Catalunya: contra los nacionalismos, la Identidad

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Esta semana, la revista francesa Charlie Hebdo —famosa a nivel internacional, por lo menos los últimos años, debido a los atentados en los que algunos de sus integrantes fueron despojados de su vida, y cuya autoría reivindicó el Estado Islámico, en 2015—, dedicó su edición a los catalanes que buscan su independencia formal de la estructura estatal española; afirmando que lo que este sector de la población se está jugando es la resolución de la tensión entre su propia estupidez y su propia muerte —con la primera aventajando a la segunda.
En redes, el elemento que tendió a causar más indignación, tanto en la agenda de un reducido número de medios cuanto en la opinión pública general, fue la portada del semanario, definida por una alegoría en la que la sociedad catalana es representada a través de la iconografía que típicamente se emplea para identificar a la criminalidad, en general; y al terrorismo, en particular; y que en esta ocasión no deja de aludir, por un lado, al largo y violento proceso de reconquista (y aquí el re- en la palabra encubre el acto colonial, la verdadera conquista) que los gérmenes de una Europa ya consolidada en su militancia católica emprendió en contra de moros y musulmanes, desde el siglo VII hasta el XV; y por el otro, que rememora a los corsos organizados alrededor del Fronte di Liberazione Naziunale Corsu, que desde 1976 buscó la independencia de la isla de Córcega, respecto de Francia.
El mensaje, en ambas codificaciones, es claro: la condena pública de todo acto que atente, o si quiera cuestione, la identidad europea construida desde el medioevo tardío, o cualquiera de las identidades nacionales edificadas dentro de ésta —mantenidas en su vigencia por los mismos estratos que ven en el nacionalismo moderno un catalizador de la conflictividad social interna hacia un enemigo extranjero.
Esta portada no es, sin embargo, el rasgo más problemático de la última edición del semanario: más allá de los dibujos de los pequeños sujetos encapuchados, con expresiones hostiles y portando armamento de alto calibre, frente a una mesa presidida por la cabeza de moro, la lámina en cuestión carece de simbolismo (o en su defecto, éste es relativamente acotado a esa primera impresión de anarquismo que ofrece) para todo aquel que carece de referentes históricos claros sobre los movimientos autonomistas europeos —y sus correspondientes resistencias nacionalistas.
Más bien, es la editorial la que representa un verdadero reto discursivo, y no porque ésta contenga en sí una particular dificultad que la haga parecer densa, incomprensible o profundamente filosófica frente a quienes leen sus letras; sino por causa de lo representativo que es su texto de una suerte de saber fáctico generalizado, es decir, de una especie de sentido común imperante en los amplios sectores conservadores del statu quo vigente y, sobre todo, de la unidad política-administrativa de la nacionalidad.
 En este sentido, tres son los argumentos generales que en Europa se esgrimen en contra de las pretensiones autonómicas, no sólo de Catalunya, sino de otras más, como Escocia, del Reino Unido; Flandes, de Bélgica; Nueva Caledonia y Córcega, de Francia; las Islas Feroe, de Dinamarca; o, Lombardía y Véneto, de Italia.
El primero de ellos tiene que ver con el temor a la balcanización de Europa. El semanario francés lo expresa de este modo: «If all the European regions with their own language, history and culture start claiming independence, the Old Continent will soon break up like pack ice under global warming. Given that there are 200 languages in Europe, why not create 200 new countries?».
Aquí, el argumento apunta a la preservación de la idea de Europa, por cuanto entidad geográfica, política, jurídica y administrativa; así como en términos de identidad geosocial; afirmando, sobre la marcha de la sentencia, que una lengua, una historia y una cultura comunes a una unidad comunitaria determinada son apenas elementos banales, de segundo orden de importancia, frente a rasgos identitarios compartidos mucho más profundos que, se infiere, se derivan de la matriz de valores que definen a eso que con tanta naturalidad se le denomina Occidente —con la igualdad, la libertad, la fraternidad, la democracia y la justicia por delante.
El riesgo de respetar las pretensiones independentistas de Catalunya, o de cualquiera de las otras regiones en situación similar, sería, en esta línea de ideas, el llegar al absurdo de contar con doscientos nuevos Estados-Nación en donde ahora sólo dominan cinco potencias capitalistas de firme y militante vocación colonial.
¿Por qué no tener doscientos nuevos Estados, se pregunta en tono satírico el editorialista de Charlie Hebdo? Y lo primero que viene a la mente al leer esas palabras es que antes de que Europa fuese realmente Europa (o la idea de lo que se conoce como Europa), el viejo continente estaba poblado por una vasta diversidad de colectividades a la que las monarquías, primero; y los Estados-nacionales, después; fueron aniquilando, en el peor de los casos; asimilando a sus estructuras, en el mejor; con el claro objetivo de fortalecerse y asegurar la marcha continuada del sistema de producción moderno capitalista que los beneficiaba en sus márgenes de acumulación de riqueza.
Eso lleva al segundo argumento general de la editorial de la revista, pero también del sentido común europeísta: la independencia sólo es legítima cuando se esgrime en contra de la tiranía y la opresión. Las páginas de Charlie Hebdo lo sentencian así: «Independence, but from what? Independence is legitimate when you want to break free of tyranny or oppression. […] Independence: a flamboyant word sometimes hiding less noble concerns».
Pasando por alto la brutal represión que el gobierno nacional español ejerció en contra de los catalanes el día primero de octubre, mientras éstos celebraban una consulta pública con carácter de referéndum; y dejando al margen de la discusión que, por un lado, Catalunya aporta a España el 20% de su Producto Interno Bruto; y por el otro, que grandes capitales —como los representados por la Open Society Fundation— han financiado de manera permanente el proyecto de contar con una Catalunya independiente de la corrupción y la burocracia española; el argumento de que los catalanes no se enfrentan a ningún poder antidemocrático, y de que, por lo tanto, sus pretensiones son puramente burguesas, basadas en el egoísta motivante de no compartir su riqueza con los lastres que les suponen las regiones más empobrecidas del país, es trágico no por poner sobre la mesa estos dos elementos, sino porque a pesar de que es un juicio que anula por completo las definiciones más abstractas, individualistas y utilitaristas de democracia y libertad con las que Occidente colonizó y recoloniza las periferias globales, es suscrito por igual desde la izquierda (institucionalizada) y desde la derecha.
Y es que, en efecto, aún desde las posiciones más recalcitrantes en favor de una Catalunya independiente, el conservadurismo satura y desborda todos los argumentos cuando retrae todo el problema a la afirmación de que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos siempre debe respetar la determinación que se le impone desde el corpus jurídico, legal o constitucional, propio de la entidad estatal de la cual pretende independizarse. Así, la independencia sólo es válida cuando la reconoce el Estado colonizador.
El problema es evidente, y da parte para asegurar que la humanidad aprendió poco (o nada) de los procesos de descolonización que se gestaron en las periferias globales desde hace doscientos años —y que en algunas latitudes aún se continúa peleando la misma batalla. Es como si después de declarada la última independencia apadrinada por algún Estado colonial o auspiciada por alguna organización del estilo de Naciones Unidas la autodeterminación de las comunidades humanas ya no fuese más un derecho válido, o siquiera una reivindicación legítima.
Occidente, en particular, aún no reconoce (pese a que quizá ya lo observa con naturalidad), que la democracia y la noción de libertad con la que navega por el mundo colonizando periferias, interviniendo países, declarando guerras, instalando dictaduras, etc., son, por igual, procesos profundamente opresores y fundamentalistas con aquellos imaginarios que no se asimilan a las definiciones y a las prácticas que fundan aquellas, sus propias (pero no las únicas ni las más válidas) versiones de libertad y de democracia.
Por ello surge el tercer argumento general en contra de los autonomismos: la negación absoluta de las diversas identidades que se fundan, sobre la marcha, en e terreno de lo político y lo comunitario. La editorial del semanario lo expresa así: «Why are the words "identity" and "culture" audible when they are uttered by the Left, but become repugnant when used by the Right or the extreme Right?».
Aquí, como es de suponerse, el problema es que la relativización de los procesos identitarios, anclándolos a posicionamientos de derecha y de izquierda por igual, invisibiliza el hecho de que no es el posicionamiento ideológico en algún lado del espectro político o confesional lo que legitima a un proceso como el catalán, sino la tensión existente entre dos (o más) núcleos identitarios que ya se reconocen como incompatibles. Y sobre todo, en donde una de esas identidades (la que se identifica con la estructura estatal que se niega a conceder la independencia de la otra), despliega frente a la otra un claro proyecto colonialista en el que en nombre de la unidad nacional (unidad en una sola versión de nación) anula lo particular de aquella que busca su autonomía.
Por eso es claro que ante cada reproche e indignación de los nacionalismos se debe mostrar que el problema no se reduce a un mero desplazamiento de un nacionalismo a otro, de un nacionalismo nacional a uno regional, local, sectario. Porque ante las posturas que descalifican el proceso catalán nominándolo como golpista, secesionista, separatista, o similares y derivados, es imperante observar que aún si el interés independentista tiene un marcado acento sobre la dimensión productiva de la región, es decir, en su riqueza o el tamaño de su mercado, etc., aún en ese supuesto, la autonomía responde al cese de la identificación de la comunidad con los intereses de la nación nodriza.
