no sólo, pues adyacente a la posibilidad de reducir sustancialmente la extensión geográfica de Estados-nacionales como Irán, Siria e Irak se encuentran diversos objetivos geopolíticos, cuya especificidad depende de factores como la presencia de recursos energéticos o minerales estratégicos —catalogados así por la importancia que revisten para mantener la supremacía de Estados Unidos en sectores científico-tecnológicos, y similares o derivados.
Las fuerzas armadas kurdas de extracción iraquí, en este sentido, no son únicamente uno de los principales aliados con los que Estados Unidos cuenta para regular (mas nunca enfrentar, detener o eliminar) el actuar del Estado Islámico desde que éste se salió de las manos de su aparato de inteligencia (como también a la CIA se le fue de las manos el control del Talibán y al-Qaeda, en los años ochenta); sino que, al mismo tiempo, gracias al profundo rechazo que profesan  al Islam político —considerándolo un cáncer introducido por la ocupación árabe en los territorios ancestrales kurdos—, representan la mejor apuesta de Occidente para repeler la influencia de la alianza Siria-Irán-Rusia en la zona.
Ahora bien, aunque en términos generales las autoridades iraquíes —entendiendo por ellas tanto al Gobierno de facto de las juntas militares estadounidenses cuanto al de extracción parlamentaria autóctono— no se oponen a la constitución de un Kurdistán independiente, escindido en parte de territorio iraquí; no es un dato menor el que Estados Unidos, ostentando el control real del país, por medio de su posicionamiento militar y de la actividad empresarial de sus corporaciones, avance en la construcción de un nuevo Estado, ad hoc a sus intereses, justo en el momento en que el Gobierno de Donald Trump se esfuerza por aparentar haber desplazado el centro de gravedad de su política bélica en Oriente Próximo de Siria a los remanentes del Estado Islámico —y ya el simple acto de reducir al Estado Islámico a remanentes dice mucho de la relación entre éste y Washington por sí mismo.
En principio, podría parecer un absurdo que, ejerciendo el control militar del país, Estados Unidos se aventure a construir un Estado kurdo dentro de las fronteras de Irak, y no en Siria; siendo que la fragmentación política, territorial y cultural causada por la intervención armada —so pretexto de introducir a los sirios al cauce de la vida democrática— ofrece mejores condiciones para experimentar con la socialidad de las comunidades devastadas. Después de todo, hace un lustro, Occidente provocó la guerra en el país con tres objetivos claros: dominar la cadena de valor de las reservas de hidrocarburos; detener y controlar los contactos (flujos migratorios, comerciales, energéticos, etc.,) entre el Sur de Europa, China y Rusia; y eliminar las corrientes islámicas que le son hostiles; y para ello es preciso destruir y (re)construir el área, y todo lo que contiene.
El rechazo de la administración Trump —en abierto enfrentamiento a la posición de las autoridades militares estadounidenses destacadas en Irak—, por ejemplo, parecen apuntar hacia aquella dirección de incongruencia en la estrategia estadounidense para reconstruir Irak y otras de sus posesiones en Siria, apelando al argumento de que cualquier proceso independentista kurdo, en este momento, arrastraría a Irak a una significativa desestabilización que entorpecería los esfuerzos vigentes para asestar los últimos golpes al Estado Islámico.
Sin embargo, por debajo de lo superficial de ese lugar común en las declaraciones de la diplomacia estadounidense, los planes de venta de armamento, capacitación militar y trasferencia logística a ciertas facciones kurdas en Siria, aprobados por Trump en mayo pasado, apuntan en dirección contraria: más allá de conquistar la ciudad siria de Raqqa, de concretarse el establecimiento de un Kurdistán independiente escindido de territorio iraquí, lo que estarían buscando los aparatos de inteligencia estadounidenses, por medio de las milicias kurdas de extracción siria, giraría en torno al imperativo de anexar al Estado-nacional kurdo naciente las porciones de territorio que las fracciones sirias mantengan bajo su control.
En este sentido, el Estado-Nación kurdo resultante ofrece, por un lado, una salida fácil a Estados Unidos, y sus aliados en el campo de batalla, para disminuir los gastos de guerra, pero también, para distender las tensiones que el enclave geopolítico sirio ha introducido en la relación de aquel con Rusia; y por el otro, una posición aceptable (si bien mejorable) para consolidar los tres objetivos que se habían planteado en la génesis de la guerra.
No es azaroso, por ello, que el trazo inicial de lo que se pretende sean las fronteras políticas-administrativas de la nueva entidad estatal formen un corredor, en forma de media luna invertida, desde la ciudad iraquí de Kirkuk, rica en hidrocarburos; hasta el asentamiento sirio de Raqqa, el más próximo a Damasco; pasando por Erbil, Mosul, Al-Hasakah y Kobane; cercando a Irak y a Siria por sus líneas fronterizas con Turquía e Irán, respectivamente. Un trazo que, no sobra mencionarlo, sigue, milla a milla, el recorrido del principal corredor territorial bajo control militar del Estado Islámico, desde 2015.
De manera que si bien los tratos entre Rusia, China y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más bajos, por causa de los desequilibrios de poder en Oriente Próximo, entre Rusia y Estados Unidos; y por las disputas en el Sudeste asiático y en la península coreana, entre éste y China; por lo menos la cuestión siria, una vez fundado el Kurdistán, sale fuera de foco —pero sólo de manera tangencial, pues Siria es un enclave geopolítico muy valioso, en términos de los requerimientos de construcción de la hegemonía internacional, como para que Estados Unidos renuncie a su posicionamiento actual en el país.
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Geopolítica y crisis humanitaria en Yemen

Cuando se trata de conflictos armados, la mayor parte de los imaginarios colectivos se encuentra saturada por una concepción de los mismos en la que observar la confrontación del bien contra el mal suele primar por encima del reconocimiento de sus consecuencias humanitarias. Nociones muy particulares de justicia, democracia y libertad —justificantes de primer orden tanto en la materialización como en el sostenimiento de cualquier guerra— han sido tan profundamente interiorizadas por las colectividades, que el sufrimiento humano de la población civil —esa que con frecuencia apenas alcanza un estatus de «daño colateral» en los discursos de jefes de Estado y de Gobierno, o líderes militares—, es revestida con un manto de banalidad frente al costo de la guerra.
