Disputas internas del priísmo

Entre una investigación dada a conocer por el diario estadounidense The New York Times y un conjunto de filtraciones publicadas por el rotativo mexicano Reforma, la sociedad mexicana asiste, en vísperas del periodo de precampañas para las elecciones de 2018, a un nuevo performance ilustrativo de la manera en que la administración pública federal opera el dinero de sus contribuyentes para mantener determinadas estructuras de poner en pleno funcionamiento a favor de los grupos partidistas que la encabezan.
La noticia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría avalado, en 2016, el desvío de más de doscientos cincuenta millones de pesos para financiar las campañas electorales de candidatos priístas para los comicios de ese año, así, se suma a una serie de publicaciones desafortunadas para la imagen pública del partido en el Gobierno que incluyen —al margen de una longeva tradición de secretos a voces sobre la apropiación partidista del erario nacional—, tan sólo para el último año, las investigaciones sobre las empresas fantasma de Veracruz y sobre el empleo de universidades públicas para desviar más de siete mil millones de pesos, entre 2013 y 2014.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, basadas, por un lado, en las declaraciones de Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Chihuahua durante la administración de César Duarte como gobernador de la entidad; y de Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación en los mismos términos; y en la documentación correspondiente a la investigación judicial en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, por el orto; los montos monetarios en cuestión fueron enviados a las entidades con gobernantes priístas próximos a la figura del presidente, Enrique Peña Nieto, para ser transferidos, mediante la simulación de contratos gubernamentales con empresas fantasma, a las estructuras internas del Partido Revolucionario Institucional para ser empleados en el financiamiento de sus propias campañas electorales en las entidades en que se temía perder la gubernatura.
Con independencia de los causes que esta información y los eventos mismos deberán de seguir para llegar a su esclarecimiento, algunas de las principales reflexiones que surgen sobre el problema tienen que ver con tres temáticas, con consecuencias particulares por cada una de ellas.
La primera de ellas tiene que ver, por evidencia explícita, con esa gran discusión relativa a los actos de corrupción dentro del Gobierno Federal. Y es que, de las muchas cosas que sí quedan claras incluso dentro de los límites que suponen la información circulante, es que, una vez más, un sólo evento es totalmente capaz de mostrar que la administración pública, en sus tres niveles de gestión, mantiene, como parte de su funcionamiento habitual, el despliegue de operaciones bien estructuradas, sistemáticas, de apropiación de los recursos públicos para beneficiar a una casta de ciudadanos dedicados a vivir de los cargos de representación popular.
La cuestión con este nivel es, no obstante, que mostrar, de nueva cuenta, que los rasgos más fundamentales del Estado y de sus andamiajes gubernamentales son los de un complejo que funciona para mantener relaciones de clase y privilegios en sus términos, no hace gran cosa en una sociedad en la que la historia de sus instituciones (esas que el priísmo se adjudica como parte de su patrimonio material e intelectual), de sus sistema de partidos y del funcionamiento global de su sistema político (también, en palabras del actual candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, deudas de los mexicanos con su partido) es la historia misma del ejercicio de los cargos públicos (de representación o no) como ejercicio patrimonial de los intereses vigentes en cada sexenio.
Ello, por supuesto, no significa que las implicaciones del acto de corrupción actual sean menores. Por lo contrario, de las muchas situaciones que este nuevo escándalo permite hacer visibles a la ciudadanía —pese al cerco mediático que ya se cierne sobre él— es que cada uno de esos casos que año con año se presentan como eventos aislados, autónomos, en los que una figura pública, un burócrata o un funcionario electo, es involucrado en casos de manejo irregular de los recursos del erario o de financiamiento ilegal de privados no son, en ningún sentido, situaciones independientes unas de las otras; como si cada caso de corrupción implicase única y exclusivamente a un reducido universo de personas involucradas. Son, por lo contrario, casos representativos de una lógica operacional estructural y sistemática de la que la sociedad apenas llega a enterarse a cuentagotas —pese a la mayor incidencia que se presenta en periodos electorales.
El problema que los mexicanos enfrentan ante esta situación, por eso, no se encuentra allí, sino en los esfuerzos que desde diferentes frentes se conjugan para normalizar los casos de corrupción, ya sea por la vía de la opacidad y la impunidad gubernamentales, o por la construcción de una narrativa en las que estos eventos son estructurados como problemas propios de la falta de ética y profesionalismo de las personalidades involucradas; personalidades, al final del día, siempre reemplazables por otras que se suponen más integras y probas —y con cuyo nombramiento el caso de corrupción en cuestión sería liquidado. Así, la corrupción se construye como un archipiélago de excepciones, con cada una de sus islas aislada y sin ninguna racionalidad inherente.
La segunda temática tiene que ver con el terreno electoral, y debe comenzar a plantearse en los siguientes términos: es claro que el monto de los recursos triangulados no es menor, y menos aún dentro de los márgenes de los procesos electorales en las entidades. Cualquier revisión superficial de los registros bancaros de los partidos y de las cuentas públicas de cada administración involucrada en la operación da cuenta de ello. La cuestión es, por lo tanto ¿En qué términos y en qué profundidad participaron las autoridades electorales, locales y federales, que sus facultades de fiscalización de los recursos materiales, humanos y financieros empleados en los comicios no arrojaron ningún tipo de irregularidad? Y más aún, como también queda claro que inclusive si la desviación de recursos se comprueba, a pesar de esa comprobación, más bien, las elecciones ya están en su curso gracias a la validación y la sanción del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los problemas que se visualizan son dos: ¿Es este caso el preludio de lo que ocurrirá en los comicios de 2018, en el sentido en que de superarse el financiamiento establecido las elecciones seguirán siendo validadas, sancionadas y legitimadas? ¿Cómo se supone que se debería de proceder en los casos en los que, como en la actual situación, se muestre, a destiempo, que todo el proceso electoral estuvo marcado por el financiamiento irregular? ¿Se deberá mantener a las administraciones surgidas de esos procesos como legales y legitimas?
Las implicaciones no son menores, pues remiten a la interrogante sobre el número de casos que se han dado en condiciones similares, bajo patrones equiparables y que sin embargo han sido sostenidos por todo el andamiaje gubernamental en sus funciones.
La tercera temática, justo, apunta hacia esa dirección. Y es que más allá de las dos dinámicas anteriores, en el fondo de esta situación lo que parece encontrarse en el centro es el uso político y los resultados que tendrá en el desarrollo y los resultados de las presidenciales de 2018. Una lectura inicial, por supuesto, arrojaría que los tiempos en los que detonó el problema simplemente no fueron los correctos como para causar todos los estragos que posiblemente sí habría ocasionado en un momento en el que las campañas ya se encontraran avanzadas. Después de todo, estas son apenas las semanas de las precampañas, y con medio año por delate y un electorado de memoria cortoplacista, hacer viral el escándalo tan pronto fue consecuencia de un mal cálculo.
Pero aquí es en donde está lo interesante, el punto que no debe dejar de observarse. Si toda esta situación se dio tan pronto es porque su objetivo político se encuentra justo en las precampañas, en el momento en donde los principales arreglos, concesiones y reparto de posiciones de poder y otros dividendos apenas se están construyendo y organizando.