Puede que lo que estén buscando Escocia, Flandes, Nueva Caledonia, Córcega, las Islas Feroe, Lombardía y Véneto sea un mero capricho, pero ese capricho lo que está poniendo en juego es la identidad de dos o más comunidades. Y ante ello, la intransigencia de negar ese proceso, de demeritarlo en el ejercicio del más atroz de los despotismos ilustrados, lo que se pone en marcha es el juego del fundamentalismo, de la negación o la aniquilación de la otredad porque supone un peligro para lo propio, para uno mismo.
Y la cuestión es que el ser humano no es estático, así como tampoco lo son sus identidades. Ningún Estado-nacional que existe hoy existió como sí mismo hace mil años, y muy probablemente no lo harán dentro de otros mil. Pretender querer congelar el tiempo y el espacio en el momento presente, dando por hecho que las identidades (o las nacionalidades, si se prefiere) que hoy existen serán permanentes, inmutables, no sólo niega la historia misma de la humanidad —con sus múltiples comunidades humanas transitando de una identidad a otra—, también justifica que en la defensa de esa permanencia, de esa inmutabilidad, por un lado, se funden los extremos más avasalladores de la alienación poblacional (como el nacionalsocialismo); y por el otro, que se siga justificando, interiorizando y naturalizando la destrucción de las culturas originarias (indígenas, autóctonas o similares y derivados) en nombre de la modernización y el progreso humanos.
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Industrialización por reconstrucción

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En vísperas de la visita del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, a México, y de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el principal organismo cúpula representante de los intereses industriales en México, desde 1918, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), lanzó la advertencia pública de que México se retirará de la renegociación del Tratado si en las próximas conversaciones sobre la materia se vierten propuestas que vayan en contra del interés de los mexicanos o si se llega a poner en peligro la soberanía del país.
Por supuesto, aunque el ultimátum de la Concamin pudiera parecer, hasta cierto punto, banal o intrascendente —por recurrir a un lugar común, a una frase trillada y sobreexplotada dentro de la estrategia discursiva del Gobierno Federal—, no es, por lo contrario, para nada un evento que se daba pasar por alto sin mayor reparo en sus implicaciones no confesas.
Y es que si bien es cierto que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos diversos actores, individuales, corporativos e institucionales, así como ciertos sectores de la población, han optado por la repetición sistemática de este tipo de juicios —que de manera tan certera y explícita apuntan a la efervescencia del nacionalismo mexicano para hacer frente a las agresiones externas—, también es verdad que, en esta ocasión, el que sea el organismo aglutinador de los intereses industriales nacionales quien emite tal afirmación reviste al acto de un simbolismo muy particular que da cuenta de los grados de oposición a los que ha llegado la defensa de los privilegios empresariales de los privados en ambos lados de la frontera.
En este sentido, cuando Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, afirma que México se retirará de la mesa de negociaciones cuando se encuentre cualquier tipo de cerrazón o pretensión de imponer decisiones contrarias al interés de los mexicanos, lo que hay de fondo no es la pura retórica ni el dogmatismo nacionalista de un discurso que pretende dotarse de legitimidad en un contexto de franca desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas y privadas. Reducir el gesto a tales términos invisibiliza que la Confederación aglutina y representa las ganancias de industrias tan redituables como la del vestido, de la construcción, del transporte de carga, del calzado, de conservas alimenticias, de consultoría, de electrónica, telecomunicación y tecnologías de la información, etcétera.
Más bien, lo que no debe perderse de vista en las últimas declaraciones de la Confederación es, en primera instancia, que cuando discurren en tercera persona no se están refiriendo a la generalidad de los mexicanos, como sujetos representados, sino a las cámaras nacionales, regionales y genéricas, así como a sus asociaciones que se encuentran efectivamente representadas por un mismo interés empresarial general. De ahí que la retirada con la que amenaza el presidente de la Concamin no se funde en la ofensa, el condicionamiento o la puesta en peligro de todos los mexicanos y sus intereses nacionales, sino en la afrenta en que estas cámaras y estas asociaciones adscritas a la Confederación estarían siendo colocadas, respecto de sus homólogos estadounidenses.
Después de todo, siendo las corporaciones estadounidenses sus principales competidores en el mercado nacional mexicano, la Concamin no está en posición de ceder espacios de negocios si en ello se van las ganancias que los industriales mexicanos requieren para mantener su actividad productiva misma, y por supuesto sus márgenes de ganancia.
Por ello, no es de extrañar que uno de los temas que más preocupe a los industriales mexicanos tenga que ver con la relación que existe entre los niveles salariales de las tres entidades estatales que participan en el Tratado de Libre Comercio. Porque, en primer lugar, todo TLC entre un Estado central y uno periférico está diseñado para mantener inmóviles las relaciones asimétricas del intercambio mercantil, subordinando el Estado periférico al central como mero espacio de externalización de costos; y en segundo, porque esa misma asimetría (que en principio se supondría benéfica exclusivamente para los competidores extranjeros), es, al mismo tiempo, el asidero al cual se ciñen los capitales nacionales del Estado periférico para abaratar sus propios costos de producción.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Trabajo, de Estados Unidos, en 1975, por ejemplo, un trabajador mexicano laborando en el sector manufacturero representaba, en términos salariales, un costo que apenas alcanzaba una proporción del 30% respecto de su contraparte estadounidense. Esa proporción, en 2012, pasó a 14%; y a principios de 2017, tras las sucesivas depreciaciones del peso frente al dólar, llegó hasta el 12%; lo que sólo significa que este año un trabajador mexicano especializado en el ramo de las manufacturas es 88% más barato que su contraparte estadounidense.
Esta situación, claro está, no sólo beneficia a los capitales extranjeros que se establecen en suelo mexicano gracias a las condiciones tan favorables que maximizan sus ingresos (con los bajos salarios y la nula recaudación tributaria de la que son objeto en primero y segundo lugar). También beneficia a los empresarios nacionales que compiten en el mercado local: porque en el momento de abaratar costos de producción para atraer inversión extranjera directa, la pauperización es generalizada. Además, no debe perderse de vista que en muchas de estas industrias, en la mayoría, en realidad, los capitales nacionales predominan por encima de los extranjeros, lo que se traduce, en términos comparativos, en más empleos creados por empresas mexicanas que por corporaciones transnacionales.
Ahora bien, la postura de la Concamin no es reciente. Ya desde que Donald Trump comenzó a amenazar con denunciar el tratado y con no volver a negociar sus términos la Confederación fue uno de los principales actores que se pronunció por la opción de optar por un desarrollo económico nacional volcado hacia afuera, como en una especie de ciclo renovado de industrialización por sustitución de importaciones. Y lo cierto es que es una postura que no sorprende, después de todo, al conglomerar a los sectores productivos encargados de la actividad manufacturera/maquiladora del país, es decir, a las labores encargadas de reproducir las bases materiales del comercio mexicano —por oposición a los servicios y a las actividades de financiarización—, ante un posible abandono del Tratado, la pretensión es llenar el vacío que se deje y acaparar los recursos públicos que se destinen para el crecimiento económico de los siguientes años.
Por eso, es evidente que no son azarosas las agendas que la Confederación y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) formularon y han estado promoviendo ante el Gobierno Federal como vías alternas a una posible catástrofe comercial en la relación México-Estados Unidos. Las solicitudes que ambas instancias han estado reiterando, en términos de los fondos públicos que requieren para lograr ser más competitivas que sus pares extranjeras; del recorte de impuestos que consideran pertinente para facilita la oferta laborar en las empresas que aglomeran; o de las políticas públicas que afirman deberían de estar implementándose en este momento para contar con mayores volúmenes de mano de obra especializada en la manufacturación de productos van justo en ese sentido.
Por eso, quizá, el agravante de las recientes advertencias de la Confederación de Cámaras Industriales es que lo hayan hecho en un momento tan clave de las últimas fases de negociación del tratado. Porque habiéndose visto complacidas en las tres mesas de concertación anteriores, lo primero que salta a la vista es que éstas ya hayan llegado a un punto en el que los industriales del país se estén viendo afectados en límites que les son inaceptables, y que ponen en juego la base de consumo sobre la que han estado construyendo sus fortunas durante las últimas tres décadas.
Y es que si sólo fuese la Confederación la que está emitiendo tales declaraciones la cosa del asunto quizá no se advertiría tan grave para los empresarios mexicanos. Sin embargo, no son sólo los industriales: el propio CCE y hasta la alta clase política del priísmo más añejo y autoritario ya han marcado, por lo menos en términos discursivos, una delimitación muy clara de los temas que los ponen en riesgo no como mexicanos frente a una potencia extranjera comandada por un nacionalista de corte supremacista intransigente, sino como clase propietaria nacional.