Después de todo, en la guerra —dicta el sentido común— «las bajas» son inevitables, y siempre serán un precio justo cuando se trata de librar al mundo de sus enemigos; aunque la mayor parte de esos enemigos sólo lo sea por no compartir una misma matriz axial, un mismo credo, o una misma forma de gobierno. Así, realidades muy concretas son moralmente validadas: el genocidio permanente que comete el Estado de Israel en contra de la población palestina, desde hace medio siglo, es justificable sólo por la presencia del fantasma del holocausto; las seis mil muertes ocasionadas por los atentados en contra del World Trade Center de Nueva York, en 2001, justifican las seis mil vidas iraquíes que el ejército estadounidense arrebata por mes; la captura de Mosul, en Siria, justifica la devastación total de la ciudad; y así sucesivamente.
Yemen es un eslabón más dentro de esta larga cadena de conflictos armados en los que la vida misma, tanto para las partes beligerantes cuanto para los observadores de la situación, es apenas un elemento tangencial alrededor de un conjunto de eventos mucho más complejo que implica intereses geopolíticos específicos de varios Estados coaligados; entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y Qatar. Y aquí, son las oposiciones existentes entre maneras particulares de decodificar un credo, por un lado; y entre la manera occidental y la oriental de experimentar la realidad, por el otro; las que validan la devastación de miles de vidas.
Por supuesto arrebatar mil vidas humanas no es más grave que arrebatar sólo una: la única diferencia entre uno y otro hecho es la posición ética particular de quien considera que una muerte no significa tanto como otras novecientas noventa y nueve. Sin embargo, si de algo sirve reducir la realidad yemení a una métrica, lo cierto es que ésta se cuenta por millones en cualquiera de los rubros que organizaciones como Naciones Unidas han designado para caracterizar a una crisis humanitaria.
En términos humanitarios, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó, únicamente para los últimos tres meses de 2017, más de cuatrocientos mil brotes de cólera —el segundo mayor caso del año—, con el cuarenta por ciento de los registros entre los menores de quince años de edad, y un tercio de los decesos entre la población mayor de sesenta años. Dos años de conflicto, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han destruido los sistemas público y privado de salud del país, por lo que menos de la mitad de los centros sanitarios se encuentran en plena operación; lo que se suma a una reducción de dos tercios en las importaciones yemeníes de medicamentos, respecto de 2014.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por su parte, añade a lo anterior que poco más de diecisiete millones de yemeníes se ven imposibilitados para acceder al mínimo de condiciones alimentarias para mantenerse con vida. Si se toma en cuenta que la población total del país ronda los veintisiete millones, se deduce que sólo el treinta por ciento de los habitantes cuentan con recursos nutrimentales suficientes. Por eso el dato no es menor: no únicamente se trata de que los alimentos que están llegando al país son escasos, sino que, además, los que llegan se encarecen de inmediato debido, en principio, a las condiciones propias del conflicto; pero sobre todo, al sistemático encarecimiento y acaparamiento que tanto grupos militares cuanto empresarios realizan para incrementar sus ganancias.
Y la cuestión es que aunque diversas agencias, órganos y fondos y organizaciones internacionales (gubernamentales, empresariales y no gubernamentales), así como algunos Estados alrededor del mundo se han enfocado en coordinar esfuerzos para hacer llegar los medicamentos, los alimentos y otros provisiones que se requieren en Yemen para poder —por lo menos— hacer frente a una parte de la crisis, lo cierto es que los intereses geopolíticos que se encuentran en juego son lo suficientemente sólidos como para continuar con la fragmentación social, cultural y territorial de la sociedad yemení; a la manera en que se ha hecho en Siria.
Visualizar el conflicto Sunitas vs. Chiítas es un paso importante para comprender la complejidad de los eventos que se desarrollan en la región. Sin embargo, no es suficiente. A las armas que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; no dejan de enviar (y vender) a sus principales monarquías islámicas aliadas debe añadirse el reconocimiento de la importancia que reviste Yemen, en el marco geográfico que configura, junto con Yibuti, en el estrecho de Bab-el-Mandeb, indispensable para mantener el control de los flujos de petróleo entre el Océano Indico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo; y entre éste y el Mar Mediterráneo.
No es coincidencia, en este sentido, que justo cuando la República Popular de China comenzaba a materializar sus planes para abrir una base militar en Yibuti (inaugurada el pasado primero de agosto), el contexto de la firma de los acuerdos nucleares entre Irán, por un lado; y Estados Unidos, Reunio Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, por el otro; sirviera de pretexto para la conformación de una coalición militar árabe en contra de Yemen, a la manera en que las proxy wars funcionan desde los años gloriosos de la Guerra Fría.
Prevenir que los rivales de Estados Unidos (principal consumidor de petróleo, para aplicaciones militares, en el mundo) y sus aliados controlen el flujo de energéticos que transita por esta zona es un elemento clave de la guerra en Yemen, pues su ocupación militar mientras dura el conflicto no sólo facilita la creación de cercos marítimos y aéreos que regulen el tráfico, sino que, con posterioridad a la guerra, la tarea de reconstruir el espacio, las instituciones y el tejido social aniquilado posibilita el establecimiento de regímenes político-militares ad-hoc a los intereses geopolíticos de las potencias victoriosas.
La ayuda humanitaria que diversos Estados, por lo anterior, debe leerse en esta clave geopolítica. En especial, cuando se trata de la cooperación y los flujos que envían Rusia, Estados Unidos, Irán y China. Y es que por mucho que se adjetive a este tipo de eventos con el mote de «humanitaria», las cadenas logísticas establecidas para su arribo, los sistemas de infraestructura instalados para su distribución, y los espacio territoriales de excepción (o tregua) en los que se desenvuelven sus actividades no únicamente sirven para auxiliar a la población objetivo, sino que, asimismo, funcionan como un elemento de presencia y contención.
Las veintitrés toneladas de ayuda humanitaria que envió Rusia a Yemen, en julio pasado; y los más de ciento cincuenta millones de yuanes (dos mil veinticinco millones de dólares) que China hizo llegar al gobierno Yemení, esas mismas fechas; por ejemplo, forman parte de una estrategia soft para contener y enfrentar a la presencia que mantiene Estados Unidos en el Golfo de Adén —desde que en 2015 envió portaviones y otro tipo de maquinaria militar. El bloqueo aéreo y naval que Arabia Saudí y sus aliados mantienen desde 2015 a cualquier cargamento de ayuda humanitaria que no provenga de sus propia coalición, en este sentido, tiene un doble fondo: congela la capacidad de aprovisionamiento de sus enemigos militares, por un lado; y por el otro, restringe al mínimo los contactos de los oferentes externos con las milicias internas.