Que el escenario de la disputa sea Chihuahua bajo una administración panista da la impresión de que el fuego proviene de las trincheras de un panismo desesperado por deshacerse de sus rivales electorales antes de que se llegue al tiempo de las urnas y las boletas. Los márgenes de maniobra que Javier Corral —uno de los panistas a los que menos secretos sucios se le conocen en la arena pública— otorgó a su fiscalía apuntan en esa dirección. Y es que no es una regularidad del funcionamiento del sistema político mexicano que dentro del propio partidismo se den este tipo de sucesos, en los que son más que un par de funcionarios en la base de la pirámide alimenticia los que se están perfilando en el próximo sacrificio.
Sin embargo, esta es justo apenas una impresión. El fuego tiene todos los elementos para ser identificado como fuego amigo, proveniente de la trinchera de un priísmo moribundo, bajo el riesgo de ser consumido por una casta de nuevos intereses que definitivamente no se encuentran en sincronía con las formas cortesanas y la solemne corrección política del priísmo de la vieja guardia.
En lo que va de tiempo, desde el momento en que se hizo público el desvío de los dineros públicos hasta hoy, una de las principales lecturas que se han hecho del mismo es la que el propio gobernador Corral ofreció: que las filtraciones del proceso judicial que se está siguiendo en la fiscalía chihuahuense provienen del grupo compacto de César Duarte para poder evitar la prisión apelando a que la filtración de información confidencial sería violatoria del debido proceso. Sin embargo, todo el movimiento se percibe más grande que la figura del exgobernador Duarte.
Y es que, en general, el pacto de silencio que impera entre los miembros de la clase política siempre funciona en términos en los que es posible recompensar con creces a aquellos individuos que están dispuestos a ser sacrificados con el objeto de mejorar la percepción de la imagen del partido y del gobierno. De ahí que si bien es factible concebir que las filtraciones se dieron como una advertencia de Duarte para evitar ser procesado por los crímenes que se le imputan en la justicia mexicana, el recurso se presente, hasta cierto punto, como un movimiento extremo de frente a un sistema que tiene como signo característico a la impunidad y a la complicidad.
Por ello, la ruptura de ese silencio sepulcral por parte de funcionarios pertenecientes al círculo interno del más añejo y rancio priísmo de la vieja guarda apunta, más bien, a una suerte de ajuste de cuentas entre facciones internas que se están disputando el reparto de dividendos que resulten de los comicios venideros. El mensaje de advertencia es claro, y sus efectos ya comienzan a perfilar como elementos prescindibles a aquellos que entorpezcan la campaña de José Antonio Meade.
El argumento de la elusión del proceso judicial de Duarte por causa de la filtración de información privilegiada dentro de una carpeta de investigaciones, en este sentido, sólo cobra sentido en el momento en que se observa que si es correcto que la información se ventiló desde la facción a la cual pertenece, el proceso judicial como pretexto para castigarlo por la osadía de arremeter en contra de su propio partido queda fuera de la ecuación. De lo contrario, queda rebasado.
Duarte, y hasta Beltrones (guardia pretoriano que custodia la historia oficial de Lomas Taurinas), parecen precios pagables de frente a la posibilidad de que el priísmo que se afirma como heredero de la Revolución pierda el control no sólo de las estructuras gubernamentales que recobró en 2012, sino de cara a la posibilidad de perder el control de sus propias instancias internas de poder. Y son, de hecho, las dos únicas opciones que las figuras próximas al presidente Peña Nieto tienen de amortiguar el impacto que esta situación ocasiones (buscando que ésta no escale hasta vincular a personalidades más cercanas a Peña Nieto y Meade). Y es que el movimiento es, también, capaz de contener la creciente influencia de Luis Videgaray en la campaña de Meade; influencia que encuentra una fuerte resistencia no únicamente por parte del círculo interno del presidenciable, sino que también la encuentra en el equipo de trabajo del actual presidente del partido, Enrique Ochoa Reza.
En última instancia, es el control de daños lo que permitirá definir, de manera más certera, la intención mentada en la publicación de esta información: el mayor o el menor grado que se observe que ocasiona en las principales figuras del partido será lo que señale el enfrentamiento entre las facciones y los balances o desbalances que se den en su correlación.
22/12/17
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Jerusalén: Discursos de normalidad y balcanización de facto

Por irónico que parezca, en todo lo concerniente a la administración de Donald Trump, al frente del gobierno estadounidense, el principal problema y la amenaza más inmediata para la humanidad no es, en estricto, el propio presidente, sino el vasto universo de sujetos que observan en su gestión una especie de anormalidad que llegó a alterar, de manera intempestiva, y hasta imprevisible, el relativamente alto grado de refinamiento y normalidad que se había logrado obtener, en el desarrollo de la historia de la política internacional, a través de la experiencia que dejaron dos Guerras Mundiales y medio siglo más de proxy wars motivadas por ideologías excluyentes.
Es decir, hoy, teniendo en perspectiva la serie de eventos que se acumulan detrás de cada decisión y afirmación del actual presidente de Estados Unidos, es posible afirmar que no son ni la persona al frente del ejecutivo estadounidense ni su gabinete, así como tampoco lo son los intereses —legales o ilegales, institucionales o facticos— que soportan cada uno de sus actos y cada una de sus palabras, quienes representan la mayor amenaza para la humanidad, sino que lo son, por lo contrario, todos aquellos actores (medios de comunicación tradicionales, homólogos del mandatario al frente de otras naciones, think tanks, universidades, analistas a sueldo, empresarios privados, el vulgo), quienes, al aferrarse a la idea de que Trump es una anormalidad, una lamentable excepción a las reglas de la alta y solemne política, continúan interpretando el mundo —e intentando explicarlo— a partir del imperativo de recobrar esas formas cortesanas, esos simbolismos tan políticamente correctos, al margen y a pesar de las políticas estadounidenses desplegadas alrededor del mundo.
¿Por qué? No porque los despliegues militares estadounidenses, sus cambios introducidos en las reglas del comercio internacional, sus modificaciones forzadas en el sector financiero global, sus alteraciones en el reparto de los mercados regionales (con particular énfasis en los energéticos) o sus refuncionalizaciones en una multitud de otros campos (migración, medio ambiente, ciencia, educación, cultura, etc.) no sean, por sí mismas, preocupantes por las devastadoras consecuencias que ya comienzan a tener —y que proyectan para el futuro inmediato, con la posibilidad de alcanzar puntos de no retorno en algunas de ellas. De hecho, lo son, en toda la extensión del término.
Más bien, Trump y su gabinete son riesgos civilizatorios de segundo orden, frente a aquel que representan todos esos actores que observan el acontecer cotidiano con la aspiración de regresas a ese viejo orden pretrumpiano, porque, en estricto, el mayor o menor grado de éxito de la actual agenda de intereses globales de Estados Unidos depende de una correcta percepción del significado que realmente tiene cada modificación en las políticas internacionales vigentes.
Es claro que con Trump o sin él, el gobierno de Estados Unidos, en general; y su complejo militar-financiero-científico-tecnológico, en particular; representan la mayor amenaza civilizatoria de los últimos tres siglos. Y en este sentido, la administración Trump significa, más que un cambio de sentido, más que un retroceso o una abierta negación a alguna especie de movimiento inercial, un potenciador de prácticas, proyectos y políticas que ya ocurrían por debajo de la percepción pública (la mayoría de las veces, como denuncias de movimientos de resistencia que la ahora oposición al trumpismo —y antes, como hoy, establishment del capitalismo moderno— ignoraba por considerarlas radicales, reaccionarias).