Por ello, justo, es que no se deben menospreciar las señales que los empresarios mexicanos están mandando en estos momentos: todas ellas dan cuenta de los flujos en los que se están moviendo para asegurar sus márgenes de concentración y acumulación de capital en un momento en el que, por un lado, el despojo de la riqueza social apropiable se encuentra en franca aceleración por la vía de la instrumentación de las reformas estructurales del Pacto por México; y por el otro, en un momento en el que las afectaciones que diversos eventos climáticos y geológicos comienzan a demandar la privatización de las actividades de reconstrucción de las zonas afectadas, en donde la ciudad de México figura como el principal mercado inmobiliario, y Oaxaca, Morelos y Chiapas lo hacen como zonas de mercantilización privilegiadas por la vía del establecimiento de las Zonas Económicas Especiales.
Porque lo cierto es que en estas dos situaciones no únicamente se encuentra en juego la restauración o reconstrucción de las identificaciones y la infraestructura dañadas; más allá de ello, lo que hay de fondo es un potencial inconmensurable de reestructuración de mercados, de cadenas de valor, de flujos de producción, comercialización y consumo; así como la potencialidad de performar nuevos espacios de valorización en donde no los había hasta antes de los desastres vividos.
Parece poco, en comparación con el tamaño de la economía nacional, sin embargo, lo que va quedando claro —y ya en las primeras etapas de planificación— es que los flujos de capital que se requiere movilizar son lo suficientemente grandes como para reactivar sectores de arrastre, como en el caso de la industria de la construcción, de la cual dependen un millar de actividades productivas.
Así pues, es imperativo no dejar de leer las negociaciones del Trtado de Libre Comercio y la política económica del Gobierno Federal de frente a las situaciones que vayan surgiendo como secuelas de las inundaciones, los deslaves, los sismos y los huracanes de los últimos meses, pues con el pretexto de la reconstrucción, los sectores público y privado nacionales estarán ahondando la mercantilización de la vida en sociedad en espacios y en tiempos antes ajenos a su dinámica.
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Individualismo y barbarie en Las Vegas

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El debate que se ha desencadenado en la opinión pública nacional, en torno del tiroteo que despojó de su vida a medio centenar de personas, en un evento musical público, en Las Vegas, Nevada; recuerda, en primera instancia, todas esas ocasiones en las que ese mismo debate se ha tenido que reciclar a sí mismo cada vez que un evento similar ocurre en Estados Unidos, saturando la discusión con algunos espacios comunes sobre los cuales, en un lapso temporal relativamente corto, se montan construcciones analíticas viciadas y sin capacidades de problematizar los puntos genealógicos, es decir, originarios, desde los cuales se forja la sistematicidad de hechos como el presente.
En términos generales, esos espacios comunes, esas analíticas viciadas, ese sentido común en torno de lo que en el imaginario colectivo estadounidense es denominado indistintamente como una masacre (massacre) o un tiroteo (shooting) se reducen, en última instancia, a una narrativa del terror, pese a que su derivación en discursos sobre terrorismo depende, por entero, de la pertenencia racial, nacional, religiosa, cultural etc., de quien ejecute el acto en cuestión.
Así pues, el hilo o la continuidad discursiva que atraviesa las narrativas de atentados como los de Virginia Tech, Virginia (2007); Newton, Connecticut (2012); San Bernardino, California (2015); y Orlando, Florida (2016); es una en la que el terror se presenta como el elemento constructor de las oposiciones entre seguridad e inseguridad; entre libertad y coacción; entre lo propio y o ajeno; entre la identidad y la otredad, etcétera. Pero ello, sin que en ese discurrir se enuncie al terrorismo, como experiencia y fenómeno sociopolíticos concretos, pues derivar el acto a su denominación como atentado terrorista depende de que quien discurre, quien se coloca en la posición de observador o de víctima del atentado identifique y construya a un enemigo, a una otredad en el perpetrador.
En este sentido, si bien el discurso sobre el terror se mantiene presente en las narrativas de todos los eventos mencionados —reforzando los dispositivos de poder que el Estado monta sobre las nociones de seguridad, paz y orden públicos—, sólo los casos en los que el ejecutor es un sujeto perteneciente a otra raza, a otra nacionalidad, a otro culto religioso, a otra cultura, etc., el acto se vuelve un atentado terrorista, y tal es el tratamiento analítico que se le da en el espacio público. El terrorismo, pues, para un observador estadounidense blanco, anglosajón y protestante es un término reservado para negros, latinos, musulmanes, y así sucesivamente.
La cuestión es, no obstante, que para llegar a ese tipo de conclusiones se debió transitar por otras series de análisis que fungen como premisas generales de aquellas a partir de la puesta en juego de puras tautologías. Y entre éstas, dos son las series dominantes.
Por un lado, se encuentra aquella en la que se construye la personalidad del ejecutor. Es fácil de observar porque, para todos sus efectos, es en el análisis de la personalidad del sujeto que se busca encontrar las causas últimas, las razones que tuvo éste para realizar tales actos tan inhumanos. No es una estrategia discursiva nueva, por supuesto. Desde que el terrorismo comenzó a introducirse en el debate público internacional, entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, identificar el perfil psicológico de los perpetradores se convirtió en un método que, se argumenta, ofrece una representación fil de los problemas que los terroristas tienen en contra de la humanidad; de su desconexión con lo humano, con lo social y lo común.
En los eventos de Las Vegas, por ejemplo, la discusión se encuentra dominada por el análisis de su situación laboral, del segmento socioeconómico al que pertenece, del tipo de relación que tenia con sus amigos, vecinos y familiares, de sus antecedentes penales, de sus historiales académico y de salubridad, de sus gustos y pasatiempos, etcétera. Y la cuestión es que, en este tipo de analítica, lo que no se está observando es la manera en que se está construyendo la personalidad del sujeto de manera tal en que éste ya se parezca a su delito o a su acto terrorista muchísimo antes de que éste siquiera fuera cometido por aquel.
Contar con baja autoestima, haber transitado por una infancia o una adolescencia solitaria, ser sicológica o emocionalmente inmaduro, tener una personalidad poco estructurada, haber sufrido carencias afectivas, tener una mala o una pobre apreciación de la realidad, estar desequilibrado afectivamente, etc., se convierten en justificantes sicológicos de una personalidad asesina, violenta, terrorista introduciendo la idea de que el asesino, el violento y el terrorista ya lo eran desde el primer momento en que su vida cotidiana se vio afectada por alguna de estas condiciones emocionales y cognitiva.
El problema es que se parte de la noción de que existe un punto cero, una regla general o una especie de normalidad en cada una de esas condiciones: se parte de la idea de que existe una personalidad normal (una normalidad sicológica, afectiva, emocional, cognitiva, etc.,), fuera de cuyos parámetros ya se está dentro de una condición patológica, potencialmente peligrosa tanto para el propio individuo como para la sociedad en la que se desenvuelve. Y lo cierto es que esto es un problema porque anula por completo el peso y la determinación que la sociedad, la política y la cultura tienen sobre el comportamiento del ser humano.
En otras palabras, individualiza la violencia: exculpa a la sociedad de esos contenidos sociales, políticos y culturales que reproducen sistemáticamente la violencia, la muerte, el terror para mantener o cambiar el estado de cosas vigente. Y entonces, poco importa que sociedades como la estadounidense se basen en una concepción de libertad individual en la que sistemáticamente se reproduce la idea de que la comunidad es un peligro para el propio individuo. Pero no sólo, pues son análisis que omiten que esa misma sociedad reproduce, también de manera sistemática, el recurso a la guerra como precondicionante para la paz y la estabilidad; omiten que la tortura a los prisioneros de guerra, en Guantánamo, es una práctica socialmente aceptada, validada e interiorizada, and so on.
En este sentido, la segunda serie de tautologías dominante es aquella en la que se construye el entendimiento de la violencia como una propiedad incrustada en la técnica, ajena y exterior al individuo. Aquí, el problema es que se lleva a los extremos del absurdo la premisa de que la fuente de todo evento violento, como las masacres y los tiroteos públicos en Estados Unidos, se encuentra en las armas que circulan en la sociedad, como si con el hecho de retirar cada arma, real o potencial, hiciese que los sujetos sociales dejen de ser violentos.
Así pues, los análisis que se proponen ser más críticos que el promedio de narrativas que circulan en el espacio público terminan por afirmar que el problema de la violencia en Estados Unidos, en realidad, no tienen nada que ver ni con los migrantes, ni con los terroristas, ni con el desempleo, ni con el consumo de estupefacientes, sino con el hecho de que de cada diez habitantes del territorio estadounidense, nueve cuentan con una arma de fuego. De ahí que esgriman como su indicador más irrefutable el hecho de que en las sociedades primermundistas con menor cantidad de armas en manos de los ciudadanos sean, al mismo tiempo, las sociedades con menores índices de violencia, en general; y de homicidios, en particular —por oposición, claro está, a las sociedades con mayor número de armas, que serían las más violentas.