Por eso, a pesar de los esfuerzos que desde Naciones Unidas se coordinan para atajar sectores específicos (alimentación, salud, vivienda, etc.), la realidad es que el cerco militar no cederá, como tampoco lo hizo en Irak, en Afganistán y en Siria. Y la cuestión es que los intereses geopolíticos envueltos en la región cubren a una porción de territorio y a capitales tan bastos que la simple urgencia a detener el deterioro humanitario yemení no va a ser suficiente, ni en el presente ni en un futuro cercano, mientras la correlación de fuerzas entre China, Rusia y Estados Unidos no se estabilice —algo que se antoja difícil en el actual contexto petrolero mundial.
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¿De qué hablar cuando se habla de violencia de género en la CDMX?

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Hace unos días, como si la materia en cuestión fuese de intrascendente relevancia para la sociedad mexicana, en general; y para los habitantes de la Ciudad de México, en particular; la noticia de que las autoridades de la entidad introdujeron en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un tipo y una modalidad nuevas de violencia simplemente pasó inadvertida; lo mismo por activistas que por detractores, tanto en medios de comunicación masiva cuanto en el propio debate público local.
El fenómeno en sí mismo podría no extrañar a muchos, después de todo, adiciones y anulaciones a los articulados de diversos textos jurídicos se hacen y deshacen con relativa facilidad y prontitud todos los días. La cuestión es, no obstante, que el fondo de las modificaciones realizadas a la presente ley no son menores si se considera el potencial que éstas contienen para modificar un vasto universo de prácticas cotidianas, que no únicamente pasan por los términos en los que el género masculino se relaciona con el femenino, sino que atraviesan la manera en que se piensa a lo femenino en su totalidad.
En efecto, hasta antes de la adición de la fracción IX, al artículo 6°; y VIII, al 7°; la ley en comento contemplaba ocho tipos de violencia y siete modalidades de la misma (no sobra señalar que el texto vigente disponible en la página de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad contiene únicamente las modificaciones de 2009 y 2014, por lo que apenas enumera siete tipos y cinco modalidades). Los tipos, para todos sus efectos, corresponden con la nomenclatura, es decir, con la naturaleza de la relación de violencia en sí misma; mientras que las modalidades, por su parte, refieren al ejercicio, esto es, a la manera en que se experimenta dentro de un específico núcleo de relaciones sociales.
En este sentido, un mismo tipo de violencia es susceptible de ser ejercido y experimentado por medio de diversas modalidades. Así pues, cuando la ley señala que las modalidades de las violencias de género en contra de las mujeres —y es imperativo señalarlo así, pues también existen violencias de género en contra de los hombres— son: i) familiar, ii) laboral, iii) docente, iv) en la comunidad y, v) institucional, lo que se está apuntando es que un tipo de violencia —física, por ejemplo— lo mismo se ejerce dentro de las relaciones sociales de parentesco que en aquellas de naturaleza laboral, escolar o comunitaria; así como en su derivación específica en el trato que las mujeres establecen con servidores públicos.
En general, la forma en que se diseccionan las modalidades del ejercicio de las violencias de género en contra de las mujeres no son muy problemáticas, debido a que definen relaciones específicas en contextos igual de particulares. Sin embargo, para el caso de la manera en que las violencias se encuentran tipificadas la historia es por completo diferente.
De acuerdo con el texto que la Consejería Jurídica de la Ciudad puso a disposición del público para que éste lo conozca, los tipos de violencia contra las mujeres son: i) psicoemocional, ii) física, iii) patrimonial, iv) económica, v) sexual, vi) en contra de los derechos reproductivos y, vii) feminicida. En la práctica, todos son más o menos problemáticas dependiendo de la situación en la que se desenvuelvan y del uso político que se le dé al caso. No obstante, de las aquí listadas, dos requieren de especial atención, principalmente por el uso político con el que se las suele revestir en los momentos de su aplicación.
Por un lado, se encuentra la violencia que se tipifica como feminicida. En los términos del texto, ésta se comprende como: «toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres».
De entrada, el primer elemento problemático aquí es que, para las autoridades de la Ciudad de México, la violencia es tautológica, es decir, una relación autorreferencial, que se define a sí misma. Y esto es problemático porque definir a la violencia como violenta ni explica nada ni resuelve aún menos. Es evidente que la violencia es, en sí misma y por sí misma, violenta; motivo por el que gradar el ejercicio por medio del cual ésta se desarrolla, a partir de una escala progresiva con lo menos extremo de un lado y lo más extremo del otro, no únicamente ayuda a ser condescendientes, como sociedad, con determinados comportamientos, sino que, además, facilita y potencia su interiorización, (re)producción y naturalización.
El segundo punto cuestionable —derivado del anterior— es que, justo por esa definición tautológica, se pretende dar por sentado que existen muertes violentas y muertes no-violentas. Pero además, que, por la manera en que está redactado el párrafo, en la práctica, cualquier mujer que haya sido privada de su vida por medios violentos constituye un hecho que cae, de inmediato, dentro de los marcos del feminicidio. Y la cuestión es que esta manera de proceder es problemática porque afirma que entre mayor es el grado de violencia —violenta—, esto es, entre más extremo es o fue el ejercicio más se aproxima éste a las motivaciones por género.
Pero la realidad es mucho más compleja que simplemente afirmar que toda privación de la vida de una mujer por un medio extremadamente violento es un acto motivado por el género de su víctima. Y es que, si se comprende que la violencia es, en última instancia, una manera específica de significación, un mensaje, un elemento semiótico; se entiende, en consecuencia, que su ejercicio es completamente posible, si bien no con independencia, sí en los márgenes del género. En otras palabras: si bien es cierto que las violencias nunca se ejercen con independencia de la identidad de la víctima, esto es, de su raza, su género, su nacionalidad, etc.; también lo es que en un negro el motivo principal no siempre es su negritud, así como en un homosexual no siempre es su preferencia sexual ni en una mujer su género.
Porque lo que se pone en juego ahí es el reconocimiento de que la raza está mediada por la clase social, por la nacionalidad, por el género, etc.; de la misma manera en que el género está mediado por la raza, la clase social, las preferencias sexuales, la nacionalidad, etcétera. Las violencias, como el poder, nunca se ejercen en términos unívocos y jerárquicos. En este sentido, ni toda muerte violenta de una mujer es feminicidio ni toda muerte violenta de un negro es un homicidio fundado en la raza. Las violencias son codificables de igual manera en una y otro.
El segundo tipo que requiere atención es aquel que la ley tipifica como psicoemocional. El texto la define como: «toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica».
El problema aquí, como es de suponerse, no dista mucho del que se encuentra inscrito en el caso anterior: en abstracto, cada una de las conductas y situaciones descritas en el párrafo anterior es concebible en cualquier otra relación, de pareja o no; y con independencia del género que ostenten las partes involucradas. La desvaloración de las personas, la intimidación y el control; las prohibiciones y las coacciones; las amenazas y los comportamientos destructivos no son ejercicios de poder ni de violencia privativos de la interconexión entre el género femenino y sus contrarios.