Quizá el evento que mejor ejemplifica esta perversa dinámica —o por lo menos el más reciente de una larga lista— sea el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital histórica, legítima del estado de Israel. Y es que, si algo ha dejado entrever la situación que se desató a partir de este viraje (si es que se le puede nombrar así a una decisión que ya se había legislado desde 1995, en la the Jerusalem Embassy Act, pospuesta cada seis meses por cada presidente después de Clinton) en la política estadounidense sobre la ciudad, es que esa masa amorfa de observadores, analistas e intérpretes de las acciones del gobierno de Trump se mantienen en una línea narrativa en la que cada acto y sentencia del presidente estadounidense es considerada como una decisión irracional, aleatoria y sin ninguna finalidad objetiva que beneficie a Estados Unidos, pues se aprecian apenas como meras ocurrencias.
No teniéndose necesidad de profundizar y solidificar las relaciones que existen entre Israel y Estados Unidos, la decisión de Trump sobre Jerusalén parece simplemente incoherente, más aun, teniendo en cuenta, por un lado, que los principales estrategas de Estados Unidos en la región no han escatimado recursos en apoyar a los movimientos ultraderechistas del judaísmo; y por el otro, que en el plano domestico el apoyo a la decisión, por término medio, no rebasa porcentajes de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento —incluyendo a los sectores evangélicos más conservadores y ortodoxos
En última instancia, el reconocimiento de Jerusalén como capital israelita se percibe como la única decisión que no se debía tomar si no se busca ir en contra de cada una de las políticas estadounidenses activas en Oriente Medio, Asia Central y el Norte de África; es decir, se concibe como la antítesis de la pacificación regional, de los mandatos del Consejo de Seguridad en diversos temas, del combate al terrorismo islámico y de la contención de la influencia iraní en la zona. Así pues, en el mejor de los casos, las ocurrencias del actual presidente estadounidense podrían explicarse como un error de cálculo en el que la percepción del mundo musulmán se vio viciada por la ilusión de que el reconocimiento no sería lo suficientemente grave como para sacar a los musulmanes del letargo en el que se encuentran sumidos, en sus realidades, problemas y carencias más inmediatas.
 Dos son los problemas que se desprende de estas estrategias discursivas. Por un lado, continúan invisibalizando el hecho de que con o sin reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, por parte de Estados Unidos, las condiciones de facto que se desenvuelven en el curso de la cotidianidad son, ya, las que en el imaginario colectivo general se suponen reservadas para un escenario en donde la diplomacia, las negociaciones y los procesos de paz han fracasado. Es decir, (re)producen y legitiman la idea de que hay dinámicas de pacificación que se están llevando a cabo de manera efectiva, cuando lo cierto es que, a pesar de las once ocasiones en las que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado en el sentido de afirmar que «el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal», la ocupación sigue.
En este sentido, se pierde de vista, también, que en diez de esas once votaciones (la última de las cuales se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2016) el gobierno estadounidense bloqueó la aplicación del derecho internacional a la cuestión palestina, ya por la emisión de su derecho a vetar una resolución del Consejo de Seguridad; por boicotear en el terreno bilateral las negociaciones que no resultaran favorables para su alianza con Israel; incrementando sus presupuestos de asistencia militar a este Estado (tres mil millones de dólares anuales); bloqueando las cadenas de producción y suministro palestinas; catalogando a las organizaciones políticas palestinas como agrupaciones terroristas; desplegando campañas mediáticas para justificar moralmente los actos genocidas de Israel, y un largo etcétera.
Pero también, por otro lado, se encuentra el problema de no alcanzar a observar los despliegues militares que se dieron, incluso, antes de que la decisión de Trump se anunciara de manera formal. Y aquí, los eventos a observar son principalmente dos, pues si no se captan en su articulación conjunta se corre el riesgo no sólo de pretender que cada una es una situación aislada de las demás, sino de obviar la racionalidad que subyace a la decisión del reconocimiento de Jerusalén.
a)  La última semana de noviembre, diplomáticos de Siria, Irán y Rusia, así como sus respectivas cadenas mediáticas afines, y hasta el propio presidente ruso, Vladimir Putin, informaron que el conflicto con el Estado Islámico ya había llegado a su fin; teniendo como garantía de dicha victoria la recuperación de la totalidad de los territorio sirios bajo ocupación la agrupación extremista.
b)  Simultáneamente, el gobierno iraquí anunció que en sus propios territorios la lucha en contra del Estado Islámico había finalizado, con la recuperación, también, de la totalidad de territorios que aquella agrupación dominada con su despliegue militar.
Mientras esto ocurría, la administración estadounidense, por medio de su Comando Central (CENTCOMM), instancia encargada de las operaciones militares y de inteligencia estadounidenses en Oriente Próximo y Asia Central, comenzó con el despliegue de tropas adicionales a las ya emplazadas en todos los países que se encuentran bajo el rango de operaciones de dicho comando —además de en la región Norte de África, a cargo del AFRICOMM. El cinco de diciembre, por ejemplo, el Comando Central informó, a través de la plataforma digital de la revista de estudios estratégicos y posicionamiento geopolítico estadounidense, Foreign Policy, que parte del plan de contingencia que se tenía preparado para los meses venideros contempla el emplazamiento de un número mayor de la Flota Antiterrorismo del cuerpo de la Marina (Fleet Antiterrorism Security Teams, o FAST Companies); ello, además, enmarcado en una campaña de reposicionamiento militar mayor, alrededor del globo, denominada Operation New Normal, cuyos detalles aún no se dan a conocer por completo, pero que incluyen el destacamento de mayores contingentes militares en cada país en el que Estados Unidos cuente con una Embajada.
Pero no sólo, pues en caso de que las operaciones desarrolladas por las Compañías FAST para hacer frente a cualquier contingencia no fuesen suficientes, también se tienen preparadas compañías adicionales, denominadas Special Purpose Marine Air-Ground Task Forces, acompañadas, por cierto, por los mayores portatanques de los que dispone la Armada estadounidense: KC-130 aerial tankers —con una alta capacidad de fuego—; por algunos ejemplares de uno de sus mejores aeronaves militares polivalentes, Bell-Boeing V-22 Osprey; así como por maquinaria de tipo: AV-8B Harrier jump jets, F/A-18 Hornet fighter jets; y, EA-6B Prowler electronic warfare aircraft; todas, parte del mejor armamento que el gobierno estadounidense desplegó en sus bombardeas en Siria.
Y lo cierto es que estas previsiones no son para sorprenderse: están pensadas para sostener conflictos armados de alta intensidad espacial y temporal, como aquellos que se suelen sostener con agrupaciones guerrilleras o terroristas. Y es que sí, la racionalidad subyacente a este tipo de decisiones mantiene activa la previsión de la cantidad de los estallidos sociales, armados y pacíficos, que se pueden desatar en esta región tan balcanizada por las actividades comerciales y militares de Occidente. Conflictos previsibles que, no sobra señalarlo, serían suficiente motivo para comenzar una nueva avanzada bélica,; es decir, justificantes necesarios para ampliar la escala de las operaciones militares que se requieren mantener en la zona para contener la creciente influencia de la triada China-Rusia-Irán. Primero se sa un pretexto al enemigo para ser violento, y luego se justifica la guerra contra ese enemigo, por esa violencia.