Y este es un extremo de lo absurdo porque hace suponer que la violencia emana de las armas, y no de un sujeto que se encuentra inscrito en un contenido cultural determinado. Que las sociedades con menor circulación de armas de fuego sean las sociedades con menores índices de violencia y de homicidios no se debe a la escasez de armas. Por lo contrario, el que existan menos armas en circulación es consecuencia de una cultura que las repudia como instrumento o técnica válida para su uso en sociedad. De tal suerte que la ecuación correcta es la opuesta a la que se reproduce en el sentido común: las armas son consecuencia de una determinada configuración y de un específico contenido cultural, y no su determinante.
En Estados Unidos, mientras se siga valorando más una cultura individualista, en la que las personas conciben a su comunidad y a su sociedad como un peligro inminente en contra de su libertad; mientras no se logre establecer vínculos sociales que den coerción al contenido comunitario —más allá del contacto esporádico que se establece a través de los canales de producción y consumo de mercancias—; mientras la guerra y sus derivaciones civiles en los cuerpos de seguridad pública no dejen de ser precondición para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden sociales el contenido cultural sobre el cual se asienta la conciencia violenta de la colectividad no desaparecerá, y eventos como los de Las Vegas continuarán sucediendo.
Finalmente, no sobra señalar que el perfil sicoemocional de Stephen Craig Paddock, el tirador de Las Vegas, pese a contener elementos que en cualquier otra situación lo catalogarían como terrorista de inmediato, su caso se encuentra atravesado por una discursividad racial, en la su pertenencia al núcleo social estadounidense (blanco, anglosajón y protestante) lo blinda y lo abstrae de dicha denominación. La sentencia de su padre, Benjamin Paddock, a veinte años de prisión, por robo a un banco; y su designación por el FBI como psicópata al que le gustan las armas; así como la experiencia laboral de Craig en la industria armamentista, su gusto por la caza de animales salvajes y el haber contado con más armas en su hogar que la veintena que lleva encima al momento de disparar; habrían sido motivos suficientes para declararlo como un terrorista profesional, de haber sido negro, musulmán o extranjero.
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Entre masculinidades asesinas y feminicidios

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Si se le observa con un fondo de contraste como el que ofrece permanentemente el combate armado directo en contra del narcotráfico, el asesinato de Mara Castilla no parece ser un caso excepcional, con muestras de mayor brutalidad que el que mostraron los más de dos mil feminicidios anuales cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón, o los más de dos mil quinientos anuales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Después de todo, en aquellos sucesos, a diferencia de éste que en el presente mantiene ocupadas las plumas de los principales opinólogos nacionales, la mutilación del cuerpo femenino fue una constante que año con año se perfeccionaba en sus técnicas y procesos para supliciar y mostrar el cuerpo torturado.
Por eso, quizá, uno de los rasgos que más comienza a llamar la atención sobre el asesinato de Mara Castilla es la resonancia con el que éste se ha posicionado tanto en la agenda de los medios cuanto en el propio debate público nacional. Es claro que este no es el primero, el único o el principal evento que llega a ambos espacios y los satura: las miles de imágenes que saturan la red de inmediato vienen a la mente para recordar que la regla y sus excepciones cuentan con muestras representativas en diferentes espacios y tiempos de los últimos doce años (o más, si se introduce en el debate a casos tan avasallantes como la prolongada experiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua).
En este sentido, resulta importante no perder de vista que el factor exponencial en este feminicidio es el hecho de haber ocurrido en una de las situaciones más cotidianas y próximas a una inmensa generalidad de personas, y de mujeres, en particular: abordar una unidad de transporte personal privado. Y es que, para todos sus efectos, las varias experiencias históricas en el país dan muestra de que suelen irrumpir con mayor intensidad en lo público en proporción a la percepción de vulnerabilidad en la que se sientan las personas.
De tal suerte que, entre mayor es la sensación o la probabilidad de encontrarse en una situación similar a la que desembocó con el hecho violento mayor es la reacción inicial de la población. Los miles de feminicidios de Ciudad Juárez, por ejemplo, no estallaron en la Ciudad de México durante mucho tiempo porque la sensación era que aquella ciudad fronteriza era un enclave con condiciones sociales excepcionales irreproducibles en otras latitudes. De hecho, estos sucesos solo cobraron relevancia en la medida en que la presencia de la guerra contra el narcotráfico replicó, con un relativo grado de indiscriminación, el peligro que se creía propio e irrepetible de Juárez.
Que a Mara Castilla la despojaran de su vida en una unidad de transporte, gestionada a partir de un modelo de negocios cada vez más aceptado, y cuyos protocolos de seguridad para sus usuarios se daban por sentados, incuestionados; pero sobre todo, en una situación similar a la de Mara, en la que este tipo de transporte representa una opción viable para reducir su exposición personal a un hecho violento, por supuesto estalló en los rostros de sus usuarios.
Las reiteradas declaraciones de quienes protestan, en marchas o no, que señalan la presencia de un miedo generalizado, y más aún, que indican la latencia de ser víctimas de un delito al caminar solas por la calle, a usar el transporte, a realizar actividades cotidianas que requieran ocupar o transitar el espacio público, en amplio sentido, no son simples espacios comunes. Por lo contrario, son indicadores muy concretos de lo próxima que se siente la amenaza a la cotidianidad de quienes esgrimen tales narrativas.
Ahora bien, de estas precisiones es posible extraer una primera reflexión entorno de las estrategias que se deberían estar implementando para evitar que eventos así ocurran sistemática o esporádicamente: cualquier acción que se precie de su efectividad debería ser capaz de reducir esa potencialidad siempre latente en las mayores escalas alcanzables. Ejercer acción penal en contra del agresor particular resuelve el evento de su víctima, pero no el del resto de la población.
El problema es que lograr tales resultados, en lo que respecta a los casos de feminicidios, no es algo fácil, de entrada, por el solo hecho de ser una problemática atravesada por un debate de mayor profundidad que gira en torno de las relaciones sociales que se desarrollan entre los géneros.
En este sentido, es preciso interpelar tres de los posicionamientos más recurrentes y aceptados en el debate público actual.
Primero, es imprescindible rechazar toda política segregacionista entre los géneros. Pugnar porque el género femenino reduzca (a través del aislamiento) el estado de vulnerabilidad al que esta sociedad machista y falocéntrica lo somete de manera permanente no resuelve el problema de fondo. Contar con transportes rosas (ya desde el color la reproducción de estereotipos se hace patente), exclusivos para mujeres es una de esas prácticas de segregación que año con año los distintos niveles y órdenes de gobierno mexicanos van ampliando y profundizando. Sin embargo, lejos de reducir las posibilidades de que se cometa alguna agresión en contra de cualquier mujer, este tipo barreras (simbólicas y materiales) lo único que hacen es ofrecer un paliativo que, en el mejor de los casos, funciona sólo para el tiempo y el espacio en el que se realiza el viaje.
  La cuestión de fondo no radica en que poco a poco se vayan generalizando los espacios de exclusividad para uno y otro género, como en una suerte de Apartheid en donde la máxima es que todos los habitantes deben estar juntos pero no revueltos —máxima que, de hecho, suele ser centro de críticas por parte de las sociedades occidentales a otras cosmovisiones, como la islámica. Y es que lo cierto es que no hay nada en este tipo de políticas públicas o prácticas sociales que de muestra de estar desarrollando una pedagogía sobre la manera en que la convivencia entre los géneros debería de estar desarrollándose.
Es decir, en estricto, separar hombres y mujeres con cosas tan banales como poner a mujeres ofreciendo servicios de transporte privado exclusivo para mujeres no abona a los ejercicios que tienen como resultado el mutuo reconocimiento de los géneros y sus experiencias cotidianas concretas. Por lo contrario, en la medida en que se van fortaleciendo y generalizando las segregaciones (y no sólo entre géneros) lo único que se obtiene es el fortalecimiento y consolidación proporcional de sujetos autorreferenciados, construyendo sus masculinidades y sus feminidades a partir de sí mismo, al margen del otro —y aquí es necesario acotar que el género, como cualquier otro elemento de la identidad personal, no se reduce a dos.
Segundo, es ineludible la tarea de visibilizar que ni hombres ni mujeres son sujetos sustancializados, cuya inmanencia o rasgos identitarios se definan por una suerte de naturaleza de lo masculino y de lo femenino. Los hombres no son, ni por naturaleza, ni por genética, ni por ninguna otra inmanencia, genéricamente más fuertes, centrados, maduros, malos, crueles etc., que las mujeres; de la misma manera en que éstas no son más sensibles, emocionales, bondadosas, amorosas y socializantes que aquellos. Todo eso que se concibe como el conjunto de rasgos característicos del niño y de la niña, del hombre y de la mujer no son más que construcciones sociales más o menos interiorizadas y (re)producidas que justo por ser consideradas como naturales son mantenidas en estabilidad por los propios sujetos.