En última instancia, lo que se encuentra en el fondo de estos dos casos expuestos es que se está perdiendo de vista que todo ser humano, antes que ser cualquier género, cualquier clase, cualquier raza, etcétera, es un ser humano. Pero uno cuya existencia en la tierra se encuentra mediada por un conjunto de situaciones, roles y significados que jamás se organizan jerárquicamente. En el caso particular de ambas tipologías —para no ir más allá— el gran problema a resolver es: saber en qué momento la motivación se dio por el género y qué momento se dio por cualquiera de las otras identidades individuales que componen a la persona (raciales, de clase, sexuales, etc.).
Ahora bien, los elementos que componen la tipología de las violencias psicoemocional dan cuenta de que ésta se piensa como resultado de un conjunto de relaciones de poder negativas, restrictivas, de sujeción. Y el problema es que la violencia de género —tanto en contra de hombres como de mujeres— no sólo se construye, articula y (re)reproduce a partir y desde la represión, la sujeción, la coacción, la destrucción, o cualquier otra noción negativa del poder.
Por lo contrario, si las violencias de género en contra de las mujeres son tan avasallantes es justo por causa de relaciones de poder que no suprimen, instauran; que no anulan, confirman; que no destruyen, crean. Tal es el caso de los estereotipos, en particular; pero de todo contenido que reproduce una imagen particular, de homogenización, a partir de la cual se piensa lo femenino, en toda su extensión.
Las adiciones a los artículos 6° y 7°, validadas el pasado trece de julio por el Gobierno de la Ciudad de México, en este sentido, parecen dirigirse a cubrir ese vacío que se tiene en torno a las concepciones positivas y negativas de diversas manifestaciones de poder.
Y es que mientras los añadidos al artículo séptimo introduce como modalidades de la violencia en contra de las mujeres a toda «aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las  mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes  pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres»; los realizados al sexto definen un nuevo tipo de violencia: la simbólica, «que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad».
En conjunto, ambas fracciones ponen de manifiesto algo que, hasta entes de su introducción, no se había colocado en el centro de los esfuerzos por liberar a las mujeres de sus condiciones de opresión por razones de género. Y es que señala a todos esos mensajes, a cada una de esas simbolizaciones que tienen por objeto (re)producir un sentido de inferioridad en el género femenino con respecto al masculino. Es decir, no concibe a los elementos de los que se compone la tipología como elemtnos aislados entre sí, sin contenido y en la pura abstracción.
Más bien, indica que existen dinámicas sociales que, sin ser necesariamente represoras, coaccionadoras o tendientes a sujetar el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres; se despliegan con un mayor potencial que el que aquellos elementos negativos contienen. Así pues, en el centro se coloca el papel que juega, en la sociedad capitalina, la imagen o el tipo ideal de lo que se piensa es, sabe, parece, piensa, trabaja, siente, etc., una mujer. E incluso, no se trata de simplemente establecer, visibilizar, que existe esa dimensión de la dominación de género, sino que va más allá y deja la caracterización de tal manera tan abierta que, en términos prácticos, cualquier mujer es libre de manifestar cuáles son esos tipos ideales, esas imágenes homogenizantes, que niegan, rechazan o anulan lo propio de su personalidad, de su forma de Ser mujer en su sociedad.
Algunos inconvenientes, no obstante, se desprenden de lo anterior; mismos que serán tratados en una segunda entrega, en este mismo espacio.
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Morena: el costo de la silla presidencial

Luego de las elecciones locales, en las que el Movimiento de Regeneración Nacional se coronó con una victoria indiscutible en términos de su potencial para movilizar estructuras de base, el partido que lidera Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado con una actitud conciliadora que, por lo menos en lo que respecta a primeras impresiones, ha sorprendido a adeptos y detractores. Y es que, si bien es cierto que las alianzas políticas de las que se vale Morena, en general; y López Obrador, en particular; siempre se han desplazado entre la izquierda y la derecha por igual, también lo es que pocas veces en la historia del dos veces presidenciable, y aún menos en la del partido, la visibilidad y lo explícito de los acuerdos que ambos establecen con políticos de otras nomenclaturas o empresarios es escasa.
Dos aspectos, no obstante, revisten especial importancia para el análisis de la presente coyuntura. El primero de ellos, sin duda, es el hecho mismo de que Morena esté buscando hacer las paces con la mayor cantidad de actores posible. Y lo es, de entrada, porque López Obrador parece haber comprendido —luego de dos campañas presidenciales en las que su moneda de uso corriente fue la afrenta directa con sus opositores—, que aunque lo contestatario de su discurso resulta atractivo para determinados sectores de la población, desencadena efectos repelentes en esos otros segmentos que, sin ser parte del vulgo, deciden resultados electorales y la instrumentación de políticas públicas específicas por la vía financiera.
Pero también, porque, de un lado, las personalidades que se van sumando al proyecto de López Obrador —que de manera tan pomposa se decidió nombrar Acuerdo Político de Unidad para la Transformación del País—, dan muestra de las fortalezas con las que Morena llegará a los comicios de 2018; y del otro, porque esas mismas figuras visibilizan (aunque no de manera tan expresa), lo mismo la descomposición interna de las estructuras dentro de las cuales habían encontrado la plena satisfacción de sus intereses que las debilidades de los mismos para (re)organizarse en sus coaliciones tradicionales.
No es un dato menor, por ejemplo, que entre los nuevos estrategas de Morena se encuentren representados por igual los intereses de los tres principales monopolios en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; por intermediación, claro, de las personas de Marcos Fastlitch, suegro del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga; de Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca; y de Miguel Torruco, consuegro de Carlos Slim. Así como tampoco lo es que María Asunción Aramburuzabala, Alfonso Romo Garza, Jaime Bonilla y Raúl Elenes Angulo se hayan sumado a la lista de beneficiarios/benefactores del Movimiento de Regeneración Nacional.
Sobre los primeros dos personajes, el dato importante es que apersonan la búsqueda de beneficios propios, pero, al mismo tiempo, haciendo las veces de vocería de las dos empresas que en 2006 y 2012 se encargaron de fungir como caja de resonancia para la campaña mediática con la que se atacó a Obrador. Respecto del tercero, trasciende que se suma a los ya varios adeptos que el Morenismo ha extraído de las huestes formadas en Grupo Carso. Los demás, por su parte, resultan ser aliados peculiares por sus nexos, muy próximos, a las figuras de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quezada; circulo en el que se introducirían a las más recientes adquisiciones de Morena: Manuel Bartlet, funcionario central en los hechos de la caída del sistema, en los comicios de 1988; y Lino Korrodi, principal operador financiero de la campaña panista en 2000, a través de Amigos de Fox.