Tal proceder, por supuesto, no carece de riesgos: la formula mantiene los elementos esenciales que se emplearon, de un lado, para balcanizar el Norte África (en eso que desde Occidente se nombra Primavera Árabe); y del otro, para intervenir en sociedades como Siria y Yemen. Y por ello mismo, la ecuación tiene todo el potencial de desarrollar resultados contrarios a los esperados por los aparatos de inteligencia estadounidenses —como los obtenidos en esos otros eventos. Después de todo, por la cantidad de intereses que se pondrían en juego, el margen para mantener a Rusia, China e Irán fuera de la jugada es mínimo. Sólo balcanizar a la región por balcanizarla, esto es, viendo al proceso como el objetivo y no como el medio, alcanza a mejorar la apuesta: en Irak, por lo menos, funcionó como antesala para la reconfiguración que el país tuvo bajo el comando de las empresas estadounidenses.
Cualquiera que sea el caso, mientras fluye la información, lo importante es ser consciente de que la decisión del presidente Trump (y de todo el aparato de inteligencia detrás de él) tiene que ver con muchas dinámicas, menos con el puro reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Continuar con esa narrativa oculta series más complejas de intereses en juego que son, por donde se las quiera ver, mayores que el mantenimiento de la colonización de Palestina.
17/12/17
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Estado de excepción... Disolución Social

III
Siguiendo su tránsito legislativo en el constituyente permanente, el proyecto de Ley de Seguridad Interior avanzó, este jueves 14 de diciembre, hasta el trámite de discusión y votación plenaria, luego de su aprobación en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Llegada a este punto, y derivado de las manifestaciones de inconformidad que la sociedad civil ha mostrado de cara a las disposiciones del texto, el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado en días pasados ya no es el mismo que ahora el pleno del Senado se prepara a legislar. Pero no lo es sólo en la forma, pues las diversas disposiciones que se modificaron únicamente sustituyeron unos eufemismos por otros, manteniendo íntegro su contenido normativo.
La primera de estas alteraciones tiene que ver con la referencia explícita que se hacía en el texto al contenido del proyecto como materia de Seguridad Nacional. Y es que, lo que antes indicaba que: «Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional», ahora manifiesta que: «Sus disposiciones [de la Ley] son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior». La cuestión aquí es, no obstante, que pese a la nueva redacción el contenido de la Ley como derivación de la Ley de Seguridad Nacional no cambia en absoluto, ni siquiera acota su ámbito de acción y competencias.
Y es que, en estricto, las fracciones referidas remiten, por un lado, a las facultades del Congreso «para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes»; y por el otro, a las del presidente de la república para «preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación». Es decir, que mediante un largo rodeo en el que una disposición remite a otra, pero siempre correlativa, normativa de la misma materia, se mantiene el objetivo de hacer de las cuestiones de seguridad pública, ciudadana, objeto de regulación de la Ley de Seguridad Nacional, afianzando el rol de las fuerzas armadas en la ejecución de dicha Ley.
El segundo cambio de redacción importante tiene que ver con las disposiciones del artículo séptimo de la Ley, uno de los que más han preocupado a la sociedad civil, en general, y a diversas instancias encargadas de velar por los derechos humanos en el país, en particular. En la redacción anterior, este artículo establecía, en su párrafo segundo, que: «En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas».
 Y lo cierto es que se considera una de las disposiciones más sensibles y preocupantes del proyecto porque abre la puerta, de par en par, a la posibilidad de repetir la persecución política que en el siglo XX se justificaba a través del delito de Disolución Social; empleado por el Gobierno Federal para perseguir, criminalizar, incriminar, desaparecer y asesinar a cualquier ciudadano que le fuera incómodo para el desarrollo de sus intereses —y fuente, también, de las protestas que condujeron al 68 mexicano, movimiento por el que se logró la derogación de los artículos que fundamentaban dicho delito, el 145 y 145 Bis del Código Penal.
Es decir, es una disposición en la que el contenido moral fundado en ella es tan sólido, tan hermético y conservador que, así como en el siglo XX cualquier acto ciudadano que el Gobierno considerara que ponía en peligro u obstaculizaba el funcionamiento de sus instituciones, o que simplemente se consideraba que propagaba el desacato a los deberes cívicos, así ahora cualquier evento que las instituciones del Gobierno Federal consideren, de manera arbitraria, como una perturbación grave de la paz pública, o que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, pasa a justificar no sólo el empleo de las fuerzas armadas para disolver ese evento, sino que, además, legitima la suspensión de derechos en la población objetivo.
En la nueva redacción del proyecto, este párrafo fue eliminado, mientras que en el párrafo primero se introdujeron algunos términos que dan la impresión de reforzar los límites de acción de las fuerzas armadas, por medio del recurso a un amplio abanico de instrumentos garantes de los derechos humanos. De tal suerte que el artículo ahora queda con un solo párrafo que establece: «Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes».
El problema aquí es que, a pesar del énfasis que se hace en el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo primero de la Ley, y de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ese respeto, esa protección y garantía dejan de ser válidas en el momento en que el titular del Ejecutivo, con el aval del Congreso, considere que hay una amenaza, un peligro o apenas una perturbación grave a la sociedad, en general; o a la paz pública, en general. Y es así porque tales disposiciones están subordinadas al artículo 29 de la Constitución, mismo en el que se establece que la respuesta ante tales eventualidades será la de «restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación».
Y si bien es cierto que en el siguiente párrafo del art. 29 constitucional (modificado en los términos aquí expuestos el diez de febrero de 2014) se hace mención de los derechos y las garantías que no se podrán suspender, también lo es que las líneas citadas arriba anulan esas excepciones, pues expresamente se establece que se deberán suspender los derechos y las garantías que fuesen obstáculo. Da manera tal que cuando la libre circulación de las personas, el derecho de asociación o de libre expresión, por mencionar algunos ejemplos, constituyan —de conformidad con los estándares morales y de gobernabilidad de la administración en turno—, un peligro, una amenaza o una perturbación deberán suspenderse para hacer frente a la situación de manera rápida y fácil (sí, la Constitución también cuenta con contradicciones importantes).
Es aquí, quizá, en donde se concentran las mayores incomprensiones de la sociedad civil, en favor del proyecto de Ley, sobre los peligros que éste representa para el conjunto poblacional. Y es que, en última instancia, lo que parece estarse olvidando al observar este punto (si es que se lo observa en absoluto), es que la construcción social de los enemigos, la invención de las amenazas, los peligros y las perturbaciones, además de ser asuntos por entero discrecionales, relativos a la moral y a los intereses imperantes en las personas al frente de las instituciones gubernamentales cada sexenio, no precisan de su tipificación en algún código o ley para ser efectivos.