Y aquí, en lo que se debe poner mucha atención es que ser hombre no se opone con el hecho de ser feminista, del mismo modo en que ser mujer no implica no ser machista —e incluso feminicida. Basta con voltear la mira hacia el sexenio de Calderón para darse cuenta de que ser mujer no hizo diferencia en los niveles de brutalidad con el que sicarias torturaban y arrebataban la vida a sus víctimas. Es decir, que si lo que se quiere es ir al problema de raíz lo primero en la agenda debe ser la deconstrucción de esas construcciones sociales, y no su separación, pues, en términos de potencialidades, hombres y mujeres son igualmente susceptibles de ejercer los mismos grados de violencia.
Tercero, es importante no perder de vista que así como el feminicidio es el asesinato motivado por razones de género, en el homicidio también está presente la fundamentación de género. El que no se vea porque la manera en la que se construye la masculinidad ya está lo suficientemente interiorizada como para no poner en tela de juicio los motivantes, más allá de los materiales, de un hombre que asesina a otro hombre es diferente. Y es que lo cierto es que justo porque la violencia y la capacidad de despojar a alguien de su vida son rasgos tradicionalmente aceptados de lo que constituye una masculinidad —por lo menos en la manera occidental de observar a las masculinidades—, los miles de homicidios contabilizados hasta la fecha cuentan con algo de esa construcción, para reafirmarla como una competencia ineludible en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En este sentido, continuar con los discursos que observan agravantes del asesinato en el género femenino de la víctima está contribuyendo a mantener esa veleidad que no permite observar, en el caso de las masculinidades, que Ser hombre es lo que mata a los hombres, así como Ser mujer fue el motivante de alguien para matar a una mujer.
Por ello, reivindicar la importancia de reconocer al feminicidio como el acto en el que alguien despojó de su vida a alguien motivado en el género de la persona es importante para dar voz y visibilidad a esos casos concretos que reflejan una dinámica muy particular, con sus elementos propios que la definen. Sin embargo, esa visibilidad no debe perder de vista que del otro lado de la ecuación los asesinatos inter pares no está ausente, sino igual de invisibilizado.
El punto aquí no es despojar a los movimientos de protesta en contra de los feminicidios de la autoridad que los reviste para ejercer justo esa protesta, sino defender el hecho de que ambos, homicidio y feminicidio, deben ser causas y compromisos éticos y políticos de todos los géneros, por igual. De modo que, reiterando, no se trata de someter la autoridad de los movimientos feministas (o no feministas, pero en defensa del género) a las normas de mando y la autoridad de la masculinidad, sino de articularlas y conjugarlas, porque es en esa correlación que se deben encontrar los puntos de encuentro y convivencia que permitan a los géneros no violentarse, sin perder, al mismo tiempo, sus luchas políticas en ese terreno de lo común y lo absurdo que resulta la tolerancia liberal.
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5to Informe: la fiesta de los aplausos y las autocomplacencias

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Fieles a una tradición presidencial por ellos mismos fundada, los apóstoles del Partido Revolucionario Institucional rescataron, del letargo al que el sexenio de Felipe Calderón lo indujo, el ritual de ofrecer pleitesía al presidente de la República —también Primer Caudillo de la Nación— en eso que al mismo tiempo pretende ser vendido al vulgo como el acto democrático más importante, en materia de rendición de cuentas, de una administración federal.
Por supuesto, como es tradición en una clase política acostumbrada al éxtasis que le ofrecen los discursos solemnes, llenos de ferviente patrioterismo, y las consagraciones personales a las formas y la corrección política —muy al estilo de cualquier baile cortesano ofrecido por María Antonieta y Luis XVI—, el discurso del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto fue ofrecido a empresarios, burócratas y políticos, en Palacio Nacional; mientras que a la sociedad en general —la misma sociedad a la que se supone va dirigido verdaderamente el acto—, únicamente se le concedió el honor de presenciar un refinado acto televisivo.
Como en la Fiesta de las Balas, narrada por Martín Luis Guzmán en sus crónicas sobre la guerra civil mexicana, El Águila y la Serpiente, la fiesta de los aplausos, de las selfies, de los abrazos y los apretones de manos, siempre acompañados de ese falso decoro que las interpelaciones en tercera persona prometen, propios y ajenos, tanto al ancien cuanto al noveau régime, desfilaron frente a las palabras del titular del ejecutivo federal con la esperanza de que un gesto, por diminuto que fuese, les diera sólo un poco de certeza, en el peor de los casos, sobre la distancia que media entre su posición actual y la gracia o la cólera de su presidente.
Después de todo, más allá de las gráficas, los números brutos y los indicadores construidos a modo por las dependencias de la administración pública para legitimar su funcionamiento y sus resultados en los pasados cinco años, en general; y en el penúltimo del Gobierno actual, en particular; todo lo que queda, el fondo de verdad del discurso y del acto protocolario que lo publicita es una sucesión inagotable de declaraciones políticas, con destinatarios específicos, que revelan la agenda, en este caso, de lo que se espera que cada quien haga para refrendar su lealtad al statu quo, de cara al proceso electoral de 2018.
Así pues, en rigor, los números, las gráficas y los diversos indicadores presentados por el presidente, en las monumentales pantallas que lo flanqueaban por la derecha y por la izquierda, son lo único del Informe que va dirigido a esa masa amorfa y embrutecida que es el pueblo; y es que es en esos datos en donde se construye ese permanente relato institucional que le indica a cada individuo que la realidad que experimenta en su cotidianidad no es la verdadera realidad del país, pues lo que realmente cuenta y se quiere que siga contando, la verdadera realidad de México y sus habitantes es la que dicen que es el documento, en general; y el indicador específico, en particular —ambos construidos por una costosa burocracia a menudo más preocupada por sus privilegios laborales que por desmaquillar sus propias cuantificaciones.
El resto del acto, desde la posición en la que es colocado cada empresario, político y burócrata para aplaudir sin desdén a cada ataque velado en contra de los enemigos del Gobierno; hasta las alusiones personales del titular del ejecutivo sobre los logros de sus Secretarios de Estado, pasando por los saludos secos o los abrazos fraternales por él ofrecidos a los asistentes, y otras minucias como éstas, son de dominio privado, entre los círculos de intereses que se baten por controlar una mayor porción del entramado institucional público, o réditos más amplios y profundos en lo que respecta al sector empresarial.
En estricto, los logros que señaló el presidente en Palacio Nacional no pasaron de ser una suerte de versión, in extenso, de aquellos que se publicitaron, desde un mes antes, en los miles de promocionales con los que el Gobierno Federal inundó el espacio público y los medios de comunicación: como en una especie de experimento pavloviano de condicionamiento psicológico y preparación emocional en masa para lo que se avecinaba. Sin embargo, no es para nada intrascendental que el mensaje principal del Informe sea el señalamiento sobre elegir entre «seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado».
De entrada el que el Presidente reconozca a México como una de las potencias mundiales del siglo XXI ya es un tanto problemático, pues si con ello se refería al tamaño de la economía mexicana habría que hacer, por lo menos, tres precisiones: a) el 1% de la población sigue acaparando el 43% de la riqueza total del país, con una tasa promedio de multiplicación de cinco veces, mientras el PIB per cápita crece a razón de menos del 1% anual; b) en el país, más del 53% de la población sigue subsistiendo en condiciones de pobreza; y c) el capital financiero sigue promediando, anualmente, un crecimiento de diez veces por encima de la riqueza física, material, de la economía nacional.
De tal suerte que, en el terreno de los dineros constantes y sonantes, la desigualdad se sigue polarizando, la concentración de capital en pocos individuos sigue incrementando, y la extracción de riqueza del país, por la vía de corporaciones internacionales (pertenecientes al sector bancario, en particular), se sigue profundizando. Así que, incluso si el presidente en realidad se estaba refiriendo a la potencia maquiladora que ya es México, lo único que se obtiene es el reconocimiento de una sociedad con condiciones laborales más precarias que el resto de sociedades manufactureras, con nula protección social y salarios insuficientes para cubrir una canasta básica alimentaria.
Y ya ni hablar de una posible potencia mundial armada: con un ejército que hace gala de su adiestramiento en lo que respecta a la militarización del país y el asesinato y desaparición de sus connacionales, aprovechando de contexto la guerra en contra del narcotráfico aún vigente —aunque velada de los medios de comunicación tradicionales.
 La segunda parte del mensaje central del Quinto Informe, la referencia a la disyuntiva —tan claramente visible para el Sr. presidente de la república— entre continuidad o retorno a un modelo conocido y caduco, más que preocupante es risible, porque, dependiendo de qué tan atrás se pretenda llevar la referencia, por lo menos en lo que respecta a todo el siglo XX, ese modelo conocido que ya ha fracasado es el modelo del partido hegemónico, con toda su maquinaria corporativista y clientelar que ganaba elecciones con candidatos únicos.