Del lado de la izquierda ideológica, las dos personalidades que más hacen ruido son las de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; ambos, cofundadores del Partido de la Revolución Democrática (junto con Cuauhtémoc Cárdenas, quien niega a sumarse a la propuesta de Morena). Y es que si bien el PRD ya destaca más en el imaginario colectivo nacional por su asimilación a la agenda programática del priísmo y del panismo que por las nulas banderas ideológicas con las que navega luego de su adhesión al Pacto por México, la captación de talentos partidistas en la que se ha traducido el proselitismo Morenista de Martínez y Muñoz Ledo representa una ventaja que se traduce, principalmente, en la captación de recursos y movilización de las bases de apoyo locales.
Suponiendo que todos sepan para quién trabajan, y que cada uno trabaje para quien dice hacerlo, el dato revelador de las recientes alianzas firmadas por López Obrador es que dan señas de que las cosas no están bien en algunos de los principales círculos del priísmo de la vieja guardia —por parte del perredismo, es claro que las cosas no transitan desde la resaca de 2006. Es significativo, en este sentido, que las agendas de Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y de Aurelio Nuño, titular de la SEP y suspirante presidencial, van en sentidos divergentes. Pero también, que una fracción del Partido Verde (PVEM) en el Sur de la República ya esté buscando su emancipación (sólo en términos electorales) para los siguientes comicios, o que el Grupo Sonora —origen ideológico del priísmo, del caudillaje, el corporativismo y el clientelismo contemporáneos del sistema político mexicano— se encuentre desalineado de las directrices del partido.
Porque más allá de la previsible candidatura de Antonio Meade para el 2018, lo que parece estar en el fondo del asunto no es, precisamente, la designación del candidato Oficial, sino que el tradicional sistema de cuotas y redistribución de las ganancias al interior del régimen no está siendo tan democrático como se habría esperado que fuese al asumir la presidencia de la República el Grupo Atlacomulco. Así que, de continuar con la tendencia hasta ahora observada en las firmas que se van sumando al Acuerdo Político de Unidad, lo que quedará cada vez más claro es en dónde se encuentran y qué tan profundas son las fracturas internas del priísmo que López Obrador podrá explotar para conseguir mayores dividendos electorales el próximo año.
Ahora bien, respecto del segundo punto de interés para el presente análisis, lo que no deja de inquietar es que Morena esté buscando aliarse, primero, con miembros del empresariado al que el mismo líder de Morena no ha dudado en nombrar Mafia del poder; y luego, con políticos de todas las identidades partidistas a las que por doce años declaró estar enfrentando. Porque, más allá de que Morena disponga solicitar una carta de arrepentimiento o de desafiliación de los partidos que se oponen a Morena, o de que López Obrador tenga razón al afirmar que todos los humanos erran y siempre son susceptibles de corregir su destino; esas amistades le pueden cobrar una factura muy cara a Morena en las urnas.
Es claro que, como en algún espacio comentó Paco Ignacio Taibo II, uno de los principales ideólogos del Morenismo, la alianza del partido con los ciudadanos, con sus fuerzas de base, ya está fincada, luego de construirse y consolidarse durante doce largos años en los que se atravesaron dos agresivas campañas presidenciales. Y es claro, asimismo, que las coaliciones con empresariado y figuras políticas de otra extracción partidista tienen en la mira reducir al mínimo la resistencia institucional, de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes públicos, al proyecto obradorista; además de enfocarse en la captación de recursos.
El problema es, no obstante, que esa alianza de la que Taibo II presume no está fincada en pilares lo suficientemente sólidos como para no quebrarse. Si los resultados que mostraron los sondeos realizados en las elecciones de junio pasado (en los que se determinó que el núcleo duro del voto Morenista proviene, en general, de los sectores medios con niveles considerables de escolaridad y cultura política), son representativos de algo, la consecuencia lógica de las recientes adhesiones al Acuerdo de Unidad de Obrador es que se rechacen: en la tónica de equiparar al partido con sus similares por el puro hecho de utilizar las mismas estrategias electoreras.
Después de todo, uno de los principales atractivos del discurso de Morena, en general; y de Obrador, en particular, a lo largo de poco más de doce años, era que en su agenda programática planteaba, de manera explícita, una diferencia sustancial respecto de la tendencia al amasiato a la que son propensos el resto de los partidos políticos nacionales. De aquí que, aunque se entiende que sumar adeptos abona a la consecución de la victoria política, el costo es atizar la percepción de que esa victoria debe ser alcanzada con independencia de los medios. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el orgullo y la euforia que le representaba a los integrantes del partido el que éste estuviera constituido por figuras emblemáticas de la academia, la sociedad civil, las comunidades obreras, la cultura, etcétera?
Las preguntas centrales aquí, por tanto, redundan en determinar cuáles son los criterios éticos a los que se está apelando al interior de Morena para determinar en qué momento concede la absolución a quienes fueron sus opositores con anterioridad, por un lado; y por el otro, en saber si esos límites se extenderán (en el supuesto de que se llegue a la presidencia) de manera tal que el costo de la alianza deba ser pagado justo en los mismos términos en los que el PRI, el PAN y el PRD suelen pagarlos. Y es que no debe pasarse por alto que la adhesión de estos personajes al Morenismo no es un cheque en blanco, tiene un precio predeterminado. Además, la cosa no funciona admitiendo la alianza en este momento para romperla después de obtener el triunfo. Las consecuencias que enfrentaría Morena para gobernar, si traiciona las alianzas que construye ahora, serían tan nefastas como las que enfrentan los gobiernos de oposición en algunas entidades: incremento de la delincuencia común, de la violencia, del desempleo, etcétera. ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar Obrador para consentir la acción?
En última instancia, no debe perderse de vista que si los intereses que aglutina Obrador en torno de su propuesta política son lo suficientemente sólidos y densos, éstos no perderán la oportunidad de condicionar y/o determinar los rumbos que Morena y su proyecto partidista toma en lo sucesivo. Y lo cierto es que López Obrador se acerca, sin mucha precaución, a este escenario.
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El ciclo progresista continúa en Argentina

El pasado mes de junio, la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció, ante una audiencia que superaba los treinta mil simpatizantes, que la necesidad de hacer frente a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri introducía el imperativo de aglutinar a la ciudadanía y a los movimientos opositores al régimen gubernamental en turno dentro de una misma plataforma desde la cual se articulase la movilización que, hasta el momento, cada uno de los sectores inconformes con el macrismo había llevado a la práctica en solitario.