¿Acaso no es la historia de la guerra sucia, de la represión y el despojo de las comunidades originarias la historia de individuos y comunidades que representan un peligro para los intereses económicos en turno? ¿No es la historia de los movimientos obreros la historia de cómo un trabajador reclamando sus derechos sociales es motivo de represión gubernamental, de desaparición, de asesinato o, en el mejor de los casos, de despido? ¿No es la historia de los movimientos estudiantiles la historia de cómo un adolescente inscrito en una institución de educación pública pasa a representar un guerrillero en potencia o un anarquista en las narrativas de la administración pública federal? ¿Y no es la historia de la sexualidad la historia de hombres y mujeres que por sus preferencias afectivas constituían una aberración para los valores cristianos imperantes en el tejido social?
Los ejemplos son muchos, y cada uno de ellos es tan arbitrario como los demás. El que hoy algunos sectores de la población ya no constituyan un peligro para el orden, la paz y la estabilidad públicos no garantiza que en un futuro, próximo o lejano, no lo vuelvan a ser, con las mismas estrategias discursivas o con otras. ¿Qué pasa cuando las manifestaciones por cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por las fuerzas armadas se convierte en motivo de expresiones de repudio y resistencia a nivel nacional? ¿Qué pasa cuando el asesinato anual de miles de mujeres se convierte en motivo de protestas sociales frente a la inacción del gobierno? ¿Qué pasa cuando una agenda de reformas estructurales se convierte en motivo de rechazo por sendos sectores poblacionales en todo el territorio nacional?
Entre los cambios al proyecto de Ley realizados por el senado, de la redacción del artículo octavo se eliminó la adjetivación «pacíficamente» impuesta a las manifestaciones de protesta social como condicionante para no ser consideradas amenazas a la Seguridad Interior. La propuesta actual sólo establece que: «Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior».
Pero lo cierto es, no obstante, que pese a haber eliminado esa condicionante, la latencia de incluir en la constitución aún más candados de los que ya existen para la libre manifestación de las inconformidades sociales no se suprime, sólo se la disimula, bajo la pretensión de que al apelar a la Constitución todas las garantías están salvaguardadas —aunque sea en la propia constitución en donde se fundamentan las condiciones del estado de excepción.
Estado de excepción que se edifica, justo, sobre diversas eventualidades que en tiempos y espacios específico, de acuerdo con necesidades gubernamentales definidas en su particularidad histórica, constituyen excepciones por sí mismas. Es decir, un estado de excepción en el que la regla de dicha excepcionalidad se funda en la posibilidad de hacer de cada individuo, de cada comunidad y de cada situación una excepción a la justicia. Y es que si bien es cierto que los márgenes de acción del ejército, hasta el momento, no se dan en un ámbito de sistematicidad generalizada, en donde el grueso de la población ya cuente con alguna experiencia de abusos por parte de las instancias castrenses del Estado, también lo es que no por ello debe obviarse, excluirse, olvidarse, invalidarse o invisibilizar toda una historia de abusos.
Y abusos, por supuesto, que no es que hayan ocurrido porque las fuerzas armadas no contaban con un marco normativo para regular sus actividades. ¿Si no contaban con un marco normativo para realizar tareas de seguridad pública, por qué, en principio, no se esperó a contar con tal marco antes de sacar a los efectivos de sus cuarteles? La guerra sucia en México, aún vigente en todas aquellas comunidades que se resisten al despojo de sus recursos naturales, es el claro ejemplo de que los enemigos del Estado, son muchos, aunque estos tiendan a ser tradicionalmente los mismos, y es, también, la historia de cómo aún en la ilegalidad, en la carencia total de marcos regulatorios que legalicen su actividad, esa excepción a la norma constituye, de facto, una normalidad de la excepción.
Que no se requiera experimentar en carne propia, en la historia de vida de uno mismo, los abusos del ejército para caer en la cuesta de que esos abusos ya fueron cometidos y se continúan cometiendo en otros espacios, en contra de otros individuos y otras poblaciones. Y es que, en el momento en que se llegue a ese nivel de generalidad la Ley que regule la militarización será la menor de las preocupaciones, como las leyes vigentes lo fueron en los regímenes militares de toda América en el siglo XX.

14/12/17
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Estado de excepción... Seguridad Nacional: última ratio

II
Si se parte de comprender, por un lado, que el elemento sobre el cual se funda la militarización de cualquier sociedad es el de introducir a los individuos que la componen en un marco relacional dominado por una racionalidad, una lógica, de tipo castrense; y por el otro, que todo corpus normativo, legal, es una síntesis de una particular manera de razonar la realidad, de organizarla, construirla y comprenderla; la primera consecuencia analítica que se obtiene es que si bien los procesos de militarización de la vida en sociedad no requieren de leyes o constituciones a modo, una vez que éstas existen —ya como mandatos constitucionales, como leyes generales o reglamentarias—, el desplazamiento que se produce no es el de una simple sustitución de lo fáctico por lo legal y lo legítimo, sino el de la fundación de un estado de excepción permanente.
En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada —teniendo como fundamento de dicha militarización el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a través de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad específica, privativa, de las fuerzas armadas—, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.
  Es decir, así como la organización y el sentido de las relaciones sociales en una población en la que se privilegian la equidad entre los géneros y la aceptación de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un género se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en términos estrictamente hetero; así también el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no únicamente las maneras de comprender la problemática en cada uno de los polos son divergentes, sino que, además, sus procesos de construcción, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.
Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lógicas, racionalidades, que determinan la organización y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qué la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo en el Congreso mexicano, sí constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalización de una profunda y sostenida dinámica de militarización de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotráfico.
Así pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal —y sus ideólogos— para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentación de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pública, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominación de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensión de realizar una distinción efectiva entre tres ámbitos muy específicos en los términos de lo que se entiende por seguridad: a) pública, b) nacional, c) interior; mismos que, en la práctica, se rigen por lógicas relativamente diferenciadas justo por sus órdenes normativos.
El artículo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley «tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia». Porque la idea, aquí, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en sí misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pública y a la seguridad nacional.
El problema es, no obstante, que en el párrafo segundo de la Ley se establece, de manera explícita, que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional», lo que significa que, para todos sus efectos, prácticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivación o modalidad particular de aquella.
Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artículo segundo, ofrece una definición de Seguridad Interior que busca distanciarla —aunque sea sólo en apariencia— de aquella que corresponde a la seguridad nacional, también lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de acción diferenciados.
El artículo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: «la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley».
En el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por ésta: «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; ii) La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;  iii) El  mantenimiento  del  orden  constitucional  y  el  fortalecimiento  de  las  instituciones  democráticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; v) La  defensa  legítima  del  Estado  Mexicano  respecto  de  otros  Estados  o  sujetos  de  derecho internacional; y, vi) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
Por su objetivo principal, el objeto general de su regulación, ambas Leyes están orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como éste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situación, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado —por el Estado mismo— como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicación de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.
Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus órdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrática; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación; y, h) la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.
En primer lugar, las disposiciones relativas a las territorialidades coloca como amenazas, tanto de Seguridad interior como nacional, a las autonomías indígenas, que aunque tienen su propia reglamentación que les confiere el estatus de autonomías integrantes de la unidad territorial nacional, cuando esa autonomía escapa a la subordinación en la que la mantiene la ley, respecto de las estructuras municipales y estatales —como en el caso de las poblaciones autogestivas, del tipo de las comunidades zapatistas—, aquellas son integradas, como ya lo están, a la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por los servicios de contrainsurgencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La suspensión de garantías, el despliegue de efectivos militares, su intervención y su empleo en contra de poblaciones de este tipo, en tal sentido, pasa su justificación por estas nociones, como ya ocurre, de facto, en los casos en que es preciso que el Estado se apropie de sus territorios para insertarlos en las cadenas de producción internacionales.  