La cuestión es que el fondo de dicha afirmación, además de pretender borrar de un plumazo la historia del propio partido en el Gobierno, apunta, en el plano internacional, al rechazo que la administración en turno ejercita en contra de los movimientos progresistas (electorales y sociales) en América Latina; y en el nacional, a ese añejo discurso del Peligro para México que personifica, aún, López Obrador, encabezando al partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Por supuesto la salida es fácil: apelando a lo incierto del futuro, y suponiendo que éste sólo es programable en la medida en que se tenga un plan de gobierno que plantee continuidad transexenal, todo lo sólido se desvanece en el aire. Por eso, para el presidente, la política —entendida como esa actividad profesional que desempeñan como relaciones sociales personales todos los invitados a presenciar el Informe— es la única salida al atolladero en el que se encuentra no únicamente el propio PRI, sino la totalidad del sistema de partidos y, quizá en un nivel menor, el resto de las instituciones del entramado gubernamental del Estado.
           Al final del día, el Informe no deja de ser un ritual que le recuerda a la ciudadanía lo densa que es la política y lo amplia que es la brecha entre quienes se dedican a ella y quienes deberían de obtener un bien común de ella. Y el caso es que con declaraciones del presidente, afirmando que sólo la política cuenta cuando se trata de conducir los engranajes del Estado, el espacio que queda para el ciudadano, con necesidades de primer orden como alimentación, salud, educación y vivienda se reduce a al absurdo e hipócrita reconocimiento de que cualquier imperativo que indique satisfacer dichas necesidades se encontrará, tanto hoy como en el futuro, subordinado a los humores de quienes asistieron al Quinto Informe, y no a la necesidad, en sí misma, de quienes sólo son televidentes.
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El Kurdistán estadounidense

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A finales de septiembre próximo, el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), órgano político-administrativo oficial de la región autónoma del Kurdistán Iraquí, zona enclave entre Irán, al Este; Turquía, al Norte; Siria, al Oeste; e Irak, al Sur; llevará a cabo una consulta, con carácter de referendo vinculante, sobre la posibilidad de que dicha región haga efectivo su proceso de escisión respecto de los límites territoriales de Irak. Este no es, por supuesto, el primer referendo que el GRK convoca con la intensión de ver materializada la constitución de un Kurdistán como Estado-Nación soberano e independiente: desde hace poco más de cuatro décadas, diversas fracciones de la población kurda, lo mismo en Irak que en Siria y Turquía, han llevado a cabo distintos esfuerzos, por un número similar de vías —aunque la mayoría de ellas sin efectos vinculantes—, para independizar las porciones de territorio en las que habitan.
La cuestión es que el referendo que se tiene programado para el día veinticinco del siguiente mes, contrario a las experiencias anteriores, se desarrolla en el marco del conflicto armado que envuelve a la intervención, con propósitos fragmentarios, que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; desarrollan dentro y en los alrededores de Siria. De manera tal que, derivado de la profundidad con la que Estados Unidos financió y armó a las milicias kurdas para convertirlas en la primera línea de ataque y de defensa en contra del Estado Islámico (también armado y financiado por Estados Unidos para balcanizar a la región), éste es el primer proceso independentista en el que la población kurda (por lo menos la fracción iraquí) se presenta desde una posición de fortaleza.
Pero es una fortaleza, no obstante, que, por ahora, sólo parece valedera dentro de los límites poblacionales del Kurdistán iraquí, toda vez que el apoyo político, logístico, financiero y militar que reciben las distintas facciones kurdas en la región, por parte de Estados Unidos y sus aliados, dependen justo de la relación que Occidente mantiene con el Estado huésped; a saber Irán, Turquía, Siria e Irak. Así pues, de entrada, es un hecho que de todas, la única que no verá un cambio cualitativo en sus condiciones actuales ni en sus aspiraciones de soberanía futura es la facción que habita dentro de los límites territoriales turcos —lo que significa que el status de organización terrorista que les fue asignado desde Occidente no perderá ni un poco de su vigencia.
Y lo cierto es que no es de sorprender: el apoyo que reciben los estratos que viven dentro de los otros tres Estados huésped se encuentra en función de la potencialidad con la que las respectivas milicias kurdas son capaces de fragmentar las fronteras territoriales actuales. Pero no sólo, pues adyacente a la posibilidad de reducir sustancialmente la extensión geográfica de Estados-nacionales como Irán, Siria e Irak se encuentran diversos objetivos geopolíticos, cuya especificidad depende de factores como la presencia de recursos energéticos o minerales estratégicos —catalogados así por la importancia que revisten para mantener la supremacía de Estados Unidos en sectores científico-tecnológicos, y similares o derivados.
Las fuerzas armadas kurdas de extracción iraquí, en este sentido, no son únicamente uno de los principales aliados con los que Estados Unidos cuenta para regular (mas nunca enfrentar, detener o eliminar) el actuar del Estado Islámico desde que éste se salió de las manos de su aparato de inteligencia (como también a la CIA se le fue de las manos el control del Talibán y al-Qaeda, en los años ochenta); sino que, al mismo tiempo, gracias al profundo rechazo que profesan  al Islam político —considerándolo un cáncer introducido por la ocupación árabe en los territorios ancestrales kurdos—, representan la mejor apuesta de Occidente para repeler la influencia de la alianza Siria-Irán-Rusia en la zona.
Ahora bien, aunque en términos generales las autoridades iraquíes —entendiendo por ellas tanto al Gobierno de facto de las juntas militares estadounidenses cuanto al de extracción parlamentaria autóctono— no se oponen a la constitución de un Kurdistán independiente, escindido en parte de territorio iraquí; no es un dato menor el que Estados Unidos, ostentando el control real del país, por medio de su posicionamiento militar y de la actividad empresarial de sus corporaciones, avance en la construcción de un nuevo Estado, ad hoc a sus intereses, justo en el momento en que el Gobierno de Donald Trump se esfuerza por aparentar haber desplazado el centro de gravedad de su política bélica en Oriente Próximo de Siria a los remanentes del Estado Islámico —y ya el simple acto de reducir al Estado Islámico a remanentes dice mucho de la relación entre éste y Washington por sí mismo.
En principio, podría parecer un absurdo que, ejerciendo el control militar del país, Estados Unidos se aventure a construir un Estado kurdo dentro de las fronteras de Irak, y no en Siria; siendo que la fragmentación política, territorial y cultural causada por la intervención armada —so pretexto de introducir a los sirios al cauce de la vida democrática— ofrece mejores condiciones para experimentar con la socialidad de las comunidades devastadas. Después de todo, hace un lustro, Occidente provocó la guerra en el país con tres objetivos claros: dominar la cadena de valor de las reservas de hidrocarburos; detener y controlar los contactos (flujos migratorios, comerciales, energéticos, etc.,) entre el Sur de Europa, China y Rusia; y eliminar las corrientes islámicas que le son hostiles; y para ello es preciso destruir y (re)construir el área, y todo lo que contiene.
El rechazo de la administración Trump —en abierto enfrentamiento a la posición de las autoridades militares estadounidenses destacadas en Irak—, por ejemplo, parecen apuntar hacia aquella dirección de incongruencia en la estrategia estadounidense para reconstruir Irak y otras de sus posesiones en Siria, apelando al argumento de que cualquier proceso independentista kurdo, en este momento, arrastraría a Irak a una significativa desestabilización que entorpecería los esfuerzos vigentes para asestar los últimos golpes al Estado Islámico.
Sin embargo, por debajo de lo superficial de ese lugar común en las declaraciones de la diplomacia estadounidense, los planes de venta de armamento, capacitación militar y trasferencia logística a ciertas facciones kurdas en Siria, aprobados por Trump en mayo pasado, apuntan en dirección contraria: más allá de conquistar la ciudad siria de Raqqa, de concretarse el establecimiento de un Kurdistán independiente escindido de territorio iraquí, lo que estarían buscando los aparatos de inteligencia estadounidenses, por medio de las milicias kurdas de extracción siria, giraría en torno al imperativo de anexar al Estado-nacional kurdo naciente las porciones de territorio que las fracciones sirias mantengan bajo su control.
En este sentido, el Estado-Nación kurdo resultante ofrece, por un lado, una salida fácil a Estados Unidos, y sus aliados en el campo de batalla, para disminuir los gastos de guerra, pero también, para distender las tensiones que el enclave geopolítico sirio ha introducido en la relación de aquel con Rusia; y por el otro, una posición aceptable (si bien mejorable) para consolidar los tres objetivos que se habían planteado en la génesis de la guerra.
No es azaroso, por ello, que el trazo inicial de lo que se pretende sean las fronteras políticas-administrativas de la nueva entidad estatal formen un corredor, en forma de media luna invertida, desde la ciudad iraquí de Kirkuk, rica en hidrocarburos; hasta el asentamiento sirio de Raqqa, el más próximo a Damasco; pasando por Erbil, Mosul, Al-Hasakah y Kobane; cercando a Irak y a Siria por sus líneas fronterizas con Turquía e Irán, respectivamente. Un trazo que, no sobra mencionarlo, sigue, milla a milla, el recorrido del principal corredor territorial bajo control militar del Estado Islámico, desde 2015.