De cara a las próximas elecciones de octubre, en las que el sistema político argentino se juega la constitución de la mitad de la cámara de diputados y un tercio del Senado, así como diversos cargos provinciales y municipales en quince provincias, la plataforma lanzada por Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana, consiguió consolidar, en el momento, tanto a diversos movimientos sindicales cuanto a un conjunto de cinco partidos (Compromiso Federal, Frente Grande, Kolina, Nuevo Encuentro y Partido de la Victoria) tradicionalmente opositores a los sectores conservadores de derecha en el país.
En términos electorales, el que el frente encabezado por Fernández de Kirchner haya aglutinado a cinco de las principales fuerzas partidistas de la nación dentro de una misma agenda programática —en general congruente y operable desde los diversos espectros ideológicos que les son propios a cada uno de los cinco institutos políticos— no representa una simple jugada de afinidades en los credos políticos que profesan. Por lo contrario, la decisión en torno a la conformación del bloque es indicativa de la conciencia que se tiene en Unidad Ciudadana sobre las fortalezas de cada instituto político, por un lado; y por el otro, de los réditos que cada uno sumará al frente para consolidarlo como la principal fuerza electoral en el camino hacia los próximos comicios presidenciales.
Por ello, no debe pasarse por alto que, de los movimientos políticos que conforman Unidad Ciudadana, el grueso de su constitución se concentra, de un lado, en tener presencia de base dentro de algunas de las provincias que representan el principal peso progresista del país (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén); y del otro, en aglutinar a la mayor cantidad de partidos, nacionales y provinciales, de izquierda; mismos que, en coalición electoral, dieron a Fernández de Kirchner sus dos victorias presidenciales, y le permitieron mantener la presencia de su plataforma de gobierno en espacios clave para su instrumentación en la forma de políticas públicas.
Aquí, no obstante, el único dato que hace ruido es que el Partido Justicialista no se encuentra dentro de la coalición. Y es que si bien es cierto que el grueso de los políticos y simpatizantes ciudadanos que conformaban la estructura de ese instituto se adhirieron, de facto, a Unidad Ciudadana, también lo es que, para no haber sido convocado a formar parte del frente amplio kirchnerista, las trabas que las élites y las dirigencias del justicialismo colocaron a la expresidenta y sus simpatizantes debieron de ser lo suficientemente insalvables como para forzar la ruptura. No sobra señalar, en este sentido, que tan sólo la escisión de la corriente Evita —interna al justicialismo y una de las principales movilizadoras de fuerzas de base de Cristina Fernández en sus dos mandatos presidenciales— del kirchnerismo implica ya la puesta en cuestión de la fortaleza que son capaces de adquirir ciertos movimientos socio-electorales cuando éstos actúan en favor de las políticas neoliberales macristas con bandera de izquierda moderada, o progresista.
Como elección de medio término, los comicios de octubre serán la primera vez que el macrismo intente refrendar en las urnas su gestión al frente del gobierno nacional: su derrota en las boletas no únicamente representaría una fuerte resistencia institucional en lo que resta de su gestión, al momento de hacer valen su programa de gobierno, sino que, además, implicaría un fuerte debilitamiento de su capacidad logística, financiera y de movilización de bases electorales para las contiendas electorales de 2019.
Y es que si las posiciones que se conquisten en diputaciones, senadurías y puestos provinciales y municipales son fundamentales para mantener en funcionamiento continuo a los aparatos electorales tanto del oficialismo como de la oposición, la verdadera derrota para el gobierno de Macri, en particular; y para el amplio conjunto de actores que militan en la derecha conservadora, neoliberal, en general; se materializará en el grado y la profundidad con la que los sectores populares se articulen unos a otros, a partir de la experiencia comicial apalancada por Unidad Ciudadana, para oponerse a las reformas estructurales que el gobierno de Mauricio Macri aún no termina por cristalizar.
En efecto, la lucha política en los comicios será importante para ambos extremos de la ecuación que se disputan su lugar dentro del aparato de gobierno argentino. Sin embargo, la batalla de la ciudadanía por recuperar, mantener o mejorar las condiciones de vida en las que se desenvuelve su cotidianidad será aún más decisiva para marcar la agenda que se deberá de seguir en lo sucesivo. Después de todo, la gestión de Macri al frente del gobierno federal no ha sido una de las más respaldadas por los sectores populares del país en cualquier materia.
Y lo cierto es que el descontento social —del cual se vale Unidad Ciudadana para capitalizar su estrategia electoral— no es para menos. De continuarse con la tendencia hasta ahora observada el política económica, uno de los principales flagelos a las condiciones de vida de los argentinos seguirá siendo la pérdida de su poder adquisitivo, acentuada, por un lado, gracias a un régimen sostenido de incrementos en el costo de diversos servicios ofrecidos por el Estado —gas, electricidad, etc.—; y, por el otro, a una política de congelamiento de los salarios que, sólo en la mejor de las negociaciones logró alcanzar la promesa de pasar de los ocho mil ochocientos sesenta a los diez mil pesos mensuales para julio de este año —cinco mil doscientos pesos por debajo del mínimo requerido para obtener la canasta básica.
Pero no sólo eso. Una inflación de alrededor de veintiocho puntos porcentuales es un acelerador de la desigualdad y del empobrecimiento que hace sentir sus efectos de manera general, en cualquier consumidor de la economía argentina —aunque no signifique lo mismo para un trabajador que gana el mínimo que para un empresario que especula en la bolsa con los precios de los comodities. No obstante, no es la mayor de las agresiones que el macrismo ha cometido en contra de los ciudadanos argentinos. Y es que, la realidad de Argentina da muestra de diversas crisis —paralelas a la reducción del poder adquisitivo, a veces efecto suyo, a veces su detonador— que se concentran en sectores muy particulares.
El caso de las centrales sindicales, en general; y de los sindicatos gubernamentales, en particular; es un claro ejemplo de políticas específicas que se han concentrado en desmantelar algunas de las más preciadas conquistas laborales de los trabajadores. Desde profesionistas del sector salud, hasta trabajadores del ramo de justicia; pasando por el educativo, el de transportes, de alimentos etcétera; los sindicatos se han mantenido como una de las principales resistencias a los despidos masivos, a la judicialización de la protesta social, a la reducción de salarios y prestaciones laborales, o a la eliminación de las mismas, como en el caso de las más de ciento setenta mil pensiones no contributivas canceladas, en tan sólo dos años.