En segunda instancia, las disposiciones en torno de la gobernabilidad, de la democrática y del desarrollo nacionales están articuladas, en términos de supeditación, al grado de estabilidad que se perciba en la actividad económica impulsada por el Estado mexicano. La propia noción de «preservación de la democracia», definida en la Ley se Seguridad Nacional como una condición fundada en el desarrollo económico del país refiere a la compresión de la democracia como un orden estrictamente económico, productivo/consuntivo, que, a su vez, con base en la experiencia histórica de los últimos seis sexenios, no tiene otra orientación que no sea de corte neoliberal.
De aquí que, en última instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de acción a través del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatización de la actividad productiva/consuntiva, la especulación financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la política económica del gobierno en turno considere que el desarrollo del país se encuentra en peligro —lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrás de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses económicos en turno son identificados, así, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiación de los medios de producción, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autónomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.
En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposición y las políticas de las alternativas figuran como los fenómenos arquetípicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposición y unas alternativas que no pasan por las formas de la corrección política que se constituyen en partidos políticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer política, en general; y la organización de su órdenes y escalas, en particular.
Es decir, son disposiciones en las que no únicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptación popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, además, cuestionan de manera aún más profunda la razón de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El énfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquías que permiten la reproducción del capitalismo moderno; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulación permanente.
Así pues, se comprende que ya desde el primer artículo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la población civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes —pero al mismo tiempo complementarias— de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximación, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos específicos de la seguridad pública, subsumiendo a ésta en los objetivos de aquella a través del velo de una nueva nomenclatura.
El Estado, una vez más, se afirma a sí mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminación de la socialidad humana dentro de la cual —como lo mostró a la civilización entera el fascismo de mediados del siglo XX— queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada. 

10/12/17
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Estado de excepción... La militarización de México

I
Uno de los principales mitos del sistema político mexicano menos cuestionado afirma que las instituciones militares nacionales (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) son entidades por completo abstraídas del funcionamiento general de aquel; esto es, instancias real y verdaderamente aisladas de los causes de la política en sus órdenes federal, estatal y municipal. Gran parte de la naturaleza mítica de esta creencia, y de su incuestionable verdad, por supuesto, se debe al hecho de que una y otra tienen su origen en la historia del partido hegemónico (ya como Partido Revolucionario Institucional), y en las prácticas simbióticas de éste con el andamiaje estatal.
Y lo cierto es que aunque el 68 mexicano y la sistemática eliminación de las poblaciones originarias del país, por un lado; tanto como la guerra en contra del narcotráfico, en tiempos más recientes, por el otro; dan cuenta del poder efectivo que las corporaciones castrenses ejercen en la determinación del desarrollo de vida social cotidiana de los mexicanos; los recuerdos de la supresión del sector militar de la estructura interna del partido y de la consolidación del carácter civil de los funcionarios en cargos de elección popular, en conjunto con una narrativa estable construida alrededor de dichas instituciones como representativas de las glorias de la independencia nacional, del rechazo a la intervención extranjera, de la forja y la herencia de la revolución y de la ayuda ante contingencias humanitarias; son lo suficientemente sólidos como para objetivar al nacionalismo más dogmático e intransigente en el culto a la figura del marino y del militar como personificación de la lealtad, el honor, el valor y la gloria de una nación.
En este sentido, aunque gran parte del mito se articula alrededor de una lógica en la que si el ejército y la marina no tienen presencia pública, ni incide en los procesos de toma de decisiones (fuera de sus ámbitos de competencia en materias de seguridad y defensa) de manera institucional, es porque las instancias castrenses del Estado, en realidad, no cuentan con ningún poder real sobre la manera en la que se gobierna a la sociedad. Es decir, en esta manera de comprender el papel de las fuerzas armadas, éstas son relativas sólo en la medida en que, por un lado, tienen presencia pública; y por el otro, su participación a nivel gubernamental es cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente, superior a los niveles que los asuntos de seguridad y defensa requieren.
Por supuesto, comprender así a las instituciones militares —de México o de cualquier otro Estado— pierde de vista que de todas las instituciones formalmente constitutivas del andamiaje gubernamental, en particular; estatal, en general; son éstas las únicas que cuentan con las capacidades y las potencialidades estratégicas, tácticas y operativas suficientes como para derribar, ocupar, alterar, bloquear, cambiar y (re)fundar no sólo los órdenes institucionales vigentes, sino el conjunto de los elementos sobre los cuales se fundamenta la estatalidad en cuestión; sin la necesidad de contar con un mandato jurídico establecido o de la aceptación poblacional.
No es azaroso, por lo anterior, que ante cada renovación del engranaje gubernamental, ya sea en periodo electoral o post-toma de posesión, uno de los primeros elementos de legitimidad y aceptación que se busca obtener o ratificar,  sea el de la adhesión de las fuerzas armadas al proyecto de gobierno en cuestión. Y es que, en el fondo de esa aceptación por parte de las entidades castrenses, lo que los gobiernos civiles buscan es afianzarse para sí y su proyecto gubernamental la certeza de que su administración no se encontrará con ningún tipo de resistencia armada, pero no sólo, pues también es importante afirmar la idea de que luego de su investidura sus personas no serán agredidas y sus administraciones no serán depuestas por un Golpe de Estado —piénsese en la historia de América Latina, de la década de los años cuarenta hacia adelante, para ilustrar estas palabras.
Ahora bien, si se comprende que el ejercicio de poder de las fuerzas armadas, su capacidad de determinar políticas exteriores y públicas, programas de gobierno y agendas administrativas, etc., no se encuentra en la cobertura mediática que éstas reciben en el día a día, ni en su participación en eventos públicos y gubernamentales o en asuntos de otras instancias constitutivas del Estado, sino en sus probabilidades reales de tomar el control directo de esas otras instancias y de hacer valer su propia racionalidad sobre el funcionamiento del Estado-nacional en cuestión, se tiene que lo profundo de la participación de los efectivos militares en las tareas seguridad propias de las corporaciones civiles, así como el marco legal sobre el cual aquellos fundamenten su actuar incrementarán las potencialidades de la milicia por encima de los controles civiles.
Un sexenio de guerra en contra del narcotráfico: con un amplio y penetrante despliegue de gran parte de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas del ejército, la fuerza aérea y la marina en el espacio público, sustituyendo a las corporaciones civiles en materia de seguridad, multiplicando el financiamiento que reciben año con año, mejorando su poder de fuego cuantitativa y cualitativamente, disponiendo de mayor infraestructura y recursos administrativos, etc.; por ejemplo, es uno de esos eventos por medio de los cuales las entidades castrenses tienden a exponenciar no sólo sus márgenes de maniobra en cuanto tales, sino la magnitud del ejercicio de poder que de manera efectiva ejercen sobre los órdenes de gobierno que ocupan.