De manera que si bien los tratos entre Rusia, China y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más bajos, por causa de los desequilibrios de poder en Oriente Próximo, entre Rusia y Estados Unidos; y por las disputas en el Sudeste asiático y en la península coreana, entre éste y China; por lo menos la cuestión siria, una vez fundado el Kurdistán, sale fuera de foco —pero sólo de manera tangencial, pues Siria es un enclave geopolítico muy valioso, en términos de los requerimientos de construcción de la hegemonía internacional, como para que Estados Unidos renuncie a su posicionamiento actual en el país.
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Geopolítica y crisis humanitaria en Yemen

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Cuando se trata de conflictos armados, la mayor parte de los imaginarios colectivos se encuentra saturada por una concepción de los mismos en la que observar la confrontación del bien contra el mal suele primar por encima del reconocimiento de sus consecuencias humanitarias. Nociones muy particulares de justicia, democracia y libertad —justificantes de primer orden tanto en la materialización como en el sostenimiento de cualquier guerra— han sido tan profundamente interiorizadas por las colectividades, que el sufrimiento humano de la población civil —esa que con frecuencia apenas alcanza un estatus de «daño colateral» en los discursos de jefes de Estado y de Gobierno, o líderes militares—, es revestida con un manto de banalidad frente al costo de la guerra.
Después de todo, en la guerra —dicta el sentido común— «las bajas» son inevitables, y siempre serán un precio justo cuando se trata de librar al mundo de sus enemigos; aunque la mayor parte de esos enemigos sólo lo sea por no compartir una misma matriz axial, un mismo credo, o una misma forma de gobierno. Así, realidades muy concretas son moralmente validadas: el genocidio permanente que comete el Estado de Israel en contra de la población palestina, desde hace medio siglo, es justificable sólo por la presencia del fantasma del holocausto; las seis mil muertes ocasionadas por los atentados en contra del World Trade Center de Nueva York, en 2001, justifican las seis mil vidas iraquíes que el ejército estadounidense arrebata por mes; la captura de Mosul, en Siria, justifica la devastación total de la ciudad; y así sucesivamente.
Yemen es un eslabón más dentro de esta larga cadena de conflictos armados en los que la vida misma, tanto para las partes beligerantes cuanto para los observadores de la situación, es apenas un elemento tangencial alrededor de un conjunto de eventos mucho más complejo que implica intereses geopolíticos específicos de varios Estados coaligados; entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y Qatar. Y aquí, son las oposiciones existentes entre maneras particulares de decodificar un credo, por un lado; y entre la manera occidental y la oriental de experimentar la realidad, por el otro; las que validan la devastación de miles de vidas.
Por supuesto arrebatar mil vidas humanas no es más grave que arrebatar sólo una: la única diferencia entre uno y otro hecho es la posición ética particular de quien considera que una muerte no significa tanto como otras novecientas noventa y nueve. Sin embargo, si de algo sirve reducir la realidad yemení a una métrica, lo cierto es que ésta se cuenta por millones en cualquiera de los rubros que organizaciones como Naciones Unidas han designado para caracterizar a una crisis humanitaria.
En términos humanitarios, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó, únicamente para los últimos tres meses de 2017, más de cuatrocientos mil brotes de cólera —el segundo mayor caso del año—, con el cuarenta por ciento de los registros entre los menores de quince años de edad, y un tercio de los decesos entre la población mayor de sesenta años. Dos años de conflicto, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han destruido los sistemas público y privado de salud del país, por lo que menos de la mitad de los centros sanitarios se encuentran en plena operación; lo que se suma a una reducción de dos tercios en las importaciones yemeníes de medicamentos, respecto de 2014.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por su parte, añade a lo anterior que poco más de diecisiete millones de yemeníes se ven imposibilitados para acceder al mínimo de condiciones alimentarias para mantenerse con vida. Si se toma en cuenta que la población total del país ronda los veintisiete millones, se deduce que sólo el treinta por ciento de los habitantes cuentan con recursos nutrimentales suficientes. Por eso el dato no es menor: no únicamente se trata de que los alimentos que están llegando al país son escasos, sino que, además, los que llegan se encarecen de inmediato debido, en principio, a las condiciones propias del conflicto; pero sobre todo, al sistemático encarecimiento y acaparamiento que tanto grupos militares cuanto empresarios realizan para incrementar sus ganancias.
Y la cuestión es que aunque diversas agencias, órganos y fondos y organizaciones internacionales (gubernamentales, empresariales y no gubernamentales), así como algunos Estados alrededor del mundo se han enfocado en coordinar esfuerzos para hacer llegar los medicamentos, los alimentos y otros provisiones que se requieren en Yemen para poder —por lo menos— hacer frente a una parte de la crisis, lo cierto es que los intereses geopolíticos que se encuentran en juego son lo suficientemente sólidos como para continuar con la fragmentación social, cultural y territorial de la sociedad yemení; a la manera en que se ha hecho en Siria.
Visualizar el conflicto Sunitas vs. Chiítas es un paso importante para comprender la complejidad de los eventos que se desarrollan en la región. Sin embargo, no es suficiente. A las armas que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; no dejan de enviar (y vender) a sus principales monarquías islámicas aliadas debe añadirse el reconocimiento de la importancia que reviste Yemen, en el marco geográfico que configura, junto con Yibuti, en el estrecho de Bab-el-Mandeb, indispensable para mantener el control de los flujos de petróleo entre el Océano Indico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo; y entre éste y el Mar Mediterráneo.
No es coincidencia, en este sentido, que justo cuando la República Popular de China comenzaba a materializar sus planes para abrir una base militar en Yibuti (inaugurada el pasado primero de agosto), el contexto de la firma de los acuerdos nucleares entre Irán, por un lado; y Estados Unidos, Reunio Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, por el otro; sirviera de pretexto para la conformación de una coalición militar árabe en contra de Yemen, a la manera en que las proxy wars funcionan desde los años gloriosos de la Guerra Fría.
Prevenir que los rivales de Estados Unidos (principal consumidor de petróleo, para aplicaciones militares, en el mundo) y sus aliados controlen el flujo de energéticos que transita por esta zona es un elemento clave de la guerra en Yemen, pues su ocupación militar mientras dura el conflicto no sólo facilita la creación de cercos marítimos y aéreos que regulen el tráfico, sino que, con posterioridad a la guerra, la tarea de reconstruir el espacio, las instituciones y el tejido social aniquilado posibilita el establecimiento de regímenes político-militares ad-hoc a los intereses geopolíticos de las potencias victoriosas.
La ayuda humanitaria que diversos Estados, por lo anterior, debe leerse en esta clave geopolítica. En especial, cuando se trata de la cooperación y los flujos que envían Rusia, Estados Unidos, Irán y China. Y es que por mucho que se adjetive a este tipo de eventos con el mote de «humanitaria», las cadenas logísticas establecidas para su arribo, los sistemas de infraestructura instalados para su distribución, y los espacio territoriales de excepción (o tregua) en los que se desenvuelven sus actividades no únicamente sirven para auxiliar a la población objetivo, sino que, asimismo, funcionan como un elemento de presencia y contención.
Las veintitrés toneladas de ayuda humanitaria que envió Rusia a Yemen, en julio pasado; y los más de ciento cincuenta millones de yuanes (dos mil veinticinco millones de dólares) que China hizo llegar al gobierno Yemení, esas mismas fechas; por ejemplo, forman parte de una estrategia soft para contener y enfrentar a la presencia que mantiene Estados Unidos en el Golfo de Adén —desde que en 2015 envió portaviones y otro tipo de maquinaria militar. El bloqueo aéreo y naval que Arabia Saudí y sus aliados mantienen desde 2015 a cualquier cargamento de ayuda humanitaria que no provenga de sus propia coalición, en este sentido, tiene un doble fondo: congela la capacidad de aprovisionamiento de sus enemigos militares, por un lado; y por el otro, restringe al mínimo los contactos de los oferentes externos con las milicias internas.
Por eso, a pesar de los esfuerzos que desde Naciones Unidas se coordinan para atajar sectores específicos (alimentación, salud, vivienda, etc.), la realidad es que el cerco militar no cederá, como tampoco lo hizo en Irak, en Afganistán y en Siria. Y la cuestión es que los intereses geopolíticos envueltos en la región cubren a una porción de territorio y a capitales tan bastos que la simple urgencia a detener el deterioro humanitario yemení no va a ser suficiente, ni en el presente ni en un futuro cercano, mientras la correlación de fuerzas entre China, Rusia y Estados Unidos no se estabilice —algo que se antoja difícil en el actual contexto petrolero mundial.
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¿De qué hablar cuando se habla de violencia de género en la CDMX?

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Hace unos días, como si la materia en cuestión fuese de intrascendente relevancia para la sociedad mexicana, en general; y para los habitantes de la Ciudad de México, en particular; la noticia de que las autoridades de la entidad introdujeron en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un tipo y una modalidad nuevas de violencia simplemente pasó inadvertida; lo mismo por activistas que por detractores, tanto en medios de comunicación masiva cuanto en el propio debate público local.