El cuarenta y siete por ciento de los infantes, de cero a diecisiete años de edad, en situación de pobreza extrema, que contabiliza la UNICEF; las asociaciones ambientalistas y los grupos de comunidades indígenas en contra de los proyectos extractivos, en materia minera, o los conglomerados de campesinos que se ven despojados de sus tierras por empresas transnacionales dedicadas al desarrollo de cultivos transgénicos; por ejemplo, son otros de los sectores que se han visto más afectados por políticas públicas que, desde el dogmatismo del decálogo formulado en el Consenso de Washington, se justifican afirmando que son en favor de la libertad, la igual, la democracia y el progreso económico.
De cara a esos estratos, el endeudamiento público del Estado, por un monto de dos mil setecientos cincuenta millones de dólares, a través de un bono gubernamental a cien años que, con el pago de intereses al valor actual se terminaría de pagar en catorce años —lo que sólo significa que los otros ochenta y seis años se seguirían pagando alrededor de doscientos millones de dólares de manera gratuita, altruista— parecen encadenamientos efímeros al dogma neoliberal para las siguientes generaciones.
No sorprende, por lo anterior, que la agenda programática de Unidad Ciudadana se encuentre, en principio, en sintonía con la agenda de gobierno que Fernández de Kirchner propulsó desde su primer mandato al frente de la federación: con la recuperación del salario y los empleos perdidos, el control de la inflación, la regulación del sistema tributario, la consolidación de la producción nacional, el congelamiento de los precios en los servicios del Estado, la recuperación de los sistemas de previsión social y la retracción del endeudamiento público como principales banderas electorales dentro de un proyecto de quince puntos. Y es que, el arrastre popular que Cristina Fernández tiene no se explica si no es por lo directas, rápidas y abruptas que han sido las reformas que el gobierno de Macri ha implementado para desmantelar todo lo que dos presidencias de Cristina construyeron.
Reducir todo el descontento a argumentos que los exponen como meros resabios del kirchnerismo o expresiones anacrónicas, opuestas al progreso económico de la Argentina, no resulve ni explica nada. Basta con observar el cambio que hizo Cristina en la presentación de su plataforma electoral, con un estilo muy parecido al que Obama desplegaba en sus reuniones con ciudadanos, y que dan la impresión de bajar a la política al terreno de lo común, de lo comunitario en lo que se desenvuelve la cotidianidad del vulgo, para advertir que no es tanto el kirchnerismo como la amplitud de las conquistas sociales argentinas lo que se encuentra en juego.
Finalmente, no queda más que señalar que el movimiento que encabeza Cristina Fernández no se lee en singular. Es necesario observar que en Venezuela la corriente que se identifica con el ciclo de la izquierda progresista latinoamericana se encuentra en el proceso de constituir una Asamblea Constituyente; en Ecuador, la continuidad de la Alianza PAÍS, aunque más moderada y cargada hacia la centro-derecha que en los tiempos de Rafael Correa, continúa con la agenda de gobierno de éste; y, sobre todo, en Brasil, Luiz Inacio da Silva se perfila para posicionarse al frente del Partido de los Trabajadores, con la mira puesta en un tercer periodo presidencial.
       Si se leen en singular, estos eventos no dicen mucho, salvo aquello que tienen de particular en la coyuntura de sus espacios-tiempos nacionales específico. Pero vistos en conjunto, y, además, como parte de aquello que en la primera década del siglo XXI se caracterizó por implementar un proyecto progresista común, se entiende la fortaleza que adquieren en determinados intersticios.
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El espionaje en la vocación totalitaria del Estado mexicano

Pese a las catastróficas consecuencias de la filtración, en materia de prensa y medios nacionales, la noticia de que el gobierno mexicano emplea tecnología de punta para monitorear y espiar los movimientos de diversos activistas sociales y comunicólogos pasó, luego del trauma inicial en las primeras cuarenta y ocho horas, de un hipócrita descontento concentrado en las principales empresas en el ramo al completo enmudecimiento en aquellos círculos que no pertenecen a la diáspora de sujetos e instituciones que juegan su rol de contrapeso al andamiaje estatal.
La noticia, por supuesto, no es nueva. Basta, para poner en perspectiva la magnitud y la permanencia del problema, con recordar cualquiera de los —cada vez más recurrentes— casos en los que llamadas telefónicas, documentos confidenciales o personales y otros artilugios típicos de la cultura política mexicana son filtrados a medios de comunicación en coyunturas políticas, marcadas, generalmente, por procesos electorales, casos insostenibles de corrupción, sustitución de agentes políticos en posiciones clave para la administración pública, campañas de descrédito a reivindicaciones populares legítimas, procesos de criminalización a la ciudadanía, espacios de contención a crisis gubernamentales, estrategias de eliminación de la disidencia u oposición, etcétera.
Los casos ligados a Andrés Manuel López Obrador, por razones de una política pública que ya se consolida en términos transexenales, son los que el imaginario colectivo nacional tiene más presentes. Sin embargo, las llamadas de Carlos Salinas en torno a los crímenes de su hermano, Raúl; las de Vicente Fox, en abierto hostigamiento a los Castro; las de Josefina Vázquez Mota, acusando a Genaro García Luna de espiar al Partido Acción Nacional por órdenes del entonces presidente de la república, Felipe Calderón; las de Andrés Granier, presumiendo su colección de zapatos, financiada por el erario de Tabasco; y más recientes, las de Elba Esther Gordillo, de la “Tuta” o de cualquier otro capo de la droga y/o gobernador que se haya desalineado de la estrategia general de control y circulación del narcotráfico; dan cuenta de una actitud reiterada de práctica de espionaje gubernamental, por un lado; y de su aceptación pública, por el otro.
En 2015, por ejemplo, justo cuando la agenda del Pacto por México se consolidaba en materia de Reforma General de Telecomunicaciones y Radiodifusión —una reforma que, en las menores de sus disposiciones, criminalizaba la libertad de expresión, sujetaba las políticas editoriales a criterios moralistas, sancionaba la potestad del Estado para anular las comunicaciones en eventos que alterasen el orden y la estabilidad públicos, y finalizaba legalizando la intervención de las comunicaciones de los individuos que el Estado considerase una amenaza a sus intereses—; la ciudadanía se preocupó más por saber cuál de las dos televisoras dominantes sería la encargada de transmitir los principales partidos de soccer; en lugar de cobrar conciencia de que el gobierno, amparado por las modificaciones legales en la materia, ya empleaba software de la empresa italiana Hacking Team para ampliar la cobertura de sus instrumentos de espionaje a la ciudadanía.