Por este motivo, teniendo como marco contextual la continuidad que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a la política antinarcóticos de Felipe Calderón y Vicente Fox, los recientes eventos en torno de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es un asunto menor, pero sí, un asunto de militarización legal, institucionalmente legitimada, de toda una sociedad. Porque aunque los intentos por discutir a dicha legislación como una antítesis de cualquier noción que se aproxime a las experiencias de Pinochet, en Chile; de Banzer, en Bolivia; de Stroessner, en Paraguay; de Videla, en Argentina; de Bordaberry, en Uruguay; de Castelo Branco, en Brasil, etc., habida cuenta de que la Ley otorgaría a las fuerzas armadas un marco normativo que legitime y garantice la legalidad de sus actos, lo cierto es que tanto por los actos hasta ahora cometidos por efectivos militares como por el contenido de la propia legislación lo que se está poniendo en juego es el grado de determinación  que el fenómeno de la guerra contra el narco —y no la pura presencia de la milicia en las calles, per se— tendrá en la cotidianidad de la vida de los mexicanos.
En este sentido, la primera noción que se debe rechazar como sentido común explicativo del fenómeno que se encuentra en curso en el proceso de aprobación de la Ley es que militarización no es sinónimo de dictadura militar —entendiendo a esta última noción en los términos en que se usa para designar a los gobiernos latinoamericanos arriba mencionados. Es decir, para argumentar que en México se está instaurando un régimen militarizado no es preciso que en el gobierno federal se instaure a una personalidad como la de Pinochet o la de Stroessner, porque la realidad es que el elemento que funda y define a un régimen de militarización de la vida en sociedad no es tanto la personalidad a cargo de las principales magistraturas del Estado, sino el tipo de relaciones sociales que se introducen y sostienen a partir del despliegue sí de los efectivos castrenses, pero también, y sobre todo, de su particular racionalización.
Un dato que no se debe perder de vista, por lo anterior —y al margen del hecho de que desde 2012 cada entidad de la república mantiene, en algún grado, las estructuras propias de los operativos conjuntos (piedra de toque de la estrategia de despliegue militar de Felipe Calderón) como base de apoyo para las tareas de inteligencia, seguridad y defensa en contra de la delincuencia—, es que aunque las corporaciones estatales de policía de las treinta y dos entidades federativas se encuentran comandadas por efectivos militares (en activo o retirados de la milicia), no es la presencia del efectivo al frente de la institución lo que funda el régimen de militarización, sino la forma en la que los diversos actores del cuerpo social se relacionan entre sí a partir de un particular disciplinamiento territorial, espacial, temporal, social, administrativo, etc., de corte militar.
Y es que, a la comandancia de policías civiles por parte de efectivos castrenses se deben sumar, por lo menos, tres rasgos más para comprender el punto de la militarización en curso en México: a) que luego de la purga emprendida por Felipe Calderón en las policías estatales y municipales (continuada por Enrique Peña Nieto, también), los vacíos que se formaron fueron rellenados por la trasferencia de soldados y marinos a esas instancias para desempeñarse como policías estatales y municipales; b) el modelo de entrenamiento, en sus niveles estratégico, táctico y operativo, de las instituciones de seguridad pública, en general, se mantiene bajo el esquema de profesionalización militar; es decir, bajo los lineamientos dentro de los cuales entrenan las propias fuerzas armadas; c) hasta 2015, las treinta y dos legislaciones locales en la materia (así como la federal) se modificaron para sincronizarse con las demandas del combate directo y armado a la delincuencia organizada.
Es decir, tomando los tres elementos anteriores en su conjunto es posible observar que ya está en operaciones una racionalidad, una lógica y una legalidad propias de la manera de proceder de las milicias en materia de inteligencia, seguridad y defensa. Y aquí, aunque es cierto que la profundidad de estos cambios no es tan homogénea, generalizada ni profunda para cada uno de los casos en los que se despliegan, también lo es que este esquema es apenas una parte que se conjunta con una saturación conformada por la copresencia de marinos, soldados, gendarmes, policías federales, grupos paramilitares, sicarios, etc., esto es, la militarización del país no se está efectuando sólo por un frente, sino por varios.
Discutir si fue primero la delincuencia organizada en sicariato o si lo fue la salida de los militares de sus cuarteles rebasa la presente argumentación, sin embargo, lo que queda claro es que la relación que existe entre uno y otro lado de la ecuación es recíproca, y cada año se va profundizando y escalando en términos cualitativos y cuantitativos; toda vez que un incremento de elementos o una mejora en su potencia de fuego o en su organización operacional supone el imperativo de compensar y rebasar en el otro lado. De aquí que los niveles de violencia desplegados por el ejército siempre se corresponden con un incremento de parte de los sicarios, y viceversa.
Ahora bien, ¿si la militarización del país ya se había echado a andar desde los sexenios panistas en la presidencia de la república, qué diferencia o elemento nuevo se supone que introduce la legislación en proceso de aprobación? ¿No daría lo mismo que se apruebe o que todo se quede tal y como está si, después de todo, el contenido de la ley ya ocurre de facto? La cuestión con la Ley de Seguridad Interior es que su contenido potencia lo que ya se está dando en la cotidianidad, y sin que se cuente, en este momento, con un marco jurídico. El dictamen general de ciertos sectores de la sociedad, en tal línea de ideas, es, por tanto, el que aquí también se suscribe: el peligro es la legitimación del Estado de Excepción actual.

5/12/17
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La primera impresión: las juventudes del priísmo del viejo siglo

Este lunes 27 de Noviembre, el primer priísta de la nación, el C. Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña, a la cartera de Hacienda y Crédito Público, en un muy breve evento en el que, a pesar de las palabras del presidente de México —dispuestas de la manera más precisa posible para ofrecer un espectáculo de razonada familiaridad y proximidad entre ambos personajes—, la distancia que media entre uno y otro fue evidenciada por el franco lenguaje corporal del segundo, respecto del primero. Como ya era previsible para el momento del anuncio, éste tuvo su razón de ser en la pretensión de actualizar una de las más viejas prácticas del priísmo caudillista: el destape del sucesor a la silla del águila por palabra y obra del presidente en turno.
Por supuesto, el performance fue, para las juventudes priístas del país, representativo del carácter inteligente, honorable y refinado de la manera de hacer política en su partido. Pero para cualquiera con un poco de memoria sobre Fidel Velázquez y el cetemismo, el pase de charola o el besamanos presidencial, lo que no dejó de trascender fue que lo grotesco del anuncio se fundó en un simbolismo que, por un lado, no terminaba de cuajar aquello que con la unción de Peña Nieto en la primera magistratura federal se bautizó como el PRI del Siglo XXI; y por el otro, tampoco atinaba a resucitar toda la solemnidad con la que las formas cortesanas del caudillismo saturó la política nacional durante todo el siglo XX.
Y es que, aunque los más institucionales se atrevieron a afirmar que la decisión de cobijar al único Secretario de Estado transexenal de la administración peñista se determinó, realmente, hasta los momentos en los que, de manera sucesiva, el presidente Peña Nieto anunció la renuncia de Meade a Hacienda y éste, a su vez, manifestó su deseo de ser abanderado priísta en la contienda electoral de 2018; lo cierto es que el movimiento ya se veía avanzar desde el punto en el que Meade transitó de la Cancilleria a la Secretaría de Desarrollo Social, y de ésta a Hacienda: las dos últimas siendo los principales engranajes sobre los cuales se echa a andar la maquinaria clientelista del Estado.