El fenómeno en sí mismo podría no extrañar a muchos, después de todo, adiciones y anulaciones a los articulados de diversos textos jurídicos se hacen y deshacen con relativa facilidad y prontitud todos los días. La cuestión es, no obstante, que el fondo de las modificaciones realizadas a la presente ley no son menores si se considera el potencial que éstas contienen para modificar un vasto universo de prácticas cotidianas, que no únicamente pasan por los términos en los que el género masculino se relaciona con el femenino, sino que atraviesan la manera en que se piensa a lo femenino en su totalidad.
En efecto, hasta antes de la adición de la fracción IX, al artículo 6°; y VIII, al 7°; la ley en comento contemplaba ocho tipos de violencia y siete modalidades de la misma (no sobra señalar que el texto vigente disponible en la página de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad contiene únicamente las modificaciones de 2009 y 2014, por lo que apenas enumera siete tipos y cinco modalidades). Los tipos, para todos sus efectos, corresponden con la nomenclatura, es decir, con la naturaleza de la relación de violencia en sí misma; mientras que las modalidades, por su parte, refieren al ejercicio, esto es, a la manera en que se experimenta dentro de un específico núcleo de relaciones sociales.
En este sentido, un mismo tipo de violencia es susceptible de ser ejercido y experimentado por medio de diversas modalidades. Así pues, cuando la ley señala que las modalidades de las violencias de género en contra de las mujeres —y es imperativo señalarlo así, pues también existen violencias de género en contra de los hombres— son: i) familiar, ii) laboral, iii) docente, iv) en la comunidad y, v) institucional, lo que se está apuntando es que un tipo de violencia —física, por ejemplo— lo mismo se ejerce dentro de las relaciones sociales de parentesco que en aquellas de naturaleza laboral, escolar o comunitaria; así como en su derivación específica en el trato que las mujeres establecen con servidores públicos.
En general, la forma en que se diseccionan las modalidades del ejercicio de las violencias de género en contra de las mujeres no son muy problemáticas, debido a que definen relaciones específicas en contextos igual de particulares. Sin embargo, para el caso de la manera en que las violencias se encuentran tipificadas la historia es por completo diferente.
De acuerdo con el texto que la Consejería Jurídica de la Ciudad puso a disposición del público para que éste lo conozca, los tipos de violencia contra las mujeres son: i) psicoemocional, ii) física, iii) patrimonial, iv) económica, v) sexual, vi) en contra de los derechos reproductivos y, vii) feminicida. En la práctica, todos son más o menos problemáticas dependiendo de la situación en la que se desenvuelvan y del uso político que se le dé al caso. No obstante, de las aquí listadas, dos requieren de especial atención, principalmente por el uso político con el que se las suele revestir en los momentos de su aplicación.
Por un lado, se encuentra la violencia que se tipifica como feminicida. En los términos del texto, ésta se comprende como: «toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres».
De entrada, el primer elemento problemático aquí es que, para las autoridades de la Ciudad de México, la violencia es tautológica, es decir, una relación autorreferencial, que se define a sí misma. Y esto es problemático porque definir a la violencia como violenta ni explica nada ni resuelve aún menos. Es evidente que la violencia es, en sí misma y por sí misma, violenta; motivo por el que gradar el ejercicio por medio del cual ésta se desarrolla, a partir de una escala progresiva con lo menos extremo de un lado y lo más extremo del otro, no únicamente ayuda a ser condescendientes, como sociedad, con determinados comportamientos, sino que, además, facilita y potencia su interiorización, (re)producción y naturalización.
El segundo punto cuestionable —derivado del anterior— es que, justo por esa definición tautológica, se pretende dar por sentado que existen muertes violentas y muertes no-violentas. Pero además, que, por la manera en que está redactado el párrafo, en la práctica, cualquier mujer que haya sido privada de su vida por medios violentos constituye un hecho que cae, de inmediato, dentro de los marcos del feminicidio. Y la cuestión es que esta manera de proceder es problemática porque afirma que entre mayor es el grado de violencia —violenta—, esto es, entre más extremo es o fue el ejercicio más se aproxima éste a las motivaciones por género.
Pero la realidad es mucho más compleja que simplemente afirmar que toda privación de la vida de una mujer por un medio extremadamente violento es un acto motivado por el género de su víctima. Y es que, si se comprende que la violencia es, en última instancia, una manera específica de significación, un mensaje, un elemento semiótico; se entiende, en consecuencia, que su ejercicio es completamente posible, si bien no con independencia, sí en los márgenes del género. En otras palabras: si bien es cierto que las violencias nunca se ejercen con independencia de la identidad de la víctima, esto es, de su raza, su género, su nacionalidad, etc.; también lo es que en un negro el motivo principal no siempre es su negritud, así como en un homosexual no siempre es su preferencia sexual ni en una mujer su género.
Porque lo que se pone en juego ahí es el reconocimiento de que la raza está mediada por la clase social, por la nacionalidad, por el género, etc.; de la misma manera en que el género está mediado por la raza, la clase social, las preferencias sexuales, la nacionalidad, etcétera. Las violencias, como el poder, nunca se ejercen en términos unívocos y jerárquicos. En este sentido, ni toda muerte violenta de una mujer es feminicidio ni toda muerte violenta de un negro es un homicidio fundado en la raza. Las violencias son codificables de igual manera en una y otro.
El segundo tipo que requiere atención es aquel que la ley tipifica como psicoemocional. El texto la define como: «toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica».
El problema aquí, como es de suponerse, no dista mucho del que se encuentra inscrito en el caso anterior: en abstracto, cada una de las conductas y situaciones descritas en el párrafo anterior es concebible en cualquier otra relación, de pareja o no; y con independencia del género que ostenten las partes involucradas. La desvaloración de las personas, la intimidación y el control; las prohibiciones y las coacciones; las amenazas y los comportamientos destructivos no son ejercicios de poder ni de violencia privativos de la interconexión entre el género femenino y sus contrarios.
En última instancia, lo que se encuentra en el fondo de estos dos casos expuestos es que se está perdiendo de vista que todo ser humano, antes que ser cualquier género, cualquier clase, cualquier raza, etcétera, es un ser humano. Pero uno cuya existencia en la tierra se encuentra mediada por un conjunto de situaciones, roles y significados que jamás se organizan jerárquicamente. En el caso particular de ambas tipologías —para no ir más allá— el gran problema a resolver es: saber en qué momento la motivación se dio por el género y qué momento se dio por cualquiera de las otras identidades individuales que componen a la persona (raciales, de clase, sexuales, etc.).
Ahora bien, los elementos que componen la tipología de las violencias psicoemocional dan cuenta de que ésta se piensa como resultado de un conjunto de relaciones de poder negativas, restrictivas, de sujeción. Y el problema es que la violencia de género —tanto en contra de hombres como de mujeres— no sólo se construye, articula y (re)reproduce a partir y desde la represión, la sujeción, la coacción, la destrucción, o cualquier otra noción negativa del poder.
Por lo contrario, si las violencias de género en contra de las mujeres son tan avasallantes es justo por causa de relaciones de poder que no suprimen, instauran; que no anulan, confirman; que no destruyen, crean. Tal es el caso de los estereotipos, en particular; pero de todo contenido que reproduce una imagen particular, de homogenización, a partir de la cual se piensa lo femenino, en toda su extensión.
Las adiciones a los artículos 6° y 7°, validadas el pasado trece de julio por el Gobierno de la Ciudad de México, en este sentido, parecen dirigirse a cubrir ese vacío que se tiene en torno a las concepciones positivas y negativas de diversas manifestaciones de poder.
Y es que mientras los añadidos al artículo séptimo introduce como modalidades de la violencia en contra de las mujeres a toda «aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las  mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes  pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres»; los realizados al sexto definen un nuevo tipo de violencia: la simbólica, «que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad».
En conjunto, ambas fracciones ponen de manifiesto algo que, hasta entes de su introducción, no se había colocado en el centro de los esfuerzos por liberar a las mujeres de sus condiciones de opresión por razones de género. Y es que señala a todos esos mensajes, a cada una de esas simbolizaciones que tienen por objeto (re)producir un sentido de inferioridad en el género femenino con respecto al masculino. Es decir, no concibe a los elementos de los que se compone la tipología como elemtnos aislados entre sí, sin contenido y en la pura abstracción.
Más bien, indica que existen dinámicas sociales que, sin ser necesariamente represoras, coaccionadoras o tendientes a sujetar el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres; se despliegan con un mayor potencial que el que aquellos elementos negativos contienen. Así pues, en el centro se coloca el papel que juega, en la sociedad capitalina, la imagen o el tipo ideal de lo que se piensa es, sabe, parece, piensa, trabaja, siente, etc., una mujer. E incluso, no se trata de simplemente establecer, visibilizar, que existe esa dimensión de la dominación de género, sino que va más allá y deja la caracterización de tal manera tan abierta que, en términos prácticos, cualquier mujer es libre de manifestar cuáles son esos tipos ideales, esas imágenes homogenizantes, que niegan, rechazan o anulan lo propio de su personalidad, de su forma de Ser mujer en su sociedad.
Algunos inconvenientes, no obstante, se desprenden de lo anterior; mismos que serán tratados en una segunda entrega, en este mismo espacio.
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