Claro que los casos de espionaje emprendidos por el gobierno mexicano, cuando se conocen, suelen respaldarse sobre la premisa de que son acciones emprendidas en contra de potenciales amenazas a la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas (la demagogia de la retórica gubernamental, huelga señalarlo, también suele ser más artera que las palabras aquí empleadas). Por eso, cuando un político incómodo, un activista de izquierda, un empresario que se pasó de la raya, o cualquier otro individuo que no se ajuste a los intereses gubernamentales en turno es balconeado, la mayor alegación en contra del acto mismo es que quizá se debió hacer por medios un poco más transparentes, o por lo menos, menos cuestionables en materia de legalidad.
Porque en realidad, lo que se sanciona, popularmente, es el acto de exponer a cualquier miembro de las redes criminales o de corrupción gubernamental; siempre en la misma línea de ideas que afirma la criminalidad y la corrupción, sólo esperando que un caso de espionaje, una filtración de un documento o una llamada, una confesión de un testigo protegido o de un desertor del sistema verifique y valide esa acusación a ciegas.
No se coloca en perspectiva, pues, que detrás de esos actos de espionaje siempre se encuentra oculta la posibilidad, real y potencial, de que a un costado de todos esos casos de filtraciones se hallan los miles, o quizá millones, de objetivos no filtrados que, en las mismas condiciones, sus actos y palabras, sin importar que tan próximos o lejanos se encuentren de las arcas del poder gubernamental son monitoreados. Porque lo cierto es que, en estas tesituras, cuando se revela que Carmen Aristegui o Juan Pardinas están siendo espiados sistemáticamente (y nótese el recorrido que se da de la izquierda crítica a la derecha dogmática, personalizadas en la figura de una y otro), la resistencia social no versa sobre las violaciones a la individualidad y los derechos humanos que la protegen.
Versa, por lo contrario, en la negativa a reconocer que las instituciones en torno de las cuales se articula la totalidad de la vida en sociedad, dentro de la cual nos desenvolvemos como individuos y como colectividad, se encuentran, siempre, en permanente escrutinio de la sociedad, colocándola bajo la mirada inquisidora de un aparato gubernamental, de una estructura estatal, que tiene por vocación ser totalitaria, autoritaria en sus designios.
Y es que, en efecto, apelando al argumento en defensa de la individualidad, la privacidad y los derechos humanos, se legitima la lógica de que las experiencias históricas en las que el Estado mexicano ha recurrido a la matanza de estudiantes, a la guerra sucia en las sierras, a la represión de los sindicatos opositores, a la criminalización de la protesta social, al uso de la guerra en contra del narcotráfico como instrumento de dominación sobre la sociedad, en general, fueron, son y seguirán siendo, cada vez que se presenten, excepciones a la regla de moralidad, o de conducción ética, de las instituciones y las normas legales que le dan sustento en cuanto Estado-nacional.
Mientras que recurriendo al reconocimiento de que las instituciones mexicanas no son inherentemente bondadosas, éticamente correctas de origen, con lógicas funcionales en favor de la sociedad que las engendró, el individuo se queda abandonado a sí mismo, en el vacío que significa mirar la naturaleza represiva, homicida y autoritaria de la institucionalidad y la legalidad que le da fundamento a su colectividad. En este sentido, aun cuando se tiene cierta presunción de culpabilidad generalizada en la instrumentación que hace el Estado de sus dispositivos de vigilancia, la población se niega a considerar, verdaderamente y en su totalidad, la posibilidad de que cada individuo es un peligro potencial al que se debe vigilar y castigar.
Escándalos como el de Pegasus —amplificado en sus efectos por el hecho de haber sido visibilizado por un medio de comunicación extranjero, como si la extranjería en las acusaciones siempre fuese una carta de verdad incuestionable—, no suelen ser recurrentes. Sin embargo, no se requiere que cada día se transparente la actividad de las instituciones de inteligencia, de procuración e impartición de justicia, y de la defensa nacional, para dimensionar las estrategias de las que se vale el gobierno de México para mantener la correlación de fuerzas vigente.
El número de personas involucradas en la operación del dispositivo, el costo del programa, las instituciones que lo operan y los objetivos sobre los cuales se despliega son banalidades cuando se contrastan con el acto mismo de desdoblar todo un andamiaje de vigilancia en el que el software especializado en la materia es la menor de las preocupaciones de una sociedad que cada día se sumerge más en su dependencia a los medios electrónicos, y en el deslizamiento de su vida por un burdo reflejo de su existencia que ofrece el universo virtual.
Que los objetivos del presente escandalo fuesen activistas sociales y comunicólogos que en diferentes grados han cuestionado alguna política del gobierno en turno parece dar la impresión de que, en esta ocasión, el acto de espionaje es atroz, éticamente condenable por el solo hecho de atacar a luchadores sociales, a individuos que, se presume, intentan mejorar a la sociedad. Sin embargo, y más allá de la respuesta desafiante del titular del ejecutivo federal —por lo demás despreciativa de las demandas de sus gobernados—, en un tiempo en el que empresas del calado de Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, etc., contienen en sus bases de datos una mayor cantidad y calidad de información sobre sus usuarios que los propios archivos de las dependencias gubernamentales, hacer visible el espionaje gubernamental es sólo el primer paso en una carrera a contracorriente con el desarrollo del Big Data.
Por ello, la peor consecuencia a la que se llegaría en el presente caso no sería ninguna que tenga que ver con mayores filtraciones o con una correcta respuesta del aparato de gobierno. El peor de los escenarios, más bien, comienza con una sentencia que afirma que, en un mundo inherentemente violento, agresivo por naturaleza, con regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba (acusación preferida de la derecha más conservadora e intransigente), los servicios de espionaje y de inteligencia son necesarios para el mantenimiento de la propia vida.
Porque cuando Google tiene el registro más exacto de la geolocalización diaria de millones de sujetos, cuando Facebook tiene el perfil psicosocial de miles de millones de usuarios, cuando Microsoft tiene al archivo más abultado de conversaciones interpersonales y Apple la mayor reserva de imágenes privadas en sus servidores; argumentos como el anterior sirven para montar estrategias discursivas y prácticas cotidianas de (re)producción de la criminalidad en las que, además, cada ámbito de la socialidad humana es susceptible de ser moldeado a través del velo de los servicios informáticos.
       Y por supuesto, no cuestionar esto es, siempre, aliciente para no cuestionar la configuración política, las instituciones, las normas jurídicas, y los sistemas de gobierno y autoridad pública vigentes. Este no es, y no debe ser considerado como tal, un caso aislado en el que los operarios del programa se desviaron de sus verdaderas funciones, de la real naturaleza ética de sus funciones. El Estado es totalitario justo porque en su actividad gubernamental progresa en los mecanismos de observación y sujeción de la individualidad
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