Por eso la gran discusión no debería ser (o por lo menos no de manera fundamental) la persona ni la personalidad del presidenciable del Partido Revolucionario Institucional —por más que las distintas tribus y facciones internas de la militancia del partido se esmeren en ofrecerle el mejor halago y la adhesión más poética a su campaña electoral. De hecho, en estricto, el dato más trascendental de ese proceso es el hecho de que nunca, en toda la historia del partido, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario, ningún candidato había sido comparado con Plutarco Elías Calles; a la manera en que Luis Videgaray, actual Canciller, lo hizo con Meade Kuribreña unos días antes de la renuncia de éste.
Y trasciende porque a pesar de que en el actual punto del sexenio la vocación priísta de Meade no es algo que se encuentre en tela de juicio, o que siquiera se esté cuestionando en los sectores más conservadores del PRI, reafirmar el compromiso de aquel con el instituto político no dejaba de ser un acto simbólico necesario para saturar la imagen del presidenciable. De ahí la importancia de esclarecer que el único candidato que ha tenido el PRI en su historia, en condición de no-afiliado ni perteneciente formal a su estructura, sea, al mismo tiempo, el único, hasta ahora, merecedor de ser comparado, identificado y asimilado con la figura del fundador del partido —y verdugo de los resquicios de la guerra civil de principios del siglo.
El gran debate, por lo contrario, se encuentra en la manera en que las generaciones más jóvenes están experimentando la participación política en su sociedad; en particular, los cuadros de más reciente formación en el partido. Y es que, por un lado, no deja de sorprender que en este punto de la historia de México, en el que la realidad se esfuerza por mostrar a cada individuo lo complejas que se están volviendo todas las dinámicas sociales que se desenvuelven en la cotidianidad, la figura del presidenciable siga siendo sinónimo, síntesis y personificación de todo cuanto ocurre en el tejido social, como si con conocer la personalidad de un candidato, sus logros académicos o el carisma de su pareja sentimental ya se supiera el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
No es, por supuesto, que la persona al frente de los principales mecanismos de acción del Estado no importe en absoluto. Más bien, es el hecho de reducir al conjunto de lo social a la psicología del caudillo lo que se vuelve problemático —y más allá, claro, de lo que concierne al culto a la personalidad; refinado arte que el alineamiento priísta ha llevado permanentemente a sus grados más estables y puritanos. Cualquier argumento de esta naturaleza, de hecho, sólo termina evidenciando una profunda incapacidad para reconocer los múltiples conglomerados de intereses que se ponen en juego y las aún más vastas estructuras que operan en un número similar de escalas del entramado social.
Algo de ello se explica por la característica naturaleza del partidismo que exige de sus adeptos la permanente reafirmación de su sentido de pertenencia a través de la transferencia del más burdo de los patrioterismos al culto a la personalidad: el ascenso por la cadena alimenticia de las estructuras del instituto, en particular; y de la vida política nacional, en general; depende de ello y del alineamiento que se profese con el ungido.
Luego del anuncio de la renuncia de Meade a Hacienda, las primeras reacciones de los cuadros del priísmo no dejaron de resaltar todos aquellos aspectos que se consideran representativos de una persona que es exitosa en cada dimensión de su vida. Los títulos universitarios y los grados académicos —con una excesiva reiteración de aquellos obtenidos en universidades estadounidenses—, por ejemplo, son un común denominador en cada posicionamiento. Pero no sólo, pues como si el mostrar rasgos de humildad fuera en realidad una virtud que por sí misma amerita el ejercicio de la presidencia a quien la practique en su vida diaria, el resaltar la imagen de Meade como un ciudadano de a pie, de esos que usan el deficiente y saturado sistema de transporte público citadino, se vuelve una lugar común que apela a la identificación de la miseria propia de un ciudadano con la de alguien como servidor público no ha experimentados sus carencias.
Además, al margen de que las presunciones que resaltan la preparación académica desconocen, de facto, el número nada despreciable de legisladores y representantes populares que el partido tiene esparcidos en puestos municipales, estatales y federales sin que los titulares cuenten siquiera con una escolaridad mínima de bachillerato, el posicionamiento resulta un tanto problemático cuando lo que se coloca de fondo es el hecho de contar con funcionarios públicos que estén formados con la muy particular matriz educativa que se reproduce en Estados Unidos. Pero más aún, es problemático cuando se pretende hacer de esa formación un filtro objetivo del carácter de la persona, suponiendo que un PhD. De Yale o Harvard evitará que el mandatario cometa algún crimen ya en el cargo.
Así, la historia desaparece cuando el posicionamiento redunda sobre estas premisas: y de pronto se pierden de vista los múltiples actos de represión que en cada sexenio se han venido cometiendo de manera sistemática en contra de diversos sectores minoritarios de la población. Pero no sólo, pues aunque con pretensiones de no serlo, un marcado carácter clasista se muestra a sí mismo cuando el despotismo ilustrado no es suficiente para justificar la grandeza del doctorado en finanzas o en leyes. Y la cuestión es que en un contexto electoral en el que del otro lado del espectro se están articulando propuestas de ejercicio de lo político desde la experiencia de las comunidades indígenas, esa reafirmación de la escolarización del individuo sólo termina reproduciendo un muy profundo y añejo racismo en contra de los pueblos originarios de México.
Es así que, de todos los aspectos que está visibilizando la candidatura de Meade, al igual que como ocurrió con Donald Trump, algunos de los aspectos más problemáticos son aquellos que no se muestran en su persona, sino, por lo contrario, en las bases que lo apoyan desde el interior de las estructuras del partido. Y es que lo cierto es que Meade es apenas el reflejo de esos procesos de base que se están articulando de manera permanente y lejos de los reflectores.
El partido, a raíz del nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, ha estado apostando por la articulación de sectores jóvenes y femeninos para vender la idea de que en verdad se está diferenciando del viejo PRI —en menor medida formando cuadros propios que apelando a los hijos de mediana edad de sus viejas guardias. Sin embargo, lo que se está observando en las reacciones de éstos a la candidatura de Meade es que, a pesar de su juventud, la manera de hacer política en el priísmo no se está modificando ni un poco. La retórica, por supuesto, es otra y apela a otros valores y principios (extraídos de un lenguaje con tienes progresistas y New Age), pero el fin y los medios de ejercer esa acción política siguen siendo los mismos.
En especial, la búsqueda del poder por el puro poder es un rasgo que permanece incuestionado en ese ejercicio. En la candidatura de Meade el elemento que se parecía más palpable es, justo, el que sea realmente la mejor apuesta para vencer a sus contrincantes, y no el ejercicio del poder gubernamental como un medio para subordinar su actuar a los designios colectivos. No es azaroso, en este sentido, que el desprecio al populismo (como burdamente se le conoce a los gobiernos de izquierda en América Latina, sin que tal postura sea verdaderamente populista) obtenga como respuesta, al interior del propio priísmo, el apelar a las mayorías electorales —pese a que esa mayoría sea numéricamente una minoría.
Como regla general, pues, el principio de que la mejor opción del partido para ganar la elección es la mejor elección de la sociedad mexicana para gobernarse por los siguientes seis años (en el caso presidencial) se mantiene incuestionado. Y mientras no se coloquen en tela de juicio puntos de partida como ese, el funcionamiento del andamiaje, en su totalidad, permanece intacto
29/11/17
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